Enrique Martinez Andrade

Expediente 433/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
433/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2017

Partes del expediente

  • Enrique Martinez Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo; se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 433/2017-III. De la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de acordar la demanda presentada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, ante la Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, Guanajuato. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la parte promovente se duele que la autoridad responsable no ha acordado su escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete; lo que en la especie, aunque se está en presencia de un derecho de petición, esa solicitud se presentó en la tramitación del mencionado juicio; lo que, como ya se dijo, implica someterse a las reglas y a los términos contenidos en la legislación adjetiva o procesal, de modo tal, que si la autoridad responsable incumple con las formalidades ahí contenidas, en la hipótesis anunciada, existirá una violación adjetiva, pero no sustantiva. Así, una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, como lo establece la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo; por lo que conforme a la nueva Ley de Amparo no es un acto de imposible reparación respecto del cual proceda el juicio de amparo indirecto. Aunado de que este Juzgado Federal no observa una abierta dilación al procedimiento, o su paralización total, pues la demanda que dio origen a este controvertido constitucional fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, el veintiséis de mayo en curso, y del escrito que anexó como prueba del que se duele que no tenga la certeza que se haya radicado, se advierte que fue presentado ante la autoridad señalada como responsable el veintitrés del mismo mes y año, esto es dos días antes de tramitar el juicio de amparo en que se actúa. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. De igual modo, del escrito de referencia, se advierte los actos que reclama de los señalados aquí como terceros interesados, son idénticos a los que les demanda ante la Junta señalada en este asunto como responsable. En ese contexto se considera que, por lo que respecta a dichos actos consistentes en el derecho a permanecer laborando para la paraestatal Petróleos Mexicanos, hasta en tanto no se cumplan los supuestos contenidos en la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se surte de un modo manifiesto e indubitable, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo en vigor Luego, es fundamental analizar y determinar si la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y a quien señala como autoridad responsable, efectivamente provenga de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado, premisa que en la especie no satisface el acto reclamado. En efecto, en el caso que nos ocupa, Petróleos Mexicanos, así como el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, actúan bajo una relación de coordinación, respectivamente, como patrón y representante laboral del aquí quejoso, en un plano de igualdad dado que el atentado a la permanencia laboral alegada -acto reclamado-, involucra el cumplimiento recíproco de obligaciones entre el aquí quejoso como trabajador y el patrón correspondiente, con la debida intervención de su síndicato, es decir, se refiere a cuestiones inherentes de una relación laboral. Luego entonces, es inconcuso que el acto reclamado emitido por las autoridades señaladas como responsables, consistente en la afectación al derecho de permanencia laboral en la paraestatal Petróleos Mexicanos no puede ser considerado acto de autoridad para efectos del amparo, dado que, en ese supuesto, las citadas responsables se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de cuestiones inherentes de la relación de trabajo, y respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten en esos términos, deben ser resueltos por los tribunales competentes. Consecuentemente con lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías respecto a los actos de previo estudio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo en vigor; se ordena realizar al quejoso las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Se tiene como autorizado, con las amplias facultades que prevé el artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo a las personas que indica en su escrito de cuenta

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