Enrique Ornelas Padierna
Expediente 493/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Enrique Ornelas Padierna
Actuaciones
- Principal
se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese hecho valer recurso de queja contra el auto de veintiuno de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en tales condiciones, se declara que tal determinación ha causado estado. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
se notifica por medio de lista al quejoso el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, que dice: Por recibida la demanda de garantías promovida por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por su propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 493/2016-I y fórmese expediente electrónico e impreso. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Previo a cualquier otra cuestión se estima necesario señalar, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que transgredan las garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En ese contexto, la causa de improcedencia prevista en el precitado artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún juicio, recurso o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión definitiva, ni plazo mayor al que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia Ley de la Materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es decir, el amparo únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la provisional; salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En estos casos, no es necesario que el quejoso agote previamente los recursos administrativos, pues podrá combatir directamente los actos en juicio de oposición, teniéndose por renunciado su derecho a intentar los medios de impugnación administrativa". Medio ordinario de defensa a que estaba obligado agotar antes de la promoción del juicio constitucional, y como no demostró haber satisfecho el principio de definitividad, se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues dicho recurso tiene por objeto confirmar, modificar o revocar los actos de autoridad que a través de él se reclamen. Por lo expuesto, es claro que el quejoso tenía la carga procesal de promover el recurso de revisión, previamente a promover el juicio de amparo indirecto; pues a través de aquél procedimiento podía lograr que el acto reclamado quedara sin efectos, o bien, fuera modificado. En consecuencia, al no haber agotado el principio de definitividad, ni encontrarse en los casos de excepción, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.
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