Enrique Mejía Bello y Otros.

Expediente 1070/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1070/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Enrique Mejía Bello
  • Enrique Mejía Bello y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, transcribe el proveído de diecinueve de diciembre del año en curso, emitido en el conflicto competencial 28/2022 de ese índice, del que se advierte la admisión a trámite del conflicto suscitado entre el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, y este órgano jurisdiccional ,para conocer de la demanda de amparo. Estese en espera de la resolución que emita la superioridad.

  2. Principal

    Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, informa que no acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en acuerdo de veinticinco de noviembre de este año, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. De manera respetuosa, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el juzgado de distrito oficiante, por lo que se insiste en declinar la competencia a su favor, para que continúe en el conocimiento del presente juicio de amparo, por las consideraciones de hecho y derecho precisadas en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Respecto de la manifestación de la homóloga federal en el sentido de que esta juzgadora estuvo en aptitud de no tener como actos reclamados las violaciones al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales, al no desahogarse la prevención, se estima que esa valoración debe ser realizada por el juez en cuyo favor se surta la competencia del presente asunto. En razón de lo anterior, con apoyo en los artículos 48 de la Ley de Amparo, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse las copias certificadas del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, a efecto de que se sirva dirimir la cuestión competencial suscitada. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Defensora pública de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, señala domicilio para oír y recibir notificaciones. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado el nueve de noviembre del año en curso, por lo que, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones deberán practicársele por lista de acuerdos. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, para que cumpliera con el requerimiento ahí formulado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se provee: Los actos reclamados en el presente juicio de amparo se agrupan en dos bloques: El primero se conforma con los atribuidos a Jueces de Distrito en todos los circuitos en que se divide el país, con excepción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas. Los actos se precisan en los incisos 17 y 18 de la demanda de amparo, y consisten en la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales. El segundo se constituye con los atribuidos a diversas autoridades residentes en la Ciudad de México, los cuales se señalan en los incisos 1 a 16 y 19 a 36 de la demanda de amparo, y consisten, en esencia, en actos de autoridades penitenciarias proscritos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -respecto de los cuales este juzgado de distrito declaró sin materia la suspensión de plano solicitada-, así como relativos a condiciones de internamiento, reubicación y traslado, en agravio de los quejosos, quienes se hallan internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México.Como se precisó en el apartado anterior, el primer bloque de actos se atribuye a Jueces de Distrito en todo el país, incluido este órgano jurisdiccional, con excepción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas. El segundo bloque se conforma con actos atribuidos a autoridades penitenciarias de la Ciudad de México, que tendrán ejecución en esa demarcación territorial. Con base en tales circunstancias, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, este juzgado estima necesario escindir la demanda de amparo, para que la constitucionalidad de los actos referidos se analice de manera autónoma y en instancias distintas.Para ello, un tribunal de control constitucional conocerá de los actos reclamados agrupados en el bloque uno, mientras que otro conocerá de los precisados en el bloque dos. a. Incompetencia en relación con los actos reclamados agrupados en el bloque uno. Actos atribuidos a Jueces de Distrito. Este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por lo que ve a los actos reclamados en cuestión, pues los quejosos señalaron como autoridades responsables, entre otros órganos jurisdiccionales, a los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, por lo que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por haber sido señalado como autoridad responsable, habida cuenta que el sistema competencial se encuentra previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo. Los anteriores artículos establecen un sistema para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo. Con respecto a los actos analizados en este apartado, interesa la hipótesis que establece que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Tal hipótesis es la que se actualiza en este caso, en virtud de que los quejosos señalaron como responsables a los Jueces de Distrito del país, excepto a los residentes en el Estado de Tamaulipas, por lo que con base en la disposición en cita, son ellos quienes pueden analizar la constitucionalidad de los actos de mérito. Entonces, con fundamento en los artículos 37 y 38, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48, de la mencionada ley, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional declina su competencia para conocer de los actos que reclaman los quejosos en los incisos 17 y 18 de su demanda de amparo, a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno. Consecuentemente, remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio al órgano jurisdiccional aludido, a fin de que se pronuncie en torno a la competencia que se plantea, solicitándole comunique su decisión para los efectos legales correspondientes. b. Incompetencia en relación con los actos reclamados agrupados en el bloque dos. Actos atribuidos a autoridades penitenciarias residentes en la Ciudad de México. En atención que la escisión de la demanda, se advierte que los actos precisados por los quejosos en los incisos 1 a 16 y 19 a 30 en su demanda de amparo, pueden analizarse de manera autónoma. Ahora bien, como se precisó, tales actos consisten, en esencia, en diversos proscritos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -respecto de los cuales este juzgado de distrito declaró sin materia la suspensión de plano solicitada-, así como relativos a condiciones de internamiento, reubicación y traslado, cometidos en agravio de los quejosos, quienes se hallan internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Esta circunstancia de lugar pone de manifiesto que los actos reclamados deberán tener o tienen ejecución en la Ciudad de México, lugar en donde ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, este juzgado carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados agrupados en el segundo bloque referido, por cuestión de territorio, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la competencia del Juez de Distrito se determina, en primer lugar, con base en el lugar donde deba ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. La incompetencia advertida se sustenta en el hecho de que los actos reclamados en el bloque analizado, únicamente tienen ejecución material en la Ciudad de México, pues versan sobre condiciones de internamiento y vejaciones cometidas en el lugar de reclusión de los quejosos. No se soslaya que en el inciso 13 de la demanda, se precisa como acto reclamado el traslado de los quejosos del centro donde están recluidos a uno diverso. Sin embargo, tal acto lo atribuyen únicamente a autoridades penitenciarias residentes en la Ciudad de México, por lo que no hay elementos para sostener que se surte competencia a favor de otro órgano jurisdiccional distinto a los residentes en esa circunscripción, pues no hay manifestación alguna en torno al lugar donde posiblemente vayan a ser trasladados los quejosos. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados precisados en los incisos 1 a 16 y 19 a 30 de la demanda de amparo, y declina el conocimiento de la acción constitucional por lo que ve a tales actos, en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, en turno. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con sede en la Ciudad de México, al que se considera legalmente competente para conocer de los actos referidos en este apartado, para que se pronuncie al respecto, solicitándole comunique su decisión para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 370-E/2022-VIII, número de orden 1582, del índice de este juzgado; atento a las constancias que remite, se tiene notificada a la defensora pública de los proveídos de treinta de agosto y nueve de noviembre del año en curso.

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