Enrique Mejia Bello

Expediente 1085/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1085/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Enrique Mejia Bello
  • Eduardo Flores Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión de plano y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la papeleta de turno, el oficio 28678/2022 del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que remite el juicio de amparo 1018/2022 de sus registros, promovido por **** al declararse incompetente para conocer de los actos reclamados que le atribuyó consistentes en violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales; regístrese en el libro de gobierno con el número 1085/2022. Acúsese recibo e infórmese al homologo que el que aquí provee se avoca al conocimiento del asunto respecto de los citados actos a él atribuidos. DESECHAMIENTO: En el particular, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque el legislador estableció en dicha causal, que contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de éstas, no procede la acción de amparo, esencialmente, porque la función de los órganos en la materia es netamente de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley. Luego, si en el caso, la parte quejosa atribuye al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales, se entiende que se hace en la función propio del control constitucional. De manera que, es claro que a través del juicio de amparo no puede someterse a examen la regularidad de los actos emitidos por los órganos jurisdiccionales que conocen de dicho medio de control constitucional, debido a que dentro del sistema constitucional que nos rige y a la luz de los principios de la técnica que impera en el juicio de amparo, sería algo fuera de toda lógica jurídica el admitir que los órganos de amparo, pudieran vulnerar directamente el orden constitucional establecido, cuya salvaguarda les confía la propia Carta Magna y, se trataría al juez de distrito del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Al respecto, cabe hacer la precisión que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido objeto de una constante evolución interpretativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente, a propósito de lo que disponía el artículo 11 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, de lo cual, dan cuenta múltiples precedentes emitidos en los asuntos de su conocimiento, en donde a pesar de mantenerse una base común o general sobre la noción de dicha figura, ésta se ha ido complementando o modulando caso por caso. Así, la doctrina judicial construida por ese Alto Tribunal ha dejado ver, que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo surge de relaciones de supra a subordinación (entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social y que se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad) en contraposición a las relaciones de coordinación (entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias que se susciten entre las partes). En el caso, como se ha establecido, la relación que se plantea entre el juzgado de distrito de amparo y el quejoso, no es de las que son objeto de estudio del juicio de amparo, toda vez que los titulares de los Juzgado de Distrito, cuando actúan en su calidad de órganos de control constitucional, no puede atribuírseles la violación a preceptos pertenecientes a la Carta Magna, o bien a derechos fundamentales de los gobernados, en razón de que, dada su investidura constitucional y calidad de titulares de órganos de control constitucional, técnica y jurídicamente no es factible que transgredan disposiciones de la Ley Fundamental, pues está les confía la elevada responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad de los actos de autoridades, ciñéndose a la Ley de Amparo. Lo cual no significa que, sus actuaciones no puedan ser objeto de revisión, pero esto debe tener lugar, en vía de agravio, al interponerse el recurso correspondiente contra la resolución dictada por el juzgador de amparo, en los términos y condiciones de procedibilidad que establezca la Ley de Amparo. Lo que es acorde con el texto vigente de los artículos 1º de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los cuales el Estado Mexicano está obligado a proporcionar a los gobernados un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que los proteja contra actos que violen sus derechos fundamentales, lo que implica que es obligación de los tribunales procurar que ninguna disposición secundaria quede al margen de la posibilidad de someterla a su contraste con la Carta Magna, pues ésa es una de las formas de favorecer la protección más amplia de las personas. Lo cual se cumple a través de los recursos que prevé la Ley de la Materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DE LA PARTE QUEJOSA: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano federal, ya que los promoventes fueron omisos en indicarlo; no obstante se deja a salvo su derecho para señalar cualquier otro. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. Notifíquese.

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