Enrique Mejía Bello y Otros.

Expediente 1340/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1340/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Enrique Mejía Bello y Otros.
  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.
  • Luis Gabriel Jop Corzo

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Actuario del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual remite testimonio de la resolución dicta en el toca *** de su índice, en el cual resolvió: "ÚNICO.- Se declara legalmente competente para conocer del presente asunto al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México." Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; procédase a su destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses que se establece en el punto de referencia, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México por el que informa que ese órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada para conocer del juicio promovido por *** contra los actos de la Dirección de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Acúsese recibo correspondiente. Pese a los razonamientos del juzgador oficiante este juzgador no comparte su determinación. Se considera necesario señalar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis en las demandas, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. La legislación establece como reglas de competencia para el juicio de amparo, las siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Es aplicable la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: ... En el caso, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal para conocer del asunto por razón de la materia, la cual es regulada por los artículos 49, 50, 51, fracción II, 56, fracción I y 57 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", que regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: ... Es decir, el artículo 51 de la Ley en cita prevé que el juez especializado en materia penal conocerá de los juicios que se promuevan contra: - Resoluciones judiciales del orden penal. - Actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal o que tengan injerencia en los asuntos de la materia penal. - Resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil cuando la acción se funde en la comisión de un delito, - Leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal y, - Denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, atendiendo a lo expuesto con anterioridad, es dable señalar que la competencia por materia penal prevista en el artículo referido debe interpretarse siempre atendiendo a la naturaleza y origen del acto que se reclama. De manera que los supuestos ahí previstos no deben interpretarse de manera literal y restrictiva, sino de una manera enunciativa y extensiva para poder atender realmente, en cada caso, a la naturaleza del acto que se pone a consideración y conocimiento del juzgador. Sin embargo, este juzgado de Distrito considera que los actos reclamados son inherentes a las condiciones de internamiento, del quejoso lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, mismo que fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: ... En la ejecutoria citada, se determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia. Es por ello, que se insiste que los actos reclamados son de naturaleza penal. Es aplicable por analogía la siguiente jurisprudencia: ... Tales elementos se consideran suficientes para determinar que de la demanda de amparo en cuestión deba conocer un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por lo expuesto, esta autoridad no comparte los argumentos esgrimidos por el homólogo federal remitente para no aceptar la competencia planteada. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo tercero, del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resuelva el conflicto competencial planteado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y continúese actuando en el cuaderno de antecedentes. Comuníquese el presente proveído al juzgado Federal oficiante para los efectos legales consiguientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Por recibido el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa, por el que en desahogo al requerimiento formulado el dieciocho de agosto del año en curso, amplía su demanda respecto de la autoridad y acto siguientes: ... En tal virtud, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA AMPLIACIÓN de demanda. Otórguese la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y córrasele traslado con copia del escrito de ampliación de demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que sea el caso de proveer sobre la suspensión por no haberse solicitado. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable señalada su informe con justificación, que deberá rendirlo en un plazo de quince días y con una anticipación de por lo menos ocho con relación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, apercibida que de no hacerlo, se impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 260, fracción II, con relación al diverso 238, párrafo primero, ambos de la ley de la materia; conforme al decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Hágase del conocimiento de la responsable que se encuentran fijadas las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, con las constancias que remite y para un mejor manejo y conservación del sumario en que se actúa, fórmese por separado un tomo de pruebas, señalado con número 1. Notifíquese.

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