Enrique Rico Álvarez
Expediente 835/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/03/2021
Partes del expediente
- Enrique Rico Álvarez
- Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio Y Oral de la Unidad Ii del Distrito Judicial de Queretaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. I. Recepción testimonio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 26/2021, interpuesto por la parte quejosa contra del auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, del que se advierte que resolvió: "UNICO. Se declara sin materia el presente recurso de queja." Acúsese recibo; hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar y efectúense las anotaciones en el libro de gobierno. II. Archivo Tomando en consideración lo anterior, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de marzo de dos mil veintiuno. I. Pronunciamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias remitidas por la Sala Penal responsable; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria de amparo. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, conviene precisar que mediante sentencia dictada, en esencia y en lo que aquí interesa se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "(.) 1) Deje sin efecto la audiencia inicial de once de octubre de dos mil veinte, solo en lo relativo a la decisión adoptada respecto de la medida cautelar de prisión preventiva; 2) Cite a una audiencia en la que, con base en los lineamientos expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción emita la determinación que corresponda conforme a derecho. (.)" Asimismo, en la parte considerativa de la sentencia se expuso lo siguiente: "(.) El artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 166. Excepciones En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social." La disposición legal transcrita, establece los casos de excepción de la prisión preventiva, a saber, cuando el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia, por lo que en estos casos, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva sea en su domicilio. Lo anterior siempre y cuando a criterio del Juez de control, el imputado no represente peligro de sustracción de la acción de la justicia o manifieste una conducta que haga presumible su riesgo social. Así, si bien, como lo señaló la jueza responsable, se advierte que es potestativa la prisión privativa en el domicilio, pues utiliza la palabra "podrá", no es obligatorio concederla, pero también lo es, que ello no quiere decir que no funde y motive su determinación, relacionada con los supuestos en los cuales la ley se lo permita, como cuando el imputado no represente peligro de sustracción de la acción de la justicia o manifieste una conducta que haga presumible su riesgo social. Por otro lado, en virtud de que la conjunción disyuntiva "o", utilizada en el precepto antes transcrito, entre uno y otro supuesto, indica alternancia, por ende, excluía a los otros requisitos y basta que se esté en cualquiera de esos supuestos, pues si se necesitara, además de la edad, que estuviera afectado por una enfermedad grave o terminal, se hubiera empleado "y" como copulativa, para señalar a ambos requisitos como necesarios, para obtener dicha medida. (.)" -lo resaltado es propio.- El cinco de enero de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento. El doce de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez de Control responsable, remitiendo las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector, de las que se advierte que dejó insubsistente la audiencia inicial de once de octubre de dos mil veinte, dictada en la causa judicial ..., relativa a la carpeta de investigación con número único de causa .., únicamente en la parte relativa a la decisión adoptada respecto de la medida cautelar de prisión preventiva; y, en continuación de audiencia inicial de diez de febrero del año en curso, con plenitud de jurisdicción, en lo que interesa, consideró lo siguiente: "(.) Empero, no obstante, de tener por justificado dicho extremo -edad del imputado- se tiene, además que colmar lo previsto en el último párrafo del artículo 166 de la Ley Adjetiva Penal citada, que a la letra dice: "Artículo 166. Excepciones. (.) No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social." Así las cosas, a criterio de esta juzgadora existen motivos suficientes para que le aquí imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y no se cumpla con el objeto del proceso penal, previsto en el artículo 20, inciso A, fracción I, de la Constitución Federal (esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no pueda quede impune y que los daños ocasionados por el delito se reparen); al ponderar que, si bien es cierto, la libertad es uno de los derechos fundamentales más importantes y existe el principio de mínima intervención, cierto es también, que tales disposiciones se tienen que analizar en el caso concreto, con lo estipulado con el numeral 166 de la Ley Adjetiva Penal, que prevé los aspectos de peligro y de riesgo, limitante para que el imputado acceda a una prisión preventiva en resguardo domiciliario, por su condición de adulto mayor A efecto de analizar el citado riesgo, es necesario citar las reglas generales de las medidas cautelares, previstas en el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se lee: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Es de suma relevancia el artículo mencionado, pues al igual que el numerales 19 de la Carta Magna ya citado, establecen las finalidades, bajo las cuales, alguna de las partes puede solicitar que se imponga una medida cautelar. Resultando la prisión preventiva la medida idónea y proporcional, sin que, con ellos, se dejen de proteger los derechos fundamentales del imputado, pues el numeral 1º de la Constitución establece que es obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Si bien es criterio del Máximo Tribunal del país que los juzgadores no vulneran "garantías", cierto es que, lo que la defensa pretende es que se maximicen esos derechos, para que, a través de eso, se le concede un resguardo domiciliario, esto a través del control convencional, empero, este tribunal establece que se analizó el asunto en atención a lo previsto en el numeral 1 de la constitución, pues se siguieron las bases y principios para proteger sus derechos fundamentales; sin embargo, el hecho de que cite ese numeral y los principios en el (sic) inscritos o que se deba realizar una interpretación más favorable y observar la convencionalidad, no quiere decir que le asista razón con esa manifestación, pues incluso en los instrumentos internacionales también se ha dado una justificación del porqué debe haber una prisión preventiva como medida cautelar. (.) Elementos anteriores que también están regulados por el derecho interno de nuestro país. La previsibilidad se encuentra regulada por los artículos 18, párrafos primero, y 19, párrafos segundo, de la Constitución Federal, así como los artículos 154, 155, fracción XIV, 157, párrafos primero y segundo, 165 y 167, párrafos primero, del Código Nacional. Las disposiciones señaladas ponen de manifiesto que la previsibilidad que debe exigirse a la prisión preventiva se encuentra colmada puesto que tanto en la Constitución Federal como en el Código Nacional se establece de manera clara las causas, requisitos y procedimiento para su imposición. Por lo que hace a la idoneidad de la prisión preventiva, este se encuentra contemplado en el artículo 153, primero párrafo del Código Nacional, que establece: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento." La exigencia de motivar la proporcionalidad, idoneidad y menor lesividad de la medida, la encontramos en los artículos 156 y 157 del Código Nacional, que señalan: "Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. "Artículo 157. Imposición de medidas cautelares. (.) En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Entonces, de acuerdo a la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y los criterios que respecto el artículo 7.3 de la Convención Americana, ha emitido la Corte Interamericana, la imposición de la prisión preventiva, como medida cautelar, será arbitraria cuando: No sea posible revisarla o reevaluarla; No sea necesaria; No sea proporcional; No esté prevista en la ley; El riesgo pueda cautelarse por medidas lesivas; y, Exista una insuficiente o nula motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de su imposición. Tomando en consideración los anteriores parámetros, se tiene que es idónea y proporcional la medida cautelar de prisión preventiva, y sin que se considere la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que dicha medida sea en resguardo domiciliario, como ya se dijo, al advertirse un peligro de sustracción por las razones que a continuación se precisan: El domicilio a que hace referencia la defensa -...-, solo se cuenta con la simple manifestación de que tiene más de 30 años, de vivir en el mismo, advirtiéndose una incertidumbre respecto a la fiabilidad, en relación al periodo que ha residido en el mismo, y la existencia del sitio. b. También se pondera el factor de riesgo, al no obrar ningún análisis de evaluación de riesgo por personal especializado en la materia, que permita ponderar que el aquí imputado puede llevar a cabo la prisión preventiva en resguardo domiciliario, tal como lo prevé el artículo 156 de la Ley Adjetiva en la materia. c. Otro factor determinante lo es el máximo de la pena que pudiera imponerse, donde se tiene que, al imputado ..., se le vinculó a proceso por dos delitos de violación, que harían como pena máxima 32 años de prisión. Violación equiparada, previsto y sancionado en el artículo 160, en relación al 161 y 14, fracción I, todos del Código Penal en vigor al momento de los hechos, una pena de 8 a 20 años de prisión Violación, previsto y sancionado en el artículo 160, en relación al 14, fracción I, todos del Código Penal en vigor al momento de los hechos, una pena de 5 a 12 años de prisión. En relación a la actitud que pudiera asumir con dicha penalidad no existe parámetro reprochable sobre la actitud asumida por el imputado, pero el máximo de la pena sí es un factor importante y determinante para su posible sustracción. De ahí que se tenga que la pena de prisión preventiva es idónea, proporcional y eficaz, atendiendo a lo precisado en líneas anteriores. (.)" Así, con base en los motivos y fundamentos antes transcritos, el juez de control responsable resolvió imponer al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, recluido en el Centro Penitenciario CP1 varonil de San José El Alto, Querétaro. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones realizadas en cuanto su cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, en razón a que se advierte que la autoridad responsable fundó y motivó la resolución respectiva, esto es, citó los artículos 153, 155, 156, 157 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al efecto expuso las razones por las cuales estimó que eran aplicables al caso concreto, para concluir finalmente con la negativa de la solicitud de resguardo domiciliario; sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, titulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" II. Informe al Tribunal Colegiado. Finalmente y considerado que a la fecha en la que se actúa aún se encuentra pendiente por resolver, el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa en contra del auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, hágase de conocimiento al Tribunal de alzada lo aquí determinado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. I. Se remiten constancias a colegiado. Vista la cuenta, se advierte que por auto veintinueve de enero del año en curso, se tuvo por interpuesto recurso de queja contra el auto veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual, se concedió prorroga al juez responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo; medio de defensa del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, bajo el expediente 26/2021 de su índice. Asimismo, por acuerdo de doce de febrero del año en curso, se tuvo al juez responsable remitiendo las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, al encontrarse vinculadas con la materia de la queja interpuesta, remítase al Tribunal de Alzada, copia certificada de las constancias agregadas en auto de doce de febrero del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de febrero de dos mil veintiuno. OFICIO. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, mismo que registró bajo el progresivo 26/2021, de su índice, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. VISTA. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio proveniente del juez de control responsable, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a las partes, con las constancias allegadas por la autoridad responsable, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifiesten lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente. Lo anterior, hágase del conocimiento al Tribunal de Alzada para los efectos que correspondan. Notifíquese; personalmente a las partes.
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