Enrique Ramírez Trejo y Otros.

Expediente 835/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 14 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
835/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
14/12/2023

Partes del expediente

  • Enrique Ramírez Trejo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Único Civil de Partido, con residencia en Cortazar, Guanajuato, en atención a su contenido, téngasele en cumplimiento a lo solicitado en proveído de cuatro de los actuales, remitiendo copia certificada del proveído que recayó al oficio presentado el apoderado legal del Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, el seis de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente ******************** de su índice; documentales que de conformidad con el numeral 119 de la legislación en consulta, se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las documentales que adjunta el oficiante, así como de las que obran en autos, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: a. La parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: La negativa a cumplir voluntariamente con la condena líquida de litisexpensas, impuesta en la ejecutoria de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de diez de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil ******************** de su estadística. b. De acuerdo con las constancias que remitió el apoderado legal de Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, al rendir su informe justificado, se desprende que: El seis de noviembre hogaño, presentó ante el Juzgado de Partido Civil de Cortazar, un oficio mediante el cual adujo exhibir un cheque número ********************, por la cantidad de ********************. c. En virtud de lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado, mediante proveído de cuatro de diciembre del año en curso, se requirió al Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, para que remitiera copia certificada del acuerdo que recayó al oficio que el Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, indicó le había presentado. d. Con motivo del anterior requerimiento el Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, remitió copia certificada del proveído de seis de noviembre del año en curso, que recayó al oficio presentado por el Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, del que se desprende que: Dentro del juicio ordinario civil ******************** de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, se tuvo a la aquí responsable (Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato), exhibiendo el cheque número ********************, por la cantidad de ********************, en cumplimiento a la condena impuesta por concepto de gastos y costas, y se dejó a disposición de ******************** (aquí quejoso), para su entrega. Por tanto, es evidente que el acto que se reclama cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable tuvo recibida la demanda promovida y admitió la misma, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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