Enrique Reyes Durán
Expediente 494/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Todas las Partes
- Enrique Reyes Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se desprende que el quejoso Enrique Reyes Durán, manifestó que ratifica el escrito presentado ante este órgano jurisdiccional, el nueve de agosto del año en curso, registrado con el folio de correspondencia 13253, en el cual expresó su deseo de desistirse de la demanda de amparo, por así convenir a sus intereses personales. En consecuencia, se le tiene por desistido del presente juicio de amparo. Por tanto, se sobresee este juicio fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efecto todas las providencias decretadas en el mismo, en virtud de que opera indubitablemente una causal de sobreseimiento directa de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 82/2016, de la Segunda Sala, publicada en la página cuatrocientos sesenta y dos, tomo I, Julio dos mil dieciséis, Libro treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2012059, del rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios". Así como, la jurisprudencia número 161/2010, de la Segunda Sala, consultable en la página seiscientos ochenta y siete, tomo XXXIII, Enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163160, que establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada". Ante ello, resulta claro que el promovente, al manifestar su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo ante la presencia judicial, evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo que decreta el sobreseimiento del juicio, ha causado estado. Por lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente asunto como concluido. Luego, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio número INM/DLPN/066/2019 y anexos, que remite la autoridad responsable Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra agregado el informe justificado que le fue solicitado a la autoridad responsable Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, no obstante estar oportunamente notificada (foja 31). Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias que sirvieron de antecedente de los actos reclamados en el presente asunto. Ello, toda vez que son necesarias para la debida integración del presente asunto; apercibidas ambas autoridades que de no hacerlo, o no informar oportunamente la causa legal de su impedimento, se le impondrá una multa al que incumpla por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la citada legislación. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las doce horas con treinta minutos del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, para su celebración.
- Principal
Razón actuarial. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la razón actuarial y constancia de notificación de cinco de los actuales, de las que se desprende que el quejoso ***, ratificó la demanda de amparo. Asimismo, de la constancia de notificación se desprende que el funcionario adscrito fue informado por parte del quejoso directo, que no fue objeto de maltrato, golpes, intimidación, tortura e incomunicación; por tanto, dichos actos quedan fuera de la litis planteada. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 6°, 15, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo promovida por el licenciado Juan Porfirio Morales Cervera, en representación del quejoso directo Enrique Reyes Durán, contra actos de la autoridad responsable denominada Delegada Local del Instituto Local de Migración, con sede en esta ciudad. Informes justificados. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contado a partir del siguiente a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, al que deberá acompañar en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del presente juicio. IV. Apercibimiento a las autoridades responsables. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se les reclama, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, y se les impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción II, de la citada legislación. Igualmente, en caso de que se nieguen a recibir los oficios (notificaciones) que se emitan en el presente juicio, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. Sobre el tema se emitió la tesis VI.1o.A.35 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página dos mil setecientos veinticuatro, tomo III, libro 15, febrero de dos mil quince, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008463, bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO NO RENDIDO DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO. NO AMERITA LA IMPOSICIÓN DE MULTA CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 260 DE DICHA LEY. La multa prevista en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se actualiza ante la falta de rendición del informe con justificación o la omisión de remitir las constancias necesarias para resolver el juicio de amparo. Así, el mencionado precepto únicamente autoriza al Juez de Distrito a imponer a las autoridades responsables una multa que oscila entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, cuando aquéllas no rindan su informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Además, debe tomarse en consideración que el párrafo tercero del artículo 117 del propio ordenamiento, prevé la posibilidad de que los informes justificados se rindan extemporáneamente, y que a pesar de ello puedan ser tomados en cuenta si la parte quejosa tuvo oportunidad de conocerlos; sin que en el citado precepto o en algún otro de la ley de la materia, se establezca que la rendición de los informes fuera del término de quince días, motive la imposición inmediata de sanción pecuniaria alguna. En efecto, una multa de ese tipo no es dable imponerla en un acuerdo de mero trámite, sino que en el caso de que las responsables no rindan sus informes con justificación, en la sentencia se les impondrá la multa respectiva. Ello tiene su razón de ser, ya que será hasta que se emita el fallo constitucional cuando el Juez de Distrito estará en aptitud legal de determinar si las responsables cumplieron con el imperativo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, consistente en la rendición de sus informes con justificación o, en su caso, de la remisión de las constancias necesarias; ya que aun cuando éstos se rindan extemporáneamente, podrán ser tomados en consideración en la sentencia, si las partes estuvieron en aptitud de conocerlos. Asimismo, si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de normas generales, aun cuando las autoridades responsables que tengan el carácter de legislativas fueran omisas en rendir sus informes, ello no daría lugar a sancionarlas con multa, de conformidad con el último párrafo del artículo 260 de la Ley de Amparo." V. Prevención para que las partes informen sobre las causas de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la legislación de la materia, prevéngase a las partes para que informen inmediatamente a este Juzgado de Distrito, si llegasen a tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa por el equivalente de treinta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. VI. Audiencia constitucional. Se señalan las doce horas con diez minutos del ocho de agosto de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. VII. Notificación a las partes. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este juicio de garantías deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de lo adscripción pueda efectuar tales diligencias. Asimismo, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del poder judicial federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente los actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del numeral 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron paro oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado artículo 26, fracción I, de lo Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo ini.asp. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres, Libro XVI, Enero de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002576, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de loes estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. VIII. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. IX. Promoción. Finalmente, añádase al sumario el informe por medio del cual la autoridad responsable denominada Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de cinco de julio del año en curso, informa lo conducente en relación con la suspensión de plano que se le concedió al quejoso Enrique Reyes Durán; de lo que este Juzgado de Distrito queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.
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