Enrique Ortiz Dominguez
Expediente 1340/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Enrique Ortiz Dominguez
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco; diez de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Enrique Ortiz Ramírez, contra actos de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y en alcance a su informe justificado, remite copia certificada de la audiencia de cumplimiento y ratificación de convenio de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 3087/2020 de su índice, de cuyo contenido se advierte que la demandada exhibió y entregó al actor Enrique Ortiz Domínguez (aquí quejoso), la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, con el cuál, el actor se dio por pagado de todas y cada una de las prestaciones que reclamó en su escrito inicial de demanda, desistiéndose de todos y cada uno de los demandados Cefinpro; Suministro Especial de Personal; Grupo Famsa; Promotora Sultana y; Sistemas Globales de Administración para la Productividad, todas sociedades anónimas de capital variable, así como de cualquier modificación, ampliación o enderezamiento; por lo que, la autoridad responsable elevó a la categoría de laudo debida y legalmente ejecutoriado como cosa juzgada, ordenando su archivo definitivo por carecer de materia jurídica que perseguir. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, al haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, tal como lo es la Secretaria General de la Sección de Amparos de la citada Junta. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos y, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para su conocimiento. Sobreseimiento fuera de audiencia. Una vez precisado lo anterior, se advierte que en el caso la parte quejosa reclama: El acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco en autos del juicio laboral 3087/2020, en el que señaló el dos de diciembre de la presente anualidad, a efecto de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Bajo este contexto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, conviene precisar que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza por sustitución procesal cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado originalmente, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto posterior por el cual fue sustituido, siendo este último el que puede ser materia de amparo. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, y tal como quedó precisado en párrafos que anteceden, del contenido del escrito de demanda, se advierte que en el caso, el quejoso reclama el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en autos del juicio laboral 3087/2020, en el que señaló el dos de diciembre de la presente anualidad, a efecto de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones Ahora, del contenido de la documental que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta, se colige que el quince de septiembre de dos mil veintidós, llevó a cabo el desahogo de la audiencia de cumplimiento y ratificación de convenio, dentro del expediente laboral 3087/2020 de su índice, de cuyo contenido se advierte que la demandada exhibió y entregó al actor Enrique Ortiz Domínguez (aquí quejoso), la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, con el cuál, el actor se dio por pagado de todas y cada una de las prestaciones que reclamó en su escrito inicial de demanda, desistiéndose de todos y cada uno de los demandados (Cefinpro; Suministro Especial de Personal; Grupo Famsa; Promotora Sultana y; Sistemas Globales de Administración para la Productividad, todas sociedades anónimas de capital variable), así como de cualquier modificación, ampliación o enderezamiento; por lo que, la autoridad responsable elevó a la categoría de laudo debida y legalmente ejecutoriado como cosa juzgada, ordenando su archivo definitivo por carecer de materia jurídica que perseguir. Atento a lo anterior, es claro que el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, quedó sustituida procesalmente por la nueva determinación emitida el quince de septiembre de dos mil veinte, en la cual, se desahogó la audiencia de cumplimiento y ratificación de convenio, pronunciamiento que en todo caso, es lo que ahora pudiera irrogar perjuicio al peticionario de amparo. Lo anterior, si se toma en cuenta que el procedimiento laboral se conforma con una serie de actos procesales, concatenados e íntimamente relacionados entre sí, de tal manera que la existencia de uno constituye la base y el sustento para la emisión de otro posterior. Así, cada acto procesal constituye la base fundamental sin la cual no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. En tal sentido, se concluye que cesaron los efectos del auto de dos de agosto de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral 3087/2020, pues la nueva audiencia de cumplimiento y ratificación de convenio, lo sustituyó procesalmente. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de sobreseimiento aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintidós minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Enrique Ortiz Ramírez, mediante el cual, desahoga la prevención realizada en auto de doce de agosto de dos mil veintidós, y al efecto, aclara que el nombre correcto del promovente es tal cual ha quedado señalado en líneas que anteceden. Admisión. De conformidad con los artículos 6°, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, 5°, fracción I, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Enrique Ortiz Ramírez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Aspectos Generales. ? Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las diez horas con veintidós minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento a la autoridad responsable. Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, respecto del acto reclamado. Mismo que deberá rendir dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. Acompañe copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Apercibimiento a la autoridad responsable. En caso de incumplimiento, se hará acreedor a lo siguiente: ? Multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo. Autorización vía correo electrónico Se autoriza a la responsable para que remita su informe justificado a través de la Firma Electrónica (de contar con ella), por medio del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que refiere la parte quejosa, consistente en: No. Relación de prueba Foja 1 Presuncional legal y humana 4 Sin perjuicio de su valoración dentro de la audiencia constitucional. Ahora, por cuanto hace a la instrumental de actuaciones consistente en la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral de origen y el informe justificado que al efecto rinda la autoridad responsable, resérvese a proveer lo conducente hasta en tanto obren en autos los mismos. Inexistencia de autoridad Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial recabará la constancia de recibo correspondiente, lo que asentará en la razón actuarial. De los terceros interesados. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener como terceros interesados a: Cefinpro; Suministro Especial de Personal; Grupo Famsa; Promotora Sultana y; Sistemas Globales de Administración para la Productividad, todas sociedades anónimas de capital variable, en virtud que, de lo manifestado por la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que solicita se les notifique y emplace al juicio laboral de origen. De ahí que, es evidente que no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica. Lo anterior, con apoyo en la tesis 2ª./J.67/2009, publicada en la página 265, tomo XXIX, mayo de 2009, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO. Conforme al artículo 5º., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender".
- Principal
Villahermosa, Tabasco, doce de agosto de dos mil veintidós. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguense los oficios signados por el Magistrado Presidente, Magistrado Representante de los Trabajadores y Magistrada Representante de las Entidades Públicas todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual el primero de los nombrados remite copia certificada del laudo de cinco de julio del año en curso y sus constancias de notificación emitidos en el juicio laboral de origen y los restantes se adhieren a lo rendido por el primero, lo que este órgano toma conocimiento para los efectos legales conducentes En atención a lo anterior, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento que dé la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que del presente proveído se le haga, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento remitido por la responsable; apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, este juzgado federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las constancias que integran este expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
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