Enrique Payns Borrego
Expediente 474/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/08/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Enrique Payns Borrego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, siete de agosto de dos mil veinte. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Director General de Servicios Legales, en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual exhibe copia del oficio de once de marzo de dos mil veinte, mediante el cual ordenó al Director General de Servicios Legales y a los Integrantes de la Mesa de Cumplimiento de Capital Humano para que den cumplimiento al requerimiento de este órgano jurisdiccional. De lo anterior, esta juzgadora federal toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En ese sentido y, a efecto de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, por la contingencia del virus COVID-19, se procede a reanudar el procedimiento de ejecución en el presente juicio de amparo, en los siguientes términos. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el veinticinco de febrero de dos mil veinte, se requirió al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que remitiera las constancias con las que acredite haber otorgado la suficiencia presupuestal bajo la partida correspondiente, por la cantidad de *****, correspondiente a las diferencias en nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio. En consecuencia, y toda vez que se requiere la tramitación del Visto Bueno Condicionado, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y a los Integrantes de la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano, autoridades a las que corresponde la emisión del Visto Bueno, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, remitan las constancias con las que acrediten HABER OTORGADO EL VISTO BUENO CONDICIONADO respecto del pago que deberá realizarse *****, aun sin la solicitud por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a esta juzgadora la razón objetiva y demostrable por la que no les es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. De igual forma, requiérase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades requeridas, para que dentro del mismo plazo les ORDENE Y CONMINE a cumplir con el presente proveído; o bien, para que igualmente, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 conforme a lo antes precisado, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, esta Jueza de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que debe otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de esta juzgadora. Lo anterior, a reserva de que esta Jueza Federal fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de julio de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que el presente asunto se ubica en el supuesto establecido en la ejecutoria emitida para resolver la Contradicción de Tesis 127/2020 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el presente asunto el quejoso *****, en su carácter de Doctor, con número de matrícula 11758201, adscrito al Hospital General Regional número 1 "Carlos McGregor Sánchez Navarro" del Instituto Mexicano del Seguro Social, reclama de las autoridades responsables que señalo en su escrito inicial de demanda, los siguientes actos: El certificado de serie MD 413845 (40 DELS), de dieciocho de mayo de dos mil veinte, expedido a su favor, por el que se le otorgó una incapacidad laboral por "enfermedad general". La omisión de realizarle una nueva prueba clínica para determinar si aún está infectado con el virus SARS-CoV2 o COVID-19. La omisión de implementar las medidas que sean necesarias con la finalidad de que el quejoso pueda laborar en un entorno diverso a aquél en que se encontraba hasta antes de que se le expidiera la incapacidad laboral mediante certificado de serie MD 413845 (40 DELS), con el objetivo de mitigar las posibilidades de contagio para él; lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa podría encontrarse en un estado de vulnerabilidad. Sin tomar en consideración que se encuentra en el grupo de personas consideradas como vulnerables porque padece de Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial con diez meses de evolución. En ese sentido, conviene tener presente que el análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento del procedimiento, ya que su inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez cuya competencia no encuentra justificación. En ese tenor, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de ocho de julio pasado resolvió la contradicción de tesis 127/2020 entre las sustentadas por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y al respecto en la Contradicción de mérito de manera sustancial, entre otras cuestiones determinó en lo que aquí importa que: ° Si bien era cierto se emitieron diversos Acuerdos que establecen las medidas preventivas que deben implementarse para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), los cuales derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, también lo era, que aquéllas también tienen un impacto en el mundo del trabajo, derivado de lo cual se instruyó a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo a aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. ° Las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. ° Las referidas medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Lo anterior derivó en la jurisprudencia que está pendiente de publicación de rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UN TRABAJADOR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En ese sentido, si bien la jurisprudencia cuyo rubro se cita aún no está publicada y por tal motivo no es una obligación para esta juzgadora atenderlo, esa determinación es un criterio orientador que evidentemente debe observarse. Es aplicable a lo anterior por las razones que sustenta la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. PUEDEN FUNDAR UNA SENTENCIA DE APELACION. No es exacto que una tesis aislada de este Alto Tribunal, no pueda fundar una sentencia de apelación, puesto que no existe disposición legal que prohíba a los tribunales orientar su criterio con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando el caso que se juzga es análogo al que con anterioridad fue resuelto en un amparo. En ese orden de ideas, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020 antes descrita, esta Juzgadora procede a verificar si cuenta con las facultades legales para ejercer su jurisdicción en el presente asunto, lo anterior en atención a lo establecido en la jurisprudencial P./J. 21/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. En ese tenor, es conveniente tomar en cuenta la distinción que existe entre los conceptos de jurisdicción y competencia, entendiéndose por jurisdicción la potestad de con que cuentan los juzgadores para administrar justicia, mientras que la competencia se refiere a la facultad que tienen tales juzgadores para conocer de determinadas controversias. Así, para determinar cuáles son los asuntos que debe conocer un juzgador por razón de competencia, deben atenderse criterios como: a) Materia, la cual se establece en atención a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, esto es, las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo de la materia en el proceso, de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo; b) Territorio, es decir, el ámbito espacial de validez dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, el cual puede denominarse de diversas maneras como circuitos, distritos o partidos judiciales. c) Grado, el cual se refiere a la posibilidad de que la decisión sobre una controversia sea sometida a revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y resuelva si debe o no confirmarse. Así, los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. Ahora, de acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar el régimen de distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a las pautas que de manera expresa establezca la legislación ordinaria, específicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. En particular, respecto a las materias administrativa y de trabajo, los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito en tales materias, de donde se advierte que el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado, así como de las autoridades responsables. Los artículos a que se han hecho referencia son del tenor siguiente: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se aprecia de los numerales transcritos, la competencia para conocer de un juicio de amparo, se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva contra actos de autoridad distinta de la judicial. De esa forma, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES." determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En ese mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." , en la que se concluyó que para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los jueces de distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es precisamente el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique el análisis de las expresiones alegadas en contra de aquél. Así, de acuerdo con lo expuesto, corresponde ahora analizar la naturaleza del acto reclamado en el presente sumario constitucional, en el que se advierte que la parte quejosa reclamó 1 El certificado de serie MD 413845 (40 DELS), de dieciocho de mayo de dos mil veinte, expedido a su favor, por el que se le otorgó una incapacidad laboral por "enfermedad general", 2.- La omisión de realizarle una nueva prueba clínica para determinar si aún está infectado con el virus SARS-CoV2 o COVID-19 y 3.- La omisión de implementar las medidas que sean necesarias con la finalidad de que el quejoso pueda laborar en un entorno diverso a aquél en que se encontraba hasta antes de que se le expidiera la incapacidad laboral mediante certificado de serie MD 413845 (40 DELS), con el objetivo de mitigar las posibilidades de contagio para él; lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa podría encontrarse en un estado de vulnerabilidad; por lo podría encontrarse en estado de vulnerabilidad; asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda, se advierte que el peticionario de amparo se desempeña como Doctor, adscrito al Hospital General Regional número 1 "Carlos McGregor Sánchez Navarro" del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual se encuentra en estado de recuperación, pudiendo volver a enfermar y consecuentemente perder la vida. Por tanto, tomando en consideración que el acto reclamado en este asunto es obligar al quejoso atender pacientes infectados con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), aun cuando no es especialista en enfermedades respiratorias, asimismo, dado que ha estado en constante contacto con el personal y pacientes infectados, acto que se encuentra dentro del supuesto resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto. En ese contexto, se infiere que para resolver una cuestión competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que se ordena remitir este expediente, al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México en virtud que se encuentra de guardia, órgano jurisdiccional al cual se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. En ese sentido, se deja sin efectos la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Tomando en consideración que las constancias del asunto de que se trata, se encuentran integradas en el expediente electrónico correspondiente; además de las medidas de uso racional por escasez de papel en la Administración de este edificio sede, fórmese cuaderno de antecedentes con la papeleta, la demanda que dio lugar al presente asunto, auto admisorio y el presente acuerdo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de julio de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Delegado del Hospital General Regional N° 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur de la Ciudad de México del Instituto Mexicano de Seguro Social, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el quince de julio del dos mil veinte. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con su contenido DÉSE VISTA a la parte quejosa para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, manifieste lo que a su derecho convenga, toda vez, que los anexos exhibidos por la autoridad oficiante guardan estrecha relación con la ampliación a la suspensión de plano solicitada por el accionante de amparo el quince de julio de la presente anualidad. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable las documentales que adjunta al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. En otro contexto, agréguese el escrito recibido en línea con evidencia criptográfica firmada por *****, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; atento a su contenido, se reserva acordar lo conducente una vez que haya desahogado la vista ordenada en párrafos que anteceden. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE, VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Ciudad de México, a quince de julio de dos mil veinte. Agréguese el escrito recibido en línea con evidencia criptográfica firmado por ***** autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual pretende ampliar la suspensión plano de dos de junio de dos mil veinte. En atención a su contenido, dígasele que si bien es cierto dentro de su contenido manifiesta que le fue entregado un memorándum con número **** para que asistiera al "curso presencial COVID-19" dentro del Hospital General Regional N° 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro" del Instituto Mexicano de Seguro Social; sin embargo, no lo anexo al presente ocurso. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, exhiba el memorándum con número ****, lo anterior a efecto de estar en condiciones de poder acordar lo que en derecho convenga. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se reitera a las autoridades responsables Director del Hospital General Regional N°1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur de la Ciudad de México y a la Dirección de Prestaciones Médicas ambos del Instituto Mexicano de Seguro Social que deben seguir dando cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa el dos de junio de dos mil veinte, hasta en tanto el presente asunto se encuentre totalmente concluido. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria.
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