Enrique Marroquin Rosales

Expediente 2437/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2437/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Enrique Marroquin Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    MESA 7-B.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo disponen los artículos 27 y el penúltimo párrafo del diverso 21, del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, conservándose la demanda, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, lo cual deberá constar en el acuerdo de desincorporación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), se considera como DEPURABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, inciso a) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; las resoluciones recurridas; así como el presente proveído en que se acuerda su archivo como asunto concluido, acorde a lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 18 en mención. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del cuaderno original del incidente de suspensión, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en mención. Hágase constar tanto en la carátula del cuaderno principal, como en el original del incidente de suspensión la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.

  2. Principal

    MESA 7-B.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días que el dispositivo 202 de la Ley de Amparo concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de trece de julio del año en curso, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que las partes lo hubiesen hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo disponen los artículos 27 y el penúltimo párrafo del diverso 21, del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, conservándose la demanda, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, lo cual deberá constar en el acuerdo de desincorporación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), se considera como DEPURABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, inciso a) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; las resoluciones recurridas; así como el presente proveído en que se acuerda su archivo como asunto concluido, acorde a lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 18 en mención. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del cuaderno original del incidente de suspensión, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en mención. Hágase constar tanto en la carátula del cuaderno principal, como en el original del incidente de suspensión la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.

  3. Principal

    MESA 7-B. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De conformidad con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de once de mayo de dos mil veinte, se concedió amparo y protección de la justicia federal al quejoso Enrique Marroquín Rosales, para el efecto siguiente: "1. Deje Insubsistente la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de ejecución E/L/29/2017 derivado del juicio laboral J/O/506/2010. 2. En su lugar dicte una nueva resolución atendiendo a las consideraciones expuestas en esta sentencia en la que declare que "el pago de intereses por ejecución tardía del auto es procedente en cumplimiento al proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho." En acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia mencionada, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que recibiera el oficio que al efecto se envió, remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa y se le apercibió con multa de cien unidades de medida y actualización (fojas 243 a 249). En proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, la determinación anterior no pudo ser notificada, toda vez que dicha dependencia se encontraba cerrada debido a la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19; ya que mediante Circular SH/CGRH/0032/2020, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, signada por la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, informó que para garantizar la seguridad sanitaria, prevenir y contener la enfermedad, en los organismos que dependen del Poder Ejecutivo del Estado, como en el caso de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se amplió el periodo de suspensión de labores al tres de enero de dos mil veintiuno, reanudando sus actividades el cuatro de enero de esta anualidad (foja 256). Posteriormente, en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, remitiera las constancias relativas al cumplimiento dado al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, o en su caso manifestara el impedimento legal o material que tenga para hacerlo y se le apercibió con multa de cien unidades de medida y actualización (fojas 260 a 263). Sin embargo, el actuario adscrito a este Juzgado informó la imposibilidad para entregar el oficio 2643/2021, que contiene la transcripción del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, ya que mediante Acuerdo 002/2021, emitido por el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, aprobó la ampliación de suspensión de labores jurisdiccionales al veintiséis de febrero de este año, reanudando sus labores el uno de marzo de dos mil veintiuno; acuerdo que en copia se anexó al expediente (fojas 268 y 269); no obstante, el dos de junio de esta anualidad, fue recibido por la Junta responsable, el citado comunicado 2643/2021 (foja 284). En acuerdo de nueve de junio de este año, se ordenó devolver a la Junta responsable los autos originales del expediente de ejecución XXXX, para que cumpliera con el falo protector (foja 288). En proveído de veintidós de junio del año que transcurre, se dio vista por el plazo de tres días a la parte quejosa, con el cumplimiento de la sentencia dado por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación del Estado, con sede en esta ciudad, y con la copia certificada de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de ejecución XXX, derivado del juicio laboral XXXXXX (fojas 273 y 274). En auto de fecha nueve de julio de la presente anualidad, la parte quejosa, desahogó la vista otorgada, y se reservó sobre su contenido, por lo que en este acto se procede a realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector (foja 288). Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la Junta autoridad responsable, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo protector protector, se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de la copia certificada del auto de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de ejecución E/L/29/2017, derivado del juicio laboral J/O/506/2010, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación del Estado, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y declaró procedente el pago de intereses por ejecución tardía del laudo, en cumplimiento al proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho; y ordenó requerir a la parte demanda, su pago por conducto del actuario. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido que está inconforme con la cuantificación realizada como pago, por la Junta responsable; sin embargo, en el caso, el efecto de la sentencia protectora, fue únicamente para que dejara insubsistente la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de ejecución E/L/29/2017 derivado del juicio laboral J/O/506/2010; y en su lugar dictara una nueva resolución en la que declarara procedente el pago de intereses por ejecución tardía del auto, en cumplimiento al proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho; lo cual fue acatado por la Junta responsable, sin que se precisara en la sentencia de amparo, la cuantificación y cantidad a pagar. De ahí que esta expedito su derecho para que lo haga valer ante dicha responsable. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda.

  4. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUEROS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACION AL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE: "MESA 7-B.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De conformidad con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de once de mayo de dos mil veinte, se concedió amparo y protección de la justicia federal al quejoso Enrique Marroquín Rosales, para el efecto siguiente: "1. Deje Insubsistente la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de ejecución E/L/29/2017 derivado del juicio laboral J/O/506/2010. 2. En su lugar dicte una nueva resolución atendiendo a las consideraciones expuestas en esta sentencia en la que declare que "el pago de intereses por ejecución tardía del auto es procedente en cumplimiento al proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho." En acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia mencionada, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que recibiera el oficio que al efecto se envió, remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa y se le apercibió con multa de cien unidades de medida y actualización (fojas 243 a 249). En proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, la determinación anterior no pudo ser notificada, toda vez que dicha dependencia se encontraba cerrada debido a la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19; ya que mediante Circular SH/CGRH/0032/2020, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, signada por la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, informó que para garantizar la seguridad sanitaria, prevenir y contener la enfermedad, en los organismos que dependen del Poder Ejecutivo del Estado, como en el caso de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se amplió el periodo de suspensión de labores al tres de enero de dos mil veintiuno, reanudando sus actividades el cuatro de enero de esta anualidad (foja 256). Posteriormente, en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, remitiera las constancias relativas al cumplimiento dado al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, o en su caso manifestara el impedimento legal o material que tenga para hacerlo y se le apercibió con multa de cien unidades de medida y actualización (fojas 260 a 263). Sin embargo, el actuario adscrito a este Juzgado informó la imposibilidad para entregar el oficio 2643/2021, que contiene la transcripción del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, ya que mediante Acuerdo 002/2021, emitido por el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, aprobó la ampliación de suspensión de labores jurisdiccionales al veintiséis de febrero de este año, reanudando sus labores el uno de marzo de dos mil veintiuno; acuerdo que en copia se anexó al expediente (fojas 268 y 269); no obstante, el dos de junio de esta anualidad, fue recibido por la Junta responsable, el citado comunicado 2643/2021 (foja 284). En acuerdo de nueve de junio de este año, se ordenó devolver a la Junta responsable los autos originales del expediente de ejecución XXXX, para que cumpliera con el falo protector (foja 288). En proveído de veintidós de junio del año que transcurre, se dio vista por el plazo de tres días a la parte quejosa, con el cumplimiento de la sentencia dado por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación del Estado, con sede en esta ciudad, y con la copia certificada de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de ejecución XXX, derivado del juicio laboral XXXXXX (fojas 273 y 274). En auto de fecha nueve de julio de la presente anualidad, la parte quejosa, desahogó la vista otorgada, y se reservó sobre su contenido, por lo que en este acto se procede a realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector (foja 288). Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la Junta autoridad responsable, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo protector protector, se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de la copia certificada del auto de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de ejecución E/L/29/2017, derivado del juicio laboral J/O/506/2010, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación del Estado, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y declaró procedente el pago de intereses por ejecución tardía del laudo, en cumplimiento al proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho; y ordenó requerir a la parte demanda, su pago por conducto del actuario. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido que está inconforme con la cuantificación realizada como pago, por la Junta responsable; sin embargo, en el caso, el efecto de la sentencia protectora, fue únicamente para que dejara insubsistente la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de ejecución E/L/29/2017 derivado del juicio laboral J/O/506/2010; y en su lugar dictara una nueva resolución en la que declarara procedente el pago de intereses por ejecución tardía del auto, en cumplimiento al proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho; lo cual fue acatado por la Junta responsable, sin que se precisara en la sentencia de amparo, la cuantificación y cantidad a pagar. De ahí que esta expedito su derecho para que lo haga valer ante dicha responsable. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda

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