Enrique Rolando Villanueva Robledo

Expediente 1938/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1938/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2015

Partes del expediente

  • Enrique Rolando Villanueva Robledo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III B "... VISTOS LOS AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE; SE ADVIERTE QUE EN LA ESPECIE, EN PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO (FOJAS 17 A 19), SE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA POR ENRIQUE ROLANDO VILLANUEVA ROBLEDO, EL CUAL SE LE NOTIFICÓ EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE PASADO (FOJA 20); COMO ESA DETERMINACIÓN NO FUE RECURRIDA POR LA PARTE LEGITIMADA PARA HACERLO, A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA Y DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO; CON FUNDAMENTO EN EL NORMATIVO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE POR REENVÍO DEL NUMERAL 2° DE LA LEY CITADA, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES TAL CIRCUNSTANCIA. POR TANTO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, EL CUAL SE ESTIMA CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; POR LO QUE TRANSCURRIDOS MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN, ELLO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO. HÁGASE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Y EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO..."

  2. Principal

    MESA III B Vista la demanda de amparo promovida por ENRIQUE ROLANDO VILLANUEVA ROBLEDO, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1938/2015. Ahora, visto el estado procesal de los autos, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo , se procede a examinar si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XVIII, de la Ley de la materia que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establecen: Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. El quejoso señaló como acto reclamado, lo siguiente: "la negativa a dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones promovido por el suscrito en tiempo y forma dentro del expediente civil número 686/2014, del índice del Juzgado Primero Civil del distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, por considerarlo notoriamente improcedente y todas y cada una de las consecuencia violatorias de derechos humanos". Los numerales transcritos, adminiculados entre sí, establecen que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa legal, por medio del cual puedan ser revocados, sin más requisitos para su procedencia, que su sola interposición. Ahora, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia civil, encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, para que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación a través del medio ordinario de defensa. Así, al incumplir con la obligación de agotar el principio de definitividad previsto en la ley de amparo, en aquellos casos en donde la resolución combatida puede ser controvertida y revocada, ocurriendo directamente al juicio de amparo para controvertir el auto de veinticinco de septiembre pasado, a pesar de ser parte demandada en el juicio de divorcio, que se tramita ante el Juzgado Mixto de Etla, Oaxaca; se actualiza la causa de improcedencia analizada y, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente DE PLANO, SE DESECHA la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicarán por lista de acuerdos; se tiene por autorizadas para el mismo efecto, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo.

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