Enrique Reyes Teniente

Expediente 916/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
916/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Enrique Reyes Teniente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL "..." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por..., por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ..., por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conservación o destrucción. Este expediente es conservable, conforme al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y tomando en consideración que el titular de este Juzgado se encuentra de gozando de una licencia, y la suscrita secretaria encargada del Despacho por Ministerio de Ley, no está legalmente facultada para resolver en definitiva el presente juicio de amparo, por lo que a fin de evitar una posible reposición de procedimiento, procede diferir la audiencia respectiva. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Tiene aplicación al respecto, la tesis aislada número I.6o.C.75 K, visible en la página 1870, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto rezan: "SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY. SÓLO ESTARÁ FACULTADO PARA DICTAR SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO CUYAS AUDIENCIAS SE CELEBREN DURANTE LAS VACACIONES DEL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL QUE DEPENDA. El secretario de Juzgado de Distrito, encargado del despacho por ministerio de ley, únicamente estará facultado para dictar sentencia en los juicios de amparo cuya audiencia se fije y celebre durante los días de vacaciones del titular del órgano jurisdiccional del que dependa. Por ello, las resoluciones que aquel pronuncie con el carácter indicado, serán válidas jurídicamente, sólo en el caso que él haya celebrado la audiencia fijada durante los referidos días de vacaciones del titular, en ejercicio de su encargo como juzgador sustituto por ministerio de ley, pero si decreta el sobreseimiento en un juicio fuera de audiencia, es incuestionable que tal determinación no puede ser jurídicamente válida si no existe constancia alguna que acredite en qué términos fue autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, acorde con lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que implica trasgresión a las reglas fundamentales del procedimiento, dado que el aludido funcionario sólo puede realizar lo que le es permitido o autorizado legalmente, esto es, resolver en definitiva en los juicios de amparo cuya audiencia se hubiere fijado y celebrado durante los días de su gestión por vacaciones del titular del juzgado correspondiente." Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, se reservó sobre la prueba pericial contable y en valuación ofrecida por la parte quejosa, hasta en su momento procesal oportuno, por lo cual se acuerda lo siguiente: Se desecha pericial. Ahora bien, este juzgado federal procede a pronunciarse en torno a la pertinencia e idoneidad de la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, al tomar como base el objeto y pretensión con el cual se ofrece. Enseguida, al analizar que en la demanda se reclama la inconstitucionalidad del artículo 54 fracción II, Inciso 1) y 60) fracción II inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a razón de que dichos preceptos establecen la tarifa respectiva por servicios que presta el Registro Público de la Propiedad por la utilización del Sistema Integral de Informática Registral del Instituto, es por lo cual se estima que en el caso la prueba pericial ofrecida no resulta idónea para acreditar dicha circunstancia; toda vez que si bien con dicha prueba se pretenden demostrar la inconstitucionalidad de la ley; y, que los montos que se autoaplicó el quejoso, no son proporcionales ni equitativos. No obstante lo anterior, se considera que dichos aspectos no son susceptibles de acreditarse a través de la prueba pericial contable, pues la inconstitucionalidad de la ley no depende de un resultado cuantitativo que pudiera derivar de las operaciones que se realicen, sino del análisis propio de la ley, en cuanto a que para establecer los montos respectivos, tome en cuenta o no valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública. Por tanto, resulta evidente que dicha prueba no satisface el requisito de idoneidad que todo medio de convicción debe tener, por lo que es inconcuso que su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el suscrito juzgador considera pertinente no admitirla, en términos de lo previsto en el artículo 119 de la ley de la materia. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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