Enrique Perez Perez

Expediente 349/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 25 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
349/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Enrique Perez Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, de ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2. Depurar el cuaderno original del incidente derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), al haberse concedido la suspensión provisional y se negado la suspensión definitiva, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares. 3. Una vez concluido el proceso de depuración, transferir el original del incidente de suspensión a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 y 27 del mencionado Acuerdo.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, de ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2. Depurar el cuaderno original del incidente derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), al haberse concedido la suspensión provisional y se negado la suspensión definitiva, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares. 3. Una vez concluido el proceso de depuración, transferir el original del incidente de suspensión a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 y 27 del mencionado Acuerdo.

  3. Principal

    Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Enrique Pérez Pérez, por las razones vertidas en el considerando tercero de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; a ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara respecto a la denominación de la autoridad señalada como Juez de Control de Garantías "El Amate" con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha fenecido. En consecuencia, se tienen como autoridad inexistente a la antes mencionada, para la prosecución del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noveno época, tomo XXIII, enero de 2016, página 2329, cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados". Notifíquese.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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