Enrique Olvera Gandarilla

Expediente 425/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
425/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Enrique Olvera Gandarilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, REMITASE POR INCOMPETENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, REQUIERASE AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO CONCEDIDO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA SE INCONFORMARA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO; POR TANTO, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, AL HABERSE CONCEDIDO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, Y AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 202 Y 214 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE; POR OTRA PARTE, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III, DEL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, DEL CAPÍTULO QUINTO DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 2/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO; EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA ES DEPURABLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, POR NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADOS; EN CONSECUENCIA, CONSÉRVESE LA DEMANDA y LA SENTENCIA, CON EXCEPCIÓN DE LAS RESTANTES ACTUACIONES.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO...Visto el oficio 1122/2018-AP, de la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 2131/2018, con el que remite original y cinco copias de la demanda de amparo promovida por Enrique Olvera Gandarilla, por propio derecho, escrito de presentación, oficio 1123/2018-AP, y duplicado del toca penal 032/2018; fórmese expediente, acúsese recibo y regístrese. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que Enrique Olvera Gandarilla, por propio derecho, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Ordenadoras.- A).- La Segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con domicilio bien conocido en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo del sector primario de la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo._ Ejecutoras.- A).- El C. Actuario adscrito a la Segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo,._ IV.-ACTOS RECLAMADOS. a).- De la Segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo se reclama la OMISIÓN DE LAS FORMALIDADES Y REQUISITOS JURÍDICO QUE DE ESTRICTO DERECHO DEBE DE REUNIR UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL, pues no se ha procedido en una forma ilegítima, obscura, incompleta y antijurídica en el momento de dictar la sentencia definitiva de fecha 26 de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, dictada dentro del toca penal número 32/2018 seguido ante la Segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo en sus puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, Y TERCERO (.)." De las constancias remitidas por la autoridad responsable y, deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se aprecia que el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la que declaró procedente el incidente de aumento de la garantía de reparación de daños y perjuicios; Inconforme con dicha resolución, el quejoso, interpuso recurso de apelación, el cual se radico ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrándose como toca penal 32/2018, y en el que resolvió modificar dicho incidente para quedar en los siguientes términos: "PRIMERO. Se declara procedente el incidente de aumento de la garantía de reparación de daños y perjuicios promovido por la Agente del Ministerio Público; SEGUNDO. Se requiere a Enrique Olvera Gandarilla, para que en un plazo de tres días exhiba la cantidad de $21,624.00 (veintiún mil seis cientos veinticuatro pesos), misma que deberá exhibir en cualquiera de las formas previstas por ley, de conformidad con el artículo 301 del CPPEH; es decir, podrá consistir en depósito, en efectivo, prenda, hipoteca, fianza o fideicomiso, asimismo se le deberán hacer saber las prevenciones contenidas en el numeral 307 del ordenamiento legal invocado, así como las causas de revocación de su libertad provisional.". En desacuerdo con dicha resolución el amparista, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por lo anteriormente establecido y una vez precisado el acto reclamado en el presente juicio, este tribunal colegiado considera que el mismo no tiene la naturaleza de sentencia definitiva para la procedencia del amparo directo, como a continuación se precisará. Los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 032/2018, en la que modificó la resolución incidental de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la que declaró procedente el incidente de aumento de la garantía de reparación de daños y perjuicios; dicha resolución no es de las que pone fin al juicio, y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizado para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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