Enrique Rogerio Reyes de la Selva

Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
553/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Enrique Rogerio Reyes de la Selva
  • Congreso del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de octubre de dos mil veintiuno. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de engrose de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, por la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Orden de depuración del incidente de suspensión. Asimismo, procédase a la depuración del cuaderno original del incidente al haberse negado y concedido tanto la suspensión provisional, como la definitiva, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General citado en el párrafo anterior. Y en atención a la fracción II, inciso a) del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Remisión de constancias. Finalmente, por permitirlo el estado procesal, devuélvase al Juez Quinto de lo Civil y de Extinción de Dominio del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, un cuaderno de prueba que se formó con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, ya que resulta innecesario conservarlo en este juzgado de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte TERCERO INTERESADO LUIS MIGUEL QUINTANA ALMEIDA, el contenido de SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, mismo que en síntesis dice: "PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; asi´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominacio´n y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse actos de una autoridad residente en la jurisdiccio´n de este o´rgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo es: La aprobación, discusión, expedición y promulgación del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (que se reclama del Congreso y del Gobernador del Estado de Jalisco); y, El primer acto de aplicación del precepto antedicho, consistente en el auto de diez de marzo de dos mil veintiuno dictado en el expediente 633/2020, relativo a la ejecución forzosa del convenio final de método alternativo (que se reclama del Juez Quinto de lo Civil y de Extinción de Dominio del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco) TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados pues, respecto de los sintetizados en el punto 1 del considerando anterior, al tratarse de la constitucionalidad de leyes, su certeza se advierte de la publicación, en el caso, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", lo cual se invoca como hecho notorio para quien hoy resuelve. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Y, en relación con el diverso acto destacado, su existencia se advierte de las constancias allegadas a los autos, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Respecto del acto consistente en el auto de diez de marzo de dos mil veintiuno. En ese orden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; este último numeral dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. .". El artículo citado establece que el juicio de amparo procede contra actos judiciales, administrativos o del trabajo emitidos fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, que al suscitarse el acto reclamado en la etapa de ejecución de sentencia, procederá únicamente contra la última resolución dictada, precisando que será aquella que declare cumplido dicho fallo, la que decrete la imposibilidad para cumplirlo o la que ordene al archivo definitivo del expediente. De la misma manera, señala que en los procedimientos de remate la última resolución será aquella que ordena el otorgamiento de la escritura y entrega de los bienes rematados. En ese sentido, lo que motivó al legislador a emitir dicha disposición es el hecho de que la sociedad se encuentra interesada en que las sentencias o resoluciones dictadas por los órganos encargados de la administración de justicia se cumplan a cabalidad y que al regular la procedencia del juicio de amparo, se evita el uso desmedido del mismo que únicamente tiene como finalidad evitar la ejecución de un fallo ejecutoriado cúspide de haber cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento. Consecuentemente, contra los actos que tiendan a ejecutar la cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo, salvo que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento relativo, o que transgreda derechos sustantivos, ajenos a la resolución dictada. Es aplicable la jurisprudencia 13/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, registro 2011474) Ahora, para lograr una mejor comprensión de la materia de la litis, se sintetizarán los antecedentes del asunto, a saber: El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el hoy quejoso y otra, celebraron con el aquí tercero interesado convenio final de método alternativo ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, relativo al reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria y contrato de transacción que tenían pactado en su carácter de deudor y acreedor, respectivamente. El diecinueve de abril de dos mil veinte, ante la responsable, se tuvo al hoy tercero interesado solicitando la ejecución forzosa del pacto de mérito, para lo cual se otorgó al aquí promovente el plazo de cinco días para que opusiera excepciones. El diez de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad de origen consideró que no había lugar a tener al hoy impetrante oponiendo las excepciones consistentes en que el convenio final del cual se habla se sancionó indebidamente, que no reúne los requisitos de un convenio de transacción, que se redactó en los mismos términos que el original y que tiene tintes usureros, por no ser acordes a las previstas en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Acto que consiste en el reclamado. Dicho eso, conviene reproducir lo que los numerales 477, 504 y 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, correspondientes al procedimiento de ejecución de sentencias, disponen: "Artículo 477. La ejecución de sentencia que hubiere causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar otorgada la fianza correspondiente se hará por el Juez que conoció del negocio en la primera instancia. La ejecución de los autos firmes que resuelvan un incidente queda a cargo del Juez que conozca del principal. La ejecución de las transacciones, convenio final de método alternativo y convenios celebrados en juicios, se hará por el Juez que conozca del negocio en la primera instancia, pero no procederá en la vía de apremio si no consta en escritura pública, convenio final de método alternativo o judicialmente en autos.". "Artículo 504. Contra la ejecución de la sentencia, convenio final de método alternativo, convenios judiciales y transacciones, no se admitirá más excepción que la de pago si dicha ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado ese término, pero no más de un año, se admitirán además las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; si hubiere transcurrido más de un año, serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquiera otro arreglo que modifique la obligación, así como la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida por virtud de ejecutoria o convenio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio, transacción o juicio, constar por instrumento público, por documento judicialmente reconocido o por confesión judicial, y se substanciarán en forma de incidente, promoviéndose en la demanda respectiva el reconocimiento o la confesión.". "Artículo 506. Para ejecutar el convenio final de método alternativo y las transacciones celebradas para prevenir una controversia, se observarán las siguientes reglas: I. Una vez vencido el plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio final de método alternativo o la transacción o sean exigibles las mismas, la parte interesada formulará solicitud de ejecución forzosa, por escrito, ante el juez a cuya competencia se hubieren expresamente sometido ambas partes en el instrumento respectivo o en su defecto al de primera instancia del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación principal, precisando las causas motivadoras de la ejecución solicitada y en qué deba consistir dicha ejecución. A toda solicitud deberá acompañarse el convenio final de método alternativo o, en su caso, la escritura pública que contenga la transacción; II. Recibida la solicitud, el juez examinará la personalidad del solicitante y si ésta reúne los requisitos establecidos en la fracción anterior, dictará auto despachando o negando la ejecución, sin audiencia de la contraria, quedando prohibido correrle traslado de la misma, sin perjuicio de que tal parte, pueda impugnar la personalidad del solicitante si tiene razones para ello al oponerse a la ejecución. En su caso, en el mismo auto decretará la ejecución con efecto de mandamiento en forma y ordenará requerir a la parte contraria, para que dentro del término de cinco días cumpla con lo solicitado o en su caso oponga las excepciones que tuviese para ello; III. En la interposición y substanciación de las excepciones, se observará lo dispuesto por el artículo 504 de este Código; y IV. En lo que no se contraponga a las especiales establecidas en este artículo, serán aplicables las demás reglas generales para la ejecución de sentencias.". Tales dispositivos establecen: a) La ejecución del convenio final de método alternativo se hará por el juez que conozca del negocio en la primera instancia, pero no procederá en la vía de apremio si no consta en escritura pública. b) Las excepciones que son susceptibles de oponerse son, entre otras, la de pago, la compensación y compromiso en árbitros, la novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir, etcétera. c) Procede la ejecución del convenio final de método alternativo una vez vencido el plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas o cuando sean exigibles las mismas, en cuyo caso, la parte interesada formulará solicitud de ejecución forzosa por escrito ante el juez a cuya competencia se hubieren expresamente sometido ambas partes en el instrumento respectivo o, en su defecto, al de primera instancia del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación principal, precisando las causas motivadoras de la ejecución solicitada y en qué deba consistir dicha ejecución. d) A toda solicitud deberá acompañarse el convenio final de método alternativo o, en su caso, la escritura pública que contenga la transacción. e) Recibida la solicitud, el juez examinará la personalidad del solicitante y si reúne los requisitos, dictará auto despachando o negando la ejecución, sin audiencia de la contraria, quedando prohibido correrle traslado de la misma, sin perjuicio de que tal parte pueda impugnar la personalidad del solicitante si tiene razones para ello al oponerse a la ejecución. En su caso, en el mismo auto decretará la ejecución con efecto de mandamiento en forma y ordenará requerir a la parte contraria, para que dentro del término de cinco días cumpla con lo dispuesto en el convenio o, en su caso, oponga las excepciones que considere. Así, se concluye que el procedimiento del cual deriva el acto reclamado en el que se tramitó en la vía de apremio constituye la fase ejecutiva del convenio que originó su tramitación, ya que tratándose de transacciones el propio contrato hace las veces de sentencia. De ahí que se estime que el acto reclamado en esta instancia no es la última resolución en la etapa de ejecución para efectos del juicio de amparo. Cabe acotar que, contrario a lo sostenido por el quejoso a lo largo de la demanda constitucional, el convenio de mérito tiene la característica de sentencia ejecutoriada, como se desprende de los artículos 22, 24, 28, 62 y 72 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, que disponen: "Artículo 22. El Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco es un órgano del Poder Judicial competente y rector en materia de medios alternativos de justicia, con autonomía técnica, así como administrativa y con las facultades y atribuciones establecidas en esta ley.". "Artículo 24. Son atribuciones del Instituto, las siguientes: . V. Registrar y sancionar los convenios realizados en los Centros de Mediación para que sean considerados como sentencia ejecutoriada; .". "Artículo 28. Son atribuciones del Director General del Instituto las siguientes: . XIV. Sancionar los convenios que resuelvan los conflictos que se le presenten al Instituto, registrarlos y elevarlos a la categoría de sentencia ejecutoriada, una vez que cumplan con los requisitos establecidos por la ley; . XVIII. Autorizar la expedición de copias certificadas por el Secretario Técnico, de los convenios elevados a categoría de sentencia ejecutoriada, previo pago de los derechos correspondientes, cuando así lo soliciten las personas que acrediten interés jurídico, y .". "Artículo 62. Una vez concluido el plazo a que se refiere el artículo 61 de esta ley, dentro de un término máximo de tres días hábiles siguientes, el prestador del servicio solicitará ante el Instituto la sanción del convenio final, notificando su resolución personalmente a las partes, y en caso de haber sido aprobado, registrarlo en sus archivos como convenio equiparado a sentencia ejecutoriada.". "Artículo 72. El convenio ratificado y sancionado por el Instituto, se considerará como sentencia que hubiere causado ejecutoria, con todos los efectos que para la ejecución forzosa de la sentencias prevén las leyes. El Instituto comunicará el incumplimiento del convenio a la autoridad correspondiente para los efectos de continuar con el trámite de la averiguación previa o del proceso, así como para que el término de la prescripción del ejercicio de la acción penal por el delito cometido siga corriendo. Una vez cumplido el convenio, el Instituto informará de ello al Juez competente para que sobresea el proceso y extinga la acción correspondiente.". Como lo afirmó el promovente en el ocurso inicial y aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, el pacto alcanzado y del cual derivó el expediente judicial de origen lo autorizó el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y, como se aprecia de los transcritos, tal dependencia es un órgano del Poder Judicial de esta Entidad Federativa que, entre otras facultades, cuenta con la de sancionar los convenios realizados en los centros de mediación para que sean considerados como sentencia ejecutoriada. De ese modo, el acto reclamado derivado del convenio con fuerza de sentencia ejecutoriada, no constituye la resolución que: aprueba o reconozca el cumplimiento total de lo conveniado ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; declara la imposibilidad material o jurídica para ese fin; ordena el archivo del cuaderno; o bien, en tratándose de remates, ordena la escrituración de los bienes sacados a venta, sino que constituye la consecuencia inmediata del proveído que inició el procedimiento de ejecución del convenio final de método alternativo, es decir, que busca la ejecución del mismo. Por lo que cuando se emita la última resolución en dicho procedimiento, entonces se podrá incitar la instancia constitucional en su contra y reclamar las violaciones procesales que estime ocurrieran en su transcurso, tales como las que hoy reclama el quejoso, consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en el sentido de que no permite más excepciones que las en él mismo estipuladas. Es aplicable la jurisprudencia 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, registro 164639) Asimismo, la diversa 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, registro 190035) Además, de los autos no se aprecia actualizada alguna causa de excepción a la improcedencia en análisis, esto es, que el acto reclamado sea autónomo, pues es parte del procedimiento que tiene como fin ejecutar el convenio, ni que con el mismo se vulnere algún derecho sustantivo del promovente que no pueda restituirse al finalizar el procedimiento del que se trata. Es aplicable la tesis I.11o.C.52 K, del Décimo Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, invocada por el propio quejoso, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada.". (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2837, registro 2022741) Esta última afirmación se hace a propósito de lo aducido por el impetrante en los ocursos de amparo y aclaratorio, en cuanto a que su derecho sustantivo de propiedad se vulnera con la emisión del acto destacado pues en el convenio multicitado se pactaron cuestiones contrarias al orden público, en concreto, intereses y penas convencionales usurarias propias de una explotación del hombre por el hombre y que, por ende, procede el juicio constitucional; sin embargo, esas circunstancias son propias de la cosa juzgada. En efecto, en el convenio final de método alternativo sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, se tomaron en cuenta los diversos modificatorios al principal, en el que se previó un interés ordinario de 5% mensual, un interés moratorio de 6.5% mensual sobre saldos insolutos y, una pena convencional del 15% mensual sobre saldos insolutos, así como que, en el pacto último, se reconoció un adeudo por $6´529.394.00 (seis millones quinientos veintinueve mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), según relata el quejoso. Por su parte, en el escrito de prestaciones del hoy tercero interesado, presentado ante la responsable, se aprecia que éste solicitó que tales montos se requirieran del aquí promovente. Por tanto, no es dable considerar que el acto reclamado se tipifica como un acto de imposible reparación ajeno a la cosa juzgada, ya que, como se evidencia, el mismo es consecuencia del convenio que adquirió fuerza de sentencia ejecutoriada y, por ende, es que se sobresee en el juicio. Sin que pase por desapercibido que en el presente asunto se reclamó, de igual manera, como acto destacado, la constitucionalidad del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; sin embargo, dicha circunstancia, por sí, no torna procedente la acción constitucional, sino que en todo caso debe, en supuestos como el que nos ocupa, acatarse a la procedencia del juicio de amparo respecto del acto de aplicación. Viabilidad que, como se vio, no se configuró en la especie. Es aplicable la jurisprudencia 78/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 5, registro 170866) Finalmente, no es aplicable al caso la tesis III.5o.C.25 C, del Quinto Tribunal en Materia Civil del Tercer Circuito, invocada por el promovente, de rubro: "EXCEPCIÓN DE COMPENSACIÓN OPUESTA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL ARTÍCULO 504 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, AL SEÑALAR QUE ES FACTIBLE LA TRAMITACIÓN DE ESA DEFENSA, SIEMPRE QUE SE PIDA DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS CIENTO OCHENTA DÍAS DE SOLICITADA LA EJECUCIÓN, CONTRAVIENE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; pues en la ejecutoria que le dio vida si bien se concluyó la violación al principio de acceso a la justicia, ello obedeció a la restricción de excepciones en razón de los diversos plazos que el numeral de mérito dispone (ciento ochenta días; ciento ochenta días pero no transcurrido un año; y, más de una anualidad), para lo cual, se analizó el fondo del asunto, circunstancia que en el presente juicio no aconteció. Respecto del acto consistente en la aprobación, discusión, expedición y promulgación del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: ". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. .". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando exista jurisprudencia de, en el caso, un órgano del Poder Judicial de la Federación jerárquicamente superior a los juzgados de distrito. Dicho ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio 71/2000, sostuvo que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez de distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador constitucional debe analizar, en principio, si el juicio es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, y si en relación con éste no se actualiza diversa causa que haga inviable el procedimiento. De no acontecer así, plasmó en la jurisprudencia referida, se sobreseerá en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada. En ese orden, como se vio, respecto del acto de aplicación del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco reclamado, que dispone cuáles excepciones se admitirán contra la ejecución del convenio final de método alternativo, no se configuró la viabilidad de mérito. El criterio de mérito es del rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, registro 191311) De tal manera, al actualizarse la causa de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, se sobresee en el presente juicio. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio promovido por Enrique Rogerio Reyes de la Selva, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamados del Congreso, del Gobernador y del Juez Quinto de lo Civil y de Extinción de Dominio del Primer Partido Judicial, todos del Estado de Jalisco, por las determinaciones tomadas en el considerando último de esta sentencia Notifi´quese personalmente. "

  3. Principal

    PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; asi´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominacio´n y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse actos de una autoridad residente en la jurisdiccio´n de este o´rgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo es: La aprobación, discusión, expedición y promulgación del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (que se reclama del Congreso y del Gobernador del Estado de Jalisco); y, El primer acto de aplicación del precepto antedicho, consistente en el auto de diez de marzo de dos mil veintiuno dictado en el expediente 633/2020, relativo a la ejecución forzosa del convenio final de método alternativo (que se reclama del Juez Quinto de lo Civil y de Extinción de Dominio del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco) TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados pues, respecto de los sintetizados en el punto 1 del considerando anterior, al tratarse de la constitucionalidad de leyes, su certeza se advierte de la publicación, en el caso, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", lo cual se invoca como hecho notorio para quien hoy resuelve. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Y, en relación con el diverso acto destacado, su existencia se advierte de las constancias allegadas a los autos, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Respecto del acto consistente en el auto de diez de marzo de dos mil veintiuno. En ese orden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; este último numeral dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. .". El artículo citado establece que el juicio de amparo procede contra actos judiciales, administrativos o del trabajo emitidos fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, que al suscitarse el acto reclamado en la etapa de ejecución de sentencia, procederá únicamente contra la última resolución dictada, precisando que será aquella que declare cumplido dicho fallo, la que decrete la imposibilidad para cumplirlo o la que ordene al archivo definitivo del expediente. De la misma manera, señala que en los procedimientos de remate la última resolución será aquella que ordena el otorgamiento de la escritura y entrega de los bienes rematados. En ese sentido, lo que motivó al legislador a emitir dicha disposición es el hecho de que la sociedad se encuentra interesada en que las sentencias o resoluciones dictadas por los órganos encargados de la administración de justicia se cumplan a cabalidad y que al regular la procedencia del juicio de amparo, se evita el uso desmedido del mismo que únicamente tiene como finalidad evitar la ejecución de un fallo ejecutoriado cúspide de haber cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento. Consecuentemente, contra los actos que tiendan a ejecutar la cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo, salvo que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento relativo, o que transgreda derechos sustantivos, ajenos a la resolución dictada. Es aplicable la jurisprudencia 13/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, registro 2011474) Ahora, para lograr una mejor comprensión de la materia de la litis, se sintetizarán los antecedentes del asunto, a saber: El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el hoy quejoso y otra, celebraron con el aquí tercero interesado convenio final de método alternativo ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, relativo al reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria y contrato de transacción que tenían pactado en su carácter de deudor y acreedor, respectivamente. El diecinueve de abril de dos mil veinte, ante la responsable, se tuvo al hoy tercero interesado solicitando la ejecución forzosa del pacto de mérito, para lo cual se otorgó al aquí promovente el plazo de cinco días para que opusiera excepciones. El diez de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad de origen consideró que no había lugar a tener al hoy impetrante oponiendo las excepciones consistentes en que el convenio final del cual se habla se sancionó indebidamente, que no reúne los requisitos de un convenio de transacción, que se redactó en los mismos términos que el original y que tiene tintes usureros, por no ser acordes a las previstas en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Acto que consiste en el reclamado. Dicho eso, conviene reproducir lo que los numerales 477, 504 y 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, correspondientes al procedimiento de ejecución de sentencias, disponen: "Artículo 477. La ejecución de sentencia que hubiere causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar otorgada la fianza correspondiente se hará por el Juez que conoció del negocio en la primera instancia. La ejecución de los autos firmes que resuelvan un incidente queda a cargo del Juez que conozca del principal. La ejecución de las transacciones, convenio final de método alternativo y convenios celebrados en juicios, se hará por el Juez que conozca del negocio en la primera instancia, pero no procederá en la vía de apremio si no consta en escritura pública, convenio final de método alternativo o judicialmente en autos.". "Artículo 504. Contra la ejecución de la sentencia, convenio final de método alternativo, convenios judiciales y transacciones, no se admitirá más excepción que la de pago si dicha ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado ese término, pero no más de un año, se admitirán además las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; si hubiere transcurrido más de un año, serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquiera otro arreglo que modifique la obligación, así como la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida por virtud de ejecutoria o convenio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio, transacción o juicio, constar por instrumento público, por documento judicialmente reconocido o por confesión judicial, y se substanciarán en forma de incidente, promoviéndose en la demanda respectiva el reconocimiento o la confesión.". "Artículo 506. Para ejecutar el convenio final de método alternativo y las transacciones celebradas para prevenir una controversia, se observarán las siguientes reglas: I. Una vez vencido el plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio final de método alternativo o la transacción o sean exigibles las mismas, la parte interesada formulará solicitud de ejecución forzosa, por escrito, ante el juez a cuya competencia se hubieren expresamente sometido ambas partes en el instrumento respectivo o en su defecto al de primera instancia del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación principal, precisando las causas motivadoras de la ejecución solicitada y en qué deba consistir dicha ejecución. A toda solicitud deberá acompañarse el convenio final de método alternativo o, en su caso, la escritura pública que contenga la transacción; II. Recibida la solicitud, el juez examinará la personalidad del solicitante y si ésta reúne los requisitos establecidos en la fracción anterior, dictará auto despachando o negando la ejecución, sin audiencia de la contraria, quedando prohibido correrle traslado de la misma, sin perjuicio de que tal parte, pueda impugnar la personalidad del solicitante si tiene razones para ello al oponerse a la ejecución. En su caso, en el mismo auto decretará la ejecución con efecto de mandamiento en forma y ordenará requerir a la parte contraria, para que dentro del término de cinco días cumpla con lo solicitado o en su caso oponga las excepciones que tuviese para ello; III. En la interposición y substanciación de las excepciones, se observará lo dispuesto por el artículo 504 de este Código; y IV. En lo que no se contraponga a las especiales establecidas en este artículo, serán aplicables las demás reglas generales para la ejecución de sentencias.". Tales dispositivos establecen: a) La ejecución del convenio final de método alternativo se hará por el juez que conozca del negocio en la primera instancia, pero no procederá en la vía de apremio si no consta en escritura pública. b) Las excepciones que son susceptibles de oponerse son, entre otras, la de pago, la compensación y compromiso en árbitros, la novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir, etcétera. c) Procede la ejecución del convenio final de método alternativo una vez vencido el plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas o cuando sean exigibles las mismas, en cuyo caso, la parte interesada formulará solicitud de ejecución forzosa por escrito ante el juez a cuya competencia se hubieren expresamente sometido ambas partes en el instrumento respectivo o, en su defecto, al de primera instancia del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación principal, precisando las causas motivadoras de la ejecución solicitada y en qué deba consistir dicha ejecución. d) A toda solicitud deberá acompañarse el convenio final de método alternativo o, en su caso, la escritura pública que contenga la transacción. e) Recibida la solicitud, el juez examinará la personalidad del solicitante y si reúne los requisitos, dictará auto despachando o negando la ejecución, sin audiencia de la contraria, quedando prohibido correrle traslado de la misma, sin perjuicio de que tal parte pueda impugnar la personalidad del solicitante si tiene razones para ello al oponerse a la ejecución. En su caso, en el mismo auto decretará la ejecución con efecto de mandamiento en forma y ordenará requerir a la parte contraria, para que dentro del término de cinco días cumpla con lo dispuesto en el convenio o, en su caso, oponga las excepciones que considere. Así, se concluye que el procedimiento del cual deriva el acto reclamado en el que se tramitó en la vía de apremio constituye la fase ejecutiva del convenio que originó su tramitación, ya que tratándose de transacciones el propio contrato hace las veces de sentencia. De ahí que se estime que el acto reclamado en esta instancia no es la última resolución en la etapa de ejecución para efectos del juicio de amparo. Cabe acotar que, contrario a lo sostenido por el quejoso a lo largo de la demanda constitucional, el convenio de mérito tiene la característica de sentencia ejecutoriada, como se desprende de los artículos 22, 24, 28, 62 y 72 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, que disponen: "Artículo 22. El Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco es un órgano del Poder Judicial competente y rector en materia de medios alternativos de justicia, con autonomía técnica, así como administrativa y con las facultades y atribuciones establecidas en esta ley.". "Artículo 24. Son atribuciones del Instituto, las siguientes: . V. Registrar y sancionar los convenios realizados en los Centros de Mediación para que sean considerados como sentencia ejecutoriada; .". "Artículo 28. Son atribuciones del Director General del Instituto las siguientes: . XIV. Sancionar los convenios que resuelvan los conflictos que se le presenten al Instituto, registrarlos y elevarlos a la categoría de sentencia ejecutoriada, una vez que cumplan con los requisitos establecidos por la ley; . XVIII. Autorizar la expedición de copias certificadas por el Secretario Técnico, de los convenios elevados a categoría de sentencia ejecutoriada, previo pago de los derechos correspondientes, cuando así lo soliciten las personas que acrediten interés jurídico, y .". "Artículo 62. Una vez concluido el plazo a que se refiere el artículo 61 de esta ley, dentro de un término máximo de tres días hábiles siguientes, el prestador del servicio solicitará ante el Instituto la sanción del convenio final, notificando su resolución personalmente a las partes, y en caso de haber sido aprobado, registrarlo en sus archivos como convenio equiparado a sentencia ejecutoriada.". "Artículo 72. El convenio ratificado y sancionado por el Instituto, se considerará como sentencia que hubiere causado ejecutoria, con todos los efectos que para la ejecución forzosa de la sentencias prevén las leyes. El Instituto comunicará el incumplimiento del convenio a la autoridad correspondiente para los efectos de continuar con el trámite de la averiguación previa o del proceso, así como para que el término de la prescripción del ejercicio de la acción penal por el delito cometido siga corriendo. Una vez cumplido el convenio, el Instituto informará de ello al Juez competente para que sobresea el proceso y extinga la acción correspondiente.". Como lo afirmó el promovente en el ocurso inicial y aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, el pacto alcanzado y del cual derivó el expediente judicial de origen lo autorizó el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y, como se aprecia de los transcritos, tal dependencia es un órgano del Poder Judicial de esta Entidad Federativa que, entre otras facultades, cuenta con la de sancionar los convenios realizados en los centros de mediación para que sean considerados como sentencia ejecutoriada. De ese modo, el acto reclamado derivado del convenio con fuerza de sentencia ejecutoriada, no constituye la resolución que: aprueba o reconozca el cumplimiento total de lo conveniado ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; declara la imposibilidad material o jurídica para ese fin; ordena el archivo del cuaderno; o bien, en tratándose de remates, ordena la escrituración de los bienes sacados a venta, sino que constituye la consecuencia inmediata del proveído que inició el procedimiento de ejecución del convenio final de método alternativo, es decir, que busca la ejecución del mismo. Por lo que cuando se emita la última resolución en dicho procedimiento, entonces se podrá incitar la instancia constitucional en su contra y reclamar las violaciones procesales que estime ocurrieran en su transcurso, tales como las que hoy reclama el quejoso, consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en el sentido de que no permite más excepciones que las en él mismo estipuladas. Es aplicable la jurisprudencia 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, registro 164639) Asimismo, la diversa 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, registro 190035) Además, de los autos no se aprecia actualizada alguna causa de excepción a la improcedencia en análisis, esto es, que el acto reclamado sea autónomo, pues es parte del procedimiento que tiene como fin ejecutar el convenio, ni que con el mismo se vulnere algún derecho sustantivo del promovente que no pueda restituirse al finalizar el procedimiento del que se trata. Es aplicable la tesis I.11o.C.52 K, del Décimo Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, invocada por el propio quejoso, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada.". (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2837, registro 2022741) Esta última afirmación se hace a propósito de lo aducido por el impetrante en los ocursos de amparo y aclaratorio, en cuanto a que su derecho sustantivo de propiedad se vulnera con la emisión del acto destacado pues en el convenio multicitado se pactaron cuestiones contrarias al orden público, en concreto, intereses y penas convencionales usurarias propias de una explotación del hombre por el hombre y que, por ende, procede el juicio constitucional; sin embargo, esas circunstancias son propias de la cosa juzgada. En efecto, en el convenio final de método alternativo sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, se tomaron en cuenta los diversos modificatorios al principal, en el que se previó un interés ordinario de 5% mensual, un interés moratorio de 6.5% mensual sobre saldos insolutos y, una pena convencional del 15% mensual sobre saldos insolutos, así como que, en el pacto último, se reconoció un adeudo por $6´529.394.00 (seis millones quinientos veintinueve mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), según relata el quejoso. Por su parte, en el escrito de prestaciones del hoy tercero interesado, presentado ante la responsable, se aprecia que éste solicitó que tales montos se requirieran del aquí promovente. Por tanto, no es dable considerar que el acto reclamado se tipifica como un acto de imposible reparación ajeno a la cosa juzgada, ya que, como se evidencia, el mismo es consecuencia del convenio que adquirió fuerza de sentencia ejecutoriada y, por ende, es que se sobresee en el juicio. Sin que pase por desapercibido que en el presente asunto se reclamó, de igual manera, como acto destacado, la constitucionalidad del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; sin embargo, dicha circunstancia, por sí, no torna procedente la acción constitucional, sino que en todo caso debe, en supuestos como el que nos ocupa, acatarse a la procedencia del juicio de amparo respecto del acto de aplicación. Viabilidad que, como se vio, no se configuró en la especie. Es aplicable la jurisprudencia 78/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 5, registro 170866) Finalmente, no es aplicable al caso la tesis III.5o.C.25 C, del Quinto Tribunal en Materia Civil del Tercer Circuito, invocada por el promovente, de rubro: "EXCEPCIÓN DE COMPENSACIÓN OPUESTA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL ARTÍCULO 504 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, AL SEÑALAR QUE ES FACTIBLE LA TRAMITACIÓN DE ESA DEFENSA, SIEMPRE QUE SE PIDA DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS CIENTO OCHENTA DÍAS DE SOLICITADA LA EJECUCIÓN, CONTRAVIENE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; pues en la ejecutoria que le dio vida si bien se concluyó la violación al principio de acceso a la justicia, ello obedeció a la restricción de excepciones en razón de los diversos plazos que el numeral de mérito dispone (ciento ochenta días; ciento ochenta días pero no transcurrido un año; y, más de una anualidad), para lo cual, se analizó el fondo del asunto, circunstancia que en el presente juicio no aconteció. Respecto del acto consistente en la aprobación, discusión, expedición y promulgación del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: ". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. .". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando exista jurisprudencia de, en el caso, un órgano del Poder Judicial de la Federación jerárquicamente superior a los juzgados de distrito. Dicho ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio 71/2000, sostuvo que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez de distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador constitucional debe analizar, en principio, si el juicio es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, y si en relación con éste no se actualiza diversa causa que haga inviable el procedimiento. De no acontecer así, plasmó en la jurisprudencia referida, se sobreseerá en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada. En ese orden, como se vio, respecto del acto de aplicación del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco reclamado, que dispone cuáles excepciones se admitirán contra la ejecución del convenio final de método alternativo, no se configuró la viabilidad de mérito. El criterio de mérito es del rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, registro 191311) De tal manera, al actualizarse la causa de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, se sobresee en el presente juicio. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio promovido por Enrique Rogerio Reyes de la Selva, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamados del Congreso, del Gobernador y del Juez Quinto de lo Civil y de Extinción de Dominio del Primer Partido Judicial, todos del Estado de Jalisco, por las determinaciones tomadas en el considerando último de esta sentencia Notifi´quese personalmente.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a seis de julio de dos mil veintiuno. Tercero interesado se apersona. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por ******************** y en atención al contenido del escrito de referencia, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al presente juicio constitucional. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. III. Autorizados en términos amplios y restringidos. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la norma en cita a ********************, dado que cuentan con sus cédulas profesionales de Licenciado en Derecho registradas en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/Ricardo

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