Enrique Ramírez Hernández
Expediente 1998/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1998/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique Ramírez Hernández
Actuaciones
- Principal
En veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con un oficio con registro 23010; con anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de noviembre de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta firmado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Ojocaliente, Zacatecas, por el que devuelve sin diligenciar el despacho con número de orden 1139/2015 y de origen 658/2015, que se le giró en treinta de octubre de dos mil quince, a fin de que se notificara al quejoso en su lugar de reclusión, el auto de treinta de octubre último, por el que causó estado el diverso auto de trece del propio mes y año, por el que se decretó el sobreseimiento del juicio de garantías en que se actúa. Acúsese recibo. Por otra parte, según lo asienta en su acta de once de noviembre actual, la Secretaria Auxiliar en funciones de Notificadora adscrita al referido Juzgado, en el sentido de que constituida en la Cárcel Distrital del citado municipio, fue atendida por un custodio de nombre Oscar de León Hernández, el que le informó que el aquí quejoso, ya no se encuentra interno, ya que en catorce de octubre del año en curso, se giró boleta de libertad por parte de la Juez de Control de ese Distrito, al haberse acogido al beneficio de la suspensión condicional de la condena, de la cual se le proporciona copia simple; por tanto, el oficio de mérito y sus anexos, agréguese al expediente en que se actúa únicamente para que obre como corresponda, y dése de baja la aludida comunicación oficial en el libro que para ello se lleva en este Juzgado. NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO Y A LA AUTORIDAD QUE SE CITA POR OFICIO. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
ZACATECAS, ZACATECAS, A TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo directo civil 846/2015, de su índice; cinco copias de la demanda de amparo; autos originales del juicio ejecutivo mercantil 839/2008; cuadernillo de incidente de liquidación de intereses; cuadernillo de incidente de actualización de intereses y cuadernillo de intereses moratorios; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de la resolución dictada el veintiocho de octubre de dos mil quince, en los autos del citado juicio de amparo directo civil 846/2015-2, se advierte que el Tribunal Colegiado oficiante, consideró -respecto al acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria de veinte de agosto de dos mil quince, dictada en el expediente 839/2008 -carecer de competencia legal, en razón de lo siguiente: "[.] 4. Ahora bien, la resolución interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil quince, que constituye el acto reclamado, dictada por Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, en la que se resolvió el recurso de revocación contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil quince, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 839/2008; no constituye una sentencia definitiva pues nació jurídicamente después de concluido el juicio natural, es decir, se trata de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, por lo que este Tribunal Colegiado de Circuito, carece de competencia legal para conocer del asunto." En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE ABOCA al conocimiento de la demanda de garantías, promovida por el licenciado Luis Alberto Flores Gutiérrez, en su carácter de endosatario en procuración del quejoso Enrique Ramírez Hernández, contra actos de la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; por lo que, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado de mérito para los efectos legales procedentes; asimismo, se ordena registrar la demanda respectiva en el libro de gobierno con el número 1998/2015, que por su orden le corresponde. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que integran el juicio mercantil ejecutivo número 839/2008, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado y que son: 1. El veintinueve de mayo de dos mil ocho, el licenciado Ulises Ayala Medina, en su carácter de endosatario en procuración de Enrique Ramírez, ejerció acción cambiaria directa contra Armando Ramírez Pacheco. 2. Por auto de nueve de junio de dos mil ocho, la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, admitió en sus términos la demanda, en el que se ordenó formar el expediente respectivo, dictado el auto de exequendo, dar aviso a la Superioridad. 3. Seguido el juicio por sus etapas legales, por sentencia de dieciséis de julio de dos mil diez, se condenó al demandado Armando Ramírez Pacheco a pagar a la parte actora las prestaciones demandadas. 4. Posteriormente, el demandado Armando Ramírez Pacheco, interpuso contra dicha determinación recurso de apelación, mismo que por sentencia de quince de febrero de dos mil once, fue modificada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 5. Contra dicha determinación el aquí quejoso Enrique Ramírez Hernández, promovió amparo directo civil 269/2011, el cual por ejecutoria de nueve de junio de dos mil once, dictada por el Tribunal Colegiado oficiante, negó el amparo y protección de la Justicia Federal. 6. Seguido el trámite de la ejecución de sentencia por auto de veinticuatro de junio de dos mil quince, se ordenó el pago al diverso acreedor Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), conforme a las cantidades que exhibió la actora en la diligencia de veinte de mayo de dos mil quince. 7. En contra del citado auto el licenciado Luis Alberto Flores Gutiérrez, en su carácter de endosatario en procuración del quejoso Enrique Ramírez Hernández, interpuso recurso de revocación, el cual mediante interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil quince, se declaró infundado dicho recurso y por ende firme el auto de veinticuatro de junio de dos mil quince. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Como punto de partida, debemos precisar que el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Argumentos que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION 'ULTIMA RESOLUCION', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'ultima resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione otra interpretación diferente". Ahora bien, el acto reclamado a juicio del que esto resuelve no constituye la última resolución, ni el auto que resolvió el recurso de apelación, pues se trata de una determinación intermedia. Además, de lo antes expuesto se desprende que el promovente tiene la calidad de actora en el juicio de origen, por tanto, es de indicarse que la referida quejosa no puede ser considerada como tercero extraño al procedimiento, que pudiera llevar a conclusión diversa, y ante ello, no opera la excepción para los terceros ajenos a juicio. Luego, es de indicarse que el acto aludido, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la etapa de ejecución de ese procedimiento, pues no se está en presencia de aquél proveído en el que la autoridad apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino se trata de una determinación que tiene por objeto evitar el cumplimiento de la sentencia que constituye la verdad legal e incontrovertible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Aunado a lo anterior, es de indicarse que el acto reclamado, de ningún modo reúne las características de una resolución firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como pudiera ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes; por lo que, no puede ser impugnada de forma inmediata a través del juicio de amparo, sino que tendrá que hacerse valer como violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie que si bien el acto reclamado, no se encuentra en los comprendidos por la fracción IV, segundo párrafo del transcrito artículo 107 de la Ley de Amparo, también lo es que deberá reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución en la etapa de ejecución, por lo que, el acto reclamado es de la misma naturaleza que los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, esto es, que de resolverse favorablemente el recurso, se tendrá por efecto la continuación del procedimiento de ejecución del convenio; por el contrario, de resultar desfavorable la resolución del medio de impugnación, será en ese momento en el que pueda considerarse que se dictó la última resolución en el procedimiento de ejecución; momento oportuno para acudir a la instancia constitucional. En consecuencia, en la especie se hace presente la causa de improcedencia a contrario sensu prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Legislación en consulta, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de garantías promovida por el licenciado Luis Alberto Flores Gutiérrez, en su carácter de endosatario en procuración del quejoso Enrique Ramírez Hernández. Apoya esta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, téngase por autorizado en los amplios términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, a la licenciada Adriana Ávila Alvarado (cédula 6145804), y como autorizado para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos a Alejandro Aguilar Camacho, por así haberlo señalado expresamente la promovente; y, como domicilio legal de su parte, el ubicado en calle Universidad Anáhuac número 508 del Fraccionamiento Villas Universidad, de esta ciudad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy fe. *Amci
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo directo civil 846/2015, de su índice; cinco copias de la demanda de amparo; autos originales del juicio ejecutivo mercantil 839/2008; cuadernillo de incidente de liquidación de intereses; cuadernillo de incidente de actualización de intereses y cuadernillo de intereses moratorios; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de la resolución dictada el veintiocho de octubre de dos mil quince, en los autos del citado juicio de amparo directo civil 846/2015-2, se advierte que el Tribunal Colegiado oficiante, consideró -respecto al acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria de veinte de agosto de dos mil quince, dictada en el expediente 839/2008 -carecer de competencia legal, en razón de lo siguiente: "[.] 4. Ahora bien, la resolución interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil quince, que constituye el acto reclamado, dictada por Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, en la que se resolvió el recurso de revocación contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil quince, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 839/2008; no constituye una sentencia definitiva pues nació jurídicamente después de concluido el juicio natural, es decir, se trata de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, por lo que este Tribunal Colegiado de Circuito, carece de competencia legal para conocer del asunto." En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE ABOCA al conocimiento de la demanda de garantías, promovida por el licenciado Luis Alberto Flores Gutiérrez, en su carácter de endosatario en procuración del quejoso Enrique Ramírez Hernández, contra actos de la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; por lo que, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado de mérito para los efectos legales procedentes; asimismo, se ordena registrar la demanda respectiva en el libro de gobierno con el número 1998/2015, que por su orden le corresponde. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que integran el juicio mercantil ejecutivo número 839/2008, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado y que son: 1. El veintinueve de mayo de dos mil ocho, el licenciado Ulises Ayala Medina, en su carácter de endosatario en procuración de Enrique Ramírez, ejerció acción cambiaria directa contra Armando Ramírez Pacheco. 2. Por auto de nueve de junio de dos mil ocho, la Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, admitió en sus términos la demanda, en el que se ordenó formar el expediente respectivo, dictado el auto de exequendo, dar aviso a la Superioridad. 3. Seguido el juicio por sus etapas legales, por sentencia de dieciséis de julio de dos mil diez, se condenó al demandado Armando Ramírez Pacheco a pagar a la parte actora las prestaciones demandadas. 4. Posteriormente, el demandado Armando Ramírez Pacheco, interpuso contra dicha determinación recurso de apelación, mismo que por sentencia de quince de febrero de dos mil once, fue modificada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 5. Contra dicha determinación el aquí quejoso Enrique Ramírez Hernández, promovió amparo directo civil 269/2011, el cual por ejecutoria de nueve de junio de dos mil once, dictada por el Tribunal Colegiado oficiante, negó el amparo y protección de la Justicia Federal. 6. Seguido el trámite de la ejecución de sentencia por auto de veinticuatro de junio de dos mil quince, se ordenó el pago al diverso acreedor Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), conforme a las cantidades que exhibió la actora en la diligencia de veinte de mayo de dos mil quince. 7. En contra del citado auto el licenciado Luis Alberto Flores Gutiérrez, en su carácter de endosatario en procuración del quejoso Enrique Ramírez Hernández, interpuso recurso de revocación, el cual mediante interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil quince, se declaró infundado dicho recurso y por ende firme el auto de veinticuatro de junio de dos mil quince. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Como punto de partida, debemos precisar que el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Argumentos que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION 'ULTIMA RESOLUCION', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'ultima resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione otra interpretación diferente". Ahora bien, el acto reclamado a juicio del que esto resuelve no constituye la última resolución, ni el auto que resolvió el recurso de apelación, pues se trata de una determinación intermedia. Además, de lo antes expuesto se desprende que el promovente tiene la calidad de actora en el juicio de origen, por tanto, es de indicarse que la referida quejosa no puede ser considerada como tercero extraño al procedimiento, que pudiera llevar a conclusión diversa, y ante ello, no opera la excepción para los terceros ajenos a juicio. Luego, es de indicarse que el acto aludido, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la etapa de ejecución de ese procedimiento, pues no se está en presencia de aquél proveído en el que la autoridad apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino se trata de una determinación que tiene por objeto evitar el cumplimiento de la sentencia que constituye la verdad legal e incontrovertible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Aunado a lo anterior, es de indicarse que el acto reclamado, de ningún modo reúne las características de una resolución firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como pudiera ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes; por lo que, no puede ser impugnada de forma inmediata a través del juicio de amparo, sino que tendrá que hacerse valer como violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie que si bien el acto reclamado, no se encuentra en los comprendidos por la fracción IV, segundo párrafo del transcrito artículo 107 de la Ley de Amparo, también lo es que deberá reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución en la etapa de ejecución, por lo que, el acto reclamado es de la misma naturaleza que los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, esto es, que de resolverse favorablemente el recurso, se tendrá por efecto la continuación del procedimiento de ejecución del convenio; por el contrario, de resultar desfavorable la resolución del medio de impugnación, será en ese momento en el que pueda considerarse que se dictó la última resolución en el procedimiento de ejecución; momento oportuno para acudir a la instancia constitucional. En consecuencia, en la especie se hace presente la causa de improcedencia a contrario sensu prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Legislación en consulta, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de garantías promovida por el licenciado Luis Alberto Flores Gutiérrez, en su carácter de endosatario en procuración del quejoso Enrique Ramírez Hernández. Apoya esta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, téngase por autorizado en los amplios términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, a la licenciada Adriana Ávila Alvarado (cédula 6145804), y como autorizado para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos a Alejandro Aguilar Camacho, por así haberlo señalado expresamente la promovente; y, como domicilio legal de su parte, el ubicado en calle Universidad Anáhuac número 508 del Fraccionamiento Villas Universidad, de esta ciudad.
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