Enrique Murillo Jimenez
Expediente 113/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Enrique Murillo Jimenez
Actuaciones
- Principal
.. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido....
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. CAPTURA EN SISE. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número ******************** y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado relativo a los juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CONSIDERACIÓN PREVIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente, en tal virtud, este órgano de control constitucional realizará el estudio correspondiente. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio mercantil ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Tierra Blanca, Veracruz, mediante el cual reagenda la audiencia prevista en el artículo 1390 Bis II del Código de Comercio para el dieciséis de febrero de este año. DESECHAMIENTO. En el caso a estudio, quien resuelve advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V (este último interpretado a contrario sensu), ambos de la ley de amparo y 107 fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el acto reclamado no es un acto de imposible reparación. Veamos: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, reiteró lo sostenido en la diversa contradicción 377/2013, en el sentido de que el artículo 107 de la Ley de Amparo ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De dichas consideraciones, derivó la jurisprudencia P./.J 1/2016, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo I, página 15, registro 2011428, de rubro: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Aunado a ello, es necesario señalar que bajo la vigencia de la anterior Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia relativa a que el acuerdo que desecha parcialmente una demanda sin ulterior recurso constituye una violación de tipo procesal o adjetiva; en la que estableció que dicha violación afecta al actor de forma preponderante o superior y que por ello, procedía el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, dicha jurisprudencia resulta ahora inaplicable porque la premisa de afectación en forma preponderante o superior fue abandonada con motivo de la reforma a la Ley de Amparo del dos mil trece, como se ha explicado en párrafos que anteceden. Lo que se corrobora con lo establecido en la jurisprudencia de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), que establece que: "[.] a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que (.) para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas [...]" En esta ejecutoria se señaló que la procedencia del juicio de amparo en su vía indirecta tratándose de violaciones de tipo adjetivo de carácter preponderante o superior era incompatible con el nuevo texto legal de la Ley de Amparo vigente, como se advierte de su texto siguiente: "[.] dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal [.]" Por tanto, se reitera que deben entenderse como derechos sustantivos aquellos que afectan de forma actual, material y directa al quejoso respecto de sus bienes patrimoniales, su vida, su libertad personal, sus propiedades, entre otros; por lo que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo, las violaciones procesales de grado predominante o superior no tienen el alcance de hacer procedente el juicio constitucional en la vía indirecta. Bajo este orden de ideas, como quedó precisado en el presente caso, la parte quejosa reclama a través de la vía constitucional el auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en los autos expediente ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, mismo que es del tenor siguiente: "[.] AUTO. TIERRA BLANCA, VERACRUZ, A CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 1- Visto el estado de autos, con el estudio que guardan los autos y con el acta de audiencia preliminar de doce de noviembre del año próximo pasado, en la cual se agendó la audiencia de juicio para el día de hoy en punto de las quince horas, sin embargo y dado que no fue posible realizar los trámites administrativos correspondientes, para que la referida diligencia se videograbara, lo cual implica garantizar el debido proceso y sobre todo el principio de oralidad que rige a lo largo de todo el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1390 BIS III del Código de Comercio, por ende, se reagenda la misma para el próximo dieciséis de febrero en punto de las quince horas [.]" En ese contexto, se estima que dicho acto no es de imposible reparación porque si bien, por los motivos expuestos por la responsable tuvo a bien reagendar la audiencia de juicio para una fecha diversa a la decretada en un principio, lo cierto es que el juicio continuará, lo que en modo alguno afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales, pues la afectación al interés jurídico que pudiera producir está supeditado al resultado final del juicio, ya que la sentencia que se dicte en el mismo puede ser favorable a los intereses de la parte agraviada, y así, en caso de que hubiera existido alguna violación en la tramitación del juicio mercantil, ésta sería inocua en ella. Además, en caso de obtener una sentencia no favorable a sus pretensiones, de estimar que la violación trasciende al resultado del fallo, podrá inconformarse contra éste en la eventual promoción de un juicio de amparo directo, por ser el medio idóneo para reparar violaciones intraprocesales que trasciendan el resultado del fallo de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo. De ahí que no se puede concluir que el acto reclamado tenga efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si el amparista logra una sentencia favorable, las violaciones de que ahora se queja se extinguirán sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. CONCLUSIÓN. Al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que es notoria y manifiesta, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, por estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y/o dados de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva, con dirección: www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/index, registro este último que se considera suficiente para tenerlos por autorizados y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas que menciona, por así haberlo solicitado. Asimismo, téngasele solicitando la consulta de expediente electrónico en el presente asunto; en ese sentido, se instruye a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario cag670603hnemxb02, para que pueda accesar y consultar vía electrónica lo relativo al juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, respecto a la diversa solicitud consistente en que en el presente expediente se realicen las notificaciones respectivas de manera electrónica, de igual manera se instruye a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de que al usuario cag670603hnemxb02, pueda notificarse vía electrónica lo relativo al juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, instrúyase a cualesquiera de los actuarios judiciales que realicen las notificaciones correspondientes de manera electrónica, tal y como lo solicitó la parte quejosa. Finalmente, téngasele proporcionando un correo electrónico y número telefónico, los cuales únicamente como medios de comunicación a efecto de poder ser localizado, ello, con motivo de la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19; sin que ello implique, como lo solicita, que se practiquen de esa manera las notificaciones electrónicas respectivas, pues dichos supuestos no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Con independencia de lo anterior, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Por otra parte, se hace del conocimiento de la (s) autoridad (es) responsable (s), que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 292 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 20025763, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
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