Enrique Peñaloza Moreno y Otros.
Expediente 1127/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1127/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Enrique Peñaloza Moreno
- Enrique Peñaloza Moreno y Otros.
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz; dos de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo de este sumario como totalmente concluido, y se valoró como destruible. Sin embargo, se determina que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en acatamiento a lo previsto en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, AL HABERSE CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, el presente cuaderno debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio. Por tanto, el juicio en que se actúa resulta depurable, con posterioridad al TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. Notifíquese como corresponda.
- Principal
Xalapa, Veracruz; once de 10 noviembre de dos mil veintidós. 11 Vista las diligencias de notificación 12 personal de los quejosos Luis Enrique 13 Torres Saldaña, Adalberto Rodríguez 14 Castillo, Aquiles Amaranto Cruz Hurtado, 15 Francisco Cruz Zapot, Gerardo Andrade 16 Becerrera, José Martín Córdoba Escobar, 17 Mario Alberto Amaro Martínez y Ricardo 18 Manuel Baeza Zarate, se advierte que 19 manifestaron desistirse del presente juicio de 20 amparo; ahora bien, debido a que dicha 21 circunstancia se externó ante la presencia de 22 un funcionario con fe pública, se tiene la 1 plena certeza de la identidad y voluntad de 2 los impetrantes de amparo, para realizar ese 3 acto procesal. 4 En este contexto, cabe precisar que 5 en el caso particular, aún no se ha admitido la 6 demanda de amparo promovida por Enrique 7 Peñaloza Moreno, Ángel Domínguez 8 Gómez, Luis Enrique Torres Saldaña, 9 Daniel Hernández Vargas, Adalberto 10 Rodríguez Castillo, Aquiles Amaranto Cruz 11 Hurtado, Francisco Cruz Zapot, Antonio 12 Raygoza Calderón, José Luis Dávila 13 Gómez, Gerardo Andrade Becerrera, José 14 Martín Córdoba Escobar, Mario Alberto 15 Amaro Martínez, Ricardo de la Cruz 16 Jiménez y Ricardo Manuel Baeza Zarate, 17 puesto que por auto de ocho de noviembre 18 del año en curso, se radicó la demanda con 19 la que dio origen al presente juicio, y en ese 20 mismo auto se les previno para que 21 aclararan diversos puntos de su demanda de 22 amparo. 1 Por tanto, al desistirse 2 expresamente de la demanda de amparo, 3 evidencia su falta de interés en la 4 prosecución del juicio que promovieron y, 5 por ende, su deseo de no desahogar la 6 citada prevención; por lo que resulta 7 procedente tener por no presentada la 8 demanda de amparo que nos ocupa, ya que 9 opinar lo contrario equivaldría a contravenir el 10 principio de instancia de parte que rige en el 11 juicio de amparo, de ahí que pueda, 12 válidamente, desistir en cualquier momento 13 con la sola declaración de su voluntad. 14 Es aplicable al caso, el criterio 15 sustentado por la Segunda Sala de la 16 Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 17 tesis jurisprudencial 2a./J. 33/2000, publicada 18 en el Semanario Judicial de la Federación y 19 su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 20 2000, consultable en la página 147 con 21 número de registro 192108, de rubro: 1 "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA 2 DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN 3 CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL 4 JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO 5 LA SENTENCIA EJECUTORIA." 6 En mérito de lo anterior, resulta 7 innecesario esperar a que concluya el plazo 8 de cinco días concedido en acuerdo de ocho 9 de los corrientes, para que los quejosos 10 Luis Enrique Torres Saldaña, Adalberto 11 Rodríguez Castillo, Aquiles Amaranto Cruz 12 Hurtado, Francisco Cruz Zapot, Gerardo 13 Andrade Becerrera, José Martín Córdoba 14 Escobar, Mario Alberto Amaro Martínez y 15 Ricardo Manuel Baeza Zarate, cumplan con 16 lo requerido en dicho auto, ya que como 17 quedó expuesto, los promoventes de amparo 18 pueden desistirse en cualquier momento con 19 la sola declaración de su voluntad, lo que a su 20 vez, como se dijo, evidencia su deseo de no 21 desahogar la referida prevención. 1 En consecuencia, con fundamento en 2 lo dispuesto por el artículo 114, párrafo 3 segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE 4 POR NO PRESENTADA LA DEMANDA que 5 dio origen al presente asunto, respecto de los 6 quejosos Luis Enrique Torres Saldaña, 7 Adalberto Rodríguez Castillo, Aquiles 8 Amaranto Cruz Hurtado, Francisco Cruz 9 Zapot, Gerardo Andrade Becerrera, José 10 Martín Córdoba Escobar, Mario Alberto 11 Amaro Martínez y Ricardo Manuel Baeza 12 Zarate. 13 Es aplicable al caso, la jurisprudencia 14 2a./J. 82/2016 (10a.) aprobada por la 15 Segunda Sala de la Suprema Corte de 16 Justicia de la Nación, publicada en el 17 Semanario Judicial de la Federación y su 18 Gaceta, consultable en la página 462, Libro 19 32, Julio de 2016, Tomo I, Décima Época, con 20 registro 2012059 que establece: 21 "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN 22 DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS." 1 Por otra parte, atento al desistimiento 2 expreso, se debe apuntar que los aquí 3 quejosos no puede retractarse de él, tal y 4 como lo estableció en la jurisprudencia 5 número 2a./J.161/2010, sustentada por la 6 Segunda Sala de la Suprema Corte de 7 Justicia de la Nación, publicada en el 8 Semanario Judicial de la Federación y su 9 Gaceta, Novena Época, publicada en la 10 página 687, Tomo XXXIII, Enero de 2011, con 11 registro 163160, cuyo rubro es: 12 "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA 13 DE AMPARO. NO PROCEDE SU 14 RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO 15 ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL." 16 Ahora, en relación con las 17 notificaciones personales realizadas a los 18 Enrique Peñaloza Moreno, Ángel 19 Domínguez Gómez, Daniel Hernández 20 Vargas, Antonio Raygoza Calderón, José 21 Luis Dávila Gómez y Ricardo de la Cruz 22 Jiménez, se advierte que realizaron 1 diversas manifestaciones a fin de dar 2 cumplimiento a la prevención que se les 3 formuló por acuerdo de ocho de noviembre 4 de este año, a través de la cual se les requirió 5 para que cumplieran con lo siguiente: 6 1. Precisen las circunstancias en las 7 que cada uno de ellos padecieron los actos 8 de incomunicación, golpes, vejaciones, tortura 9 física, psicológica, penas privativas de 10 libertad y aislamiento en celdas de castigo, 11 pues la exposición que realizan en el 12 apartado antecedentes, resulta ser genérica e 13 impide conocer la forma en la que 14 acontecieron los hechos en lo individual. 15 2. Deberán indicar si el aislamiento en 16 celdas de castigo es con motivo de un 17 correctivo disciplinario, y de ser el caso, si 18 actualmente se encuentra vigente, si contra 19 éste promovió algún medio de impugnación, 20 si el mismo ya se resolvió o si se encuentra 21 pendiente de resolver. 1 De lo plasmado, se advierte que los 2 quejosos manifestaron diferentes 3 circunstancias por los que padecieron los 4 actos que por esta vía reclaman consistentes 5 en golpes, vejaciones, tortura física, 6 psicológica y penas privativas de libertad por 7 parte del personal de seguridad y custodia del 8 Centro Federal Número Cinco "Oriente", con 9 residencia en la congregación de Cerro de 10 León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. 11 Por tanto, se procede efectuar el 12 siguiente pronunciamiento: 13 SEPARACIÓN DE JUICIOS 14 Ahora bien, debe destacarse que es 15 un hecho notorio que el Centro Federal de 16 Readaptación Social Número Cinco Oriente, 17 con residencia en Cerro de León, municipio 18 de Villa Aldama, Veracruz, integra a cada 19 uno de los internos su expediente; de lo 20 que se colige que la materia de estudio 21 respecto de cada uno de los impetrantes del 22 amparo sería diversa. 1 En consecuencia, con fundamento en 2 lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de 3 Amparo, es procedente la separación 4 material de juicios, dado que resulta ocioso 5 integrar este juicio por los promoventes si 6 dada la naturaleza del acto reclamado en 7 alguna fase del procedimiento, se decretaría 8 la separación. 9 Sirve de apoyo a lo anterior, la 10 jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada 11 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 12 de la Nación, visible en la página ciento 13 dieciocho, Tomo VI, del mes de septiembre 14 de mil novecientos noventa y siete, del 15 Semanario Judicial de la Federación y su 16 Gaceta, con número de registro 197671, de 17 rubro siguiente: 18 "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU 19 PROCEDENCIA". 20 Por tanto, este órgano jurisdiccional 21 se avoca al conocimiento de la demanda de 22 amparo, únicamente por los actos 1 reclamados por el quejoso Enrique 2 Peñaloza Moreno. 3 Asimismo, respecto de los actos 4 combatidos por los quejosos Ángel 5 Domínguez Gómez, Daniel Hernández 6 Vargas, Antonio Raygoza Calderón, José 7 Luis Dávila Gómez y Ricardo de la Cruz 8 Jiménez, obténgase copia certificada de 9 las constancias necesarias, para que se 10 estudien por separado en diversos juicios de 11 amparo. 12 En lo conducente, cobra aplicación 13 por su sentido y consideraciones la tesis 14 jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el 15 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 16 Nación, visible en la página ciento diecisiete, 17 Tomo VI, septiembre de mil novecientos 18 noventa y siete, del Semanario Judicial de la 19 Federación y su Gaceta, con número de 20 registro 197669 bajo el rubro siguiente: 21 "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL 22 JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, 1 DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y 2 SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO 3 CORRESPONDA." 4 Por lo tanto, gírense atentos oficios 5 a la Oficina de Correspondencia Común de 6 los Juzgados de Distrito, con residencia 7 en esta ciudad, a efecto de que sean 8 turnadas las demandas de amparo motivo de 9 la presente separación como corresponda. 10 Finalmente, cabe señalar que esta 11 decisión se adopta de conformidad con lo 12 resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado 13 en Materia Penal de Séptimo Circuito, con 14 residencia en Boca del Río, Veracruz, en el 15 conflicto de acumulación 23/2022 de su 16 estadística. 17 Ahora bien, de la notificación personal 18 de nueve de noviembre del año en curso, se 19 advierte que el quejoso Enrique Peñaloza 20 Moreno reclama: 1 ? El trato despótico que tienen hacía 2 el pues no le proporcionan lentes, ropa para 3 frio ni han arreglado el baño. 4 DESECHAMIENTO 5 El artículo 113 de la Ley de Amparo 6 prevé que el Juez de Distrito, ante todo, 7 examinará la demanda de amparo y, en caso 8 de que encuentre un motivo manifiesto e 9 indudable de improcedencia, deberá 10 desecharla de plano, conforme a lo que 11 enseguida se expone. 12 Tal consideración se encuentra 13 sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por 14 el Primer Tribunal en Materia Administrativa 15 del Primer Circuito, consultable a página 16 ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario 17 Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo 18 de mil novecientos noventa y ocho, novena 19 época, cuyo rubro es el siguiente: 20 "DESECHAMIENTO DE LA 21 DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE 22 IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E 1 INDUDABLE." 2 Del anterior criterio, se concluye que 3 los lineamientos que rigen el desechamiento 4 de una demanda son: 5 a) Que debe encontrarse un motivo 6 de improcedencia del juicio constitucional; 7 b) Tal motivo debe ser manifiesto, es 8 decir, advertirse en forma patente y 9 absolutamente clara de la lectura del libelo; y, 10 c) También debe ser indudable, lo 11 cual resulta de la certidumbre y plena 12 convicción de que la causa de improcedencia 13 de que se trata es operante en el caso 14 concreto. 15 Así, contra el acto reclamado 16 consistente en el trato despótico pues no le 17 proporcionan lentes, ropa para frio y la 18 omisión de arreglar el baño, se estima que se 19 actualiza, de manera indudable y 20 manifiesta, la causa de improcedencia 1 prevista por el artículo 61, fracción XX, de la 2 Ley de Amparo, que establece: 3 "Artículo 61. El juicio de amparo es 4 improcedente: 5 (.) 6 XX. Contra actos de autoridades 7 distintas de los tribunales judiciales, 8 administrativos o del trabajo, que deban ser 9 revisados de oficio, conforme a las leyes que 10 los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, 11 recurso o medio de defensa legal por virtud 12 del cual puedan ser modificados, revocados o 13 nulificados, siempre que conforme a las 14 mismas leyes se suspendan los efectos de 15 dichos actos de oficio o mediante la 16 interposición del juicio, recurso o medio de 17 defensa legal que haga valer el quejoso, con 18 los mismos alcances que los que prevé esta 19 Ley y sin exigir mayores requisitos que los 20 que la misma consigna para conceder la 21 suspensión definitiva, ni plazo mayor que el 22 que establece para el otorgamiento de la 1 suspensión provisional, independientemente 2 de que el acto en sí mismo considerado sea o 3 no susceptible de ser suspendido de acuerdo 4 con esta Ley. 5 No existe obligación de agotar tales 6 recursos o medios de defensa, si el acto 7 reclamado carece de fundamentación, 8 cuando sólo se aleguen violaciones directas a 9 la Constitución o cuando el recurso o medio 10 de defensa se encuentre previsto en un 11 reglamento sin que la ley aplicable contemple 12 su existencia. 13 Si en el informe justificado la 14 autoridad responsable señala la 15 fundamentación y motivación del acto 16 reclamado, operará la excepción al principio 17 de definitividad contenida en el párrafo 18 anterior; 19 (.)". 20 De acuerdo con la disposición 21 transcrita, el promovente antes de acudir al 22 juicio de amparo contra actos de autoridades 1 distintas de los tribunales judiciales, 2 administrativos o del trabajo, debe agotar 3 previamente algún recurso o medio de 4 defensa legal por virtud del cual pueda ser 5 modificado, revocado o nulificado el acto 6 reclamado. 7 Lo anterior, siempre que conforme 8 con las mismas leyes se suspenda el efecto 9 de dicho acto de oficio o mediante la 10 interposición del juicio, recurso o medio de 11 defensa legal que haga valer el promovente, 12 con los mismos alcances que los que prevé la 13 Ley de Amparo y sin exigir mayores 14 requisitos que los que la misma consigna 15 para conceder la suspensión definitiva, ni 16 plazo mayor que el que establece para el 17 otorgamiento de la suspensión provisional, 18 independientemente de que el acto en sí 19 mismo sea considerado, o no, susceptible de 20 ser suspendido de acuerdo con esa ley. 21 Por otra parte, debe decirse que los 22 artículos 1, 2, 9, 30, 33, 107 a 116 y 130 a ?????????????? 1 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 2 cuyo ámbito de aplicación es para todas las 3 personas privadas de la libertad, sin 4 importar el estado en que se encuentre su 5 proceso penal, prevén un mecanismo de 6 control que incide respecto de las 7 condiciones de internamiento de las 8 personas en reclusión. 9 El cual, otorga la posibilidad de 10 formular peticiones administrativas y que 11 cumple con todas las características de un 12 medio de defensa sencillo, rápido y eficaz; 13 por lo que, los internos se encuentran 14 facultados para reclamar sin mayores 15 formalismos, ante la autoridad penitenciaria o 16 el juez respectivo, las omisiones inherentes 17 a sus condiciones de internamiento de las 18 personas en reclusión. 19 El cual, otorga la posibilidad de 20 formular peticiones administrativas y que 21 cumple con todas las características de un 22 medio de defensa, sencillo, rápido y eficaz; 1 por lo que, los internos se encuentran 2 facultados para reclamar sin mayores 3 formalismos, ante la autoridad penitenciaria o 4 el juez respectivo, las omisiones inherentes 5 a sus condiciones de internamiento. 6 Condiciones relacionadas con su 7 salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, 8 estancias, dormitorios, alimentación, entrega 9 de vestimenta y artículos personales y, en 10 general, con todos los actos que afecten sus 11 condiciones de vida digna y segura en 12 reclusión. 13 Además, el citado instrumento ofrece 14 una asistencia continua y personalizada al 15 recluso, pues en ciertos supuestos, podrá 16 acudir de manera directa a la autoridad 17 penitenciaria a explicarle su petición, la razón 18 de ésta y a ofrecer las pruebas que estime 19 conducentes para apoyarla. 20 De igual manera, la autoridad 21 penitenciaria, con la finalidad de proteger los 22 derechos del interno, deberá allegarse 1 oficiosamente de las pruebas necesarias para 2 responder de manera óptima la petición. 3 También, ofrece la posibilidad que la 4 violación reclamada sea reparada por la 5 autoridad penitenciaria y que la persona 6 privada de su libertad impugne ante el juez 7 de ejecución o control, según corresponda, 8 la respuesta de la citada autoridad si estima 9 que es contraria a sus intereses; o bien, la 10 omisión de dar contestación a la petición 11 relativa. 12 Pues dispone que si la petición no 13 fuera resuelta dentro del plazo legal, el 14 peticionario del amparo estaría en 15 posibilidad de agotar el procedimiento y 16 los medios de impugnación 17 específicamente determinados por la Ley 18 Nacional de Ejecución Penal, ante el Juez de 19 Ejecución. 20 Quien tiene la facultad de conocer 21 de controversias relacionadas, entre otras 22 cosas, con las condiciones de 1 internamiento y cuestiones relacionadas 2 con las mismas. 3 Asimismo, establece la posibilidad de 4 apelar la determinación del juez en caso de 5 considerar que ésta es contraria a sus 6 derechos. 7 Del mismo modo, el mecanismo de 8 control establece que cuando el acto 9 omisivo constituya un caso urgente, el 10 interno tendrá la posibilidad de acudir 11 directamente ante el juez correspondiente, 12 quien previamente a resolver en definitiva, 13 suspenderá de oficio y de inmediato el 14 acto de ser positivo, o bien, si es un acto 15 omisivo, ordenará a la autoridad 16 penitenciaria, también de oficio y de 17 inmediato, que realice las acciones 18 positivas correspondientes. 19 Igualmente, dicho mecanismo de 20 control otorga la facultad a la parte legitimada 21 para que sea ella quien decida optar por la 22 petición administrativa no urgente, o bien, 1 la petición administrativa por caso 2 urgente, así como la posibilidad real y 3 efectiva de que el acto omisivo, de ser 4 procedente, sea suspendido e incluso que 5 las autoridades administrativas realicen las 6 acciones positivas necesarias a fin de que la 7 omisión reclamada cese de inmediato o deje 8 de existir. 9 Atento a lo expuesto, quien se duele 10 de la afectación de un derecho, primero 11 debe ejercer su acción en la instancia 12 jurisdiccional, ante quien solo basta la 13 simple petición de la suspensión del acto 14 reclamado y, solo en el caso que agotado el 15 trámite la decisión final no le satisfaga, 16 puede acudir a la instancia constitucional. 17 Bajo estas premisas, respecto del 18 acto reclamado que el quejoso hace consistir 19 el acto reclamado como: 20 ? La omisión de proporcionarle 21 lentes, ropa para frio y arreglar el baño. 1 Acto que incide directamente en las 2 condiciones de internamiento de la parte 3 quejosa; por lo tanto, se deduce que contra 4 aquél puede interponer a su favor, sin 5 mayores formalidades y auxiliado por la 6 propia autoridad carcelaria, petición 7 administrativa. 8 En caso de que ésta resultara en 9 sentido contrario a sus intereses, se emitiera 10 fuera del término legal, o bien, no se diera 11 contestación a la misma; el peticionario del 12 amparo estaría en posibilidad de agotar el 13 procedimiento y los medios de 14 impugnación específicamente determinados 15 por la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante 16 el Juez de Ejecución. 17 Es aplicable al caso, la jurisprudencia 18 PC.III.P. J/18 P (10a.), emitida por el Pleno en 19 Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la 20 página 1701, Libro 58, Septiembre de 2018, 21 Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial 1 de la Federación, identificada con número de 2 registro 2017822 y rubro: 3 "PERSONAS PRIVADAS DE SU 4 LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS 5 RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES 6 DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA 7 FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN 8 MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O 9 NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO 10 ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS 11 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS 12 EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN 13 PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL 14 JUICIO DE AMPARO." 15 Ahora bien, toda vez que del estudio 16 integral de la demanda de amparo, se 17 advierte que la parte quejosa no agotó el 18 procedimiento previamente referido, esto 19 es, no formuló la petición administrativa 20 correspondiente ni acudió ante el Juez de 21 Ejecución a hacer valer los medios de 22 defensa que la Ley de Ejecución le concede, 1 se deduce que se actualiza la causa de 2 improcedencia invocada. 3 Lo anterior es así, ya que por virtud 4 de la condición de los internos en un centro 5 de reclusión, le son aplicables los 6 procedimientos y mecanismos de 7 protección previstos en la Ley Nacional de 8 Ejecución Penal, de ahí que resultaría 9 innecesario esperar al resultado de la 10 tramitación del juicio, si de cualquier forma 11 la evaluación posterior del acto, en ese 12 mismo escenario, no conduciría a una 13 conclusión distinta. 14 Sirve de apoyo a lo anterior la 15 jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), 16 sustentada por la Primera Sala de la Suprema 17 Cortes de Justicia de la Nación, consultable 18 en la página 230, Libro 61, Diciembre de 19 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario 20 Judicial de la Federación, de rubro: 21 "OMISIONES INHERENTES A LAS 22 CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. 1 PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA 2 PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE 3 AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL 4 PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE 5 EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR 6 AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." 7 Pues opinar lo contrario, daría lugar a 8 una situación permanente de inseguridad 9 jurídica en relación con todos los actos de 10 autoridad, al dejarse al arbitrio de los 11 gobernados interponer o no los recursos 12 previstos en la ley ordinaria contra los actos 13 que se señalan como reclamados, lo que 14 resulta ajeno y contrario a los fines que 15 persigue el juicio de amparo y la propia 16 Constitución Federal. 17 Luego, si bien la causa de 18 improcedencia prevista en el artículo 61, 19 fracción XX de la Ley de Amparo, prevé una 20 hipótesis de excepción, lo cierto es que este 21 juzgado estima que la misma no se 22 actualiza, por las consideraciones siguientes. 1 En principio, cabe destacar que la Ley 2 Nacional de Ejecución Penal, entró en vigor 3 desde el diecisiete de junio de dos mil 4 dieciséis, esto es, con posterioridad a la 5 entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, 6 publicada en el Diario Oficial de la Federación 7 el dos de abril de dos mil trece. 8 Ahora bien, de la lectura integral de 9 dicha Ley Nacional, se advierte que la 10 intención del legislador, fue la de crear un 11 órgano (Juez de Ejecución) encargado de 12 garantizar que las personas privadas de la 13 libertad, gocen durante el tiempo que deba 14 durar la medida de internamiento decretada, 15 de los derechos y garantías fundamentales 16 que le reconoce la Constitución, los Tratados 17 Internacionales, demás disposiciones legales 18 y esa ley, ello de conformidad con lo 19 dispuesto en los artículos 25, fracción I del 20 citado cuerpo de leyes. 21 Dicha autoridad que además, tiene la 22 obligación de promover, respetar, proteger y 1 garantizar dichos derechos humanos, 2 conforme a lo previsto por el numeral 73 de la 3 citada ley. 4 Por otra parte, no debe perderse de 5 vista que, aun cuando el juicio de amparo es 6 un medio extraordinario de defensa que 7 garantiza la protección de los derechos 8 humanos, lo cierto es que, solamente está 9 para cuando no existe alguna autoridad 10 con facultades constitucionales para 11 remediar dichas violaciones a esos 12 derechos humanos, como en el caso, que el 13 legislador mexicano decidió otorgar la 14 facultad de garante como Juez Natural de 15 esos derechos fundamentales previstos en la 16 Constitución y los Tratados Internacionales de 17 Derechos Humanos, al Juez de Ejecución. 18 Además, la herramienta prevista en la 19 citada Ley Nacional, favorece en gran medida 20 a los internos y partes legitimadas para 21 promoverla, debido a que su tramitación es 1 mucho más breve que la de un juicio de 2 amparo indirecto. 3 Máxime que, el legislador en la Ley 4 Nacional de Ejecución Penal, previó una 5 mayor protección de derechos humanos que 6 la propia Ley de Amparo, en virtud de que, en 7 el amparo únicamente la protección es 8 relativa, esto es, solo para quien promueve el 9 juicio de amparo. 10 Sin embargo, el legislador en el 11 artículo 128 de dicha Ley Nacional, le otorgó 12 al Juez de Ejecución, la herramienta de 13 protección erga homnnes a través de realizar 14 una declaratoria de un estado de cosas 15 inconstitucional, es decir, con efectos no 16 solo para el quejoso o quien promueve la 17 petición administrativa o el recurso, sino 18 también para otros que no promovieron el 19 medio de defensa. 20 En tal sentido, como ya se precisó, el 21 impetrante de amparo debe de acudir ante el 22 Juez de Ejecución, quien tiene la obligación 1 de promover, respetar, proteger y garantizar 2 los derechos humanos consagrados en la 3 Constitución y los Tratados Internacionales de 4 los que el Estado mexicano sea parte, por lo 5 que por reserva de ley, no se actualiza el 6 caso de excepción previsto por el segundo 7 párrafo de la fracción XX del numeral 8 citado. 9 Aunado a que, conforme a lo 10 ordenado en el artículo 1o constitucional, de 11 privilegiarse el mayor beneficio de la persona, 12 que se consigue aplicando, en este caso 13 específico, la Ley Nacional de Ejecución 14 Penal. 15 En consecuencia al actualizarse la 16 causa de improcedencia anunciada, con 17 fundamento en el artículo 61, fracción XX, en 18 relación con el diverso 113, ambos de la 19 Ley de Amparo, SE DESECHA de PLANO 20 LA DEMANDA origen de este juicio. 21 SE ACUERDAN PROMOCIONES 22 Agréguense a los autos los oficios 1 signados por el Director General del Centro 2 Federal de Readaptación Social Número 3 Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, 4 por de los cuales rinde el informe relativo a la 5 suspensión de plano decretada; por tanto, 6 téngasele por cumplido el requerimiento 7 efectuado. 8 Asimismo, informa que en la 9 estructura orgánica de su adscripción no 10 existe la autoridad bajo la denominación 11 "Personal de Seguridad y Custodia del 12 Centro Federal Número Cinco "Oriente", 13 Villa Aldama Veracruz"; e interpone 14 incidente no especificado, con el que 15 objeta de falsa la firma que calza en el 16 escrito inicial de demanda que dio origen al 17 presente asunto; lo anterior, agréguese 18 únicamente para que obre como corresponda, 19 en virtud de que en párrafos que anteceden 20 se desechó la demanda de amparo . 21 Notifíquese como corresponda.
- Principal
Xalapa, Veracruz; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Enrique Peñaloza Moreno, Ángel Domínguez Gómez, Luis Enrique Torres Saldaña, Daniel Hernández Vargas, Adalberto Rodríguez Castillo, Aquiles Amaranto Cruz Hurtado, Francisco Cruz Zapot, Antonio Raygoza Calderón, José Luis Dávila Gómez, Gerardo Andrade Becerrera, José Martín Córdoba Escobar, Mario Alberto Amaro Martínez, Ricardo de la Cruz Jiménez y Ricardo Manuel Baeza Zarate, contra actos del Personal de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 1127/2022. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, en razón de que los directos quejosos aducen que han sido objeto de golpes, vejaciones, tortura física, psicológica y penas privativas de libertad por parte del personal de seguridad y custodia del Centro Federal Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo SE DECRETA LA SUSPENSION DE OFICIO de los actos precisados en líneas que anteceden, llevados a cabo por parte de personal de seguridad y custodia del centro federal penitenciario en cita. LAS RAZONES DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA atienden en primer lugar, a que los agraviados se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en la congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz y los actos reclamados se consideran como de aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Sirve de apoyo a esta consideración, la tesis de jurisprudencia I. 3º. A. J/7, publicada en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro digital 229397, de rubro:... LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN consiste en que cesen de inmediato los golpes, vejaciones, tortura física, psicológica y malos tratos que refieren los quejosos han sido objeto, hasta en tanto se resuelva en lo principal el juicio de amparo, pues de lo contrario, de consumarse se haría imposible físicamente restituirlos en el goce de sus derechos violados. CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Requiérase a la autoridad responsable a fin de que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir del momento de la notificación, rinda informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada respecto de los actos reclamados antes descritos y demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que en su caso se estén ejecutando en perjuicio de los quejosos, indicando que han cesado, en su caso, dichos actos en los términos precisados. Asimismo, REQUIÉRASE a la responsable para que acompañe a su informe copia certificada de las constancias que justifiquen el acto reclamado. Lo anterior, a fin de tener la certeza que han cesado los actos en los términos decretados en este proveído, así como que han sido cumplidas las determinaciones tomadas. Se considerará a la autoridad responsable infractora del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en caso que no cumplan con lo requerido, en el plazo concedido para ello, por lo que se dará vista al representante social que corresponda, por la responsabilidad en que incurran, aunado a que la violación a este mandato equivale a la comisión del delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el precepto 266, de la Ley de Amparo, delito que si llegare a consumarse, faculta para consignar los hechos para el ejercicio de la acción penal correspondiente. PREVENCIÓN Ahora, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" Como se advierte del último de los dispositivos mencionados, es obligación del gobernado indicar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el citado numeral de la ley de la materia. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: ? Incomunicación, golpes, vejaciones, tortura física, psicológica, penas privativas de libertad y aislamiento en celdas de castigo. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se encuentra signada por diversos quejosos, quienes expusieron de forma genérica los antecedentes del acto reclamado, lo cual impide conocer la forma en la que acontecieron los hechos en lo individual, por lo que resulta importante que precisen si consideran que ese actuar de la autoridad penitenciaria responsable infringió determinada disposición reglamentaria que rige al interior del centro penitenciario en el que están internos, o bien, afecta alguna condición de internamiento al que se encuentran sujetos. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a los quejosos Enrique Peñaloza Moreno, Ángel Domínguez Gómez, Luis Enrique Torres Saldaña, Daniel Hernández Vargas, Adalberto Rodríguez Castillo, Aquiles Amaranto Cruz Hurtado, Francisco Cruz Zapot, Antonio Raygoza Calderón, José Luis Dávila Gómez, Gerardo Andrade Becerrera, José Martín Córdoba Escobar, Mario Alberto Amaro Martínez, Ricardo de la Cruz Jiménez y Ricardo Manuel Baeza Zarate, para que al momento de la notificación del presente acuerdo o dentro del término de cinco días, contado a partir de que se encuentren legalmente notificados del presente proveído, MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, lo siguiente: 1. Precisen las circunstancias en las que cada uno de ellos padecieron los actos de incomunicación, golpes, vejaciones, tortura física, psicológica, penas privativas de libertad y aislamiento en celdas de castigo, pues la exposición que realizan en el apartado antecedentes resulta ser genérica e impide conocer la forma en la que acontecieron los hechos en lo individual. 2. Deberán indicar si el aislamiento en celdas de castigo es con motivo de un correctivo disciplinario y, de ser el caso, si actualmente se encuentra vigente; si contra éste promovió algún medio de impugnación, si el mismo ya se resolvió o si se encuentra pendiente de resolver. APERCIBIMIENTO. En ese tenor, en caso de no cumplir cabalmente con lo requerido en el acto de la notificación o en el plazo de cinco días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. NOTIFICACIÓN 1. Se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que notifique personalmente a Enrique Peñaloza Moreno, Ángel Domínguez Gómez, Luis Enrique Torres Saldaña, Daniel Hernández Vargas, Adalberto Rodríguez Castillo, Aquiles Amaranto Cruz Hurtado, Francisco Cruz Zapot, Antonio Raygoza Calderón, José Luis Dávila Gómez, Gerardo Andrade Becerrera, José Martín Córdoba Escobar, Mario Alberto Amaro Martínez, Ricardo de la Cruz Jiménez y Ricardo Manuel Baeza Zarate el presente proveído. 2. Hecho lo anterior, verifique el estado físico y condiciones en que se encuentran los quejosos, asentando en el acta respectiva los pormenores de la diligencia. Notifíquese como corresponda.
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