Enrique Rodríguez González

Expediente 1214/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1214/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Enrique Rodríguez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es:????? 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en comento, por lo que deberá conservarse, únicamente la resolución que por una parte negó y por otra concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo. Finalmente, glósese copia certificada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 05/11/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE En la Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las manifestaciones vertidas por las autoridades responsables, en el sentido de haber dado cumplimiento al fallo protector, sin que lo haya realizado, por lo que el suscrito procede a acordar lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para los efectos siguientes: En ese orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia (dada la naturaleza de los actos a desarrollar), constriña a la demandada Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a cumplir con las resoluciones de mérito, y exija a la autoridad demandada haga el cálculo y pago de la cantidad a que tiene derecho el hoy quejoso de conformidad con los efectos que modificó la Sala Superior; y además, si es necesario, aperture el correspondiente incidente para determinar correctamente el monto de la prestación a que tiene derecho la peticionaria de garantías y que se le deben pagar, y en su caso, una vez determinado, requiera a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento. Se hace extensivo el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad demandada Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, cumpla con los efectos a los cuales fue constreñido por la Sala y pagar a la parte quejosa las prestaciones a las que tiene derecho, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia. Así en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones impuestas en la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables, consisten en: - La Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México: ? Constreñir a la demandada, hoy Director General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cumplir con las resoluciones de mérito, y exigirle que haga el cálculo; y si es necesario, deberá aperturar el correspondiente incidente para determinar correctamente el monto de la prestación a que tiene derecho la parte quejosa. ? Una vez determinada la cantidad, requerir a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento: - El Director General de Recursos Humanos de la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: ? Deberá cumplir con los efectos a los cuales fue constreñido por la Sala y pagar a la quejosa las prestaciones a las que tiene derecho. Cabe mencionar que en proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Ponencia Uno, por medio del cual, informó el contenido del proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad I-28001/2015 de su índice, en el cual señaló que la cantidad que se adeudaba al quejoso era de trescientos ochenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 43/100, M.N. ($387,774.43), por concepto de diferencias de nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el Servicio, del primero de mayo de dos mil al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, misma que ya se encontraba determinada en autos; y con base en ello, requirió a la autoridad demandada el cumplimiento del fallo de nulidad. Posteriormente, en proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito signado por Dalia Elizabeth Chávez Cruz, cónyuge de Joel Cardón Reyes quien fuera quejoso en este asunto, por medio del cual remitió copia certificada del acta de defunción del citado, informando que denunció la sucesión intestamentaria a bienes del quejoso, misma que se encuentra radicada en el Juzgado 31 (treinta y uno) de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de ésta Ciudad de México, con el número de expediente 1877/2019 Secretaría "A", manifestando su interés en el presente asunto. Así las cosas, en auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por la Jueza Trigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, por medio del cual informó que en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno se tuvo a Dalia Elizabeth Chávez Cruz, aceptando y protestando el cargo de albacea en la sucesión intestamentaria a bienes de Joel Cardón Reyes. En esas circunstancias, se tiene que a través del oficio FGJCDMX/CGJDH/DGJCISJP/DA/SAA/32048/2021-10, de trece de octubre de dos mil veintiuno, recibido en este Juzgado el dieciocho siguiente, la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, exhibió copia certificada del recibo de pago y/o finiquito, del título de crédito 0000166 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, de la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, y de la cuenta líquida por certificar número 101187 que amparan la cantidad de trescientos ochenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 43/100, M.N. ($387,774.43); en el cual se advierte el nombre y firma de Dalia Elizabeth Chávez Cruz, quien tiene el cargo de albacea en la sucesión intestamentaria a bienes de Joel Cardón Reyes. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa en proveído de veinte de enero de dos mil veinte, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado determina CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que las autoridades responsables, una determinó la cantidad a pagar a la parte quejosa y exigió el cumplimiento de su sentencia y, la otra, dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad I-28001/2015, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues se pago a la albacea del quejoso las cantidades a las que aquél tenía derecho, por concepto de diferencias de nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el Servicio, del primero de mayo de dos mil al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro y texto siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese; y personalmente SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCA.- NOTIFIQUESE

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por por el Director General de Amparos y Contencioso, en representación del Comandante y Director General de Recursos Humanos, todos de la Guardia Nacional, por medio del cual interponen recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria dictada el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en que se proveyó respecto de la suspensión definitiva; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos tomando conocimiento de su contenido. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 88 y 90, de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes copia del oficio de expresión de agravios y, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase electrónicamente el oficio de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de revisión, a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso, se encuentre en aptitud de relacionar y consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente requiera de las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Por lo tanto, y toda vez que para la substanciación de dicho recurso se remitirán al citado Tribunal de Alzada, las constancias relativas al incidente de suspensión en que se actúa, únicamente de manera electrónica a través del sistema de interconexión y con la finalidad de ahorrar en recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones innecesarias, no se forma cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Se agrega en autos el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica de Cuauhtémoc Rafael Montero Clavel, Director de Procesos Jurisdiccionales de la Secretaría de Educación Pública, a través del cual, indica que es una diversa autoridad la que debe emitir las copias certificadas de los talones de pago de la plaza que ocupó la aquí quejosa del treinta y uno de diciembre de dos mil siete al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, así como la constancia de percepciones o deducciones correspondiente a la plaza de Profesora Normalista de Educación Física con carrera magisterial 7B, con puesto E0762, número cincuenta y uno (51), 90286 y 4284; tomando conocimiento de su contenido. En atención a lo anterior, con copia del oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, emita el pronunciamiento respectivo, y remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite dicha circunstancia. Apercibida de que, en caso de no cumplir con lo anterior, en el siguiente requerimiento, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos de Magistrados de la citada Sala, una multa por ciento cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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