Enrique Rivera Rodríguez
Expediente 8/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Enrique Rivera Rodríguez
- Claudia Aracely San Miguel Sifuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Amparo auxiliar 8/2022 Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos del amparo auxiliar 8/2022, relativo al juicio constitucional 1766/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; y, R E S U L T A N D O I. ******************, por derecho propio y por escrito recibido el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, y otras autoridades. II. En auto del veintisiete de octubre de la citada anualidad, el referido órgano de control registró la demanda como el juicio de amparo 1766/2021 y la admitió a trámite; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós; y, III. Mediante oficio SECNO/STCCNO/962/2022 del trece de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. IV. Con motivo de lo anterior, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, este órgano de control integró el cuaderno auxiliar 8/2022 al que vinculó el juicio de amparo 1766/2021 del juzgado de origen mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el dictado de la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O Primero. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con la sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, comunicada mediante circular SECNO/STCCNO/962/2022 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, al aprobar el punto de acuerdo 145/2022 relativo a la propuesta de equilibrio de los asuntos en los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; y auxilio en el dictado de sentencias a los referidos Juzgados de Distrito, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También debe tomarse en cuenta que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuible a una autoridad jurisdiccional con residencia en el Estado de Nuevo León; de ahí que, por razón de materia y territorio, se surte competencia a favor del Juzgado de Distrito de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en concordancia con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, son enviados para ese efecto; de ahí que éste asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente electrónico y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia publicada en la página 440, tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 163998, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA". Segundo. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama la remoción del puesto, cargo o comisión que desempeñaba como policía dentro de la Secretaría Ciudadana y Justicia Cívica del Municipio de General Escobedo, Nuevo León; la omisión de pagar una indemnización y prestaciones conforme el artículo 123, inciso B, fracción XIII, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; anotaciones negativas de baja del cargo en el Centro de Control Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Computo del Estado C5 y la sustanciación del proceso de remoción que se siguió en su contra con el número **********. Tercero. La Directora de Recursos Humanos de General Escobedo, Nuevo León, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que la quejosa le atribuye en su carácter de autoridad ejecutora. Por otra parte, si bien no obran los informes justificados de la totalidad de las autoridades responsables, el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, remitió las constancias de las que se visualiza la existencia de los actos reclamados. Dichas documentales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, se tienen por ciertos los actos reclamados. Cuarto. En virtud de que el análisis de las causales de improcedencia es de orden público y de estudio preferente, independientemente de que las partes lo hayan alegado o no, de acuerdo con lo que prevé el ordinal 62 de la Ley de Amparo se impone el examen correspondiente. Empero, al no existir alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, como lo dispone el citado numeral se procede al estudio de la constitucionalidad de los actos tildados de inconstitucionales. Quinto. Los conceptos de violación no se transcriben por economía procesal y en óbice de repeticiones, pero sí serán considerados en este fallo a fin de atender y resolver sobre los puntos sujetos a debate, derivados de la petición de amparo, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis para no concretar así una vulneración a los principios de congruencia y efectividad. Como sustento a lo precisado, se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 164618, de epígrafe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La quejosa aduce sustancialmente la falta de las formalidades esenciales en el procedimiento administrativo de origen, lo que la dejó en completo estado de indefensión y con ello se infringió el derecho fundamental de audiencia previa consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son fundados los motivos de disenso planteados por la promovente del amparo. En efecto, el precepto constitucional referido se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa de los afectados, entendiéndose por aquéllas las condiciones fundamentales que deben satisfacer para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa. Así, de no verificarse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin del derecho fundamental de audiencia previa, que no es otro que el de evitar la indefensión del afectado. Lo precisado encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 200234, de título: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". En efecto, de la citada tesis jurisprudencial se observan de manera genérica que las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar, y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Con las premisas expuestas, es dable establecer que el conocimiento del inicio del procedimiento, su fundamento y sus consecuencias, es uno de los presupuestos de la defensa adecuada que integran la garantía de audiencia, ya que sólo a través de dicha formalidad el gobernado está en aptitud de controvertir el acto privativo y permite que pueda ser efectiva la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa. Es decir, el emplazamiento es el requisito que debe cumplirse a fin de que en todo procedimiento se respete a favor del gobernado la aludida prerrogativa de audiencia y se traduce como el acto formal en virtud del cual se hace saber al interesado la existencia del procedimiento entablado en su contra, así como el plazo del que dispone para contestar lo que a su interés corresponda. De ahí que el llamamiento al procedimiento es el acto formal indispensable para que se integre debidamente la relación procesal, donde se dé oportunidad al sujeto del procedimiento instaurado de ocurrir en defensa de sus intereses, por lo que su inexistencia o ilegalidad es la violación más grave en el procedimiento en razón de que lo deja en estado de indefensión al privarlo del derecho de conocer los datos indispensables del procedimiento instaurado en su contra, lo que implica que no pueda preparar una adecuada defensa y violando por ende su derecho público subjetivo. Es en esa etapa procesal donde una violación manifiesta, como lo es la ilegalidad del emplazamiento, restringe las posibilidades de defensa del quejoso y que de forma ulterior trasciende al resultado de la resolución con la que finalice el procedimiento administrativo seguido en su contra. En el caso, la quejosa ***************** se desempeñaba como policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica del municipio de General Escobedo, Nuevo León; por tanto, para instrumentar el procedimiento que concluyó con los actos reclamados, la autoridad responsable aplicó, entre otros ordenamientos, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León. En ese tenor, se precisa que los dispositivos 198 Bis-30 y 198 Bis-31 de dicha legislación, se desprende que la terminación de los efectos del nombramiento de los integrantes de los institutos policíacos en la entidad será ordinaria o extraordinaria, destacando que entre las extraordinarias se encuentra la remoción del puesto, cargo o comisión por el incumplimiento de los requisitos de permanencia en la institución; asimismo, prevén un procedimiento en el cual podrán ser oídos previamente a la terminación de sus nombramientos o el cese o baja de sus cargos. También, se advierte que la determinación de la remoción del personal de las instituciones policiales se iniciará por instrucciones del titular de la dependencia, o bien, por propuesta de parte del superior jerárquico de quien dependan los servidores públicos que se propongan remover del cargo para que el área competente instruya el procedimiento correspondiente; propuestas en las que se deberán asentar los hechos que las sustenten y tendrán que estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para presumir la necesidad de remoción del servidor público a que se refieran. Posteriormente, se enviará una copia de la propuesta de mérito y sus anexos al servidor público sujeto a la misma para que en un término de cinco días hábiles formule un informe sobre los hechos y ofrezca las pruebas correspondientes; hecho lo cual, se le citará personalmente a una audiencia en la que se desahogarán los medios de convicción si los hubiere y se recibirán sus alegatos; luego, se turnará al titular de la dependencia a fin de que resuelva sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia y, en su caso, se remueva del puesto, cargo o comisión al servidor público sujeto del procedimiento. La resolución se notificará personalmente al interesado. En ese tenor, las porciones normativas citadas prevén el respeto al derecho de audiencia y las formalidades del procedimiento en cuanto establecen, entre otros aspectos, que se debe enviar una copia con la propuesta de remoción y sus anexos al servidor público sujeto al procedimiento para que prepare una defensa adecuada contra dicha acción. Bajo tales premisas, en el caso concreto se determina que el Secretario de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, transgredió en perjuicio de la promovente el derecho fundamental de previa audiencia previsto en el numeral 14 de la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, en virtud de que de las constancias relativas al procedimiento de remoción ********************, mismas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los ordinales 79, 87, 93, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que en acuerdo del veintitrés de julio de dos mil veintiuno dictado por la Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, se decretó su inicio y se ordenó, entre otras cuestiones, el emplazamiento de la quejosa *************************************. Llamamiento que se efectuó por medio de instructivo fijado en el domicilio de la impetrante, sin que el personal que efectuó esa diligencia asentara la entrega de la totalidad de las documentales que dieron origen al procedimiento de origen. Luego, esa omisión fue afirmada por la quejosa al rendir su informe, por lo que solicitó la expedición de las copias respectivas sin que la responsable se haya pronunciado al respecto, sino que únicamente tuvo por recibido tal escrito, por hechas las manifestaciones ahí contenidas, admitió la prueba testimonial a cargo de ********************** ofrecida por la quejosa y fijó las diez horas del uno de octubre de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; fecha en la que, por una parte, asentó que se encontraba pendiente de desahogo el referido medio de convicción, y por otra, que no quedaban pruebas pendientes, lo que por otra parte constituye evidente contradicción en lo determinado con relación a la testimonial ofertada por la impetrante. Posterior a ello, el catorce de octubre del año próximo pasado emitió la resolución en la que determinó, entre otras cosas, la terminación de los efectos del nombramiento en forma extraordinaria y la remoción de la quejosa del puesto que desempeñaba, y ordenó inscribir dicha remoción en el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública. Ahora, como ya se dijo, se observa que en el emplazamiento de la servidora pública no se corrió traslado con las pruebas que sirvieron de sustento para dar inicio al propio procedimiento a fin de que estuviera en aptitud de formular una adecuada defensa, circunstancia que es trascendente en tanto que la finalidad del llamamiento consiste en que el gobernado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las causas que originaron el inicio del procedimiento, sino de las pruebas que lo motivaron, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho de defensa. En ese tenor, no existió un formal emplazamiento conforme al procedimiento aplicable, lo que derivó en que la quejosa no tuviera la oportunidad de entablar una defensa adecuada y aportar los elementos de prueba que estimara conducentes (formalidad en el proceso contenida en el arábigo 198 Bis 31 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León). Cobra aplicación, jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204, libro 78, septiembre de 2020, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2022118, Décima Época, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO". En tales condiciones, al quedar comprobado que los actos reclamados vulneran el derecho fundamental de audiencia que se consagra en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ************************************** para que, conforme a los preceptos 73 y 77 de la Ley de Amparo, sea restituida en el pleno goce del derecho humano trastocado. Es imprescindible asentar que si bien el Estado tiene la obligación constitucional de indemnizar a los servidores públicos separados de su cargo de manera injustificada, también lo es que esa indemnización está sujeta a los plazos, tiempos y circunstancias que en los conceptos siguientes se establecerán, puesto que a la misma no deben integrarse elementos ajenos a la rescindida relación jurídicoadministrativa, ya que pueden incrementar de forma desmedida su cuantificación, tales como la duración o prolongación en la tramitación de los procedimientos o medios de defensa hasta lograr su firmeza. Así, la autoridad responsable deberá efectuar la liquidación de la relación jurídico-administrativa conforme a los conceptos que siguen: I. Pague a la amparada la indemnización constitucional en términos del dispositivo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, Constitucional y las normas administrativas que le sea aplicables. En la inteligencia que esta concesión no implica que la responsable quede constreñida a reinstalar a la quejosa en el puesto que venía desempeñando, ya que al haberse encontrado adscrita a una institución que realiza actividades de carácter policial se ubica dentro de los supuestos del numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, el cual prevé que si la autoridad resolviere la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo está obligado a pagar indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. II. El pago de veinte días de salario por cada año de servicio laborado como parte de la indemnización, y debe computarse y efectuarse desde la fecha de ingreso (inicio de la relación subordinada) y hasta la fecha real de cese o baja, que es cuando se separó injustificadamente al elemento de su cargo. III. Con relación a los salarios no percibidos, dicha cuantificación se considerará según lo que se haya generado a partir de la fecha de baja y hasta la fecha en que cause firmeza la resolución que establece que la quejosa fue despedida injustificadamente (salarios prestados por virtud del contrato), esto porque es a partir de ésta última cuando queda firme la destitución cuestionada; en otras palabras, a partir de esa data la separación encuentra justificación legal. Se hace la precisión que después de quedar firme la baja reprochada, no procede cuantificar cantidades generadas, toda vez que se constituiría el pago de salarios por trabajos no prestados; ello, puesto que al ser dado de baja un miembro de una institución policial, no se encuentra en aptitud de desarrollar su actividad como servidor público en esa temporalidad, pues de hacerlo, no se atendería el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 109/2012 (10a.) que más adelante se reproducirá. Sobre esta cuestión, conviene indicar que si bien existe la obligación resarcitoria del Estado, ante el despido injustificado del empleado de seguridad pública no debe perderse de vista que las prestaciones a que tienen derecho los miembros de las instituciones policiales están previstas en la ley y la indemnización debe calcularse siguiendo los objetivos constitucionales de evitar que los juicios se prolonguen artificialmente con el fin de obtener una mayor condena por salarios dejados de percibir e impedir un desfalco en las aras de la administración pública, pues eso incide indirectamente en otros problemas de la economía estatal y resulta en detrimento de todos los ciudadanos. IV. Los conceptos de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que acredite la accionante percibió con motivo de la relación jurídico-administrativa que se rescindió. V. Quede insubsistente el registro negativo que en su caso se haya realizado en el Registro Nacional de Seguridad Pública, por ser consecuencia directa del cese o baja calificado como injustificado; por ello, procede anotar en el expediente personal de la impetrante que la separación o destitución se concretó de manera injustificada. En la inteligencia que la indemnización deberá cubrir el pago de las contribuciones que por ley se actualicen. Tales efectos se soportan en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 505, libro 38, enero de 2017, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2013440, Décima Época, que establece: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]". De igual forma, sostienen los efectos dados las diversas jurisprudencias de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional de México, que enuncian: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS". "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." Asimismo, la tesis de jurisprudencia que estatuye: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS". Por otra parte, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, hágase del conocimiento al órgano jurisdiccional auxiliado para los efectos legales conducentes y archívese este sumario digital como asunto concluido. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******************, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese en términos de ley; por conducto del juzgado auxiliado. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien da fe. Doy fe.
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Iguala de la Independencia, Guerrero, diecinueve de julio de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del treinta de junio pasado, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por XXXX, por derecho propio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora, toda vez que la determinación de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de constancias originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no las allegó; por tanto, no ha lugar a requerirle que comparezca ante este juzgado para recuperar documentación alguna. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Luis Alberto Govea Ramírez, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintidós. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, remitiendo testimonio certificado de la resolución del dieciséis de junio del año en curso, dictado en el recurso de queja 36/2022, en la que declaró fundado el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el auto del doce de enero de este año, en el juicio de amparo en que se actúa, cuyo expediente se acompaña al oficio de cuenta en un tomo. Acúsese recibo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por xxxx, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, en Taxco, Guerrero, se advierte la actualización de diversa causa de manera notoria y manifiesta prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia de estudio tutela el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Para afirmarlo, se tiene que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución interlocutoria del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de remoción de albacea en el expediente xxx, del índice del juzgado responsable. En ese sentido, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que en la determinación combatida por esta vía constitucional, la autoridad responsable desestimó la solicitud de remoción de albacea que hizo valer el quejoso. Bajo tal premisa, es dable afirmar que es aplicable lo dispuesto en los artículos 386 y 669 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364; en los que, el primero de ellos prevé el recurso de apelación como medio de defensa previo a la interposición del juicio de amparo para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez al resolver, entre otras cosas, los autos que decidan un incidente (interlocutorias). Asimismo, el segundo de los numerales referidos ordena en su segundo párrafo que las cuestiones que no afecten la validez del testamento o la capacidad para heredar sino sólo una inoficiosidad, se decidirán en la audiencia (en el caso de las juntas de herederos) y serán apelables las resoluciones respectivas sólo en el efecto devolutivo. Bajo ese contexto, si en la especie se reclama la interlocutoria aludida y la ley del acto prevé un recurso que tiene por objeto la modificación total o parcial lo resuelto en los autos que decidan un incidente (interlocutoria); es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió interponer el referido medio de impugnación -apelación- para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis XIX.1o.3 C (10a.), con registro digital 2021061, "JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SECCIÓN TIENE EL CARÁCTER DE SENTENCIA, POR LO QUE EL PLAZO PARA INTERPONER EN SU CONTRA EL RECURSO DE APELACIÓN ES DE NUEVE DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)". En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Luis Alberto Govea Ramírez, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso el auto del treinta de junio de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintidós. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, remitiendo testimonio certificado de la resolución del dieciséis de junio del año en curso, dictado en el recurso de queja 36/2022, en la que declaró fundado el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el auto del doce de enero de este año, en el juicio de amparo en que se actúa, cuyo expediente se acompaña al oficio de cuenta en un tomo. Acúsese recibo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por xxxx, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, en Taxco, Guerrero, se advierte la actualización de diversa causa de manera notoria y manifiesta prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia de estudio tutela el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Para afirmarlo, se tiene que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución interlocutoria del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de remoción de albacea en el expediente xxx, del índice del juzgado responsable. En ese sentido, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que en la determinación combatida por esta vía constitucional, la autoridad responsable desestimó la solicitud de remoción de albacea que hizo valer el quejoso. Bajo tal premisa, es dable afirmar que es aplicable lo dispuesto en los artículos 386 y 669 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364; en los que, el primero de ellos prevé el recurso de apelación como medio de defensa previo a la interposición del juicio de amparo para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez al resolver, entre otras cosas, los autos que decidan un incidente (interlocutorias). Asimismo, el segundo de los numerales referidos ordena en su segundo párrafo que las cuestiones que no afecten la validez del testamento o la capacidad para heredar sino sólo una inoficiosidad, se decidirán en la audiencia (en el caso de las juntas de herederos) y serán apelables las resoluciones respectivas sólo en el efecto devolutivo. Bajo ese contexto, si en la especie se reclama la interlocutoria aludida y la ley del acto prevé un recurso que tiene por objeto la modificación total o parcial lo resuelto en los autos que decidan un incidente (interlocutoria); es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió interponer el referido medio de impugnación -apelación- para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis XIX.1o.3 C (10a.), con registro digital 2021061, "JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SECCIÓN TIENE EL CARÁCTER DE SENTENCIA, POR LO QUE EL PLAZO PARA INTERPONER EN SU CONTRA EL RECURSO DE APELACIÓN ES DE NUEVE DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)". En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Luis Alberto Govea Ramírez, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe".
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