Enrique Mejía Bello

Expediente 637/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
637/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México
  • Enrique Mejía Bello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio ******de nuestro índice, por el cual se le remitió el expediente del presente juicio; asimismo, comunica que aceptó la competencia planteada y radicó el expediente bajo el número *****. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo definitivo del presente expediente, el cual es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años por haberse declarado incompetente este juzgado para conocer la demanda de amparo. Asimismo, en observancia a lo previsto en el numeral 35 del citado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15 del propio acuerdo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, así como en el libro de gobierno correspondiente, y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguense a los presentes autos el correo electrónico y oficios remitidos por ***, Defensor Público adscrito a la Dirección de Defensoría Pública, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de Ciudad de México, mediante los cuales informa que el veintiséis de enero del año en curso, aceptó y protestó el cargo de defensor del quejoso, en el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, asimismo, que el veintiocho de enero de los corrientes, acudió a la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, lugar donde se encuentra recluido el quejoso, a fin de proporcionarle asesoría para el desahogo de la prevención efectuada en el presente juicio, y, que el treinta y uno de enero de los actuales, depositó en las oficinas de correos de México, el escrito por el que desahogó la prevención formulada en proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el directo quejoso ***, mediante el cual desahoga la prevención impuesta en auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que manifiesta lo siguiente: "1. Que me desisto de la designación como autoridades responsables denominadas "Jueces de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto"; así como de los "Jueces de distrito de edomex, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Chiapas" 2. Asimismo, me desisto de la designación como autoridades responsables denominadas Presidente de México, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 3. Que me encuentro a disposición de la autoridad denominada Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Que tengo el carácter de sentenciado. 5. Que ratifico los actos reclamados señalados en el escrito inicial de demanda y que se reproducen en el auto de fecha 9 de agosto de 2021, los cuales se atribuyen a las autoridades responsables: se dice Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de las misma Subsecretaria; Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México Subdirector de Seguridad; Subdirector de Apoyo Técnico; Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnostico, Ubicación y Determinación del Tratamiento; Comité Técnico, todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México y órgano desconcentrado de prevención y readaptación social. [.]". Incompetencia Sentado lo anterior, este juzgado de Distrito considera no ser competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ello en razón de que no se surte la competencia legal por cuestión de territorio a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados. Resulta pertinente precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el juez de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 21/2009, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. (.)" Las reglas de competencia de los jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales citados, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." (Lo destacado es propio). Tal precepto constitucional establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el presente caso, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Traslado fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal y por motivos de represalias), del quejoso de la penitenciaria CDMX a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX, que pone en riesgo grave la vida, salud, integridad y dignidad personal y sicoemocional del quejoso y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional. Reubicación fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal y por motivos discriminatorios) del quejoso del dormitorio cuatro, a otro dormitorio diverso modulo diverso o área diversa que pone en riesgo grave la vida, salud, integridad y dignidad personal y sicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Discriminación por condición. Violación al principio pro hominem. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. Ahora, toda vez que en el presente, únicamente se tienen como autoridades responsables a las señaladas en el escrito inicial de demanda, con excepción de los jueces de distrito entre ellos a los de la Ciudad de México, toda vez que en el escrito de cuenta el quejoso se desistió de las autoridades señaladas como jueces de distrito de la Ciudad de México, así como los del resto de la República, por ende, si los actos que se reclaman tienen ejecución material en la Ciudad de México, toda vez que el quejoso Enrique Mejía Bello, se encuentra recluido en la Penitenciaría de la CDMX, y a disposición del Juzgado Trigésimo Quinto en Materia Penal de la Ciudad de México, mismo que conoce de la causa penal 261/2021 instruida en contra del citado quejoso, en la que se le impuso una pena de setenta años de prisión, por la comisión de diversos delitos, en ese sentido, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados tuvo o tendrán verificativo en la Ciudad de México, lugar donde se encuentra recluido el aquí quejoso. Es aplicable a lo anterior, la tesis de la entonces Sala Auxiliar, visible en la página 88, tomo 217-228 Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registrada con el número 245025, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el artículo primero, fracción XV, segundo, fracción XV, punto 3, y cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, el suscrito determina que carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por ***, en representación de ***, contra actos que atribuye al Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; por lo que se ordena su remisión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera legalmente competente para conocerlo y resolverlo como en derecho proceda, por los motivos y fundamentos ya expuestos. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al juez de distrito en comento, solicitándose al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Luego, toda vez que el directo quejoso Enrique Mejía Bello, se encuentra interno en la Penitenciaría de la CDMX, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya en dicho centro de reclusión y le notifique el presente proveído. Para lo cual las autoridades penitenciarias señaladas como responsables deberán otorgar todas las facilidades al personal del juzgado a fin de que pueda realizarse la diligencia encomendada. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 79, 80 y 81 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita por vía fax, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. Notifíquese y por exhorto al directo quejoso.

  3. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 520/2021, número de orden 591/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se envió para que realizara la diligencia de aceptación y protesta del cargo del licenciado ***, como defensor público del quejoso ***, y en el acto de la diligencia le corriera traslado con la copia de la demanda, el auto preventivo de nueve de agosto y el proveído de veintinueve de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, dictados en autos del juicio de amparo en que se actúa. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, pues el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Director de la Defensoría Pública, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de treinta de noviembre de la presente anualidad, informa que designó a **** como defensor del quejoso ****; al respecto, se provee: Toda vez que el citado defensor **** tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, con fundamento en el artículo 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por conducto del actuario judicial de su adscripción notifique al citado profesionista el cargo conferido, en el domicilio señalado **** y, lo requiera a fin de que comparezca ante ese juzgado dentro del plazo de tres días hábiles para aceptar y protestar el cargo como defensor del quejoso ****; asimismo, en el acto de dicha diligencia de aceptación de cargo, le corra traslado con copia de la demanda de amparo y del auto preventivo de nueve de agosto del año en curso. En el entendido que el término de cinco días, concedido en el proveído de nueve de agosto en cita, para cumplir con la prevención ahí contenida, transcurrirá a partir del día siguiente al en que acepte el cargo en diligencia formal. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 78 al 91 del Acuerdo General *** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita por vía fax, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General *** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. De igual manera, se autoriza para realizar las comunicaciones no procesales del presente expediente vía correo electrónico oficial a la dirección **** cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General ***, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese y por exhorto al defensor ******

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