Enrique Omar Hernández Lira y Otros.

Expediente 342/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
342/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Enrique Omar Hernández Lira y Otros.
  • Timoteo López Vázquez y Otros.
  • Salomón García Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia en que se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ******************** y su acumulado ********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escritos presentados el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, quien se ostentó como representante de ********************, promovió demandas de amparo contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, Presidente y Actuario adscritos a dicho Junta; que más adelante se precisarán, los que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Acumulación y prevención. Las demandas fueron turnadas a este Juzgado Tercero de Distrito, a las que se les asignó los números de expediente ******************** y ********************, respecto de las cuales en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se decretó la acumulación de dichas demandas, al tratarse del mismo promovente, así como las mismas autoridades responsables. En dicho auto, previo a la admisión de la demanda, se requirió al promovente para que acreditara la personalidad con la que se ostentaba como representante común de ********************, bajo apercibimiento que de no hacerlo se admitiría la demanda únicamente en cuanto al citado promovente. TERCERO. Admisión y trámite. Al no haber dado cumplimiento la parte quejosa con la prevención formulada, en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se admitieron las demandas de amparo únicamente en cuanto al quejoso ********************, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se emplazó al tercero interesado, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Al efecto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar sus peticiones formuladas en escritos de once y quince de febrero de dos mil veintidós, presentados el dieciocho del mismo mes y año, en el expediente laboral ******************** del índice de la Junta responsable. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, toda vez que a dicha autoridad no le corresponde dictar el acuerdo respecto a la petición de la parte quejosa formulada en escritos de once y quince de febrero del año en curso, además, porque dichos escritos ya fueron acordados por el Presidente Ejecutor de la Junta Laboral de referencia, en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, lo que demuestra con la documental que al efecto remitió. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, por lo que a dicha autoridad se refiere. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, por sí y en representación de la citada Junta, en su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado. Lo que así se corrobora con las documentales que al efecto anexó a su informe, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal de orden público que debe ser examinado de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo, lo aleguen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, atento a lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este órgano jurisdiccional considera se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." El precepto en cita establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando tenga el carácter de positivo o negativo, o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, y sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. De las constancias que obran en autos, a las que se concede pleno valor probatorio conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2° de ésta, se advierte que el quejoso ********************, mediante escritos de once y quince de febrero de dos mil veintidós, presentados el dieciocho del mismo mes y año, en el expediente laboral ******************** del índice de la Junta responsable, con el primero le solicitó designará un perito valuador, para que rindiera avaluó sobre el bien inmueble embargado en el citado juicio laboral, el nueve de septiembre de dos mil once, así como para que señalara fecha y hora para la diligencia de remate de dicho bien, y con el segundo, le pidió que abriera el incidente de liquidación respectivo en el juicio laboral ********************, aprobara la planilla de liquidación propuesta y dictara el auto de ejecución, señalando día y hora para que tuviera verificativo la celebración de la diligencia de reinstalación de la parte actora en dicho juicio. Ahora bien, mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************, la autoridad responsable acordó la petición de la parte quejosa, en la que determinó que no había lugar a designar perito valuador y a señalar día y hora para la diligencia de remate del bien inmueble embargado en diligencia de nueve de septiembre de dos mil once, en virtud a que dicho bien inmueble ya había sido adjudicado por el quejoso ********************, en el juicio laboral ******************** del índice de esa Junta, por lo que se encontraba imposibilitada para acordar favorable esa petición. En cuanto a la diversa petición, determinó que no había lugar a lo que solicitaba, en virtud a que el quejoso primero debía hacer efectiva la ejecución de la resolución incidental dictada en el incidente de liquidación de once de noviembre de dos mil veintiuno, así como el requerimiento de pago ordenado en el auto de ejecución de doce de abril de dos mil veintiuno, en virtud de no desprenderse negativa de la parte demandada a dar cumplimiento, por lo que una vez que se hiciera lo relativo, dejaría a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la forma y términos establecidos en la Ley de la Materia. Determinación que le notificó a la parte quejosa el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por medio de boletín oficial número 318 de la Junta Laboral responsable, todo lo cual sucedió en fecha posterior a la presentación de las demandas de amparo que dieron motivo a estos juicios de amparo; por tanto, la omisión reclamada por la parte quejosa, dejó de existir. En ese sentido, la conducta omisiva de la responsable que motivó se ocurriera al juicio de amparo cesó en sus efectos, pues es evidente que se dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa en sus escritos de once y quince de febrero de dos mil veintidós, presentados ante la Junta responsable el dieciocho del mismo mes y año; lo que además le fue notificado al promovente el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por medio de boletín oficial número 318 de la Junta Laboral responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ********************, respecto del acto precisado en el considerando segundo de este fallo, reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, Presidente y Actuario adscritos a dicho Junta, en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, mediante el cual, en cumplimiento al auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, téngasele remitiendo la constancia de emplazamiento de la tercera interesada AGRO-INDUSTRIAS LOMA BONITA S.A. DE C.V.; lo anterior para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que le resulta el carácter de tercera interesada a la persona moral AGRO-INDUSTRIAS LOMA BONITA S.A. de C.V., como parte demandada en el expediente laboral J.32/0423/2006, del índice de la Junta responsable, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, se ordena emplazarla a juicio. Por lo tanto, gírese oficio a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, a fin de que en auxilio a las labores de este Tribunal, con copia simple de la demanda de amparo y del auto inicial, emplace a esta instancia constitucional a la tercera interesada AGRO-INDUSTRIAS LOMA BONITA S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, en el domicilio que tenga señalado en los autos del citado expediente laboral, de su índice; así también deberá prevenirla para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos su legal notificación, señale domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez, o zona conurbada para oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo así las notificaciones subsecuentes aun las de carácter personal se le harán por medio de la lista que publica la Administración Regional y que debido a la contingencia sanitaria se encuentra en el acceso del edificio del Poder Judicial de la Federación, así como en el Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo apercibimiento que deberá remitir a este Juzgado de Distrito, las constancias de emplazamiento respectivas, ya que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once y un pesos 00/100, moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la citada Unidad de Medida ($96.22) por cincuenta (50), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la ley de la materia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

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