Enrique Pérez Hernández

Expediente 1449/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1449/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2023

Partes del expediente

  • Enrique Pérez Hernández

Actuaciones

  1. Incidental

    Visto lo de cuenta, como se ordena en el cuaderno principal, con la copia certificada del proveído de esta fecha y reproducción simple del escrito inicial de demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho; contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex y Comisión Nacional Bancaria y de Valores; fórmese incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1449/2023. PRIMERO. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Pídase a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, para lo cual se ordena remitirles copia de la demanda de amparo y su ampliación; lo anterior, de conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso se ostenta como tercero extraño al expediente ... del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y particularmente reclama la orden de bloqueo de la cuenta de nómina asociada a la tarjeta de débito ... aperturada en Banco ..., de la que es titular. TERCERO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que es titular de la cuenta de nómina sobre la que se ordenó el bloqueo, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. CUARTO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del artículo 107, fracción X de la Constitución Federal. Así, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento: A) Sin levantar el aseguramiento decretado, se permita a la parte quejosa manejar sus cuentas y pueda disponer sólo de la cantidad que represente el remanente de lo asegurado en relación a la totalidad del dinero existente en su cuenta bancaria intervenida. Es decir, el accionante de amparo sólo podrá acceder al numerario restante que exista en la cuenta embargada, diverso a aquel que ha sido embargado, para garantizar el pago de lo demandado en el juicio de origen. Ello, siempre y cuando el quejoso sea titular de la cuenta, y no exista un aseguramiento diverso a aquel que impone el acto reclamado, pues la medida solo impacta en aquello que es objeto del acto reclamado y no en situaciones jurídicas ajenas a éste. Al efecto, se invoca la diversa tesis I.11o.C.126 C (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia civil del Primer Circuito, intitulada: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. AL DECRETARSE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBE PREVALECER EL ASEGURAMIENTO SÓLO POR LA CANTIDAD DECRETADA EN AUTOS." B) Además, considerando que manifiesta bajo protesta de decir verdad que en dicha cuenta son depositados sus pagos por jubilación otorgados por el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste); y al respecto exhibe un comprobante de pago con número de pensión ... expedido a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); así como copia simple de la tarjeta de débito ...; por lo tanto, el efecto de la providencia otorgada implica paralelamente que el banco responsable realice las gestiones necesarias para que se le permita disponer del monto correspondiente a la ministración que recibe periódicamente por concepto de jubilación, a fin de proteger el mínimo vital del aquí demandante. Al respecto, se invoca la tesis 1a. XCVII/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Constitucional, que dispone: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona - centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean." Lo anterior, considerando que conforme al artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las pensiones que corresponden a los asegurados, son inembargables: "Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto." Al efecto se invoca la tesis IV.1o.C.7 C (10a.) de la Décima época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 3079, que dispone: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA A UN ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, el juzgador, atento a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que con la concesión de la medida cautelar puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión, determinando hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables; que en los juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de esas pretensiones y que, asimismo, si se trata de un adulto mayor que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, esto representa una desventaja frente al resto de la población, por lo cual, las autoridades judiciales deben procurar su mayor beneficio posible. En consecuencia, si quien promueve la demanda de amparo indirecto reúne todas estas características, es decir, se trata de un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, que no cuenta con otro ingreso más que el de su pensión jubilatoria y reclama el embargo de la cuenta bancaria donde se realiza el depósito inherente a dicho concepto, supuestos frente a los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, afirmando que requiere de la cantidad embargada para cubrir las necesidades básicas de su familia; entonces, el juzgador de amparo debe conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la orden de embargo de la pensión jubilatoria del adulto mayor vulnerable, para que ésta se deje sin efectos con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, haciendo un cálculo de posibilidades acerca de la existencia del derecho del quejoso que se encuentra en esa situación especial, de modo que, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe partir de la base de que existe peligro en la demora pues, de negarse la medida, resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar. En la inteligencia de que con esta postura no se contraviene el interés social sino, al contrario, de no concederse la medida, se infringiría la norma de la legislación de seguridad social que establece que son inembargables las pensiones de los trabajadores." Para este fin, el banco responsable deberá acreditar de inmediato haber realizado las gestiones que acrediten que el quejoso puede acceder al monto que por concepto de jubilación le corresponde. Lo anterior se decreta en estos términos; dado que de conservarse el impedimento general en contra de la parte quejosa para que disponga de su pensión, se le causarían daños de imposible reparación, pues sufriría la restricción temporal del libre ejercicio de su patrimonio derivado de la seguridad social, lo que afectaría irremediablemente el derecho sustantivo de supervivencia, lo cual no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es aplicable, en su parte conducente, la tesis I.3o.C.345 C (10a.), emitida en la Décima Época, con registro 2018655, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2018655, del rubro y texto siguiente: "EMBARGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA EL DERECHO SUSTANTIVO DE SUPERVIVENCIA DEL JUBILADO ADULTO MAYOR. El artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el salario mínimo está protegido contra embargo, compensación o descuento. Esta protección también debe comprender a la pensión por jubilación, atento a la finalidad de la norma y no a su interpretación literal, ya que la finalidad de la prohibición de embargo, compensación o descuento al salario mínimo, fue la de tutelar el derecho al mínimo vital. En la mayoría de los casos, la pensión jubilatoria también goza de dicha protección constitucional, pues es la única manera en que podrá garantizarse al jubilado un mínimo de subsistencia digna y autónoma, al pertenecer a una clase de sujetos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad para allegarse de recursos materiales que garanticen ese sostenimiento. En esa medida, el embargo que se traba en ejecución de sentencia sobre la pensión jubilatoria, puede considerarse como un caso de excepción a la regla general de los actos dictados en ejecución de sentencia, pues se trata de un acto de imposible reparación que afecta el derecho sustantivo de supervivencia del jubilado adulto mayor que amerita un análisis de fondo." Conforme al artículo 139 de la Ley de amparo, se precisa que el alcance de esta medida no implica levantar el embargo, pues lo que se busca equilibrar el derecho de la parte actora, y a la par, evitar que al quejoso se le causen mayores daños en caso de mantener el impedimento generalizado para acceder a sus cuentas, pues sufriría la restricción del libre ejercicio de su patrimonio de pensión, impidiéndole acceder a un mínimo vital, lo que no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Orienta lo anterior, por analogía, la tesis I.15o.C.49 C (10a.) de la Décima Época, con registro: 2021115. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, en Materia(s): Común, Civil, Página: 2418, que establece: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CUANDO SE EMBARGUEN CUENTAS BANCARIAS POR UN MONTO SUPERIOR AL DEMANDADO, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PARA EL EFECTO DE QUE SE LIBERE EL EXCEDENTE. Para decidir sobre la procedencia de la suspensión, debe considerarse la naturaleza del acto reclamado, a efecto de delimitar de acuerdo al acto de que se trata, si es susceptible de suspenderse. Ahora bien, la sentencia de segunda instancia que confirma la interlocutoria de primer grado que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento es, en principio, un acto declarativo y negativo, pero con efectos positivos, en tanto que la declaración de validez de las actuaciones impugnadas que conlleva la negativa de la autoridad responsable a la petición del promovente de anular las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil de origen hasta la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, tiene como consecuencia necesaria que permanezca la diligencia de embargo con todas sus consecuencias. En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado éste sí es susceptible de suspenderse con efectos restitutorios, dado que en términos del artículo 1392 del Código de Comercio, el embargo trabado en un juicio ejecutivo mercantil únicamente tiene por objeto asegurar bienes del demandado para cubrir la deuda (prestaciones demandadas) y, los gastos y costas; sin embargo, cuando se lleguen a embargar cuentas bancarias por un monto superior al demandado, sin justificación alguna, procede conceder la suspensión definitiva para el efecto de que se libere el excedente." Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que se dicte la resolución interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. QUINTO. DE LA GARANTÍA. La suspensión que se concede surte todos sus efectos sin necesidad de que la parte quejosa exhiba garantía alguna, ya que la suma respecto de la cual se decretó el embargo y retención, seguirá intocada; además, no existe una afectación directa en el patrimonio de la parte tercera interesada, pues la suspensión únicamente recae en el remanente de la cantidad que exista en la cuenta asegurada. SEXTO. DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga lugar la audiencia incidental; fecha que se fija con apoyo en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INETERSADA.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo de ..., por propio derecho; contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 3, 14, 16, 17 y 123 constitucionales, se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 1449/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la ley de la materia, SE ADMITE LA DEMANDA. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Requerimiento de informe justificado y las constancias para resolver. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que habrán de rendir cumpliendo con lo prescrito en los dispositivos 115 a 117 de la Ley de Amparo, dentro del término máximo de quince días. Al oficio relativo deberán anexar copias certificadas con sello y firmas oficiales de lo siguiente: Acto reclamado y la secuela procesal que lo haya precedido (por ejemplo, actuación recurrida, agravios, etc.). Toda constancia y pruebas que se hayan relacionado (señalado) y valorado para su emisión; así como aquellas sobre las que se apoyen los conceptos de violación. En general, de cualquiera elemento del negocio y su estado procesal, que sea indispensable para la resolución del asunto. En su comunicado, la autoridad deberá indicar si el acto reclamado se dictó en cumplimiento a una ejecutoria de amparo -especificando detalladamente cuál-; y en su caso, si hay juicios constitucionales previos y ante qué órgano jurisdiccional se radicaron. En ese sentido es innecesario que se envíen todas las constancias, tomos y cuadernos relacionados al asunto de origen, ya que sólo se pide lo que sea indispensable para resolver, a fin de vigilar el adecuado manejo de los recursos materiales e insumos, así como fomentar la protección al medio ambiente, de acuerdo a los deberes y responsabilidad que a cada autoridad competen en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Hágase del conocimiento de las partes que en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional. III. Incidente de Suspensión. Conforme a lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, por cuerda separada, con copia simple de la demanda, así como con reproducción certificada del presente proveído, fórmese el incidente de suspensión. IV. De los terceros interesados. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercera interesada a ..., a quien se le deberá emplazar en el domicilio que se proporciona para tal efecto. En términos del precepto 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. V. De la audiencia Constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional. VI. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. VII. De las Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, únicamente se tienen por anunciadas las pruebas que describe en el escrito de demanda, de las que se hará relación y proveerá lo conducente en la audiencia constitucional. VIII. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. IX. Acceso electrónico. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con los nombres de usuario proporcionados, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

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