Enrique Mejía García

Expediente 60/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
60/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Enrique Mejía García

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de catorce de febrero de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que ha quedado FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por xxxxxxxxx. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al dieciocho de abril de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE por medio de lista a la promovente.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierten los motivos por los cuales la fedataria judicial de la adscripción, no pudo notificar al quejoso *****, el auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, toda vez que la persona que la atendió le manifestó que, no conocen a ninguna persona con el nombre del buscado y que tampoco reciben documentos; en esas condiciones, se ordena notificar el auto de referencia, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Lo anterior en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la jurisprudencia número 1ª./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, abril de 2008, página doscientos treinta y ocho, que dispone: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Notifíquese por lista al quejoso. En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, procedo a notificar por medio de lista a la parte quejosa el auto de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, que a la letra dice: ". México, Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Téngase por recibido el escrito de demanda presentado el diez de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y recibido el once del mismo mes y año, por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 60/2022-V y NEUN 29509405. PERSONALIDAD La demanda la promueve *****, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. ACTOS RECLAMADOS. a) El auto de nueve de agosto de dos mil veinte, dictado por el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, en la controversia de arrendamiento *****, promovido por ***** en contra del quejoso y otros, en el cual ordeno girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que las diversas instituciones bancarias del país pongan a disposición las cantidades embargadas hasta por la cantidad de *****. b) El auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, en la controversia de arrendamiento *****, promovido por *****, en el cual ordeno girar oficio a Banco Nacional de México, Sociedad Integrante del Grupo Financiero Banamex, a efectos de que informe los números de cuentas y saldos existentes de la cuentas a nombre del quejoso debiendo retenerla y ponerlas a disposición del juzgado responsable. c) El auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, en la controversia de arrendamiento 285/2020, promovido por *****en contra del quejoso y otros, en el cual el juez responsable ordenó girar oficio recordatorio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por medio del Sistema de Atención de Requerimientos, de autoridad a efecto de que requiere a la instituciones bancarias del país para que informen los números de cuentas y saldos existentes en la cuentas que existen y saldos existentes en la cuentas que existan a nombre del quejoso. Amparo indirecto 60/2022-V d) El embargo o bloqueo hecho a la cuenta bancaria número *****, de la institución de crédito Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la demanda de amparo se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado:  En los autos de la controversia de arrendamiento 285/2020, tramitada ante el Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, se tuvo por emplazado al aquí quejoso, dando contestación en tiempo y forma, posteriormente, mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veinte, el Juez responsable ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de requerir a diversas instituciones financieras, pusieran a disposición de dicho juzgado las cantidades embargadas hasta por la cantidad de *****.  En contra de dicho acuerdo el quejoso interpuso recurso de apelación el cual se admitió en efecto devolutivo de tramitación preventiva, reservándose su tramitación para hacerlo valer con la apelación que se interponga con la sentencia definitiva.  El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva condenatoria a los codemandados, inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de apelación, siendo que ambas apelaciones se encuentran en trámite.  El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable emitió dos autos, en los cuales ordenó girar oficios al Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, a efectos de que informe los números de cuentas y saldos existentes de la cuentas a nombre del quejoso debiendo retenerla y ponerlas a disposición del juzgado responsable, así como también ordenó girar oficio recordatorio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por medio del Sistema de Atención de Requerimientos, de autoridad a efecto de que requiere a la instituciones bancarias del país para que informen los números de cuentas y saldos existentes en la cuentas que existen y saldos existentes en la cuentas que existan a nombre del quejoso.  En cumplimiento a lo anterior, el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, bloqueo la cuenta bancaria número ***** del quejoso de la cual derivan las cuentas bajos los contratos número ***** y *****, del cual el quejoso se enteró el veintiuno de enero del año en curso. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De lo antes expuesto, respecto de los actos reclamados señalados con los incisos a), b) y c) se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo. Los precitados dispositivos legales establecen, lo siguiente: Amparo indirecto 60/2022-V ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." ". Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO De una interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en el precepto 61 de la citada Ley de Amparo; luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días. El numeral 18 de la ley de Amparo, contiene las reglas generales de temporalidad de la presentación de la demanda de garantías, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: ".ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día Amparo indirecto 60/2022-V siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como puede verse, dicho numeral prevé las diversas reglas para computar el término de quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda para tenerla oportunamente recibida, según la promovente haya tenido conocimiento de la existencia de los actos reclamados, tales como: a) la notificación, b) el conocimiento o c) la confesión. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) el impetrante de amparo tuvo conocimiento de los actos reclamados, el día siguiente de la publicación de los autos reclamados de nueve de agosto de dos mil veinte, y de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, conforme a los numerales 17 y 18 de la Ley de la Materia, todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo contado a partir del día siguiente en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto la notificación al promovente de la resolución que reclame, o bien, a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Por tanto, el termino de quince días, para interponer la demanda de amparo, partiéndose de la premisa de que el ocursante tuvo conocimiento de los actos reclamados señalados con los incisos a) b) y c), este último desde el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que se publicó el último acuerdo, en tales consideraciones, se entiende que a partir de ese momento, hasta el día de la presentación de la demanda de garantías, esto es el diez de febrero de dos mil veintidós, ha transcurrido en exceso el término legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV del ordenamiento antes citado. Sirve de apoyo a lo establecido en la Contradicción de tesis 57/2008-PL de la Novena Época, con número de registro 163172, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, página 5, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda Amparo indirecto 60/2022-V solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. De igual forma, es aplicable por similitud de razón el criterio de jurisprudencia 556, localizable en la página 370 del Apéndice de 1995, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Igualmente es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial número 61, visible en la página 103, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo rubro y texto rezan: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 13, Tomo IX, Enero de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 194697, que dispone: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta Amparo indirecto 60/2022-V por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Tiene aplicación la Tesis I. 3o. A. 135 K, de la Octava Época, con número de registro 210856, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, materia Común, a página: 619, la cual establece: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc.". Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que el quejoso haya manifestado en la demanda que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiuno de enero de dos mil veintidós, toda vez que, como se advierte de los antecedentes narrados en esta determinación, al impetrante le asiste el carácter de parte demandada, por lo que tuvo el conocimiento oportuno de las mencionadas actuaciones, tan es así, que el propio impetrante narra que contra dichas determinaciones interpuso los recursos de apelación preventiva, que se encuentran sujetos a análisis junto con la apelación que a su vez interpuso contra la sentencia que resolvió el juicio natural, en tanto, que, en el cuerpo de la demanda especifica que el conocimiento a que se refiere, corresponde al momento en que pretendió disponer de los recursos de la señalada cuenta, que se trata de un acto que autonomía atribuye a la citada institución bancaria y que será analizado en los párrafos siguientes Por otra parte, respecto del acto reclamado señalado con el inciso c). Amparo indirecto 60/2022-V Conforme a lo antes trascrito, se hace notar que el peticionario de amparo señala como acto reclamado el embargo o bloqueo de la cuenta bancaria número *****, por el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex; sin embargo, dicho acto no puede ser considerado como actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de manera que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Amparo indirecto 60/2022-V En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." De los numerales antes transcritos, se advierte que el acto reclamado por el promovente de amparo no encuadra dentro de los supuestos previstos en el artículo 107 en cita, ya que el impetrante pretende por medio del juicio de amparo indirecto que se estudie lo relativo al bloqueo dela cuenta bancara a su nombre por parte del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex; sin embargo, es de señalarse que lo anterior, no es procedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, ya que dicha institución bancaria, no tiene el carácter de autoridad responsable en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Lo cual no acontece en el presente caso, pues por lo que concierne a la institución bancaria Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, sus actos no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio de un acto de autoridad antes bien, se trata de un acto Amparo indirecto 60/2022-V en el que dicha persona moral es cocontratante y su relación es intuito personae particular y, en tal circunstancia al no recaerle el carácter de autoridad responsable de conformidad con el citado artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, el cual establece que los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma de carácter general; por lo que su actuación no está regulada en ninguna ley, ni existe una relación de supra subordinación, sino que su interactuación con el quejoso lo es al amparo de la libre autodeterminación de su voluntad, basada en la relación contractual, como particulares y no en cumplimiento de una disposición legal. Apoya a lo anterior, la Tesis I.2o.A.E.6 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre 2015, Tomo IV, Décima Época, pagina 4063, la cual al tenor establece: "PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE DETERMINARSE SI LE ASISTE ESE CARÁCTER. La Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en su artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, establece un supuesto que no estaba previsto en la ley de la materia abrogada, relativo a la posibilidad de que los particulares sean autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; empero, dicho mandato se introduce a manera de excepción, únicamente cuando la ley dé al particular alguna facultad de imperio susceptible de afectar derechos de otros gobernados, ya que, ordinariamente, éstos se involucran entre sí en relaciones de coordinación, no de supra a subordinación. A partir de dicha circunstancia, se concluye que desde la admisión de la demanda de amparo debe determinarse si el particular es o no autoridad responsable, porque dada la excepcionalidad del tratamiento legal respectivo, no conviene someterlo innecesariamente al juicio -con las cargas procesales que se le imponen al hacerlo-, si desde esa etapa del procedimiento se advierte que no le asiste el carácter señalado. Examen que, evidentemente, es factible sólo si obran en el sumario elementos suficientes para arribar a la decisión correspondiente, lo cual deriva del artículo 113 del propio ordenamiento." Así mismo, tiene aplicación la Tesis III.4o.C.10 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Décima Época, pagina 1828, la cual al tenor establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por Amparo indirecto 60/2022-V u na norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el embargo o bloqueo hecho a la cuenta bancaria número *****, de la institución de crédito Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, no constituye un acto que sea impugnable directamente a través del juicio de amparo indirecto, ya que a través del mismo no es procedente que se obtenga la modificación o anulación del mismo, máxime que los contratos de crédito son de naturaleza mercantil y lo procedente es en todo caso combatirlos ante una autoridad judicial del orden común. Apoya a lo anterior, la Tesis 1a./J. 29/2008, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época, pagina 236, la cual al tenor establece: "CONTRATOS MERCANTILES. EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ELLOS, ES APLICABLE EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y NO EL 1846 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA MATERIA. El artículo 88 del Código de Comercio establece que quien demande el incumplimiento de un contrato mercantil podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena en él prescrita. Por otra parte, si bien es cierto que el Código Civil Federal es de aplicación supletoria y que su artículo 1846 regula el incumplimiento parcial de las obligaciones, su aplicación únicamente se justificaría si existiese una laguna en el Código de Comercio. Sin embargo, toda vez que el artículo 88 del Código de Comercio no hace una distinción entre los tipos de incumplimiento, debe entenderse que dicho artículo comprende tanto el parcial como el total. En todo caso, ambos son tipos de incumplimiento de las obligaciones contraídas, por lo que debe considerarse que dicho artículo es una norma completa, o sea, una norma de la que no deriva ninguna laguna. Es decir, dado que el artículo 88 del Código de Comercio regula todos los supuestos de incumplimiento (ya sea parcial o total) no existe justificación para aplicar supletoriamente el artículo 1846 del Código Civil Federal. Por lo tanto, cuando se demande el incumplimiento parcial o total de un contrato mercantil, el acreedor no podrá ejercer simultáneamente las acciones de cumplimiento del contrato y la de pago de la pena en él convenida, sino que deberá ejercer exclusivamente una de ellas." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por ***** Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de Amparo indirecto 60/2022-V amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL IMPETRANTE En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del peticionario de amparo el que indica en su demanda de amparo. Se tiene como autorizado al profesionista que indica -por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito sistema- únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. Amparo indirecto 60/2022-V HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente al peticionario de amparo.."

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al peticionario de amparo.

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