Enrique Ríos Rangel
Expediente 1050/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/09/2018
Partes del expediente
- Enrique Ríos Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
De la certificación de cuenta se deduce que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin los quejosos hayan interpuesto recurso de queja en contra de los proveídos de treinta y uno de agosto y diecisiete de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, en los que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en tales condiciones, DICHOS ACUERDOS HAN QUEDADO FIRMES. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con los puntos décimo primero y vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta y se tiene al Director Ejecutivo de Justicia Cívica de la Ciudad de México informando que no encontró registro alguno de que el peticionario de amparo José Juárez Castro haya sido remitido algún Juzgado Cívico adscrito a una Coordinación Territorial o algún Juzgado Itinerante, por lo que se tiene por desahogado el requerimiento formulado en proveído de cuatro de septiembre del año en curso; en consecuencia, se deja sin efectos la medida de apremio con que se le apercibió. Del estado procesal que guardan los autos, se destaca que la demanda de amparo fue promovida en favor de José Juárez Castro a quien se le concedió la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, por lo que el actuario de la adscripción se constituyó ante la responsable a efecto de hacer de su conocimiento la medida cautelar y poner en libertad al arrestado; sin embargo, no fue posible localizarlo, por lo expuesto en la razón actuarial de veintiséis de agosto del año en curso. Por lo anterior, dada la naturaleza del acto reclamado, con el objeto de agotar las medidas necesarias para lograr la comparecencia del quejoso, en proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho se requirió a Miguel Sánchez Gutiérrez, quien promovió la demanda de amparo en favor del referido quejoso, para que manifestara en dónde se encontraba arrestado, o bien, si ya estaba en libertad, sin que desahogara dicho requerimiento, por lo que mediante auto de cuatro de septiembre del citado año se requirió al Secretario de Seguridad Pública, al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social y al Director Ejecutivo de Justicia Cívica, todos en la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días informaran si tenían conocimiento de la detención o arresto de José Juárez Castro, sin que dichas autoridades localizaran algún registro del impetrante de amparo. En esas condiciones, dado que este juzgado agotó los medios para lograr la comparecencia del quejoso sin obtener resultados favorables, tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado se estima necesario realizar las consideraciones siguientes: El artículo 15 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo podrá promoverse por cualquier persona a nombre de otra, aunque sea menor de edad, cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para hacerlo en los casos siguientes: Cuando el acto importe peligro de privación de la vida; Además de lo anterior, cuando se reclamen los siguientes actos: Ataques a la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento; Incomunicación; Deportación o expulsión; Proscripción o destierro. Extradición. Desaparición forzosa de personas. Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorporación forzosa al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. La demanda de amparo fue promovida en contra de un arresto administrativo, cuya ejecución fue atribuida al Juzgado Cívico Itinerante de Coyoacan, así como al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, ya que el promovente manifestó que José Juárez Castro se encontraba privado de su libertad en dicho centro. En ese tenor, es pertinente tener en cuenta los elementos que obran en el sumario, por lo que se destacan las siguientes constancias de autos: Razón de veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, signada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito; y Oficios con registros de correspondencia 16388, 16450 y 16722 del Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, del Secretario de Seguridad Pública y del Director Ejecutivo de Justicia Cívica, todos de la Ciudad de México. Las documentales referidas gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos públicos y acreditan que el Actuario Judicial el veintiséis de agosto del año en curso se constituyó en el domicilio oficial del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México para dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida en este asunto, para lo cual solicitó la presencia del quejoso; sin embargo, la persona con quien entendió la diligencia manifestó que José Juárez Castro no se encontraba en ese lugar, circunstancia que corroboró el fedatario judicial con la revisión de las constancias del registro de ingreso de personas arrestadas remitidas a ese centro, no obstante ello, se le permitió el ingreso a las galeras en donde voceó el nombre de la persona buscada sin que nadie respondiera a su llamado. El Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, del Secretario de Seguridad Pública y del Director Ejecutivo de Justicia Cívica, todos de la Ciudad de México, todos de la Ciudad de México, refirieron que no encontraron registro alguno de que se haya ejecutado un arresto administrativo en contra del quejoso, ni que a esta fecha se encuentre ejecutándose alguna sanción de esa naturaleza. Del examen de las constancias referidas, se advierte la inexistencia de la orden de arresto administrativo reclamado y su ejecución, lo que indica que ninguno de los dos se actualizó como se planteó en la demanda de amparo. Por otra parte, los artículos 12 y 13, fracción IV, del Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), refieren lo siguiente: "Artículo 12.- Son Centros de Reclusión del Distrito Federal los siguientes: I. Centros de Reclusión Preventiva; II. Centros de Ejecución de Sanciones Penales; III. Centros de Rehabilitación Psicosocial; IV. Centro de Sanciones Administrativas, y V. Centros Médicos para el Sistema Penitenciario. Los Centros de Reclusión del Distrito Federal, estarán destinados a recibir internos indiciados, depositados con fines de extradición, procesados y sentenciados por delitos del fuero común y del fuero federal, estos últimos con base en los acuerdos que suscriba la Administración Pública del Distrito Federal con la Federación, así como las personas sujetas a arresto administrativo por resolución de autoridad competente. Artículo 13.- La internación de toda persona en alguno de los Centros materia del presente Ordenamiento se hará únicamente: (.) VI. Para el caso de arrestos por determinación de autoridad competente." De la interpretación a los numerales antes citados, se advierte que existen diversos centros de reclusión en esta ciudad, entre los que se encuentra el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, y que tienen por objeto recibir internos indiciados y depositados a causa de delitos del fuero común y federal con base en los acuerdos celebrados entre la administración pública y la federación; asimismo, que únicamente podrán internarse a las personas en alguno de los centros de reclusión descritos a causa de un arresto derivado de una determinación de autoridad competente y que el internamiento de personas en dichos centros tiene lugar, entre otras cosas, en el caso de arrestos emitidos por autoridad competente. En adición a lo anterior, el artículo 60 del Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), establece lo siguiente: "Artículo 60.- El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social es la institución para el cumplimiento de arrestos, encargada de ejecutar las sanciones o medidas privativas de libertad hasta por 36 horas, impuestas en resolución dictada por autoridad competente." De lo transcrito, se desprende que el centro de sanciones en comento tiene por objeto el cumplimiento de arrestos y la ejecución de las sanciones o medidas privativas de libertad hasta por 36 horas, impuestas en resolución dictada por autoridad competente. Por tanto, el Centro de Sanciones Administrativas de la Ciudad de México es un centro de reclusión cuyo funcionamiento está regido por el mencionado reglamento en el cual deberán ejecutarse los arrestos administrativos emitidos por resolución de una autoridad competente. Luego, como el acto reclamado en este asunto es el arresto administrativo ejecutado en contra del quejoso, el cual se estimó inexistente en párrafos precedentes, se precisa que aun en el caso de que pudiera existir la orden referida, su ejecución necesariamente debió llevarse a cabo en dicho centro de reclusión; sin embargo, la búsqueda realizada en las instalaciones de la referida institución reveló que José Juárez Castro no se encontraba ahí. Por lo expuesto con anterioridad, ante la inexistencia del arresto reclamado es dable tener por no presentada la demanda de amparo promovida en su favor. Esta determinación no contraviene lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que no puede soslayarse que el arresto administrativo reclamado, dada su naturaleza, no encuadra en las hipótesis a que se refiere ese numeral, máxime que, como se determinó en párrafos precedentes, dicho acto y su ejecución son inexistentes, además de que no se acreditó la existencia de José Juárez Castro, ni de la persona que promovió en su nombre a pesar de las diligencias realizadas e información solicitada por este órgano a diversas autoridades, como se constata con las actuaciones del expediente, denotando no sólo la falta de interés en la prosecución del juicio, sino la inexistencia del promovente. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la suspensión de plano del acto reclamado, ordenada en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, la cual se decretó para que José Juárez Castro, fuera puesto en libertad por la autoridad que materialmente había ejecutado la orden de arresto reclamada. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable esta determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por lista a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a través del cual informa que no encontró antecedente de algún arresto o detención en contra del quejoso; en consecuencia, téngase por desahogado el requerimiento formulado en proveído de cuatro de septiembre del año en curso, sin que en este momento procesal se realice mayor pronunciamiento, toda vez que este juzgado continúa en espera de que la autoridad requerida informe lo procedente. Finalmente, visto el estado procesal de autos en donde se advierte que no obra en el expediente la notificación al Director Ejecutivo de Justicia Cívica de la Ciudad de México del proveído cuatro de septiembre de dos mil dieciocho; donde se le requirió para que informe si tiene conocimiento de la detención o arresto de José Juárez Castro y, de ser el caso, el lugar en el que se encuentra; en consecuencia, córrase traslado por medio de oficio con el mencionado auto, a bien de que se imponga de su contenido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México cumple con el requerimiento formulado en auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, y al efecto manifiesta que no ha ingresado a dicha institución, ni se ha recibido para ejecución orden alguna de arresto en contra del quejoso José Juárez Castro; en consecuencia, se tiene por cumplido dicho requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado en autos a la citada autoridad. Notifíquese.
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