Enrique Mireles Rodríguez

Expediente 254/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
254/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Lic. Nohemí de la Rosa, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar y contra el cumplimiento de la Obligación Alimentaria de la Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas
  • Enrique Mireles Rodríguez
  • Enrique Mireles Rodríguez y Otros.
  • Rita Torres Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio con el que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos sin que sea el caso proveer sobre el mismo, ya que mediante auto de veinticuatro de abril del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos remitido por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, agréguese a sus autos, sin que sea el caso proveer sobre el mismo, toda vez que mediante auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio con el que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En atención al contenido del mismo se tiene a la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, informando que el doce de abril del presente año, se tuvo por extinguida la pretensión punitiva y acción penal, por lo que se decretó sobreseimiento total de la causa penal 2579/2019, en favor del imputado, aquí quejoso, auto que quedó firme en la misma fecha. Documental pública a la que se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el párrafo segundo del artículo 2º de este último ordenamiento legal. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias que dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En esa virtud, del estado que guardan los presentes autos, y lo expuesto en párrafos que preceden, se estima que en la especie ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo anterior, se reitera, que a virtud de que el doce de abril del presente año, se tuvo por extinguida la pretensión punitiva y acción penal, por lo que se decretó sobreseimiento total de la causa penal 2579/2019, en favor del imputado, aquí quejoso, auto que quedó firme en la misma fecha. Cabe puntualizar que por escrito presentado el seis de abril del dos mil veintiuno, en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, turnado a este juzgado en la misma fecha, Enrique Mireles Rodríguez, por conducto de su defensora público penal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, por el siguiente acto reclamado: "IV. Acto(s) reclamados(s): 1.- De la autoridad señalada como ordenadora, se reclama la omisión de resolver en audiencia de fecha 26 de marzo del 2021, la solicitud de la defensa consistente en decretar el sobreseimiento de la causa penal, por el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso. Esto a pesar de que había elementos objetivos para decretarla. 2.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora, se reclama la resolución en audiencia de fecha 26 de marzo de 2021, en la que determinó una prórroga de la de la suspensión condicional contemplada en el numeral 195 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto por un plazo de 12 meses más a partir de esa fecha. Lo expuesto anteriormente, por un plazo mayor a la suspensión condicional de origen, misma que se otorgó por el término de 8 meses. Además se tiene que el plazo de la Suspensión Condicional del Proceso ya no estaba vigente, sin que hubiera sido revocara y se contara con tres informes de cumplimiento de las condiciones" Establecido lo anterior, se reitera, que en la especie, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, la causal de improcedencia indicada, establece que el juicio de amparo resulta inviable, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, se estima que han cesado los efectos de los actos controvertidos por las razones siguientes: La parte quejosa considera vulnerados sus derechos fundamentales, por parte de la autoridad responsable, con la emisión de la audiencia de veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, dictada en los autos de la causa penal 2597/219, en la que se determinó una prórroga de la suspensión condicional del proceso por el término de un año, y en la que la responsable fue omisa en resolver su solicitud de decretar el sobreseimiento de dicha causa penal. Al respecto, la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, mediante oficio 22090/2022, informó que el doce de abril del presente año, tuvo por extinguida la pretensión punitiva y acción penal, por lo que se decretó sobreseimiento total de la causa penal 2579/2019, en favor del imputado, aquí quejoso, auto que quedó firme en la misma fecha. En ese contexto se aprecia que, han cesado los efectos de los actos reclamados, actualizándose así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, ya no existe materia sobre la cual resolver en este juicio de amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es aplicable al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que desde luego no se opone a la Nueva ley de Amparo, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal razón, se determina que al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo el doce de mayo del dos mil veintidós a las diez horas con cuarenta y cinco minutos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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