Enrique Montoya Rueda y Otros.

Expediente 1454/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1454/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Enrique Montoya Rueda y Otros.
  • Enrique Montoya Rueda

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con el que envía el acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso, dictado en el toca de apelación 242/2015 de su índice, e informa que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y desechó la demanda promovida por ********************. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este cuaderno auxiliar como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente cuaderno de antecedentes es destruible en el plazo de seis meses, ya que este órgano federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Enrique Montoya... por derecho propio, fórmese y regístrese el expediente bajo el número 1454/2023-VIII. ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La sentencia de segunda instancia dictada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México en el toca de apelación 242/2015 que confirma la resolución de primera instancia dictada en la causa penal 1224/2012 del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, relativo al juicio acusatorio 11/2014. INCOMPETENCIA Este juzgador considera que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, estimando que quien debe conocer y resolver del acto tildado de inconstitucional es el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, por las consideraciones siguientes. En efecto, del numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprenden dos tipos de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que procede el amparo en la vía directa, a saber: 1. Sentencias definitivas o laudos y, 2. Resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. De conformidad con el citado artículo, se está en presencia de una sentencia definitiva cuando ésta resuelve el juicio en lo principal, independientemente de que proceda o no algún recurso ordinario en su contra por el cual pueda ser revocada o modificada, o cuando habiendo sido dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, las partes hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios procedentes; en tanto que una resolución que pone fin al juicio, es aquella que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, siempre que en su contra tampoco proceda algún medio ordinario de defensa a través del cual pueda modificarse o revocarse. En el caso concreto, como se adelantó, el acto reprochado lo es la sentencia de segunda instancia dictada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México en el toca de apelación 242/2015 que confirma la resolución de primera instancia dictada en la causa penal 1224/2012 del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, relativo al juicio acusatorio 11/2014. Por tanto, es claro que dicha determinación constituye una resolución que pone fin al juicio para efectos del amparo directo, pues se trata de una sentencia dictada en el recurso de apelación, que resolvió modificar pero confirmar en lo sustancial la sentencia de primera instancia, de ahí que, procede combatirla en la vía directa. De igual forma, se invoca, por las razones que la integran, la tesis: XXVII.3o.25 P (10a.), registro 2011976, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2893, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2016, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "DENEGADA APELACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE RECURSO Y DEJA INTOCADO EL DESECHAMIENTO DEL DIVERSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN PARTICIPA DE LA NATURALEZA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA POR HABERLA SUSTITUIDO PROCESALMENTE, POR LO QUE LA OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA DEBE REGIRSE POR EL PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Conforme al artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, el plazo para promover la acción constitucional contra la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que impone pena privativa de la libertad, es hasta de ocho años. Ahora bien, tratándose de las resoluciones dictadas por el tribunal de alzada que resuelven el recurso de denegada apelación, también debe atenderse a este plazo, en virtud de que estas determinaciones constituyen la resolución definitiva impugnable en amparo directo que sin resolver el juicio penal lo da por concluido, ya que esta decisión implica la firmeza del auto que desechó el recurso de apelación y, por ende, de la sentencia condenatoria que impone pena privativa de la libertad, pues existe una sustitución procesal, como se definió en la jurisprudencia 1a./J. 97/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 50, de rubro: "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).". En ese sentido, atento a los efectos que produce la determinación que desecha el recurso de denegada apelación, esto es, la firmeza de la resolución que desechó el recurso de apelación, ello implica que, sin decidir el fondo de la controversia, se deja firme la sentencia recurrida, por lo que sus efectos son semejantes a los de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia, declarando infundado el recurso intentado, ya que igualmente en ambos casos concluye el juicio. De esta manera, si la naturaleza de dicha determinación implica dejar firme la sentencia recurrida, ya que incluso se asemeja, en sus efectos, a los de una sentencia que cuando resuelve tal recurso lo declara infundado y confirma la de primera instancia, es válido sostener que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. En consecuencia, para efectos de la oportunidad en la promoción del juicio constitucional en la vía directa, tratándose de la determinación que declara improcedente el recurso de denegada apelación y deja intocado el desechamiento del diverso de apelación promovido contra la sentencia condenatoria que impone pena de prisión, aquélla debe regirse por el plazo de hasta ocho años previsto en el mencionado artículo 17, fracción II, en virtud de que ante la falta de examen en segunda instancia de la resolución que impone pena privativa de la libertad, debe estimarse que la resolución que dejó intocado el acuerdo que desechó el recurso de apelación participa de la naturaleza de la sentencia condenatoria, por haberla sustituido procesalmente." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Enrique Montoya Rueda y Carlos Rueda Barrios, por propio derecho; por lo que, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos, así como los traslados de la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, por ser, salvo su mejor opinión, el competente para conocer de la demanda de mérito, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DOMICILIO En atención a que los quejosos Enrique Montoya Rueda y Carlos Rueda Barrios, se encuentran internos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal a fin de que les notifique el presente proveído de manera personal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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