Enrique Ramirez Trejo

Expediente 881/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
881/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
01/12/2017

Partes del expediente

  • Enrique Ramirez Trejo
  • ENRIQUE RAMIREZ TREJO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, del Estado de Guanajuato, asimismo anexa el voto particular emitido por el Magistrado ***, que forma parte de la resolución, del recurso de Queja Civil 139/2017; adjuntando los autos originales del juicio de amparo 881/2017 VI.2 del índice de este juzgado federal, promovido por ***, e informa a este Juzgado de Distrito que esa superioridad, en sesión de diez de noviembre del año en curso, resolvió lo siguiente: ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja. Acúsese recibo de estilo a la superioridad, glósese el cuaderno de antecedentes al presente sumario. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Nueva Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo promovida, y la Superioridad determinó que fue infundado el recurso de queja promovido por el quejoso, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE QUEJA. Téngase por recibido el ocurso signado por los quejosos *** por su propio derecho, a través del cual interpone el recurso de queja a que hace referencia la fracción I, inciso a), del artículo 97, de la Ley de Amparo, contra el proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el presente expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. INFORME JUSTIFICADO. Por tanto, se ordena rendir el respectivo informe justificado en términos de lo dispuesto en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo; haciendo del conocimiento de la Superioridad QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. INTEGRACIÓN DE TESTIMONIO. En atención a lo señalado por el quejoso y conforme al artículo 100, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal estima que debe integrarse el testimonio correspondiente con la totalidad de las constancias que integran el presente juicio. REMISIÓN DE RECURSO. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en turno, el escrito de queja y copia del mismo, así como los autos originales del presente asunto, para la substanciación del citado medio de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el escrito de demanda promovida por ***, por su propio derecho, contra actos que reclaman al Juez Quinto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, que estiman violatorio de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 881/2017-VI.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, el acto reclamado que señala la parte quejosa, es el siguiente: IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclama: Resolución de 7 de septiembre de 2017, notificada el mismo día. Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. Ahora bien, el suscrito Juzgador Federal advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, segundo y tercer párrafos, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, numerales que al letra señalan. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Del contenido integral de la demanda de amparo que nos ocupa se desprenden como antecedentes sustanciales del acto reclamado, entre otros, los que bajo protesta de decir verdad narra la parte quejosa y se resumen a continuación: 1.- Que en sentencia definitiva de siete de enero de dos mil quince, se condenó al Marco Aurelio Soria Gasca al pago de gastos y costas del juicio ordinario civil ***, promovido por él en contra de la ***, resolución que fue confirmada por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca 111/2015, el trece de marzo de dos mil quince. 2.- Por resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se condenó al perdidosa al pago de *** por concepto de gastos y costas, determinación que fue modificada por la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca ***, reduciéndola a la cantidad de ***. 3.- En cumplimiento a la determinación, el diecinueve de mayo del año en curso, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de ***, mismo que se cumplimentó el veintinueve posterior, embargando diversos bienes muebles, diligencia que fue aprobada el treinta y uno del mismo mes y año; en contra de lo anterior, el citado Soria Gasca, presentó recurso de apelación, el que fue resuelto por la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca ***, determinando desaprobar la diligencia realizada el veintinueve de mayo pasado. 4.- En cumplimiento al resolución anterior el Juez Quinto Civil de Partido, residente en esta ciudad, requirió al depositario de los bienes embargados ***, para que reintegrara los bienes embargados, sin embargo, el día y hora señalados para dicha entrega, éste no se presentó, motivo por el cual le fueron formulados nuevos requerimientos sin que se lograra el objetivo. 5.- Posteriormente el dieciocho de agosto del año en curso, ante la falta de cumplimiento a lo ordenado en el toca ***, requirió la exhibición y entrega de los bienes embargados al mandatario judicial de la parte demandada ***, así como al depositario de los mismos, lo que deberían hacer de forma inmediata en las instalaciones de la responsable, juzgado entrega a responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo, se consideraría un desacato a la orden dada por la responsable; 6.- Ante el incumplimiento de lo anterior, en auto de veintitres de agosto siguiente, la responsable requirió de nueva cuenta al mandatario judicial de la parte demandada ***, para de manera inmediata exhibieran y entregaran en las instalaciones de la responsable, los bienes embragados el diecinueve de mayo pasado. 7.- Mediante escrito de veinticuatro de agosto del año en curso, ***, interpusieron recurso de revocación en contra de los proveídos de dieciocho y veintitres de agosto pasado, y una vez hecho esto, por comparecencia ante el juzgado *** hizo la entrega a responsable de los bienes embargados. 8.- El siete de septiembre pasado, el Juez Quinto Civil de Partido, residente en esta ciudad, resolvió el recurso de revocación planteado en contra de los proveídos de dieciocho y veintitres de agosto anterior, en el cual confirmó los citados autos, en contra de lo cual es que se presenta la demanda de amparo de cuenta. De conformidad con el numeral 107, de la ley reglamentaria, cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia (periodo en el que se encuentra el juicio ordinario civil ***, del que emanan los actos reclamados), el juicio de amparo, sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P.LVII/97, publicada en la página dieciséis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de mil novecientos noventa y siete, que establece: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Ahora bien, de lo antes expuesto, es de establecerse que el juicio de amparo deviene improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la ley, atendiendo al hecho de que el acto reclamado, es de aquellos relacionados con la ejecución de sentencia, en el caso particular, de la resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se confirman los autos de dieciocho y veintitres de agosto pasado, pronunciado en el sumario de origen, sin que se trate de la última resolución dictada dentro de dicho procedimiento, siendo ésta contra la que resulta procedente el juicio de amparo biinstancial, y en la que pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento de ejecución. Igualmente, del criterio antes citado, se desprende que la exigencia de esperar a la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, para la procedencia del juicio de amparo, tiene como propósito evitar el abuso de dicho medio de control constitucional, y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia y de las legítimas pretensiones del vencedor, de ahí que la razón de que sea hasta la última resolución cuando puedan reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución, orbita en que no se entorpezca la ejecución de una sentencia, pues de lo contrario se obstaculizaría el cumplimiento de una ejecutoria. De otra manera se desequilibraría el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Sin que lo anterior implique una transgresión a la garantía de impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público, esto es, que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, debido a la demora en la solución de los conflictos y en vulneración de la citada garantía. No se soslaya establecer la existencia de excepciones a la regla anterior (última resolución de los actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia). En efecto, nuestro más Alto Tribunal ha sustentado como tales, a los actos dictados después de concluido el juicio que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, hipótesis en la que no se ubica el presente asunto, pues los autos que fueron recurridos y confirmados, van encaminados a la ejecución de la sentencia, pues al haber ordenado el levantamiento del embargo efectuado en la ejecución de la sentencia, este tiene como finalidad que se vuelva a realizar siguiendo las formalidad del procedimiento y se continúe con la ejecución de la sentencia. Además, es menester precisar que también se han emitido diversas tesis jurisprudenciales en las que ha quedado plasmado el criterio general aludido. En efecto, se ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución en donde se podrán hacer valer las violaciones a la Constitución Federal que se estimen conducentes. Aunado a lo anterior, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se prevé la procedencia de los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el acto que reclaman ***, consistente en la resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se confirman los autos de dieciocho y veintitres de agosto pasado, dictados dentro del juicio ordinario civil ***, del índice Juzgado Quinto Civil de Partido, residente en esta ciudad, proveídos en los que se ordenó requerir a los quejosos la exhibición y la entrega de los bienes embargados el diecinueve de mayo del año en curso, y en caso de no efectuarlo se consideraría como un desacato; sin que pase desapercibido para el suscrito que durante ésta etapa de ejecución de sentencia existen múltiples requerimientos para el depositario de los bienes, los cuales han sido combatidos mediante incidentes de nulidad de noticiones pendientes de resolverse en definitiva; sin embargo los autos y medios de impugnación interpuestos tienen origen en la ejecución de la sentencia. De lo anterior, se advierte que los autos de dieciocho y veintitres de agosto pasado, fueron emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que fueron combatidos mediante el recurso de revocación que se resolvió confirmando dichos proveídos, de ahí que ésta determinación "no constituye la última resolución" dictada en dicha etapa de ejecución de sentencia, es decir, no se trata de la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable a lo anterior, la Tesis XX. 291 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 545, del Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, dentro del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL JUICIO RESPECTIVO. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. Si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del juicio respectivo, tal circunstancia hace improcedente el amparo indirecto, pues si bien es cierto que tal precepto dispone que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de Tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, también lo es, que debe entenderse que se refiere a la última resolución dictada en esa fase de ejecución, por lo que si esta hipótesis no se actualiza, el amparo promovido en esos términos resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo en relación con la fracción III, del artículo 114 de la ley en comento. Así como la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en el mismo sentido, la Tesis aislada I.3o.C.765 C, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 1345, Novena Época, con número de registro 166244, de contenido: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías. Sin que sobre decir, que al ser parte del juicio ordinario civil C371/2014, del índice Juzgado Quinto Civil de Partido de Partido de esta ciudad, los quejosos ***, están facultados y obligados a promover los recursos y/o medios ordinarios de defensa en contra de los actos que ahora combaten -como ya lo hicieron-, o los que -a su juicio-, pudieran ser contrarios a derecho durante la ejecución de sentencia, ello con la finalidad de que puedan ser estudiados en el amparo que en su caso llegaren a promover en contra de la resolución que en definitiva se dicte en la etapa de ejecución de sentencia del juicio antes citado. Por tanto, si no existe duda alguna de que la determinación combatida en el presente juicio únicamente remueve el eventual obstáculo para proseguir con la ejecución de la sentencia, ello implica que no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución; por lo que es inconcuso que se actualizó la causal de improcedencia prevista por la fracción 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y, por ende, lo procedente es desechar de plano por su notoria e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, en términos de lo expuesto por el diverso artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. Se tiene como domicilio del promovente del amparo para recibir notificaciones el ubicado en calle Calandria número 102 del Fraccionamientos Los Álamos de esta ciudad, y como autorizados de su parte en términos amplios del citado artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: UNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho cada uno, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.

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