Enrique Manuel Frías Garza

Expediente 921/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
921/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Enrique Manuel Frías Garza

Actuaciones

  1. Incidental

    ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a Enrique Manuel Frías Garza, contra el acto y autoridad precisada en el considerando primero, para los efectos precisados en el diverso segundo.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Enrique Manuel Frías Garza, contra actos del Fiscalía General del Estado y otra autoridad; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 921/2023, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado; y, con fundamento en los artículos 1o., fracción I, 6, 107, 108 y 111 de la Ley de la Materia, se admite a trámite. Fórmese y tramítese por separado el incidente de suspensión respectivo. Con copia de la demanda, así como el presente proveído, requiéranse a las responsables, para que rindan sus informes justificados dentro del plazo de quince días, conforme el normativo 117, de la ley de la materia, bajo apercibimiento que de no hacerlo, o de no remitir, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias que sean necesarias, de los actos reclamados para apoyar dichos informes, se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, al tenor de los preceptos 238, primera parte, y 260, fracción II, de la legislación en comento. En la inteligencia que podrá rendir dicho informe por el mismo medio en el que le es comunicado el presente proveído o al correo electrónico 5jdo4ctop@correo.cjf.gob.mx. Hágase del conocimiento de las potestades en caso de cambio de situación jurídica de la parte quejosa, hayan cesado los efectos de los actos reclamados u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, entre otras se encuentre en trámite diverso juicio de amparo están obligadas a informarlo de inmediato, pues de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trecientas unidades de medida y actualización, según lo dispuesto por el numeral 64 en relación con el 251 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, se requiere a la responsable para que en el término de tres días contado a partir de su legal notificación, informe si advierte en trámite diverso juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, coinvestigado, o cualquier otra persona que derive del mismo procedimiento, carpeta de investigación y/o judicial de donde emerge el acto reclamado, a fin de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; apercibida que de omitir atender tal exigencia dentro del término fijado o bien, no manifestar el impedimento legal que tuvieren para hacerlo, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, acorde a lo establecido en el arábigo 237, fracción I, en relación con el precepto 259, ambos de la Ley Reglamentaria de los arábigos 103 y 107 Constitucionales. Dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con una copia simple de la demanda de amparo y cítese a las partes a la audiencia constitucional se verificará a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba que ofertó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, consistente en: Copia certificada de escritura pública número 6,483 (seis mil cuatrocientos ochenta y tres (hijuela), de trece de marzo, libro 162 (ciento sesenta y dos), pasada ante la fe del licenciado José Alejandro Treviño Cano, Titular de la Notaria Pública número 98, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León. Copia simple del pago del impuesto predial, expedida en el municipio de Santiago, Nuevo León, en fecha treinta de enero del año dos mil veintitrés, a nombre del contribuyente ********************, número de folio ********************. Copia simple del certificado de libertad de gravámenes. Sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Bajo ese contexto, con el objeto de que en el cuaderno principal e incidental, obre la misma pruebas documental y que al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva del acto reclamado, se atiendan todos los medios de convicción exhibidos por la parte quejosa, a efecto de que se dicte una decisión apegada a la realidad jurídica de este asunto. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en su libelo de demanda. Igualmente, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, pues facilita el número de cédula profesional; información corroborada por la secretaría mediante una consulta a la página electrónica oficial http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, según se desprende de la certificación asentada en párrafos precedentes; además, constituye hecho notorio para este Tribunal, en términos del arábigo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Vale invocar, la tesis XX.2o. J/24, visible en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Por otra parte, se autoriza a las personas indicadas en la demanda de cuenta, acorde al numeral 24, segundo parágrafo, de la Ley de Amparo, es decir, solo para recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que se omitió proporcionar datos con los que acredite que se encuentra legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo parágrafo del precepto 12 de la invocada normativa, modificado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del veinte siguiente, según el transitorio primero de esa reforma. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob. mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este Órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa certificación correspondiente.

  3. Incidental

    Vista la cuenta que antecede, como está ordenado en el cuaderno principal, se forma por separado el incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo número 921/2023, promovido por Enrique Manuel Frías Garza*, contra actos del Fiscalía General del Estado, de la Unidad de Tramitación Masiva, del municipio de Santiago, Nuevo León. Ahora, cabe precisar que la parte quejosa reclama el aseguramiento decretado sobre el bien inmueble ubicado en: "Lote de terreno ubicado en Barrial, Santiago, Nuevo León, el cual, por su lado norte mide 890.00 metros, a colindar con arroyo de la Peña, al sur mide 890.00 metros, a colindar con camino a la mesa de la Batea, al oriente mide 150.00 metros a colindar con propiedad privada y camino de por medio y al poniente mide 150 metros a colindar con propiedad privada con una superficie total de 135,500.00 (ciento treinta y tres mil metros cuadrados) (sic)". Acuerdo que según lo relatado en su libelo constitucional, consiste en que la Fiscalía del municipio de Santiago, perteneciente al Estado de Nuevo León, aseguró el bien inmueble en cita. Asimismo, solicita la suspensión provisional para los efectos que a continuación se expondrán: "(.) Con fundamento en los artículos 125, 126, 130 y demás artículos relativos al capítulo de suspensión del acto reclamado de la Ley de Amparo ocurro a que se me otorgue la suspensión provisional del acto reclamado con efectos restitutorios en el presente amparo indirecto (.) " Ahora, como preámbulo, es de capital importancia precisar que para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, es menester concurran los siguientes requisitos: a) Que la solicite el quejoso; y b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Resulta ilustrativo al caso la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 1914 del tomo II, junio de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ELEMENTOS NORMATIVOS Y DE CONTROL PARA EXAMINAR SU PROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 128, 138 Y 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Ley de Amparo, vigente desde el 3 de abril de 2013, además de los procesos legislativos que le son propios, tiene como antecedente los de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en los cuales el Constituyente Permanente patentizó su voluntad de transformar al juicio de amparo en un instrumento de protección y restauración de derechos humanos y de orientar las instituciones propias de dicho procedimiento a ser congruentes con esa voluntad; asimismo, por lo que hace a la suspensión del acto reclamado, fijó como premisas orientadoras de la reforma, evitar el abuso de dicha institución y los efectos perjudiciales para el interés social, al ampliar, por un lado, la discrecionalidad de los Jueces en las decisiones al respecto y, por otro, establecer mecanismos de control y exclusión de la arbitrariedad en esa toma de decisiones, para que quede a cargo del Poder Legislativo, mediante la expedición de la ley mencionada, transformar al instituto suspensional, en función de las premisas señaladas. Algunas de las manifestaciones concretas de dichos propósitos se proyectaron en que, conforme a los artículos 128, 138 y 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión procede, siempre que la solicite el quejoso, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; promovida la suspensión, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, como presupuesto para establecer si existe alguna contravención a dicho interés, con la finalidad de determinar sobre la procedencia de la medida; cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando éste acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; y, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Por tanto, las disposiciones referidas establecen los requisitos que deben actualizarse para que proceda conceder la suspensión de los actos reclamados solicitada por el quejoso, que también constituyen los elementos o parámetros normativos del control que tanto el Constituyente como el legislador ordinario previeron para decidir sobre medidas decretadas en cualquier instancia del incidente de suspensión, para evitar una lesión al interés social, al incluirlo como un elemento del juicio de ponderación, precisamente junto con la apariencia del buen derecho; consistentes en que: I. El quejoso solicite la suspensión; lo que a su vez, supone la demostración de su interés, aun en forma presuntiva, en atención al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo; II. Se demuestre la apariencia del buen derecho, para efectuar el análisis ponderado con el interés social, y no se siga perjuicio a éste ni se contravengan disposiciones de orden público, en la inteligencia de que la presencia del concepto del "buen derecho", revela que esa ponderación se basa en una apreciación provisional o anticipada al fondo del asunto; III. El otorgamiento de la medida cautelar nunca podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; y, IV. Se fijen los requisitos y efectos de la medida y la situación en que habrán de quedar las cosas, en caso de que sea concedida." En cuanto a que la suspensión deba ser solicitada por el quejoso, es necesario tener en consideración el significado que sobre dicho carácter se contiene en la fracción I del arábigo 5º de la misma normatividad: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.." Como se advierte, fuera de los casos en que deba decretarse de oficio, el otorgamiento de la suspensión requiere que la solicite el quejoso, exigencia ésta que, en el presente caso, le impone la necesidad de acreditar la titularidad del derecho subjetivo que estima violentado con el acto de autoridad y por cuya afectación solicita la medida cautelar, so pena de no estimar satisfecho su interés jurídico para obtenerla. Ilustra lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada número I.4o.A.15 K, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 3, Tomo XIX, Abril de 2013, página 2166, del rubro siguiente: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011." También es oportuno precisar que, por virtud de la suspensión, generalmente se busca paralizar o impedir que se concreten los efectos de los actos reclamados a fin de preservar la materia del amparo, según se desprende de los numerales 139 y 147 de la ley de la Materia; aunque debe admitirse igualmente que, como se advierte del último de los preceptos en cita, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, es factible que al decretarse dicha medida cautelar, se ordene restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado cuando sea jurídica y materialmente posible. Los artículos en comento son del tenor siguiente: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. . Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos." Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Atento su objetivo, resulta claro que la suspensión, bajo ningún contexto, puede servir para modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, tal como se establece en el segundo párrafo del artículo 131 de la misma legislación; del siguiente tenor: "Artículo 131. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Acotado el marco normativo para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, es oportuno examinar el interés suspensional, que para ello la parte quejosa anexó a su escrito presentado el catorce de esta mensualidad y conforme a lo ordenado en el cuaderno principal, se procedió a su cotejo y compulsa con las allegadas al expedientillo en que se actúa, lo cual consiste en lo siguiente: 1) Copia certificada de la escritura pública 6,483 pasada ante la fe de la Notaria Pública Número 98, con ejercicio en el Primer Distrito Registral, con residencia en Monterrey, Nuevo León. 2) Copia simple del pago del impuesto predial, expedida en el municipio de Santiago, Nuevo León, en fecha treinta de enero del año dos mil veintitrés, a nombre del contribuyente Frías Martínez Enrique Hugo, número de folio 00030009875. 3) Copia simple del certificado de libertad de gravámenes. De los anteriores documentos, se observa que el quejoso******************** se declaró como único y universal heredero de la sucesión a bienes del señor Enrique Hugo Frías Martínez, adjudicándosele del bien consistente en un lote de terreno ubicado en Barrial, Santiago, Nuevo León, el cual, por su lado norte mide 890.00 metros, a colindar con arroyo de la Peña, al sur mide 890.00 metros, a colindar con camino a la mesa de la Batea, al oriente mide 150.00 metros a colindar con propiedad privada y camino de por medio y al poniente mide 150 metros a colindar con propiedad privada con una superficie total de 133,500.00 (ciento treinta y tres mil metros quinientos centímetros cuadrados) (sic). En tales condiciones, se estima que acorde a los datos con que se cuenta, no aparecen que con la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado consistente en la orden de aseguramiento del bien inmueble descrito en parágrafos precedentes, se pongan en riesgo los intereses de la sociedad o se contravengan disposiciones de orden público, en virtud de no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 129 de la Ley de Amparo y, al haberse acreditado de forma presuntiva el interés que le asiste a la parte quejosa para el efecto de esta incidencia con la documental descrita. Por tanto, con apoyo en los artículos 138 y 139 de la ley de la Materia, tomando en cuenta la naturaleza de la violación alegada, luego de que se estima, de manera preliminar, mediante un juicio de probabilidad y similitud de la apariencia del buen derecho, y tomando en consideración además, que se justifica mediante el documento exhibido, la existencia de una situación jurídica del inmueble, se concede a********************, contra actos de la responsable que denominó como Fiscalía General del Estado, de la Unidad de Tramitación Masiva del municipio de Santiago, Nuevo León, la suspensión provisional de la orden de aseguramiento reclamada, decretada dentro de la ********************para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran dentro de la indagatoria de la cual emana el acto reclamado. En el entendido que no es factible otorgar la medida suspensional para el efecto de restituir provisionalmente la posesión del inmueble a la parte quejosa dado que, aun cuando de las instrumentales exhibidas por el impetrante se infiere la apariencia de buen derecho en cuanto a que aducen que es propietario del citado predio, pues lo cierto es que el acto reclamado es materia de la ********************seguida ante la potestad responsable, por hechos con las características del ********************. De ahí que, al constituir el acto reclamado consecuencia de la carpeta de investigación, es improcedente otorgar la medida cautelar para los efectos indicados, pues precisamente el ente investigador instruye la indagatoria para dilucidar derechos reales sobre el inmueble en controversia. Similar criterio sustento el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 94/2021. Con fundamento en el numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la potestad su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir que se encuentre legalmente notificada, apercibida de no hacerlo así, en el plazo indicado, se le aplicará una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, acorde lo dispuesto por el artículo 260, fracción I de la invocada legislación. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Expídase a la parte quejosa copia certificada del presente proveído, previa constancia legal se deje en autos al momento de su entrega, autorizando para su recepción a las personas que menciona en el mismo. Finalmente, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós- todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes.

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