Enrique Nicolás Sánchez Rafael

Expediente 49/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
49/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Enrique Nicolás Sánchez Rafael

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente asunto; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, se indicó que el expediente es depurable, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; por haberse concedido la protección constitucional en el juicio. Sin embargo, el ocho de junio de dos mil veintitrés, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en el cual se estableció en el artículo 17, fracción III lo siguiente: Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: (.) (.) En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva; c) Causas civiles o administrativas federales; d) Causas Penales; e) Expedientes generados en los Juzgados de Ejecución de Penas; f) Citatorios, Órdenes de Aprehensión, Presentación o Comparecencia; g) Extinción de Dominio; h) Extradición; i) Jurisdicción Voluntaria; y j) Juicios Orales. Los expedientes integrados con motivo de la causa penal se conservarán en el órgano jurisdiccional hasta que se haya compurgado la pena." Valoración del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria al diverso 2 de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y se hace la indicación que el presente juicio de amparo, es CONSERVABLE INTEGRAMENTE, conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    A las nueve horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Enrique Nicolás Sánchez Rafael, el contenido del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE POR UNA PARTE SE SOBRESEÍDO Y POR OTRA CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés (fojas 36 a 51), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Enrique Nicolás Sánchez Rafael, para efecto de que la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realizara lo siguiente: "(.) 1) Deje insubsistente resolución incidental de liquidación emitida el nueve de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 364/2018, de su índice; y, 2) Dicte una nueva, en la que subsane los vicios formales analizados en el considerando que antecede de esta sentencia, es decir, de manera fundada, motivada y congruente (atendiendo a lo expuesto por la parte quejosa en su planilla de liquidación), cuantifique el concepto de diferencias generadas de la pensión permanente parcial (40%) a la permanente total (100%) otorgada desde el laudo de treinta de noviembre de dos mil veinte, hasta el dictado de la nueva determinación.". Así, en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (fojas 69 a 71), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Atento a lo anterior, mediante oficio MA. 208/2023, de cinco dos de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada de la resolución emitida en la misma data y con la cual manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo; en consecuencia, en proveído de cuatro de mayo siguiente se ordenó dar vista con la documental de referencia a la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, mediante acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se analizó el cumplimiento dado por la autoridad responsable mediante resolución de dos de mayo actual; no obstante, este juzgado determinó que no se encontraba cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, toda vez que la Junta laboral no había atendido la totalidad de lo expuesto por la parte quejosa en su planilla de liquidación, en particular lo relativo a la aplicación del artículo 66 de la Ley del Seguro Social, así como de la jurisprudencia de título: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DERIVADA DE RIESGOS DE TRABAJO. SU CUANTIFICACIÓN CONFORME A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE EN EL AÑO DE 1996, DEBE SER INCLUYENDO LOS INCREMENTOS QUE BENEFICIARON AL PUESTO DESEMPEÑADO POR EL ASEGURADO HASTA QUE SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD CUANDO EL VÍNCULO LABORAL ESTÉ VIGENTE O HASTA LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL NEXO LABORAL." En atención a lo anterior, se requirió nuevamente al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que mediante oficio M.A. 269/2023, recibido el dos de junio de dos mil veintitrés, remitió una nueva resolución dictada en la misma fecha, dentro del expediente laboral 364/2018, a través de la cual manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a ello, por acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés (foja 106), se dio vista nuevamente a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, quien esto determina les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Así, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis a la resolución dictada por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el dos de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 364/2018, de su índice, se advierte esencialmente lo siguiente: En relación al primero de los efectos de la concesión de amparo la Junta responsable: Dejó insubsistentes las resoluciones interlocutorias de liquidación emitidas el nueve de diciembre de dos mil veintidós y dos de mayo de dos mil veintitrés; y, Por otra parte, en relación al segundo efecto del fallo protector: Dictó una nueva resolución, en la que cuantificó las diferencias generadas entre la pensión que originalmente le otorgó del 40%, a la permanente total del 100% otorgada en el laudo de fecha de treinta de noviembre de dos mil veinte, tomando en consideración lo expuesto por la parte quejosa en su planilla de liquidación y que ha sido citado en los párrafos que anteceden. Asimismo, del contenido de la resolución se obtiene que al realizar la cuantificación de las diferencias generadas por la pensión antes referida, precisó las operaciones aritméticas y fundamentos que le sirvieron como base para el cálculo correspondiente. Por otro lado, la responsable atendió en su totalidad las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su planilla de liquidación, específicamente el razonamiento relativo a la aplicación del artículo 66 de la Ley del Seguro Social, así como de la jurisprudencia: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DERIVADA DE RIESGOS DE TRABAJO. SU CUANTIFICACIÓN CONFORME A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE EN EL AÑO DE 1996, DEBE SER INCLUYENDO LOS INCREMENTOS QUE BENEFICIARON AL PUESTO DESEMPEÑADO POR EL ASEGURADO HASTA QUE SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD CUANDO EL VÍNCULO LABORAL ESTÉ VIGENTE O HASTA LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL NEXO LABORAL." Se afirma lo anterior, toda vez que la responsable determinó que sí le era aplicable a la parte quejosa el contenido del precepto legal invocado, tomando en cuenta la incapacidad permanente total que fue decretada, por lo que procedió a la cuantificación de las diferencias generadas entre la pensión que originalmente le otorgó del 40%, a la permanente total del 100% otorgada en el laudo de fecha de treinta de noviembre de dos mil veinte, realizando de manera fundada y motivada el desglose aritmético para emitir la resolución, explicando de manera cronológica las tablas que demuestran los incrementos, y fundando en las leyes aplicables al caso. En consecuencia es evidente que la responsable, dio cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Manifestaciones de la parte quejosa Al tenor de lo referido, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional las manifestaciones vertidas por la parte quejosa Enrique Nicolás Sánchez Rafael, en su escrito recibido el doce de junio de dos mil veintitrés; sin embargo, es necesario precisar que tal como se estudió en los párrafos que preceden, la responsable acató los efectos de la ejecutoria de amparo, emitiendo la determinación dos de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 364/2018, en la que de manera fundada, motivada y congruente (como se especificó en la ejecutoria de amparo) cuantificó el concepto de diferencias generadas de la pensión permanente parcial (40%) a la permanente total (100%) otorgada desde el laudo de treinta de noviembre de dos mil veinte, hasta el dictado de la nueva determinación. Es decir, la responsable señaló los preceptos y ordenamientos legales aplicables al caso concreto, realizó el razonamiento respectivo del acto a emitirse y atendió a lo expuesto por la parte quejosa en su planilla de liquidación; situaciones que han sido establecidas y calificadas en párrafos previos y que no se insertan en obvio de repeticiones innecesarias. Asimismo, contrario a lo expuesto por el quejoso el único artículo que formó parte de la materia de la concesión de amparo fue el 66 de la Ley del Seguro Social, ello tomando en consideración que fue una de las manifestaciones contenidas en la planilla de liquidación que la responsable omitió analizar en la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil veintidós, y no así el diverso artículo 164 y 168 de la referida legislación. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante José Emiliano Islas Fernández de Lara, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.IEGR

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés (fojas 36 a 51), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Enrique Nicolás Sánchez Rafael, para efecto de que la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realizara lo siguiente: "(.) 1) Deje insubsistente resolución incidental de liquidación emitida el nueve de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 364/2018, de su índice; y, 2) Dicte una nueva, en la que subsane los vicios formales analizados en el considerando que antecede de esta sentencia, es decir, de manera fundada, motivada y congruente (atendiendo a lo expuesto por la parte quejosa en su planilla de liquidación), cuantifique el concepto de diferencias generadas de la pensión permanente parcial (40%) a la permanente total (100%) otorgada desde el laudo de treinta de noviembre de dos mil veinte, hasta el dictado de la nueva determinación.". Así, en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (fojas 69 a 71), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Atento a lo anterior, mediante oficio MA. 208/2023, de cinco dos de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada de la resolución emitida en la misma data y con la cual manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo; en consecuencia, en proveído de cuatro de mayo siguiente se ordenó dar vista con la documental de referencia a la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, mediante acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se analizó el cumplimiento dado por la autoridad responsable mediante resolución de dos de mayo actual; no obstante, este juzgado determinó que no se encontraba cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, toda vez que la Junta laboral no había atendido la totalidad de lo expuesto por la parte quejosa en su planilla de liquidación, en particular lo relativo a la aplicación del artículo 66 de la Ley del Seguro Social, así como de la jurisprudencia de título: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DERIVADA DE RIESGOS DE TRABAJO. SU CUANTIFICACIÓN CONFORME A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE EN EL AÑO DE 1996, DEBE SER INCLUYENDO LOS INCREMENTOS QUE BENEFICIARON AL PUESTO DESEMPEÑADO POR EL ASEGURADO HASTA QUE SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD CUANDO EL VÍNCULO LABORAL ESTÉ VIGENTE O HASTA LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL NEXO LABORAL." En atención a lo anterior, se requirió nuevamente al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que mediante oficio M.A. 269/2023, recibido el dos de junio de dos mil veintitrés, remitió una nueva resolución dictada en la misma fecha, dentro del expediente laboral 364/2018, a través de la cual manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a ello, por acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés (foja 106), se dio vista nuevamente a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, quien esto determina les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Así, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis a la resolución dictada por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el dos de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 364/2018, de su índice, se advierte esencialmente lo siguiente: En relación al primero de los efectos de la concesión de amparo la Junta responsable: Dejó insubsistentes las resoluciones interlocutorias de liquidación emitidas el nueve de diciembre de dos mil veintidós y dos de mayo de dos mil veintitrés; y, Por otra parte, en relación al segundo efecto del fallo protector: Dictó una nueva resolución, en la que cuantificó las diferencias generadas entre la pensión que originalmente le otorgó del 40%, a la permanente total del 100% otorgada en el laudo de fecha de treinta de noviembre de dos mil veinte, tomando en consideración lo expuesto por la parte quejosa en su planilla de liquidación y que ha sido citado en los párrafos que anteceden. Asimismo, del contenido de la resolución se obtiene que al realizar la cuantificación de las diferencias generadas por la pensión antes referida, precisó las operaciones aritméticas y fundamentos que le sirvieron como base para el cálculo correspondiente. Por otro lado, la responsable atendió en su totalidad las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su planilla de liquidación, específicamente el razonamiento relativo a la aplicación del artículo 66 de la Ley del Seguro Social, así como de la jurisprudencia: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DERIVADA DE RIESGOS DE TRABAJO. SU CUANTIFICACIÓN CONFORME A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE EN EL AÑO DE 1996, DEBE SER INCLUYENDO LOS INCREMENTOS QUE BENEFICIARON AL PUESTO DESEMPEÑADO POR EL ASEGURADO HASTA QUE SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD CUANDO EL VÍNCULO LABORAL ESTÉ VIGENTE O HASTA LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL NEXO LABORAL." Se afirma lo anterior, toda vez que la responsable determinó que sí le era aplicable a la parte quejosa el contenido del precepto legal invocado, tomando en cuenta la incapacidad permanente total que fue decretada, por lo que procedió a la cuantificación de las diferencias generadas entre la pensión que originalmente le otorgó del 40%, a la permanente total del 100% otorgada en el laudo de fecha de treinta de noviembre de dos mil veinte, realizando de manera fundada y motivada el desglose aritmético para emitir la resolución, explicando de manera cronológica las tablas que demuestran los incrementos, y fundando en las leyes aplicables al caso. En consecuencia es evidente que la responsable, dio cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Manifestaciones de la parte quejosa Al tenor de lo referido, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional las manifestaciones vertidas por la parte quejosa Enrique Nicolás Sánchez Rafael, en su escrito recibido el doce de junio de dos mil veintitrés; sin embargo, es necesario precisar que tal como se estudió en los párrafos que preceden, la responsable acató los efectos de la ejecutoria de amparo, emitiendo la determinación dos de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 364/2018, en la que de manera fundada, motivada y congruente (como se especificó en la ejecutoria de amparo) cuantificó el concepto de diferencias generadas de la pensión permanente parcial (40%) a la permanente total (100%) otorgada desde el laudo de treinta de noviembre de dos mil veinte, hasta el dictado de la nueva determinación. Es decir, la responsable señaló los preceptos y ordenamientos legales aplicables al caso concreto, realizó el razonamiento respectivo del acto a emitirse y atendió a lo expuesto por la parte quejosa en su planilla de liquidación; situaciones que han sido establecidas y calificadas en párrafos previos y que no se insertan en obvio de repeticiones innecesarias. Asimismo, contrario a lo expuesto por el quejoso el único artículo que formó parte de la materia de la concesión de amparo fue el 66 de la Ley del Seguro Social, ello tomando en consideración que fue una de las manifestaciones contenidas en la planilla de liquidación que la responsable omitió analizar en la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil veintidós, y no así el diverso artículo 164 y 168 de la referida legislación. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante José Emiliano Islas Fernández de Lara, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.IEGR

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