Enrique Ortiz Benitez

Expediente 533/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
533/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • Enrique Ortiz Benitez
  • Humberto Longoria Delgadillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos en original o en copia certificada que deban ser devueltos a la partes y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Visto el escrito presentado por la licenciada ****, autorizada de la parte quejosa en términos amplios, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de treinta de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, el Juez acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario y 172, fracción VII, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios, o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . "VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". La Negativa de la Autoridad Responsable a desechar la prueba de Informe de Autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica ya que con la esto se ha retrasado el procedimiento, ." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes y anexos de la demanda de garantías, se advierte que: 1. El doce de marzo de dos mil doce, ********************, ********************y********************, demandaron al ********************, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por el cumplimiento de la relación laboral y por tanto la reinstalación en el empleo que venían desempeñando; juicio que fue registrado bajo el número ********************/II/2012. 2. Admitida que fue la demanda se ordenó el emplazamiento de la demandada, emplazamiento que se llevó acabo en su momento, señalándose fecha para el desahogo de la audiencia trifásica. 3. El diez de septiembre de dos mil trece, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia en las etapas de conciliación, demanda, contestación y excepciones; para proceder a la de ofrecimiento de pruebas, reservando el acuerdo correspondiente de parte de la junta responsable. 4. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dictó el acuerdo correspondiente a la admisión de pruebas, señalando fecha para el desahogo de las probanzas admitidas. 5. El diecinueve de septiembre de dos mil quince, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, emitió oficio 660/2015, para el desahogo de la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 6. El cinco de febrero de dos mil dieciséis, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, emitió oficio 77/2016, recordatorio al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 7. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, el apoderado de la parte actora, solicita a la Junta responsable regularice el procedimiento, en cuanto al informe solicitado por la parte demandada al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que el mismo no se encuentra ofrecido conforme a derecho, pues dicha parte no aportó los elementos necesarios para el desahogo de la prueba. 8. En seis de junio de dos mil dieciséis la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dicta acuerdo en el que determina que no ha lugar a proveer de conformidad y que deberá estarse a lo ordenado en auto de quince de septiembre de dos mil quince. 9. El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, libró oficio recordatorio, número 133, al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 10. El apoderado de la parte actora, solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, desechara la prueba de informe de autoridad en razón de no haberla ofrecido conforme a derecho, según lo establecido por el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo y porque no se acompañaron los elementos necesarios para su desahogo; sin que fuera acordada de conformidad dicha petición. 11. Posteriormente, ********************, ********************y********************, solicitan nuevamente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje deseche la prueba de informe de autoridad solicitado por la parte demandada al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 12. La autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se ha negado a desechar la prueba de informe de autoridad que la parte demandada ofreció a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que afirma causa retardo en el procedimiento del juicio laboral ********************/II/2012; lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, como se asentó con anterioridad, el acto reclamado solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso que éste sea desfavorable al inconforme, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, con la negativa de autoridad responsable de desechar la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, podría quedar sin efectos, si obtiene una resolución favorable a sus intereses en los autos del juicio laboral ********************/II/2012 promovido por ********************, ********************y********************, contra el ********************, ya que los actos reclamados constituyen una violación al procedimiento, que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento del que emanan, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud de acudir al juicio de amparo directo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Así como la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual forma, es aplicable al caso por similitud jurídica la tesis por contradicción 39/90, resultado de las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, legible en la página 280, tesis 420, tomo VI, Parte SCJN, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, ********************y********************, por propio derecho, contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley reglamentaria en consulta.

  3. Principal

    Se publica por medio de lista con efectos de notificacion personal para la parte quejosa: Visto el escrito presentado por la licenciada ****, autorizada de la parte quejosa en términos amplios, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de treinta de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, el Juez acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario y 172, fracción VII, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios, o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . "VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". La Negativa de la Autoridad Responsable a desechar la prueba de Informe de Autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica ya que con la esto se ha retrasado el procedimiento, ." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes y anexos de la demanda de garantías, se advierte que: 1. El doce de marzo de dos mil doce, ********************, ********************y********************, demandaron al ********************, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por el cumplimiento de la relación laboral y por tanto la reinstalación en el empleo que venían desempeñando; juicio que fue registrado bajo el número ********************/II/2012. 2. Admitida que fue la demanda se ordenó el emplazamiento de la demandada, emplazamiento que se llevó acabo en su momento, señalándose fecha para el desahogo de la audiencia trifásica. 3. El diez de septiembre de dos mil trece, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia en las etapas de conciliación, demanda, contestación y excepciones; para proceder a la de ofrecimiento de pruebas, reservando el acuerdo correspondiente de parte de la junta responsable. 4. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dictó el acuerdo correspondiente a la admisión de pruebas, señalando fecha para el desahogo de las probanzas admitidas. 5. El diecinueve de septiembre de dos mil quince, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, emitió oficio 660/2015, para el desahogo de la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 6. El cinco de febrero de dos mil dieciséis, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, emitió oficio 77/2016, recordatorio al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 7. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, el apoderado de la parte actora, solicita a la Junta responsable regularice el procedimiento, en cuanto al informe solicitado por la parte demandada al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que el mismo no se encuentra ofrecido conforme a derecho, pues dicha parte no aportó los elementos necesarios para el desahogo de la prueba. 8. En seis de junio de dos mil dieciséis la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dicta acuerdo en el que determina que no ha lugar a proveer de conformidad y que deberá estarse a lo ordenado en auto de quince de septiembre de dos mil quince. 9. El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, libró oficio recordatorio, número 133, al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 10. El apoderado de la parte actora, solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, desechara la prueba de informe de autoridad en razón de no haberla ofrecido conforme a derecho, según lo establecido por el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo y porque no se acompañaron los elementos necesarios para su desahogo; sin que fuera acordada de conformidad dicha petición. 11. Posteriormente, ********************, ********************y********************, solicitan nuevamente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje deseche la prueba de informe de autoridad solicitado por la parte demandada al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 12. La autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se ha negado a desechar la prueba de informe de autoridad que la parte demandada ofreció a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que afirma causa retardo en el procedimiento del juicio laboral ********************/II/2012; lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, como se asentó con anterioridad, el acto reclamado solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso que éste sea desfavorable al inconforme, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, con la negativa de autoridad responsable de desechar la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, podría quedar sin efectos, si obtiene una resolución favorable a sus intereses en los autos del juicio laboral ********************/II/2012 promovido por ********************, ********************y********************, contra el ********************, ya que los actos reclamados constituyen una violación al procedimiento, que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento del que emanan, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud de acudir al juicio de amparo directo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Así como la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual forma, es aplicable al caso por similitud jurídica la tesis por contradicción 39/90, resultado de las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, legible en la página 280, tesis 420, tomo VI, Parte SCJN, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, ********************y********************, por propio derecho, contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley reglamentaria en consulta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueven *****, por propio derecho; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Toda vez que del escrito de demanda se advierte que el mismo presenta irregularidades, pues la parte quejosa señala como acto reclamado: ". La falta de cumplimiento a la obligación prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establecen diversos principios que integran la Garantía Individual . es decir, que en el ámbito de su competencia tiene la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judicial, o bien, solo materialmente Jurisdiccionales y en la hipótesis a pesar de que en fecha 24 de febrero de 2014, se ordenó girar oficio al DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (USDA) y en virtud de que los ahora Quejosos, solicitamos se declare desierta la prueba en razón de que la misma no fue ofrecida conforme a derecho por no haber acompañado los elementos necesarios para su desahogo . tomó Acuerdo de fecha 6 de junio de 2016, ."; y, posteriormente señala que: "el diecinueve de septiembre de dos mil quince, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, emitió oficio, para el desahogo de la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica."; asimismo, que: "el treinta de marzo de dos mil dieciséis, el apoderado de la parte actora, solicita a la Junta responsable regularice el procedimiento, en cuanto al informe solicitado por la parte demandada al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que el mismo no se encuentra ofrecido conforme a derecho, pues dicha parte no aportó los elementos necesarios para el desahogo de la prueba"; de igual forma que: "en seis de junio de dos mil dieciséis la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dicta acuerdo en el que determina que no ha lugar a proveer de conformidad y que deberá estarse a lo ordenado en auto de quince de septiembre de dos mil quince."; de la misma manera que: "el apoderado de la parte actora, solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, desechara la prueba de informe de autoridad en razón de no haberla ofrecido conforme a derecho, según lo establecido por el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo y porque no se acompañaron los elementos necesarios para su desahogo"; y que los ahora quejosos: "nuevamente solicitaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje deseche la prueba de informe de autoridad solicitado por la parte demandada al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, sin que hasta la fecha haya dado respuesta a su petición."; por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda respecto a su demanda de cuenta; con fundamento en el artículo 114, párrafo primero y penúltimo, en relación con el artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad, cumplan con la obligación que les impone la fracción IV, del artículo 108, del citado ordenamiento legal y precisen con claridad: Cuál es el acto que reclaman de la autoridad que señalan como responsable. Si la admisión de la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. El auto de seis de junio en el cual la Junta determina que no ha lugar a tener por objetada la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. La negativa de la autoridad responsable a desechar la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica; o, La omisión de la responsable de emitir respuesta a la petición formulada por los aquí quejosos en el sentido de que deseche la prueba de informe de autoridad que fue ofrecida por la parte demandada. Se apercibe al promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado se tendrá por no presentada su demanda de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada María de los Ángeles González González; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Yanguas número doscientos cinco, en la ciudad de Zacatecas.

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