Enrique Rivas Galvan
Expediente 733/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enrique Rivas Galvan
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio signado por la autoridad en cita, a través del cual acusa recibo del oficio 8280 del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se le hizo del conocimiento que en virtud de que ninguna de las partes interpuso recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo interpuesta por -, quedó firme, así como la devolución del toca de apelación número -; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Finalmente, como resulta innecesario que en este Juzgado obren las constancias remitidas por la autoridad responsable, se ordena la devolución, solicitándole acusar el recibo correspondiente; en el entendido que, de no remitirlo dentro del término de tres días, legalmente computados, se dará por hecho que recibió a entera satisfacción la documental que se le envía. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de ocho de julio de dos mil veintidós... Como de la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el término para que la parte quejosa manifestara lo que su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, y como nada dijo al respecto, este Juzgado procede a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, visible a página doscientos cuarenta y tres, con el rubro que a la letra versa "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Como se desprende de la constancia secretarial de cuenta que mediante sentencia ejecutoriada emitida en autos, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en caso de que por algún motivo no se llevara a cabo el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en la fecha que se fijó, la difiriera señalando nueva data acatando los términos previstos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte la autoridad de mérito, por oficio 701/2022 de su índice, informó que en la fecha señalada celebró audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral de origen -. Luego, del examen de las constancias que obran en autos, se advierte que en el expediente laboral de origen -, del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en la fecha señalada. Así las cosas, de lo hasta aquí expuesto, se advierte que la ejecutoria de que se trata quedó cumplida en lo esencial, habiéndose restituido así a la parte agraviada en el pleno goce de las garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo; pues, como ya se dijo dicha autoridad llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en la fecha señalada en el juicio de origen; con lo cual, debe de concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido en lo esencial, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, pudiera hacer valer la parte peticionaria de amparo en contra del cumplimiento de mérito. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 301, del rubro siguiente "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". De igual forma, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN; en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14, 18 fracción I, incisos a) y b), así como el 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Finalmente, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 44, 141 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificada mediante oficio CCJ/ST/2506/2022; y, con apoyo en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa en legal y debida forma con la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dentro del cuaderno de amparo directo civil número - de su índice, determinó carecer legalmente de competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, toda vez que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia del amparo directo; en tales condiciones, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto formado con motivo de la demanda promovida por el quejoso en cita, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; regístrese el expediente bajo el número III-733/2022-L. Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, el quejoso señala como actos reclamados: "Lo constituye la resolución dictada por la responsable con fecha cinco de mayo del año dos mil ventidós, en el toca número III-8/2022". Respecto de los actos antes referidos, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por otra parte, el artículo 107 fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, en el caso concreto, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con los actos reclamados no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del agraviado, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros, si se atiende a que las determinaciones de la Magistrada responsable solo constituyen una violación procesal, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no se afectan los derechos sustantivos del agraviado, sino solo sus defensas, ni decide el fondo de la litis planteada y que tiene trascendencia hasta el resultado del fallo definitivo, el que en caso de ser contrario a sus intereses, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas, en términos de lo dispuesto por el numeral 172, fracción III, de la Materia, podrá hacer valer, como violación procesal. Es así pues en la demanda de amparo el quejoso relató que el acto reclamado lo constituye la resolución dictada por la responsable del cinco de mayo del año en curso, en el toca número -, que negó la interposición del recurso de queja interpuesto por el quejoso en contra del auto de cinco de abril del presente año, emitido en el juicio sucesorio intestamentrario número -, denunciado por -a bienes de -, a través del cual se negó la admisión del recurso de apelación interpuesto contra el diverso de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, en el que el Juez de origen designó como albacea definitivo al coheredero -Ahora bien, se afirma que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fración XIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, virtud a que los actos reclamados por el quejoso, no son de imposible reparación, al tratarse de cuestiones procesales dentro del juicio sucesorio intestamentario que solo tuvieron por efecto la designación de la albacea definitivo a - En efecto, partiendo de la base de lo que constituyen los actos reclamados por el ahora recurrente, debe decirse que los mismos no afectan directa e inmediatamente los derechos sustantivos, dado que los efectos jurídicos del desechamiento del recurso de queja interpuesto trae como consecuencia la firmeza del auto en el que se hizo la designación del albacea definitivo. Designación que tampoco causa perjuicio irreparable para el quejoso, porque el desempeño del cargo de albacea y la administración de la herencia son transitorios y pueden ser objeto de recurso ordinario en su caso, o bien, existe la posibilidad de que se decrete su remoción a petición de parte, como lo dispone el numeral 1025 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por no cumplir con las obligaciones que le impone la ley en cuanto representante de la sucesión. Por tanto, los actos meramente formales o adjetivos quedan excluidos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, de acuerdo con el contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual es claro al establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo biinstancial, señalando en dicha fracción, que tratándose de actos de índole intraprocesal, es decir, aquellos emitidos dentro del juicio, el amparo en esta vía solo procede cuando los efectos de la actuación reclamada sean de imposible reparación, en el entendido de que ello ocurre, si estos son tendientes a afectar de manera cierta, inmediata y directa, alguno de los derechos sustantivos del hombre, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el solo hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de los derechos fundamentales. Lo cual, como ya se estableció, no acontece en la especie, pues las consecuencias jurídicas de los actos reclamados no conllevan transgresión a derecho sustantivo alguno, dado que no se le está desconociendo su derecho como heredero, sino que los alcances de aquellos, son que se realizó la designación de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus - Es así, en virtud de que los actos de que se trata tienen naturaleza adjetiva o procesal y en su caso afectan derechos de esa naturaleza, en tanto se vinculan con formalidades esenciales del procedimiento y no se advierte una eventual transgresión de derechos sustantivos de forma actual, directa e inmediata. En esas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación o derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Resulta aplicable la tesis número 1086, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con su apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Materia, se desecha la demanda de garantías. En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se opone a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; por lo que, una vez que cause estado la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De igual forma, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el que precisa en su libelo constitucional, y por autorizados a -en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, y respecto de los diversos profesionistas únicamente para oír y recibir notificaciones toda vez que como se advierte de la constancia secretarial no tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
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