Enrique Ramírez Rubio

Expediente 1798/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1798/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
22/01/2016

Partes del expediente

  • Enrique Ramírez Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, con el que la autoridad responsable remite las constancias con las que pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; en consecuencia, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable; en la inteligencia de que una vez transcurrido ese lapso, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de once de diciembre del año en curso; por tanto, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables, que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten el cumplimiento dado al fallo protector y remitan copias certificadas de las constancias que así lo demuestren. En el entendido que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, se dará trámite al procedimiento establecido en los párrafos segundo y tercero del citado numeral 192.

  3. Principal

    Primero. Se sobresee en el presente juicio de garantías. Segundo. La justicia de la unión ampara y protege.

  4. Principal

    Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado reseñado. PERIODO PROBATORIO A continuación, el Juez declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Al respecto, el Secretario da cuenta con las probanzas ofertadas por la autoridad responsable consistente en copia certificada del reporte de seguridad de once y del citatorio a la garantía de audiencia de veintiocho de octubre de este año, así como del acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario de cinco de noviembre anterior. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas atento a su propia y especial naturaleza, las probanzas ofrecidas por las responsables referidas, con su informe de ley. En consecuencia, el Juez acuerda: Atento a lo manifestado por el Secretario, se declara cerrada esta etapa. PERÍODO DE ALEGATOS El Juez declara abierto el periodo de alegatos. Al respecto, el Secretario hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita los formuló, mediante la intervención ministerial 469/2015 presentada el día de la fecha en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito; por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez determina que se tienen por formulados; de igual forma, con apoyo en los ordinales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la ley de la materia expídanse las copias que solicita; por tanto, se tiene por precluído el derecho de las demás partes para hacerlos valer, por lo que da por concluida la presente etapa. Por otro lado, el Secretario, CERTIFICA: que fueron debidamente revisadas todas las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 1798/2015, correspondiente al índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México y sus anexos, los cuales se estiman suficientes para su resolución; además certifica: Que las constancias remitidas por las autoridades responsables están debidamente certificadas; Que el expediente de amparo se encuentra digitalizado hasta antes de la audiencia constitucional celebrada; y Que el presente juicio no está relacionado con algún otro que se encuentre en trámite en este órgano jurisdiccional. Sin existir prueba, diligencia o pedimento alguno pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe. El Juez El Secretario S E N T E N C I A Vistos los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 1798/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Enrique Ramírez Rubio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES:-------------------------a) COMO AUTORIDAD ORDENADORA:------------------------1. C. DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO".-------------------------------------2. CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO"--------------------------------------b) COMO AUTORIDAD EJECUTORA:---------------------------1. TITULAR DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO".-------------------------------------IV. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS SE RECLAMA LA DESICIÓN (SIC) QUE EN SU MOMENTO EMITIERON PARA QUE EL AHORA QUEJOSO SE ME IMPONGA UNA SANCIÓN DE 76 DÍAS, MEDIANTE ACTA ADMINISTRATIVA DE CORRECTIVO DISCIPLINARIO DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y SUS CONSECUENCIAS, QUE DERIVAN EN RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO A LOS LÍMITES DE ESTANCIA, SUSPENSIÓN TOTAL DE ESTÍMULOS LO QUE CONLLEVA A SUSPENDER, VISITA FAMILIAR E ÍNTIMA Y TODA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES, IMPARTIDAS EN EL MÓDULO QUE SE PERTENECE COMO LO SON PATIO, ESCUELA, PINTURA, MÚSICA, LITERATURA, BIBLIOTECA, LUDOTERAPIA, RETIRO DE TELEVISOR, ELIMINADOR Y AUDÍFONOS, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE SU USO Y DISFRUTE, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES, COMO LO ES SALIR DIARIAMENTE A LAS SEIS DE LA MAÑANA COMPLETAMENTE DESNUDO HACIA LA REGADERA PARA BAÑARME CON AGUA FRÍA, DESAYUNAR, COMER Y CENAR EN EL INTERIOR DE MI ESTANCIA COMIDA FRÍA Y RESAGADA (SIC), LO QUE SE TRADUCE EN SUSPENDER EL TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO PARA LA REINSERCCIÓN SOCIAL DEL QUEJOSO.-------DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORA SE RECLAMA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN EN FORMA TOTAL DE LOS HECHOS RECLAMADOS A LAS ORDENADORAS." SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de nueve de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, ya que en el caso se impugnan actos de autoridad del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, con residencia en la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Cuestión Previa. Mediante proveído de doce de noviembre de este año se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso identificó como "Titular del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México"; por ende, se suspendió toda comunicación con ésta. En ese contexto, dado que la inexistencia de la autoridad mencionada se determinó en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, resulta innecesario pronunciarse en esta sentencia respecto al acto que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita enseguida: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis y jurisprudencia aplicables por identidad de razón de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En el caso, Enrique Ramírez Rubio reclama el acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario de cinco de noviembre de este año y sus consecuencias relativas a la suspensión total de estímulos traducidas en: 1) suspensión de visita familiar e íntima; 2) restricción de tránsito a los límites de su estancia; 3) no permitirle participar en las actividades del módulo al cual pertenece como lo son patio, escuela, pintura, música, literatura, biblioteca y ludoterapia; 4) retiro de televisor, eliminador y audífonos, así como la suspensión de su uso y disfrute, por un lapso de setenta y seis días; 5) actos crueles, inhumanos y degradantes, como el obligarlo a salir desnudo hacia la regadera y bañarse con agua fría a las seis de la mañana; y 6) tomar sus alimentos en su estancia (los que aduce se le proporcionan fríos y rezagados). CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El Encargado del despacho de la Dirección Jurídica, en suplencia del Encargado del Despacho de la Dirección General y el Jefe de Oficina de Amparos, en suplencia del Representante del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir su informe de ley, negaron la existencia de los actos relativos a los tratos crueles y degradantes, como obligar al quejoso a bañarse con agua fría a la seis de la mañana; no permitir al quejoso participar en las actividades del módulo al que pertenece como patio, escuela, pintura, música, literatura y biblioteca; retiro de televisor, eliminador y audífonos; por tanto, como el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa respecto de dichos actos, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". En tal virtud, al ser inexistentes los actos reclamados, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable afirmó que son ciertos los actos reclamados consistentes en el acta administrativa de cinco de noviembre de dos mil quince, en la cual se impuso al quejoso un correctivo disciplinario por setenta y seis días, consistente en la suspensión total de estímulos, incluida la suspensión de visita familiar e íntima y restricción de tránsito a los límites de su estancia. Para justificar su informe, las autoridades responsables acompañaron copia certificada del reporte de seguridad de once y del citatorio a la garantía de audiencia de veintiocho de octubre de este año, así como del acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario de cinco de noviembre anterior, a las que se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°; por ende, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados precisados. SEXTO. Procedencia. Las partes no proponen causas de improcedencia y este Juzgado no advierte que se deba examinar alguna de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio y resolución del asunto. Son fundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, debido a que la resolución de cinco de noviembre de dos mil quince, emitida y suscrita por los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, es violatoria del derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para justificar tal postura, conviene indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que deriva de la contradicción de tesis 32/2012, estableció (al interpretar el artículo 123 del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro, de similar contenido que el artículo 79 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social), que las correcciones disciplinarias constituyen una sanción por la infracción a las normas de convivencia y organización del centro de reclusión, y que a través de su imposición se busca lograr el orden, consideración y respeto de los reclusos entre sí, con las autoridades e, inclusive, con los visitantes; por tanto, -dijo la Corte- las citadas correcciones disciplinarias no constituyen un acto de privación, sino de molestia. Sin embargo, el Máximo Tribunal del País concluyó que la normatividad relativa a la imposición de las correcciones disciplinarias dentro de los denominados centros de readaptación social, reconoce en favor de los internos el derecho de audiencia previa, a fin de ser escuchados antes que de manera formal se determine la existencia de la infracción y se imponga la correlativa sanción. En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria a la que se hizo referencia, determinó que las formalidades esenciales del procedimiento que habrán de adoptarse antes de imponer correcciones disciplinarias a los internos son las siguientes: a) Notificar al interno el inicio del procedimiento sancionador, el cargo que está enfrentando, quién lo ha denunciado y las posibles consecuencias de la sanción; b) Otorgarle un plazo, aunque sea breve pero suficiente, para que prepare su defensa; c) Brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas que respalden su versión de los hechos; d) Proporcionarle la posibilidad de alegar lo que a sus intereses convenga; y, finalmente, e) Dictar una resolución debidamente fundada y motivada. Los anteriores razonamientos se sustentan de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CORRECCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS DENTRO DE PRISIÓN. EL ARTÍCULO 126 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ESTABLECE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA EN FAVOR DEL INTERNO. Las correcciones disciplinarias constituyen una sanción por la infracción a las normas de convivencia y organización del centro de reclusión, y a través de su imposición se busca lograr el orden, consideración y respeto de los reclusos entre sí, con las autoridades e, inclusive, con los visitantes. A pesar de que las correcciones disciplinarias no constituyen un acto de privación, sino de molestia, el artículo 126 del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro, establece que el presunto infractor será escuchado por el Consejo Técnico Interdisciplinario antes de resolver sobre la imposición de dichas correcciones. El Reglamento reconoce que el propósito de escuchar previamente al sentenciado es el de que este último manifieste lo que a su defensa convenga, por lo tanto, dicho propósito sólo se puede lograr a través del respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a las cuales hace referencia el artículo 14 constitucional. Esta afirmación encuentra apoyo, a su vez, en el diverso artículo 18 constitucional, de cuya lectura se desprende que el sistema de ejecución de las penas tiene como vocación lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; asimismo, establece que la organización del sistema penitenciario se apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos. Un entendimiento democrático y expansivo de los derechos de los sentenciados permite considerar que antes de imponer una corrección disciplinaria dentro de un centro de reclusión, se hace indispensable escuchar al supuesto infractor a través del respeto a la garantía de audiencia previa. La generación de un régimen penitenciario que tenga por objeto desincentivar la comisión de nuevas conductas delictivas, requiere de mecanismos que impidan el ejercicio arbitrario del poder o de un sistema opresivo en exceso. Es en la prisión en donde el interno debe tener vivencias que favorezcan su contacto con el debido proceso y la legalidad, a fin de coadyuvar a su sana reinserción social. De ahí que a pesar de que el Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro es omiso en señalar una a una las formalidades esenciales del procedimiento que habrán de adoptarse antes de imponer la corrección disciplinaria, ello no es obstáculo para que la autoridad penitenciaria las implemente y respete directamente. Para tal efecto, la autoridad competente deberá notificar al interno el inicio del procedimiento sancionador, el cargo que está enfrentando, quién lo ha denunciado y las posibles consecuencias de la sanción; otorgarle un plazo, aunque sea breve pero suficiente, para que prepare su defensa; brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas que respalden su versión de los hechos; procurarle la posibilidad de alegar lo que a sus intereses convenga y, finalmente, dictarle una resolución debidamente fundada y motivada." Criterio jurisprudencial que si bien se refiere a las formalidades establecidas en un ordenamiento distinto al aplicable al caso; sin embargo, debe observarse por identidad de razones, dada la similitud entre el ordenamiento analizado por el Máximo Tribunal de la Nación y el que rige en el caso. Lo anterior, ya que el artículo 82, párrafo primero, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, establece que para la imposición de correctivos disciplinarios se debe otorgar al probable infractor su derecho de audiencia, a fin de que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga; disposición esta última que reconoce el derecho del reo a ser escuchado en su defensa, a través del respeto a las formalidades esenciales del procedimiento que deben observarse para la imposición de las correcciones disciplinarias, aunado a que la resolución respectiva esté fundada y motivada; de ahí que las obligaciones jurídicas que deben cumplirse al imponer un correctivo disciplinario, son las siguientes: a) Notificar al interno el inicio del procedimiento sancionador, el cargo que está enfrentando, quién lo ha denunciado y las posibles consecuencias de la sanción; b) Otorgarle un plazo, aunque sea breve pero suficiente, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y prepare su defensa; c) Brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas que respalden su versión de los hechos; d) Proporcionarle la posibilidad de alegar lo que a sus intereses convenga; e) Analizar y valorar los argumentos que exprese el probable infractor; y, finalmente, f) Dictar una resolución debidamente fundada y motivada en la que se describan en forma sucinta las causas por las que se impute la falta de que se trate al interno, las manifestaciones que en su defensa haya expresado y la corrección disciplinaria impuesta en términos del Reglamento y Manual correspondientes. En relación con el último de los requisitos mencionados relativo a que se dicte una resolución debidamente fundada y motivada -establecido expresamente por la Corte- se debe indicar que el derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 16 constitucional, obliga a las autoridades, entre otras cosas, a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, lo que implica: 1. Citar los preceptos normativos en que apoyan su actuar; y, 2. Indicar las consideraciones que las llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como finalidad que los gobernados puedan atacar esos fundamentos y motivos si no son correctos, o bien si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. 1. Formalidades esenciales del procedimiento De las constancias que remitieron las autoridades responsables, se desprende que mediante resolución de cinco de noviembre de dos mil quince, se impuso al quejoso en su carácter de interno de ese centro de reclusión una sanción por setenta y seis días de suspensión total de estímulos, traducida en la restricción de tránsito a los límites de su estancia y suspensión de visita familiar e íntima, con motivo de la incidencia acaecida aproximadamente a las ocho horas con veinte minutos del once de octubre de dos mil quince, en que el oficial de Seguridad y Custodia expuso los siguientes hechos: ".Siendo aproximadamente las 08:20 Hrs., del día 11 de Octubre de 2015, al bajar la sección 1-A del módulo III a la actividad de desayuno me dice el interno RAMÍREZ RUBIO ENRIQUE Exp.2450 ubicado en la estancia 311 que a qué hora lo voy a bajar a él y se le indicó que después de que haya subido la sección indicándole que él está sancionado y por tal motivo baja al último, posteriormente una vez que subió la sección 1-A, ahora sí se le dio la indicación al interno en mención de que saliera con su charola por sus alimentos refiriendo ".VÁYANSE A LA VERGA TÚ, EL ENCARGADO Y TODA LA SEGUNDA COMPAÑÍA Y YA NO QUIERO BAJAR A DESAYUNAR." por tal motivo se le hace el reporte correspondiente por las (sic) insulto que manifestó al personal de seguridad." Consta en autos copia certificada del citatorio de veintiocho de septiembre de dos mil quince, del que se advierte que se informó a Enrique Ramírez Rubio que el citado Consejo fue convocado con la finalidad de resolver sobre la conducta que se le atribuyó, suscitada el once de octubre de este año, es decir, se hizo del conocimiento del interno el inicio de un procedimiento sancionador, derivado de los hechos denunciados por el oficial de seguridad. En el citatorio de referencia se indicó la conducta que se imputa al quejoso (cargo que enfrenta), para que estuviera en condiciones de manifestar lo que a su interés conviniera; que se le otorgó un plazo suficiente para que preparara su defensa, pues se le convocó para el cinco de noviembre de dos mil quince (fecha en que se emitió el acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario reclamada); en la que también consta que estuvo presente; se le indicó que podía ofrecer pruebas y manifestar lo que a su interés conviniera para su defensa y que la conducta podría ser susceptible de una sanción o no, la cual se consideraría conforme con lo previsto en el artículo 80 del Reglamento Interno del Centro Federal. En ese sentido, se considera que la resolución reclamada en este juicio deriva de un procedimiento administrativo que se sujetó a las formalidades esenciales previstas en los ordenamientos aplicables. 2. Violación al artículo 16 Constitucional. Por otra parte, en la resolución combatida se advierte que la conducta desplegada por el interno, consignada en el reporte de incidencia ya mencionado, fue sancionada con setenta y seis días de suspensión total de estímulos, traducida en la restricción de tránsito a los límites de su estancia y la suspensión de visita familiar e íntima; sin embargo, en el acto reclamado se motivó en forma insuficiente la imposición de tal sanción. En efecto, en la resolución reclamada se citaron las hipótesis legales a las que se adecuan la conducta atribuida al interno, pues se hizo referencia -entre otros- al artículo 75, fracciones XXV, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, que prevé como conducta considerada infracción administrativa: "XXV. Agredir o amenazar física o verbalmente al personal del Centro Federal.-------------------------------------------------------------- (.)". Asimismo, se mencionó el citado artículo como fundamento de la sanción impuesta, pero en el acta reclamada sólo se precisó que la conducta desplegada está sancionada en la mencionada disposición jurídica. Ahora bien, en el acta reclamada se dijo lo siguiente: "III. LA INFRACCIÓN COMETIDA, POR SU NATURALEZA, SE REALIZÓ CON: PLENO CONOCIMIENTO Y SIN QUE MEDIA (SIC) COACCIÓN ALGUNA CON LA CUAL TRAGREDE (SIC) LO PLASMADO EN EL ARTÍCULO 75 FRACCIÓN (ES) (XXV), QUE SEÑALA:------------------------ XXV. Agredir o amenazar física o verbalmente al personal del Centro Federal.--------------------------------------------------------------"SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 08:20 HRS., DEL DPIA 11 DE OCTUBRE DE 2015, AL BAJAR LA SECCIÓN 1-A DEL MÓDULO III A LA ACTIVIDAD DE DESAYUNO ME DICE EL INTERNO RAMÍREZ RUBIO ENRIQUE EXP. 2450 UBICADO EN LA ESTANCIA 311 QUE A QUÉ HORA LO VOY A BAJAR A ÉL Y SE LE INDICÓ QUE DESPUÉS DE QUE HAYA SUBIDO LA SECCIÓN INDICÁNDOLE QUE ÉL ESTÁ SANCIONADO Y POR TAL MOTIVO BAJA AL ÚLTIMO, POSTERIORMENTE UNA VEZ QUE SUBIÓ LA SECCIÓN 1-A, AHORA SÍ SE LE DIO LA INDICACIÓN AL INTERNO EN MENCIÓN DE QUE SALIERA CON SU CHAROLA POR SUS ALIMENTOS REFIRIENDO ".VÁYANSE A LA VERGA TÚ, EL ENCARGADO Y TODA LA SEGUNDA COMPAÑÍA Y YA NO QUIERO BAJAR A DESAYUNAR." POR TAL MOTIVO SE LE HACE EL REPORTE CORRESPONDIENTE POR LOS INSULTOS QUE MANIFESTÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD".------------------Por lo anteriormente expuesto y derivado del reporte de seguridad, Ramírez Rubio por propio derecho y sin que medie coacción alguna de manera consciente y conocedor de los posibles resultados de su actuar, dice agredir verbalmente al personal del Centro Federal, como ya quedó descrito, el día 11 de Octubre de la presente anualidad, al bajar la sección 1-A, módulo III a la actividad de comedor, al solicitar que salga por sus alimentos y una vez que ya había regresado la sección 1-A Ramírez Rubio refirió: "Váyanse a la verga tú, el encargado y toda la segunda compañía y ya no quiero bajar a desayunar; si bien es cierto que los internos aquí recluidos al momento de ser sancionados no bajan con la diversa población, también es cierto que los bajan al término del consumo de los alimentos de cada sección, por ser internos sancionados y con la finalidad de no encontrarse con la diversa población, ya que se adopta como medida de seguridad, así mismo el interno Ramírez Rubio no acata la indicación de salir por sus alimentos al momento en que lo solicita el personal de seguridad, así mismo lo agede (sic) con palabras altisonantes, siendo evidente que no mantiene respecto por el personal de seguridad, transgrediendo lo plasmado en el reglamento Institucional; así mismo al momento de su garantía de audiencia sólo refiere: "Nos son ciertas todas las cosas, efectivamente me negué a baja a desayunar, pero no le dije esas preguntas al oficial"; haciendo énfasis que Ramírez Rubio, en ningún momento ofrece medio probatorio o escrito alguno que le ayude a desvirtuar los hechos, aunado a lo anterior, se tiene la aceptación de Ramírez al manifestar que efectivamente se niega a bajar al área de comedor para ingerir sus alimentos, reiterando que tras negarse a bajar manifiesta de viva voz: "Váyanse a la verga tú, el encargado y toda la compañía y ya no quiero bajar a desayunar". Implicando con ello que los internos que se encontraban en sus diversas estancias del pasillo 1-A al escuchar cómo se dirigía Ramírez Rubio hacia el personal de seguridad, se corrió el riesgo que dicha población imitara el actuar de Ramírez y se hubiera tenido una agresión verbal mayor para el personal de seguridad, tomando en consideración que el interno en cita cuenta con un grado de instrucción de tercero de secundaria por lo que sabe y comprende que las agresiones verbales comprende una conducta disruptiva, por lo que este pleno considera en base al Reglamento Institucional imponer una sanción de 76 días de suspensión total de estímulos de acuerdo al art. 80 del Reglamento Institucional, haciendo la atenta invitación a no volver a infringir el Reglamento Institucional." Sin embargo, contrario a lo expuesto en la resolución sujeta a estudio, se aprecia que no está suficientemente motivada, porque aun cuando se indicó que el quejoso tenía pleno conocimiento de que con su acción no respetó al personal de seguridad del Centro Federal, lo que constituye una infracción administrativa, prevista en el artículo 75, fracción XXV, del Reglamento de los Centros Federales; lo cierto es que ello no es suficiente para colmar el derecho humano de fundamentación y motivación, porque no se estableció cómo quedó demostrado que el ahora quejoso conocía plenamente que la referida conducta es contraria a las reglas que debe seguir dentro de la institución, en su carácter de interno, dado que no quedó demostrado con el acuse de recibo respectivo, que efectivamente se le entregó el citado Reglamento, a su ingreso a la institución. Además, de las anteriores consideraciones no se advierte que se expongan suficientemente las razones por las cuales resultaba aplicable la fracción relativa a dicha norma, máxime que la disposición en consulta alberga una infracción de formulación alternativa o alternativamente formada, en el que coexisten diversas hipótesis que pueden actualizarla, de manera que si se consideró que el quejoso con su acción no respetó al personal del Centro Federal (al proferir a uno de los oficiales palabras altisonantes y no acatar las indicaciones que le dio este último a fin de que tomara su desayuno), entonces se debió indicar y explicar de manera suficiente a qué supuesto corresponde del catálogo expuesto en la referida disposición; además, por qué está prohibida, cuál es o son las conductas aplicables que se actualizaron y los elementos de prueba que las acreditan, a efecto de motivar suficientemente la actualización de la hipótesis de infracción prevista en el artículo 75, fracción XXV, del citado ordenamiento. Tal situación evidentemente dejó al interno en estado de indefensión y, por ende, constituye una violación al derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En adición a lo expuesto, este Juzgado de Distrito considera que la resolución sujeta a estudio no está suficientemente fundada y motivada, al no haberse especificado de manera detallada en qué consistió la alegada agresión verbal hacia el personal de seguridad del Centro Federal, ni de qué manera la conducta desplegada por el quejoso se considera como una agresión, como tampoco con qué elementos de prueba se acreditó tal supuesto. Se estima tal aserto, porque de manera medular se sostuvo que el quejoso tuvo una conducta desplegada por derecho propio, sin coacción alguna, realizada de manera consciente y con conocimiento de los posibles resultados de su actuar; lo anterior, derivado del hecho de que el once de octubre de este año, al momento de bajar la sección 1-A del módulo III a la actividad de desayuno, el ahora quejoso preguntó a uno de los oficiales la hora en que lo bajaría para dicha actividad, a lo que el oficial le contestó que después de que subiera la sección debido a que estaba sancionado y que por tal motivo debía bajar al último, por lo que una vez que subió la sección 1-A se le dio la indicación de que saliera con su charola por sus alimentos, a lo cual reaccionó con palabras altisonantes hacia el oficial, conducta con la que -aseguran las responsables- se infringió la normatividad del referido centro, dado que la actitud del quejoso se tradujo en una falta de respecto y consecuente agresión verbal hacia el personal de seguridad del centro penitenciario, lo cual -afirman aquéllas- el quejoso sabía de antemano ya que a su ingreso al Centro Federal se le entregó el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social; que al momento de su garantía de audiencia el quejoso manifestó que no eran ciertas las cosas, que efectivamente se negó a bajar al desayuno, pero que no le había dicho nada al oficial de seguridad. Sin embargo, ello se estima insuficiente para considerar correctamente individualizado el correctivo disciplinario impuesto al interno, en principio, porque de acuerdo con los hechos consignados en el reporte de seguridad, la conducta sancionada consistió en que el quejoso desplegó una acción con la que le faltó al respeto al personal de seguridad del Centro Federal, pero no se motiva de manera suficiente el por qué tal acción se considera como un agresión verbal hacia dicho personal, ya que en todo caso debió justificarse y probarse por qué tal acción constituye una infracción a la normatividad del Centro citado. Pero además, porque por una parte se sostuvo: ".Ramírez Rubio por propio derecho y sin que medie coacción alguna de manera consciente y conocedor de los posibles resultados de su actuar, dice agredir verbalmente al personal del Centro Federal, como ya quedó descrito, el día 11 de Octubre de la presente anualidad, al bajar la sección 1-A, módulo III a la actividad de comedor, al solicitar que salga por sus alimentos y una vez que ya había regresado la sección 1-A Ramírez Rubio refirió: "Váyanse a la verga tú, el encargado y toda la segunda compañía y ya no quiero bajar a desayunar; si bien es cierto que los internos aquí recluidos al momento de ser sancionados no bajan con la diversa población, también es cierto que los bajan al término del consumo de los alimentos de cada sección, por ser internos sancionados y con la finalidad de no encontrarse con la diversa población, ya que se adopta como medida de seguridad, así mismo el interno Ramírez Rubio no acata la indicación de salir por sus alimentos al momento en que lo solicita el personal de seguridad, así mismo lo agede (sic) con palabras altisonantes, siendo evidente que no mantiene respecto por el personal de seguridad, transgrediendo lo plasmado en el reglamento Institucional; así mismo al momento de su garantía de audiencia sólo refiere: "Nos son ciertas todas las cosas, efectivamente me negué a baja a desayunar, pero no le dije esas preguntas al oficial"; haciendo énfasis que Ramírez Rubio, en ningún momento ofrece medio probatorio o escrito alguno que le ayude a desvirtuar los hechos, aunado a lo anterior, se tiene la aceptación de Ramírez al manifestar que efectivamente se niega a bajar al área de comedor para ingerir sus alimentos, reiterando que tras negarse a bajar manifiesta de viva voz: "Váyanse a la verga tú, el encargado y toda la compañía y ya no quiero bajar a desayunar". Implicando con ello que los internos que se encontraban en sus diversas estancias del pasillo 1-A al escuchar cómo se dirigía Ramírez Rubio hacia el personal de seguridad, se corrió el riesgo que dicha población imitara el actuar de Ramírez y se hubiera tenido una agresión verbal mayor para el personal de seguridad, tomando en consideración que el interno en cita cuenta con un grado de instrucción de tercero de secundaria por lo que sabe y comprende que las agresiones verbales comprende una conducta disruptiva, por lo que este pleno considera en base al Reglamento Institucional imponer una sanción de 76 días de suspensión total de estímulos de acuerdo al art. 80 del Reglamento Institucional, haciendo la atenta invitación a no volver a infringir el Reglamento Institucional."; pero al mencionar los medios de prueba con los cuales valoró y evaluó la conducta sancionada, sólo se hizo mención: a) al reporte de seguridad del oficial a quien le constan los hechos; y b) las manifestaciones del interno al momento de su garantía de audiencia. En ese sentido, se reitera que la resolución sujeta a estudio no está suficientemente motivada, toda vez que para sustentar la aplicación de la sanción a la conducta perpetrada por el reo, esto es, para individualizarla, era necesario atender a lo dispuesto en el artículo 17 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, es decir, realizar un análisis integral del peligro generado con la conducta desplegada por el quejoso; de los medios empleados en la infracción; de las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión; de la forma y grado de intervención del interno y de las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba al momento de cometer la infracción. En efecto, respecto al rubro del peligro generado con la conducta del interno quejoso, no refirió si se puso en riesgo algún bien jurídico individual o colectivo, como por ejemplo la vida, libertad, integridad, salud o seguridad de algún interno; o de la comunidad de ese Centro de Reinserción Social; o bien, de algún bien u objeto protegido por el orden jurídico. Por cuanto hace a los medios empleados en la infracción, son los recursos materiales o humanos que utiliza la persona (interno) para que su conducta cumpla con algún fin propuesto, y con ese proceder se infrinja lo establecido en una norma jurídica de carácter administrativo, o bien, se perturbe el buen funcionamiento de la administración -en el caso- del Centro Federal de Readaptación Social en donde se encuentra recluido el quejoso. Respecto de las circunstancias de modo, tiempo o lugar, se debe tener en consideración el momento en que aconteció la conducta que se le atribuye al interno, el sitio determinado donde ocurrió y la manera en que se desarrolló. Resulta oportuno señalar que por lugar debe entenderse el sitio determinado en que ocurrió el hecho atribuido; por tiempo, el momento en que éste ocurrió; y por circunstancias, la expresión clara y detallada del modo en que el evento aconteció. En lo atinente al grado de intervención del interno, puede ser como autor material cuando físicamente ejecuta la conducta que se le reprocha; o bien, como autor intelectual que es la persona que planea, induce o compele a otro a cometer esa conducta; asimismo, es partícipe la persona que presta ayuda, cooperación o auxilio en esa conducta; que por acuerdo previo auxilie al autor después de la ejecución de la conducta; o bien, sin acuerdo previo intervenga con otros en la comisión de la conducta, cuando no se pueda precisar el resultado que cada uno produjo. Las condiciones especiales obedecen a cuestiones fisiológicas y psíquicas en que se encontraba el interno al momento de cometer la conducta que se infracciona; y respecto de las condiciones personales, son los inherentes a la edad, nivel de educación, costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales, y demás elementos propios de su persona en particular. En ese contexto, en la resolución reclamada no se individualizó correctamente la sanción impuesta al interno aquí quejoso, pues nada se dijo respecto a los aspectos mencionados; por lo que este juzgado estima que el acto reclamado es violatorio del derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Sentido del fallo En virtud de lo expuesto, se debe concluir que la resolución reclamada de cinco de noviembre de dos mil quince, emitida por los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la que se le impuso al interno aquí quejoso, una sanción de setenta y seis días de suspensión total de estímulos, traducida en la restricción de tránsito a los límites de su estancia y la suspensión de visita familiar e íntima; es violatoria del derecho humano de legalidad; y, en consecuencia, procede conceder a Enrique Ramírez Rubio el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución del solicitante en el goce del derecho, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, realicen las siguientes acciones: 1. Dejen insubsistente la medida disciplinaria reclamada; y, 2. Emitan una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que resuelvan lo que en derecho corresponda respecto de la incidencia suscitada el veinticinco de agosto de dos mil quince, en la que se vio involucrado Enrique Ramírez Rubio, pero deberán purgar los vicios formales destacados en esta sentencia, en caso de que reitere el sentido del acto reclamado en este juicio. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia, se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Enrique Ramírez Rubio, contra los actos y autoridades descritos en él. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Enrique Ramírez Rubio, contra la resolución de cinco de noviembre de dos mil quince, en los términos establecidos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.

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