Enrique Núñez Banuet Díaz

Expediente 853/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
853/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
12/08/2015

Partes del expediente

  • Enrique Núñez Banuet Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA II B Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veinte de julio de dos mil quince (fojas 16 a 21), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del año pasado, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Principal

    MESA II B Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el escrito del quejoso Enrique Nuñez Banuet Díaz; visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídasele copia certificada de la constancia que indica en su escrito de cuenta, teniéndose por autorizada para recibirla a la persona que señala, previa identificación y razón de entrega que se dejen en autos.

  3. Principal

    MESA II B Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que se encuentra señalada para hoy la audiencia constitucional (foja 7); sin embargo, resulta factible establecer lo que se aprecia de las constancias que obran en autos: Mediante escrito recibido el dieciséis de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Primero de Distrito, ENRIQUE NÚÑEZ BANUET DÍAZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, de quien reclamó el desechamiento de su recurso de apelación en contra del auto de trece de abril de dos mil quince. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable convino en la existencia del acto reclamado; pues al efecto precisó que en ese órgano jurisdiccional se tramitó el incidente de pago de pensión alimenticia adeudada e incremento, promovido por Gyda Robles Ríos, en contra de Enrique Núñez Banuet Díaz, anexo al expediente principal 701/2010 relativo al divorcio voluntario promovido por tales personas; por lo que el veinticinco de mayo de dos mil quince, en el aludido incidente de pago de pensión alimenticia adeudada e incremento se ordenó proveer el escrito de Enrique Núñez Banuet Díaz, recibido el veinticuatro de abril del año en curso, y se le indicó que no había lugar a tenerle interponiendo el recurso de apelación en contra del diverso proveído de trece de abril de dos mil quince, tomando en consideración que se trata de una determinación que se tomó en vista de que mediante interlocutoria de catorce de junio de dos mil trece, fue condenado al pago de la cantidad de ochenta mil pesos cero centavos, moneda nacional correspondiente a las pensiones alimenticias adeudadas a favor de los menores Pablo y Gerardo de apellidos Núñez Banuet Robles, correspondientes del mes de enero de dos mil once al mes de junio de dos mil doce, misma que fue declarada firme mediante auto de diez de julio de dos mil trece, por tal motivo mediante auto de dos de octubre de dos mil trece se ordenó requerirlo para que cumpliera voluntariamente con lo ordenado, sin que lo hubiese hecho motivo por el cual se ordenó embargarle bienes suficientes de su propiedad que garantizaran el pago del adeudo reclamado; sin embargo, al no contar con bienes muebles e inmuebles, y en virtud de que los alimentos son de urgente necesidad, se giró oficio al Director del Departamento de Recursos Humanos del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que ordene retener el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe como Jefe del Departamento de Servicios de Administración Tributaria, hasta liquidar la cantidad de ochenta mil pesos cero centavos moneda nacional, correspondiente a las pensiones alimenticias adeudadas a favor de los menores de edad antes mencionados. Circunstancia que se corrobora con las documentales que fueron remitidas por la autoridad responsable consistentes en copia certificada de constancias deducidas del expediente familiar 701/2010 y su incidente anexo, y que obran en cuadernos de pruebas por separado. Documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Precisado lo anterior, a juicio del que ahora resuelve la acción de amparo es improcedente, en virtud de que contra el acto reclamado consistente en el proveído emitido el veinticinco de mayo de dos mil quince emitido en el incidente pago de pensión alimenticia adeudada e incremento promovido por Gyda Robles Ríos contra el ahora quejoso, relativo al expediente 701/2010; en el caso en concreto se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ese numeral establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Así, el citado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios, por ello el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensas tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. Sentado lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61, en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En el presente caso, con relación al acto reclamado la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Tales dispositivos establecen: Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Además, lo anterior encuentra sustento en la tesis I.3o.C. 25 K (10a). del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 2005, Libro XVII, marzo de dos mil trece, Tomo 3, materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. En ese orden de ideas, de un análisis realizado de los preceptos legales transcritos se conoce que contra el acuerdo que ahora se señala como reclamado, la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer el correspondiente recurso de revocación, circunstancia que se adminicula con lo contenido en la tesis en cita, de la que se conoce que al tratarse el acto reclamado de una determinación que afecta de manera irreparable al quejoso, lo obliga a agotar el recurso antes precisado; ante tales circunstancias, resulta evidente que contra el acto reclamado a la autoridad ordenadora el ahora quejoso estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación al cual hacen referencia los numerales 666 y 667 del código procesal aplicable, porque es parte en el procedimiento natural, además, no se está en ningún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación de la afectada de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1ª./J./101/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 138, Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación. Asimismo, se precisa que la causa de improcedencia que se estima actualizada es, además, manifiesta, pues se advierte en forma patente de las constancias de autos; asimismo, es indudable, ya que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por el referido acto reclamado, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, publicada en la página 386, Segunda Sala, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, materia común, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    POR LISTA: MESA II B Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que se encuentra señalada para hoy la audiencia constitucional (foja 7); sin embargo, resulta factible establecer lo que se aprecia de las constancias que obran en autos: Mediante escrito recibido el dieciséis de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Primero de Distrito, ENRIQUE NÚÑEZ BANUET DÍAZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, de quien reclamó el desechamiento de su recurso de apelación en contra del auto de trece de abril de dos mil quince. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable convino en la existencia del acto reclamado; pues al efecto precisó que en ese órgano jurisdiccional se tramitó el incidente de pago de pensión alimenticia adeudada e incremento, promovido por Gyda Robles Ríos, en contra de Enrique Núñez Banuet Díaz, anexo al expediente principal 701/2010 relativo al divorcio voluntario promovido por tales personas; por lo que el veinticinco de mayo de dos mil quince, en el aludido incidente de pago de pensión alimenticia adeudada e incremento se ordenó proveer el escrito de Enrique Núñez Banuet Díaz, recibido el veinticuatro de abril del año en curso, y se le indicó que no había lugar a tenerle interponiendo el recurso de apelación en contra del diverso proveído de trece de abril de dos mil quince, tomando en consideración que se trata de una determinación que se tomó en vista de que mediante interlocutoria de catorce de junio de dos mil trece, fue condenado al pago de la cantidad de ochenta mil pesos cero centavos, moneda nacional correspondiente a las pensiones alimenticias adeudadas a favor de los menores Pablo y Gerardo de apellidos Núñez Banuet Robles, correspondientes del mes de enero de dos mil once al mes de junio de dos mil doce, misma que fue declarada firme mediante auto de diez de julio de dos mil trece, por tal motivo mediante auto de dos de octubre de dos mil trece se ordenó requerirlo para que cumpliera voluntariamente con lo ordenado, sin que lo hubiese hecho motivo por el cual se ordenó embargarle bienes suficientes de su propiedad que garantizaran el pago del adeudo reclamado; sin embargo, al no contar con bienes muebles e inmuebles, y en virtud de que los alimentos son de urgente necesidad, se giró oficio al Director del Departamento de Recursos Humanos del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que ordene retener el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe como Jefe del Departamento de Servicios de Administración Tributaria, hasta liquidar la cantidad de ochenta mil pesos cero centavos moneda nacional, correspondiente a las pensiones alimenticias adeudadas a favor de los menores de edad antes mencionados. Circunstancia que se corrobora con las documentales que fueron remitidas por la autoridad responsable consistentes en copia certificada de constancias deducidas del expediente familiar 701/2010 y su incidente anexo, y que obran en cuadernos de pruebas por separado. Documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Precisado lo anterior, a juicio del que ahora resuelve la acción de amparo es improcedente, en virtud de que contra el acto reclamado consistente en el proveído emitido el veinticinco de mayo de dos mil quince emitido en el incidente pago de pensión alimenticia adeudada e incremento promovido por Gyda Robles Ríos contra el ahora quejoso, relativo al expediente 701/2010; en el caso en concreto se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ese numeral establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Así, el citado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios, por ello el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensas tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. Sentado lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61, en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En el presente caso, con relación al acto reclamado la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Tales dispositivos establecen: Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Además, lo anterior encuentra sustento en la tesis I.3o.C. 25 K (10a). del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 2005, Libro XVII, marzo de dos mil trece, Tomo 3, materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. En ese orden de ideas, de un análisis realizado de los preceptos legales transcritos se conoce que contra el acuerdo que ahora se señala como reclamado, la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer el correspondiente recurso de revocación, circunstancia que se adminicula con lo contenido en la tesis en cita, de la que se conoce que al tratarse el acto reclamado de una determinación que afecta de manera irreparable al quejoso, lo obliga a agotar el recurso antes precisado; ante tales circunstancias, resulta evidente que contra el acto reclamado a la autoridad ordenadora el ahora quejoso estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación al cual hacen referencia los numerales 666 y 667 del código procesal aplicable, porque es parte en el procedimiento natural, además, no se está en ningún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación de la afectada de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1ª./J./101/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 138, Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación. Asimismo, se precisa que la causa de improcedencia que se estima actualizada es, además, manifiesta, pues se advierte en forma patente de las constancias de autos; asimismo, es indudable, ya que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por el referido acto reclamado, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, publicada en la página 386, Segunda Sala, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, materia común, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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