Enrique Moreno Ulloa
Expediente 1489/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/04/2019
Partes del expediente
- Enrique Moreno Ulloa
Actuaciones
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- Principal
EN ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE ABRIL, DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del referido acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos que anexó a su escrito de demanda cuales obran agregados en autos; apercibida que en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del referido acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos que anexó a su escrito de demanda cuales obran agregados en autos; apercibida que en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo número 1489/2018-VIII, promovido por *************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, turnado el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, *************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Gerente Estatal en Chiapas de la Comisión Nacional Forestal, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO: Reclamo a la Autoridad responsable la omisión de otorgar al suscrito, en sentido positivo la constancia de verificación para el aprovechamiento de productos de vegetación que provengan de terrenos diversos a los forestales. SEGUNDO: A la autoridad responsable se le reclama la omisión de entregar al suscrito, las remisiones forestales que corresponden, para transportar 80 árboles de Roble. que se me debieron autorizar en sentido positivo, por aplicar la positiva ficta en el trámite de expedición de la Constancia de verificación.". Actos que el promovente estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las garantías para su protección, contenidas en los artículos 5 y 14 de la citada legislación. SEGUNDO. Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 30 a 32), se admitió la demanda por el acto y autoridad precisada, bajo el número 1489/2018; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 55 a 56) se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto al oficio ************** de uno de febrero del año en curso, mediante el cual se emitió de manera positiva la constancia de verificación, pero se precisó que la misma no amparaba el transporte de los productos de vegetación verificada; por lo que al no desahogar la vista, mediante proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve (foja 111), se hizo efectivo el apercibimiento y se determinó que se continuara con el procedimiento en este amparo únicamente respecto al acto y autoridad señalados en el escrito inicial de demanda; una vez que se integró el expediente, dio inicio la audiencia constitucional en los términos que constan en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 (relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito); por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra actos de autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, de una interpretación de la demanda y el análisis a las constancias de autos, se colige el quejoso ***************, es parte solicitante en el expediente con número de control ************, del índice de la responsable, de quien reclama los siguientes actos: La falta de respuesta o determinación a la solicitud de constancia de verificación para el aprovechamiento de productos de vegetación provenientes de terrenos diversos a los forestales de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Gerente Estatal en Chiapas de la Comisión Nacional Forestal, con residencia en esta ciudad, no obstante la negativa que expresó al rendir su informe con justificación (fojas 43 a 49), pues realiza manifestaciones para defender la legalidad de su actuación. Aunado a que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no se había pronunciado sobre la solicitud de constancia de verificación para el aprovechamiento de productos de vegetación provenientes de terrenos diversos a los forestales, de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, formulada por el quejoso. Certeza que se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del expediente de origen; las que tienen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de dicho ordenamiento legal. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la contienen, la tesis de la Octava época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en su Tomo: XIV, en Julio de 1994, página 391, la cual es del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Así también, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". En el caso, la autoridad responsable invocó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por considerar que el acto reclamado por la quejosa cesó en sus efectos respecto de la solicitud de constancia de verificación. Es fundado lo aseverado por la autoridad responsable, toda vez que, respecto del acto reclamado consistente en la falta de respuesta o determinación a la solicitud de constancia de verificación para el aprovechamiento de productos de vegetación provenientes de terrenos diversos a los forestales de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, realizada por el aquí quejoso, opera la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo Vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la violación al derecho de petición, debido a la omisión de la responsable a dar contestación a la solicitud planteada mediante formulario realizada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho y recibido el veintinueve del citado mes y año por la responsable, en que pidió la constancia de verificación para aprovechar y transportar ochenta robles y cinco guanacastles, distribuidos en una superficie ubicada en la ************** del municipio de ***************. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que luego de realizar la visita de verificación técnica de campo, el uno de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, atendiendo a la solicitud del peticionario del amparo, emitió el oficio ********************, en el que hizo constar que el tipo de vegetación encontrada en el predio de referencia corresponde a la descripción de terreno diverso forestal señalado en el artículo 7, fracción LXX de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con uso de suelo pecuario. Por lo que emitió de manera positiva la constancia de verificación, pero se precisó que la misma no amparaba el transporte de los productos de vegetación verificada; con lo cual, se dio respuesta a la petición formulada por el impetrante del amparo (fojas 52 a 54). En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta o emitir la determinación a la solicitud de constancia de verificación para el aprovechamiento de productos de vegetación provenientes de terrenos diversos a los forestales de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, han cesado. Ello, al haber quedado insubsistente en forma total e incondicional el acto omisivo tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ello fue del conocimiento personal del quejoso el uno de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que le fue notificado por conducto de la responsable el contenido del oficio referido, pues así se advierte de la constancia que obra en autos donde aparece una firma y el nombre del autorizado del citado quejoso (foja 90). Aunado a lo anterior, la respuesta emitida por la responsable se hizo del conocimiento de la parte quejosa mediante la vista que se le otorgó en proveído de seis de febrero de este año, con las documentales que exhibió la responsable ante este órgano de control constitucional, como anexo a su informe justificado (folios 55 a 56 y 60 a 61). De esa manera, es dable considerar que los efectos del acto reclamado cesaron, al rendir su informe justificado la autoridad responsable y exhibir la respuesta expresa a la petición del quejoso; pues la falta de que se duele desapareció de manera total, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada. En apoyo a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009, novena Época, página 605, del texto y rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Cabe resaltar que mediante acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 55 a 56) se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto al oficio *************** de uno de febrero del año en curso, mediante el cual se emitió de manera positiva la constancia de verificación, pero se precisó que la misma no amparaba el transporte de los productos de vegetación verificada. Por lo que al no desahogar la vista, mediante proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve (foja 111), se hizo efectivo el apercibimiento y se determinó que se continuara con el procedimiento en este amparo únicamente respecto al acto y autoridad señalados en el escrito inicial de demanda; por lo tanto, la legalidad de la respuesta que emitió la autoridad responsable no es motivo de análisis en esta instancia constitucional. Por consiguiente, al materializarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio constitucional en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado. De tal suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el peticionario de amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, volumen 24, tercera parte, página 49, del literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en este juicio, así como la información reservada. SEXTO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación esta sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ***************, contra el acto que reclamó del Gerente Estatal en Chiapas de la Comisión Nacional Forestal, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de este fallo. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de seis de febrero del año en curso (fojas 55-56), para que manifestara si ampliaba su demanda respecto de la contestación del oficio ************* de uno de febrero del año en curso, mediante el cual la autoridad responsable Gerente Estatal de Chiapas del Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Nacional Forestal, con domicilio en esta ciudad, sin que hubiera desahogado la vista; por tanto, se continúa el procedimiento en este juicio de amparo únicamente contra el acto señalado en el escrito inicial de demanda. Notifíquese.
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