Enrique Mendoza Bolio
Expediente 791/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Enrique Mendoza Bolio
- Enrique Mendoza Bolio y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de treinta de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe. En la misma fecha se libraron los oficios a las autoridades responsables, en términos de la minuta que se anexa.- CONSTE. Katia
- Principal
CITATORIO ....Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 791/2018-I promovido por Enrique Mendoza Bolio, contra actos del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 14, 49, 73, fracción XXIII, 89, fracción I y 116, primer párrafo constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, recibido por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, recibido en esa fecha en la Oficialía de Partes de este juzgado, Enrique Mendoza Bolio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad de Mérida. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno tocó conocer de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, que la registró con el número 190/2018-IV y la admitió en auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, en la que la titular de dicho órgano jurisdiccional declaró encontrarse impedida para seguir conociendo del asunto. Tercero. Impedimento. Al resolver el impedimento 2/2018, el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materias Penal y Administrativa calificó de legal el que fue planteado, por lo que ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, para el returno al juzgado de Distrito que correspondiera. Cuarto. Radicación y trámite. Por razón de turno correspondió recibir el expediente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado y por auto de once de julio de dos mil dieciocho se avocó al conocimiento, se ordenó notificar a las partes y se señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual verificativo en términos del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgados de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclaman actos cuya ejecución tiene lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: Del Congreso del Estado de Yucatán: El examen, discusión y aprobación de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicada en el Decreto número trescientos ochenta, de veintidós de febrero de dos mil once, específicamente los artículos 75, 76, 77 y 78, y su ejecución. Del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán: La aprobación y promulgación del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, precisamente en el artículo 312, fracción XIX. De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán: Como primer acto de aplicación de las normas impugnadas, la multa impuesta en la boleta de infracción 495993. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública (foja 42), el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador del Estado (fojas 45 a 53) y el Director Jurídico del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Yucatán (fojas 58 a 65), al rendir su informe justificado, manifestaron que son ciertos los actos reclamados en el ámbito de su competencia, por lo que se tienen por existentes. Esa certeza que es implícita a los actos relacionados con la promulgación de las normas generales impugnadas, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, agosto de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 260, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." Cuarto. Causal de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se advierte de oficio que en relación con los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone lo siguiente: De oficio este resolutor de amparo advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el 108 fracción III de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: ... III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; ." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I.. .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Efectivamente, se actualiza la referida causal de improcedencia, en virtud que el acto de aplicación de las normas que el quejoso reclama como inconstitucionales y su acto de aplicación, que consiste en la multa impuesta en la boleta de infracción de folio 495993, la cual fue emitida por el Agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con número de placa 305476, de nombre Adrián Gabriel Chi Loeza, sin que esta autoridad fuera señalada como responsable por la parte quejosa, a pesar de la prevención que al respecto se le formuló. Esto es así, ya que se advierte de la documental exhibida con la demanda de amparo, que consiste en el original de la citada boleta de infracción (foja 28), la que tiene el valor pleno que les conceden los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Cabe precisar que al evidenciarse la participación de dicha autoridad en la ejecución del acto reclamado, se procedió en consecuencia, ya que por acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 73 y 74), se requirió a la parte quejosa para que manifestara si señalaba al agente de tránsito antes mencionado, como autoridad responsable en este asunto, y se le apercibió que no hacerlo, se resolvería el juicio de amparo como fue planteado en la demanda. Luego, no obstante de la notificación personal al quejoso sobre el requerimiento de mérito (foja 79), no dio cumplimiento; por tanto, en la audiencia constitucional de este juicio de amparo, celebrada por este órgano federal, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que se ordenó resolver este asunto respecto de las autoridades señaladas por la parte quejosa en su demanda de amparo, esto es, que no tomarían en consideración como autoridad responsable, las que no fueron mencionadas en la demanda. Máxime que en el presente juicio de amparo el quejoso combate la inconstitucionalidad de una multa contenida en una boleta de infracción elaborada en su contra, así como los preceptos legales en que se funda la autoridad expedidora de la multa para realizar el acto. En consecuencia, el acto que reclama el solicitante de amparo proviene de una autoridad que no fue llamada como responsable, que es el Agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, de nombre Adrián Gabriel Chi Loeza, con placa número 305476, por lo que con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto al acto reclamado consistente en la imposición de la multa contenida en la boleta de infracción con folio 467842 fundada en el Reglamento considerado inconstitucional. Esto es así, pues al no haber sido señalada como responsable la autoridad emisora del acto reclamado, deviene imposible a este resolutor de amparo, hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, en virtud que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Como apoyo, se cita por analogía de razón, la tesis de jurisprudencia 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, IX, Enero de 1999, Materia(s): Común), página 113, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Es de señalarse que ante el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en relación con la clausura reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No se soslaya que en el informe justificado del Secretario de Seguridad Pública del Estado, rendido por conducto del encargado provisional de la dirección jurídica de dicha institución (foja 42), autoridad a la que el quejoso atribuye la imposición de la multa en la boleta de infracción 495993, haya reconocido la existencia del acto, pues aunque esto haya sido, del contenido del propio informe es evidente que esa autoridad reconoció la existencia del acto, pero no la ejecución propia del mismo, como expresamente lo puntualizó en dicho informe; esto es, que atribuye la realización del acto reclamado al agente que levantó la infracción, y únicamente reconoce que un elemento de la corporación policiaca expidió la multa reclamada, no en sí mismo. Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción III del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la invocada ley. Sobreseimiento que hace extensivo a los actos reclamados tanto al Congreso como al Gobernador Constitucional, ambos del Estado, relativos a la inconstitucionalidad de normas jurídicas, pues en sí, el acto de aplicación es lo que precisamente causa perjuicio al quejoso y no la ley y el reglamento por sí solos; es decir, la estrecha vinculación entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar el primero prescindiendo del otro, pues el sobreseimiento del juicio en cuanto al acto de aplicación, comprende a la ley o reglamento. Esta consideración se sustenta en el criterio emitido por el Pleno del Alto Tribunal del país, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232028, Volumen 217-228, Primera Parte, Materia(s): Constitucional, página 27, que dice lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." De igual manera, el sobreseimiento se hace extensivo al acto reclamado a la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que tampoco puede desvincularse del acto reclamado. Así, en las condiciones señaladas, al surtirse la causa de improcedencia examinada, respecto de los actos reclamados, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enrique Mendoza Bolio respecto de los actos reclamados, por los motivos expuestos en el considerado cuarto de esta resolución. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando octavo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, hoy treinta de agosto de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 791/2018-I promovido por Enrique Mendoza Bolio, contra actos del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 14, 49, 73, fracción XXIII, 89, fracción I y 116, primer párrafo constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, recibido por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, recibido en esa fecha en la Oficialía de Partes de este juzgado, Enrique Mendoza Bolio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad de Mérida. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno tocó conocer de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, que la registró con el número 190/2018-IV y la admitió en auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, en la que la titular de dicho órgano jurisdiccional declaró encontrarse impedida para seguir conociendo del asunto. Tercero. Impedimento. Al resolver el impedimento 2/2018, el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materias Penal y Administrativa calificó de legal el que fue planteado, por lo que ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, para el returno al juzgado de Distrito que correspondiera. Cuarto. Radicación y trámite. Por razón de turno correspondió recibir el expediente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado y por auto de once de julio de dos mil dieciocho se avocó al conocimiento, se ordenó notificar a las partes y se señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual verificativo en términos del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgados de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclaman actos cuya ejecución tiene lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: Del Congreso del Estado de Yucatán: El examen, discusión y aprobación de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicada en el Decreto número trescientos ochenta, de veintidós de febrero de dos mil once, específicamente los artículos 75, 76, 77 y 78, y su ejecución. Del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán: La aprobación y promulgación del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, precisamente en el artículo 312, fracción XIX. De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán: Como primer acto de aplicación de las normas impugnadas, la multa impuesta en la boleta de infracción 495993. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública (foja 42), el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador del Estado (fojas 45 a 53) y el Director Jurídico del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Yucatán (fojas 58 a 65), al rendir su informe justificado, manifestaron que son ciertos los actos reclamados en el ámbito de su competencia, por lo que se tienen por existentes. Esa certeza que es implícita a los actos relacionados con la promulgación de las normas generales impugnadas, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, agosto de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 260, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." Cuarto. Causal de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se advierte de oficio que en relación con los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone lo siguiente: De oficio este resolutor de amparo advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el 108 fracción III de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: ... III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; ." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I.. .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Efectivamente, se actualiza la referida causal de improcedencia, en virtud que el acto de aplicación de las normas que el quejoso reclama como inconstitucionales y su acto de aplicación, que consiste en la multa impuesta en la boleta de infracción de folio 495993, la cual fue emitida por el Agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con número de placa 305476, de nombre Adrián Gabriel Chi Loeza, sin que esta autoridad fuera señalada como responsable por la parte quejosa, a pesar de la prevención que al respecto se le formuló. Esto es así, ya que se advierte de la documental exhibida con la demanda de amparo, que consiste en el original de la citada boleta de infracción (foja 28), la que tiene el valor pleno que les conceden los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Cabe precisar que al evidenciarse la participación de dicha autoridad en la ejecución del acto reclamado, se procedió en consecuencia, ya que por acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 73 y 74), se requirió a la parte quejosa para que manifestara si señalaba al agente de tránsito antes mencionado, como autoridad responsable en este asunto, y se le apercibió que no hacerlo, se resolvería el juicio de amparo como fue planteado en la demanda. Luego, no obstante de la notificación personal al quejoso sobre el requerimiento de mérito (foja 79), no dio cumplimiento; por tanto, en la audiencia constitucional de este juicio de amparo, celebrada por este órgano federal, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que se ordenó resolver este asunto respecto de las autoridades señaladas por la parte quejosa en su demanda de amparo, esto es, que no tomarían en consideración como autoridad responsable, las que no fueron mencionadas en la demanda. Máxime que en el presente juicio de amparo el quejoso combate la inconstitucionalidad de una multa contenida en una boleta de infracción elaborada en su contra, así como los preceptos legales en que se funda la autoridad expedidora de la multa para realizar el acto. En consecuencia, el acto que reclama el solicitante de amparo proviene de una autoridad que no fue llamada como responsable, que es el Agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, de nombre Adrián Gabriel Chi Loeza, con placa número 305476, por lo que con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto al acto reclamado consistente en la imposición de la multa contenida en la boleta de infracción con folio 467842 fundada en el Reglamento considerado inconstitucional. Esto es así, pues al no haber sido señalada como responsable la autoridad emisora del acto reclamado, deviene imposible a este resolutor de amparo, hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, en virtud que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Como apoyo, se cita por analogía de razón, la tesis de jurisprudencia 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, IX, Enero de 1999, Materia(s): Común), página 113, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Es de señalarse que ante el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en relación con la clausura reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No se soslaya que en el informe justificado del Secretario de Seguridad Pública del Estado, rendido por conducto del encargado provisional de la dirección jurídica de dicha institución (foja 42), autoridad a la que el quejoso atribuye la imposición de la multa en la boleta de infracción 495993, haya reconocido la existencia del acto, pues aunque esto haya sido, del contenido del propio informe es evidente que esa autoridad reconoció la existencia del acto, pero no la ejecución propia del mismo, como expresamente lo puntualizó en dicho informe; esto es, que atribuye la realización del acto reclamado al agente que levantó la infracción, y únicamente reconoce que un elemento de la corporación policiaca expidió la multa reclamada, no en sí mismo. Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción III del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la invocada ley. Sobreseimiento que hace extensivo a los actos reclamados tanto al Congreso como al Gobernador Constitucional, ambos del Estado, relativos a la inconstitucionalidad de normas jurídicas, pues en sí, el acto de aplicación es lo que precisamente causa perjuicio al quejoso y no la ley y el reglamento por sí solos; es decir, la estrecha vinculación entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar el primero prescindiendo del otro, pues el sobreseimiento del juicio en cuanto al acto de aplicación, comprende a la ley o reglamento. Esta consideración se sustenta en el criterio emitido por el Pleno del Alto Tribunal del país, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232028, Volumen 217-228, Primera Parte, Materia(s): Constitucional, página 27, que dice lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." De igual manera, el sobreseimiento se hace extensivo al acto reclamado a la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que tampoco puede desvincularse del acto reclamado. Así, en las condiciones señaladas, al surtirse la causa de improcedencia examinada, respecto de los actos reclamados, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enrique Mendoza Bolio respecto de los actos reclamados, por los motivos expuestos en el considerado cuarto de esta resolución. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando octavo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, hoy treinta de agosto de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, toda vez que no obra en autos constancia que acredite que se hubiese notificado personalmente a la parte quejosa del proveído de once de julio del año en curso, de radicación del presente asunto; por tanto, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, realice la notificación a la parte quejosa del proveído de mérito. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con treinta minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Lo anterior sin que se soslaye que obra en autos la audiencia constitucional celebrada por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, quien primigeniamente conoció del presente asunto; sin embargo, en virtud que al celebrarla planteó el impedimento para seguir conociendo y resolver del juicio de amparo indirecto 190/2018-IV de su índice, que fue calificado de legal por la superioridad; por tanto, sin desconocer la validez de las actuaciones realizadas antes de la audiencia, ante el impedimento de mérito se considera que al avocarse este juzgado al conocimiento del asunto, citar a las partes a la audiencia constitucional para resolver en este juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 36/2009 aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Jurisprudencia, Tomo XXIX, Junio de 2009, Materia(s): Común, registro 167142, página: 43, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." Énfasis añadido Notifíquese y personalmente a la parte quejosa Enrique Mendoza Bolio. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.
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