Enrique Octavio Ordaz Moedano

Expediente 993/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
993/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2022

Partes del expediente

  • Enrique Octavio Ordaz Moedano

Actuaciones

  1. Principal

    archívese el presente expediente como concluido. ---- es susceptible de DESTRUCCIÓN,

  2. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por C.... quien se ostenta como mandatario judicial de parte quejosa, toda vez que en autos no tiene reconocida la personalidad que ostenta, en virtud de que el mismo no acredita con documento alguno dicho carácter.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO AUTO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022...(CIT)

  4. Principal

    Vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por C---- contra actos de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Regístrese la demanda de amparo en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de expediente 993/2022. Se ordena formar el expediente electrónico y físico correspondiente, el cual deberá coincidir y conformarse con las mismas actuaciones. 2. Análisis de la demanda y precisión del acto reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad y, en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al efecto, conviene citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de abril de 2000, materia común, y cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En ese sentido, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, esta juzgadora federal advierte que el promovente reclama en este juicio el acto siguiente: Sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca 534/22/1, del índice de la Quinta sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el cual declaró fundados los agravios expresados en contra del proveído que determinó no tener por contestada la demanda incoada por el hoy quejoso, por haberse realizado dicha contestación por su contraparte de forma notoriamente extemporánea. 3. Desechamiento. Derivado del análisis integral que se haga de la demanda de amparo, si el juez de amparo advierte la existencia de alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, atento a la obligación que en ese sentido impone el artículo 113 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable a tomo XX, página 1631, de septiembre de dos mil cuatro, con registro digital 180663, y cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo anterior, resulta que el órgano jurisdiccional de amparo tiene el deber de desechar la demanda de amparo, cuando de su contexto se actualicen los siguientes elementos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y anexos. Y que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, debe entenderse por tales extremos que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda y sus anexos, y que se tiene la plena certeza de que esa circunstancia que motiva la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. Derivado de lo anterior, esta juzgadora advierte que, en el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, (interpretado a contrario sensu), 171, primer párrafo y 174, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales establecen textualmente lo siguiente: De lo anterior, se advierte que los actos emitidos dentro de un juicio admiten su impugnación a través del juicio de amparo en su vía indirecta únicamente cuando dicho actos tienen sobre las personas una ejecución de imposible reparación. Sobre dichos actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Es decir, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados, impidiendo o privando su ejercicio, y rebasando lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no deriva exclusivamente de leyes adjetivas. Por lo tanto, al interpretar a contrario sensu el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se tiene que contra aquellos actos que no reúnan dichas características, el juicio de amparo será improcedente. De igual forma, resulta aplicable la tesis aislada III.2o.C.18 K, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a tomo XXIII, página 1827, de febrero de dos mil seis, con registro digital 175910, y que es del tenor siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Así, los actos dictados en juicio que no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones y cargas procesales que asumen las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado, es decir, la violación procesal no necesariamente debe trascender al resultado del fallo definitivo. Y, para el caso de que el quejoso obtenga un fallo desfavorable a sus intereses, entonces, al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva respectiva, la quejosa estará en condiciones de reclamar las violaciones procesales correspondientes en el juicio de amparo indirecto que intente contra esa resolución que ponga fin al incidente planteado, previo desahogo delprincipio de definitividad. Circunstancia que se actualiza en el caso concreto, puesto que, en primer lugar, se tiene que el acto reclamado consistente en la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en la toca 534/22/1, tiene como génesis el acto de contestación de demanda realizado por su contraparte en el juicio ordinario mercantil 217/2021, tal y como lo confiesa el propio promovente en su escrito de demanda. Confesión expresa a la cual se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo que disponen los artículos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Ley de Amparo. Y, en segundo lugar, es claro que el acto reclamado es de naturaleza intraprocesal, así como sus efectos y consecuencias, pues tiene relación directa con la tramitación del proceso, específicamente, con la etapa de contestación, tal y como la quejosa lo manifiesta puntualmente. Así, no cabe duda que el acto reclamado únicamente incide en sus derechos adjetivos o procesales, en tanto que el juez del proceso tuvo por extemporánea la contestación realizada por la demanda y, con motivo de la emisión del acto reclamado por la Ad quem al declarar fundados los agravios del recurso de apelación interpuesto por su contraparte, se tiene por formulada en tiempo la contestación realizada por la parte demandada. Es decir, dicha determinación no produce efectos materiales inmediatos sobre derechos sustantivos del promovente, dado que la autoridad responsable no resolvió ni determinó cuestión alguna en agravio de los derechos sustantivos del ahora inconforme, pues sus efectos consisten en tener por contestada la demanda en el juicio incoado por el amparista y, continuar con la secuela procesal, en la cual el ahora quejoso podra presentar sus pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, pudiendo obtener sentencia favorable, o en su defecto, inconformarse en contra de la sentencia que resuleva en definitiva el juicio natural. Por lo tanto, si la violación procesal de la que ahora se duele no trasciende al resultado del fallo definitivo que se dicte en el juicio natural, es claro que dicha afectación habrá desaparecido. Por el contrario, si la violación procesal sí llega a trascender al resultado de la resolución que se dicte en el juicio natural, entonces, como se explicó anteriormente, el quejoso deberá reclamarla en el juicio de amparo directo que intenten contra aquella resolución, previo agotamiento del principio de defintividad. Sostiene lo anterior, la tesis aislada 2a. XLIX/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el libro 19, tomo I, página 1078, de junio de dos mil quince, con registro digital 2009484, y que es del tenor siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es importante señalar que la regla que establece que las violaciones procesales deban ser reclamadas hasta que se dicte la sentencia definitiva o auto que ponga fin al juicio, tiene como efecto evitar que durante la tramitación de un juicio las partes acudan al juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan, lo cual entorpecería y obstaculizaría el curso natural del procedimiento y atentaría contra los principios consagrados en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Sustenta lo aquí aseverado, la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1060, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, de mayo de 2003, materia civil, Novena Época, con registro digital 184249, y que textualmente establece lo siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Por virtud de todo lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada y justificada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías. Finalmente, cabe destacar que el desechamiento de la demanda no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causales de improcedencia para desecharla, cumple con su obligación de impartir justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII.2o.C. J/23, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a tomo XXIV, página 921, de julio de dos mil seis, con registro digital 174737, y cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. 4. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en el escrito de cuenta. 5. Invitación a las partes para actuar a través de medios electrónicos. 6. Precisiones relativas a las notificaciones en este juicio. 7. Manejo de datos personales, transparencia y acceso a la información. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.

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