Enrique Ramos Recio
Expediente 9/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 14/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Enrique Ramos Recio
- Primera Junta Local de Conciliación Y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra del auto de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis (fojas 228 a 233), por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, dese aviso a las autoridades responsables, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido, y en su oportunidad envíese al archivo.
- Principal
Notifico a los terceros interesados Narciso Guillermo Sosa Hernandez, Ángel Francisco López Díaz y Luz Areli Salinas Anicasio, el proveído de veintinueve de febrero en curso.
- Incidental
Agréguense a los autos los oficios... signados... mediante los cuales rinden informe previo... se tienen como delegados a los profesionistas que mencionan...
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que obra el informe justificado rendido por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, por sí y en representación del citado órgano laboral, mediante el cual remitió copia certificada de la comparecencia de cinco de febrero de dos mil dieciséis, efectuada por Ángel Francisco López Díaz, Luz Areli Salinas Anicasio y Narciso Guillermo Sosa Hernández, actores en el juicio laboral 00844/2014 de su índice, en la que ratificaron el escrito de tres de febrero del año en curso, por el que desistieron del embargo efectuado el quince de diciembre de dos mil quince, ordenado en los autos del citado juicio obrero, en razón de que con la parte demandada, entre ellas Enrique Ramos Recio (aquí quejoso), previamente convinieron y se cubrió a la parte actora la totalidad de la condena a que se refiere el laudo de diez de noviembre de ese mismo año; por lo que el Presidente ejecutor de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al considerar que se había dado cumplimiento al citado laudo culminatorio del procedimiento laboral, ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido (foja 148), documental a la cual se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de la materia. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías se aprecia que el quejoso Enrique Ramos Recio, señala como actos reclamados: ".." Así las cosas, tomando en consideración que la parte quejosa destaca como actos reclamados el ilegal emplazamiento al juicio laboral número 00844/2014, promovido por Ángel Francisco López Díaz, Luz Areli Salinas Anicasio y Narciso Guillermo Sosa Hernández, en contra del mencionado impetrante y otros, así como todas las actuaciones posteriores que sean consecuencia del cuestionado emplazamiento, entre ellas la ejecución del laudo, materializado en el embargo decretado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "." Primeramente debe recordarse que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución; así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En el caso debe recordarse que los actos de los que toralmente se duele el inconforme, se hacen consistir en el ilegal emplazamiento al juicio laboral número 00844/2014, promovido por Ángel Francisco López Díaz, Luz Areli Salinas Anicasio y Narciso Guillermo Sosa Hernández, en contra del mencionado impetrante y otros, así como todas las actuaciones posteriores que sean consecuencia del cuestionado emplazamiento, entre ellas la ejecución del laudo, materializado en el embargo decretado. Ahora bien, al haber convenido las partes sobre el pago de la condena materia del laudo dictado el diez de noviembre de dos mil quince y, por ende, haberse proveído el cinco de febrero del presente año sobre el desistido de la parte actora, respecto del embargo ejecutado, lo que trajo como consecuencia que el Presidente ejecutor de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, diera por concluida la controversia laboral y ordenado el archivo del asunto como total y definitivamente concluido (foja 148), es evidente que dicha circunstancia veda la posibilidad de emprender el análisis constitucional de los actos reclamados, es decir, si el emplazamiento que se cuestiona se ajustó o no a las normas procesales que para su desarrollo establece la Ley Federal del Trabajo, cuya inconstitucionalidad pretendía la peticionaria del amparo, así como las diversas actuaciones verificadas como consecuencia de tal diligencia. Lo anterior pone de manifiesto que en el supuesto de que se haya materializado alguna violación de derechos fundamentales en perjuicio de la parte quejosa al tramitarse el señalado contencioso laboral, tomando en consideración lo pactado entre las partes al celebrar el convenio a que se hace referencia y lo proveído por el Presidente ejecutor con relación al desistimiento del embargo decretado y, por ende, que se haya ordenado el archivo del contencioso laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido, se considera que los actos reclamados se materializaron en todos sus efectos y consecuencias, por lo que, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas; es decir, para efectos del juicio de amparo, deben considerarse como consumados de modo irreparable. Por tanto, es válido establecer que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo y con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la misma ley, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia constitucional, ya que la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Apoya lo anterior, la Tesis Aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 515, del Tomo IX, del mes de Abril de 1992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, con número de registro 219732, cuyos rubro y texto señalan: ".." Asimismo, por analogía la Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto que a continuación se transcriben: ".." Por otra parte, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Finalmente, por lo acordado en párrafos que anteceden, intégrese únicamente para que obren como correspondan los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, a nombre de dicho órgano laboral y el Actuario de su adscripción, y anexo que acompaña la primera en mención. Notifíquese personalmente. Notifico el contenido del proveído que antecede al quejoso Enrique Ramos Recio, por medio de lista que se fija en los estrados del juzgado, toda vez que asi lo señalo como domicilio para oir y recibir notificaciones.
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