Enrique Mejia Bello

Expediente 1160/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1160/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Enrique Mejia Bello
  • Enrique Alvarado Saucillo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual, devuelve diligenciado el exhorto ***, orden ***, del índice de este juzgado, el cual fue librado a fin de notificar a ***, el auto de seis de diciembre del año en curso. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, dado que mediante proveído de seis del mes y año en curso, este órgano jurisdiccional declinó la competencia para conocer del presente asunto en favor del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, resérvese proveer lo conducente hasta que se tenga cocimiento si el referido órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada a su favor.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por ***. Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en discriminación, intimidación, represalias, actos de molestia y perturbación del sueño, equiparables a tortura sicofísica y psicoemocional, extorsiones telefónicas y cualquier acto de los prohibidos en el artículo ***, constituye un hecho notorio los autos del juicio de amparo ***, del índice de este juzgado de distrito, en el que, en proveído de esta fecha, se concedió la suspensión de plano para el efecto que de inmediato cesen dichos actos y cualesquiera otros prohibidos por el aludido numeral de la constitución, de los que se dicen, es objeto el aquí quejoso directo. De ahí que, resulta patente que se actualiza la hipótesis contenida en el ***, que establece: "***" Lo anterior, debido a que como se dijo, en el diverso sumario constitucional ya se emitió un pronunciamiento expreso con relación a la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, la cual continúa surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que disponga lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano respecto de dichos actos. Ahora bien, con relación a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, respecto a la orden de traslado, la misma resulta improcedente, toda vez que como lo ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Del mismo modo, no ha lugar a decretar la suspensión de plano respecto del diverso acto reclamado consistente en la reubicación de dormitorio del quejoso, en virtud de que no se encuentra dentro de los previstos en alguno de los supuestos del artículo ***, y no generan de facto una incomunicación, o algún ataque a la libertad personal fuera de procedimiento o que se ubique en los supuestos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En consecuencia, será el juez que se avoque al conocimiento de la presente demanda, el que deberá realizar el pronunciamiento respectivo, en términos de lo precisado en párrafos subsecuentes. Toda vez que la parte quejosa es omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. No obstante, dado que el quejoso refiere que se encuentra interno en el reclusorio de la Ciudad de México, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que realice lo siguiente: 1) Comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentre el quejoso y le notifique personalmente el presente acuerdo. 2) Comisione al actuario judicial adscrito al juzgado exhortado a efecto de que proceda a dar fe de las condiciones físicas en las cuales se encuentren los quejosos, de lo cual deberá realizar una relación detallada; asimismo, de estimarlo necesario, realice toma de placas fotográficas a fin de acreditar el estado físico de los peticionarios de amparo. En el entendido que la autoridad administrativa ante quien están a disposición el quejoso directo deberá prestar todas las facilidades a efecto de que el actuario facultado se pueda constituir a desahogar la diligencia de mérito. -Incompetencia. En otro orden de ideas, cabe señalar que los presupuestos procesales son los requisitos que los gobernados deben cumplir al hacer uso del derecho de acceso a la justicia. A razón de ejemplo cabe citar, entre otros, la competencia (el gobernado debe de presentar su petición ante el órgano facultado por el legislador para conocer del procedimiento); la legitimación (cuáles son las personas que pueden demandar y cuáles pueden ser demandadas); la vía (el procedimiento que el legislador previó para el caso concreto). Así, la competencia es la distribución de jurisdicción entre los jueces, que se realiza mediante la asignación de determinadas facultades para realizar la función jurisdiccional en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. De esta forma, se traduce en los límites del poder jurisdiccional, dentro de los cuales el juez puede conocer de los conflictos o controversias que los gobernados le presentan; en ese orden ideas, podemos decir que la competencia es sólo la facultad que tiene el juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y solo dentro de determinado territorio. En esa tesitura, al ser la competencia de estudio preferente, este órgano jurisdiccional procede a examinar si resulta competente para conocer del presente asunto. Como se ve, en la demanda que se analiza se señala como autoridad responsable entre otros, al suscrito Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala -tomando en consideración que se señalaron con tal carácter a la totalidad de juzgadores de amparo del Estado de Tlaxcala- motivo por el cual este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto. En ese sentido, debe tomarse en consideración lo establecido en el artículo ***, el cual refiere lo siguiente: ***. El precepto legal en cita determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca dicho juez. En ese sentido, en el caso se actualiza lo establecido en dicho numeral, ya que el suscrito fue señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción o no en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, y por tanto al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no se puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez. Bajo ese contexto, resulta competente para conocer de la presente demanda constitucional, al juez de distrito, en turno, más cercano. Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos no señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito en Baja California, en Baja California Sur, así como al Juzgado Décimo de Tamaulipas, con sede en Tampico. En ese sentido, tomando en consideración la distancia que existe entre dichas entidades federativas, y la Estado de Tlaxcala, se estima que el juez competente para conocer del libelo constitucional, lo es el JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN TAMPICO. Esto, toda vez que constituye un hecho notorio para el suscrito, que la distancia aproximada entre esta ciudad de Apizaco, Tlaxcala y Tampico Tamaulipas es aproximadamente de entre 390 km (trescientos noventa kilómetros). Mientras que la distancia entre Apizaco, Tlaxcala y Tijuana, Baja California, es de aproximadamente ***; y entre esta ciudad y Mexicali, hay una distancia aproximada de ***. De ahí que relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización y por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se estima que este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta, y que corresponde al JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN TAMPICO, conocer de la demanda de amparo planteada, dada su cercanía con la ciudad en la que reside este juzgado federal. Por tanto, remítase mediante oficio el expediente en que se actúa al JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN TAMPICO, para que tenga a bien determinar si acepta o no la competencia propuesta, solicitando que a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia simple de la demanda de cuenta, así como autógrafa del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se autoriza a cualquier secretario y actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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