Enrique Molina Segura

Expediente 486/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
486/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
04/06/2018

Partes del expediente

  • Enrique Molina Segura
  • Enrique Molina Segura y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    CA-PRAL.486/2018-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Se agrega oficio. Agréguese el oficio 8832/2018, signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta población; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que ya fue recibido en este Juzgado y se ordenó agregar en proveído de uno del mes y año en curso. Se forma cuaderno provisional. Finalmente, toda vez que el expediente original relativo al juicio de amparo se encuentra en la actuaría de este órgano jurisdiccional, fórmese el cuaderno provisional respectivo y, en su oportunidad, sin previo acuerdo, agréguese el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Notifíquese. ...

  2. Principal

    CA.PRAL.486/2018-6B-´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil dieciocho. Órgano jurisdiccional informa que acepta competencia. Agréguese el oficio 8832/2018, signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta población,...... Se remite a archivo. En consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal...... Asimismo, se estima que este asunto carece de relevancia documental, ..... ... Notifíquese. ...

  3. Principal

    CA.PRAL.486/2018-6B-´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio 8302/2018, signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en este municipio, del que se advierte que requirió a la autoridad responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Amparo, a fin de pronunciarse sobre la competencia; por tanto, estése a la espera de que informe lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CA-PRAL.486/2018-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil dieciocho. 1. Recepción de los autos y registro de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada el catorce de mayo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional, el mismo día, promovida por Enrique Molina Segura, por propio derecho y en representación de una menor de edad, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; que hace consistir en la resolución de cuatro de mayo del año en curso, donde la citada sala, dentro del toca civil 96/2018, confirmó la diversa dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente 481/2018, en el que se declaró incompetente en razón de fuero para conocer de la cuestión planteada. 2. Registro. En consecuencia, regístrese en el libro respectivo con el número 486/2018, que es el que le corresponde; además, respecto a este auto y los subsecuentes que se dicten, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. 3. Intervención de menores. De acuerdo a la certificación que antecede, se puede advertir que en este asunto se analizarán cuestiones donde interviene una menor de edad; por tanto, al hacer referencia a ella, sólo se insertarán las iniciales de su nombre y apellidos (MSMG), de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II, denominado conceptos y principios, punto 2, relativo a los Principios Generales, primer párrafo, inciso a), último párrafo, e), f), y g), del capítulo III, relativo a las reglas de actuación generales, punto 10, denominado, medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, primer párrafo, inciso a), del Protocolo de Actuación para quienes impartes justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Incompetencia. En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. De no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En el caso, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca estima carecer de competencia para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, constitucional; 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, los mencionados numerales disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. [.]" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de mayo del año en curso, donde la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dentro del toca civil 96/2018, confirmó la diversa dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca en el expediente 481/2018, en la cual se declaró incompetente, por razón de fuero, para conocer la cuestión planteada, pues en el capítulo de hechos, narrados bajo protesta de decir verdad, se puede advertir la siguiente trascripción: "dígasele al promovente que NO HA LUGAR a darle tramite a su demanda, toda vez que este juzgado resulta INCOMPETENTE en razón del fuero para conocer del presente asunto, quedando a disposición de la parte ocursante, los documentos exhibidos, previas copias certificadas de los mismo que constan en autos, identificación que presente y razón de su entrega se asiente. Dejando a salvo sus derechos para que los haga valer conforme a derecho" De lo anterior, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución que confirmó la diversa del juez de origen en la cual se negó a conocer de la demanda, por estimar que carecía de competencia legal, sin declinarla a favor de algún otro órgano jurisdiccional; por tanto, constituye una resolución que puso fin al juicio, ya que, sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido. Lo anterior así se determina, con base a lo establecido en la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2016, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Décimo Circuito; y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, donde concluyó lo siguiente: "En tales condiciones, la resolución adoptada por el a quo que desecha, inadmite o se niega a conocer de una demanda y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de órgano jurisdiccional alguno, no se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al quedar subsumida dentro de la categoría de las resoluciones que ponen fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo dan por concluido, contra la cual procede el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción (sic) III, inciso a) y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose al principio de definitividad." En ese contexto, cuando el a quo desecha, inadmite o se niega a conocer de una demanda y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de órgano jurisdiccional alguno, procede el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por tratarse de una resolución que pone fin al juicio, pues, sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido. Los anteriores argumentos dieron sustento a la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2015687, cuyo rubro y texto son: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad. No es inadvertido que en la Ley de Amparo se previó expresamente en su artículo 107, fracción VIII, la procedencia del amparo indirecto, contra las resoluciones mediante las cuales el juez se inhibiera o declinara su competencia o conocimiento del asunto, tal como se advierte de la siguiente transcripción. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Sin embargo, conforme al criterio del Máximo Tribunal, para que se actualice ese supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión, será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. En consecuencia, al reclamar una resolución que ponen fin al juicio de origen, salvo lo que determine el órgano colegiado, se estima que el acto reclamado debió ser impugnado mediante el juicio de amparo directo, correspondiendo el conocimiento a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata; y, a fin de evitar dilaciones innecesarias, y garantizar la pronta impartición de justicia establecida en el artículo 17 constitucional, se ordena remitir la demanda de amparo y las dos copias de la misma al Tribunal Colegiado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo tercer Circuito; para lo que tenga a bien determinar. Es aplicable la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, consultable a foja 87, Tomo IX, Marzo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." 5. Se forma cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, con copia de la demanda y este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo, hasta en tanto la superioridad determine lo conducente. 6. Domicilio y autorizados. Finalmente, únicamente para efectos de notificar este proveído, téngase al promovente del amparo señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y por autorizados para oírlas y recibirlas a René Gómez Vera y Javier Francisco López Ruiz, por no haberse encontrado registro de sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/RegProf/. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones personales que se ordenen, en días y horas inhábiles. 8. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en el juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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