Enrique Maciel Esperanza
Expediente 1147/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1147/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2022
Partes del expediente
- Enrique Maciel Esperanza
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL UNO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, LA RESOLUCIÓN EN CITA SEÑALA: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1793/2021, promovido por ****, contra actos del Servicio de Administración Tributaria; Administrador General de Auditoría Fiscal; Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, a través del portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto y contra las autoridades siguientes: Autoridad responsable: a)Servicio de Administración Tributaria; b) Administrador General de Auditoría Fiscal; c) Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco Acto reclamado: a). La orden, emisión y ejecución del oficio ****, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se requiere por datos y documentos, iniciando el procedimiento de revisión de gabinete, en términos del artículo 42, párrafo primero, fracción II, segundo, tercero y cuarto párrafo y 48 del Código Fiscal de la Federación a efecto de llevar a cabo la revisión del ejercicio fiscal 2016, en relación al Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. SEGUNDO. Admisión de la demanda. La demanda de amparo indirecto de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la cual se registró con el número 1793/2021, y previo desahogo de prevención, mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la misma; se ordenó dar vista al representante social de la adscripción; se requirió a las autoridades responsables informe justificado, por lo que tramitado el juicio de amparo de referencia por su cauce legal, se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva y que forma parte de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: a). La orden, emisión y ejecución del oficio ****, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se requiere por datos y documentos, con lo que se da inicio el procedimiento de revisión de gabinete, en términos del artículo 42, párrafo primero, fracción II, segundo, tercero y cuarto párrafo y 48 del Código Fiscal de la Federación a efecto de llevar a cabo la revisión del ejercicio fiscal 2016, en relación al Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. Por auto de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa a fin de que ampliara la demanda de amparo respecto a ****, visitadores adscritos a la Administración desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, respecto del acto reclamado consistente en la orden de visita número ****, de fecha siete de julio de dos mil veintiuno y su ejecución, lo cual hizo y se recibió en auto de fecha once de febrero de dos mil veintidós y se tuvo señalando: Autoridad responsable: Servicio de Administración Tributaria; y, Administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Acto reclamado: La orden y emisión del oficio **** de fecha siete de Julio de dos mil veintiuno, así como sus constancias de notificación. Acta Parcial de inicio de visita domiciliaria de ocho de julio de dos mil veintiuno con orden ****, en la que se hace constar la entrega de la contabilidad de la quejosa. Oficio **** de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, citatorio de uno de septiembre de dos mil veintiuno y acta de notificación de dos de septiembre de dos mil veintiuno. La ejecución del oficio ****, notificado el diez de septiembre de dos mil veintiuno por buzón tributario. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados al Servicio de Administración Tributaria y Administrador General de Auditoría Fiscal Federal. Previo a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los mismos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este tribunal se actualicen para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se entre al análisis del fondo de la cuestión debatida. Es así, entre otras razones, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de garantías sea procedente, pudiendo citarse al respecto la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril 1994, página 68, de rubro y contenido: "Octava Época Registro: 212775 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 76, Abril de 1994 Materia(s): Común Tesis: XVII.2o. J/10 Página: 68 ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". Mediante telegrama enviado por la Subadministración de Amparo e Instancias Judiciales adscrita a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria y Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, se le tuvo manifestando que no son ciertos los actos reclamados. Por tanto, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que el presente juicio constitucional es improcedente respecto a las dos autoridades citadas en el párrafo que antecede, habida cuenta que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, el cual establece que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias aparece demostrado que no existe el acto reclamado o no se pruebe su existencia en la audiencia constitucional. Asimismo, el artículo 64 de la Ley de Amparo, dispone que cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la deberán comunicar de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten. Resta decir que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración de tesis 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de la conclusión a la que se arribó, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la quejosa, respecto a dichas autoridades, pues una vez actualizada la figura del sobreseimiento, no es factible llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Orienta a lo anterior la jurisprudencia que emitió el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del siguiente contenido: "Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco, ya que al rendir su informe justificado aceptó su existencia; lo que se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe de ley, a las que se otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos por los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa plena en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causa de improcedencia. Por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la orden y emisión del oficio 500-31-00-00-00- 2021-189 de fecha siete de Julio de dos mil veintiuno, así como sus constancias de notificación; acta parcial de inicio de visita domiciliaria de ocho de julio de dos mil veintiuno con orden ****; oficio **** de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, citatorio de uno de septiembre de dos mil veintiuno y acta de notificación de dos de septiembre de dos mil veintiuno, debe decirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa los ha consentido tácitamente. La fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" Es menester tener también en consideración los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales en cita, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo sustentada en el consentimiento tácito de los actos reclamados, se actualiza una vez que el quejoso, a sabiendas de la existencia de los actos reclamados no actúa para defenderse instando la acción de amparo dentro de los plazos legales preestablecidos. Bajo este orden de ideas, se establece que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo, será de quince días, mismo que debe computarse con base en las reglas siguientes: Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, la notificación del acto o resolución que reclame; Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Luego, la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-. Debe puntualizarse que por seguridad jurídica, los supuestos mencionados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que, la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del plazo para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Al tenor de las consideraciones expuestas, se advierte que, en la especie, estamos ante la presencia de actos consentidos tácitamente, habida cuenta que la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de quince días contemplado por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues, deviene extemporánea en relación con el momento en que surtió efectos la notificación personal del acto reclamado. Esto es conforme al artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, la notificación personal surtió sus efectos al día siguiente de que se practicó, por ende, el plazo para ejercer la acción constitucional inició el seis de septiembre de dos mil veintiuno. "Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación. La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior." En el caso, la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados en estudio, por lo menos, desde el dos de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que fue notificada del oficio **** (foja 146 a 154 del Juicio de Amparo). Lo anterior, pone en evidencia que de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover demandada de amparo inició a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la aludida resolución. Por tanto, si el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de los actos que reclama el dos de septiembre de dos mil veintiuno, resulta patente la extemporaneidad de la promoción del presente juicio constitucional. Lo anterior es así, pues el plazo de los quince días para promover la demanda de amparo, corrió a partir del día seis al veintinueve de septiembre de ese año, excluyendo los días cuatro, cinco, once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, por ser inhábiles de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo; es por ello que, si la demanda de amparo se presentó hasta el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se concluye que la presentación de la aludida demanda de amparo se realizó fuera del término que para tal efecto señala la Ley de Amparo. En ese sentido, resulta precisar, que en actuaciones no obra constancia alguna de la que se advierta que deba descontarse del cómputo en comento, algún día en razón de causa distinta a las manifestadas en el párrafo precedente. Sin que en la especie, se surta alguna de las excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta inconcuso que al momento de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es, cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para impugnar tal resolución, había transcurrido de ahí que su presentación resulte extemporánea y proceda el sobreseimiento en el juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior por las razones que la informan, la Jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De igual manera, la Jurisprudencia que a continuación se transcribe. "Novena Época Registro: 165582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Enero de 2010 Materia(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Página: 1931 DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. De igual manera, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XXII de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". De la interpretación armónica de tales numerales, se desprende que debe sobreseerse en el juicio cuando aún subsistiendo el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Ahora bien, se dice que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; por lo que el legislador ordinario estableció como principio rector para su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Por tanto, en aquellos casos, como en este, debe decirse, que, aún subsistiendo los actos reclamados, en estudio entendidos estos como materialmente emitidos, no pueden surtir efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que su vida y efectos jurídicos, dependen de las circunstancias que del propio juicio se deriven, y hasta ese momento, se decidirá si dicho acto subsiste jurídicamente o no, ello en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Así las cosas, se tiene que se dejó sin efectos la orden de visita ****, contenida en el oficio **** de siete de julio de dos mil veintiuno, y todas las actuaciones que se hubieren practicado a su amparo, lo que incluye el acta parcial de inicio ****al ****, por ende quedó insubsistente el objeto de la misma desde el momento en que la propia autoridad deja sin efectos dicha orden de visita mediante oficio ****, de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno; por tanto dejó de surtir efecto legal, es decir, éste ha dejado de surtir efecto legal alguno en la esfera jurídica de la quejosa. De ahí que opere la causa de improcedencia citada y deba sobreseerse en el juicio, respecto a los actos en estudio. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Entonces, como se anticipó, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el juicio. SEXTO. La autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco, en su informe justificado hace valer las siguientes causales de sobreseimiento. La prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación al 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación a que los actos de autoridad no afectan el interés del quejoso, pues refiere que no hay una resolución que determine una cantidad líquida que deba enterarse por impuestos conforme al Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, dicha causal de improcedencia no se actualiza, pues el interés de la quejosa para acudir a esta instancia constitucional no lo hace valer desde el punto de vista de una afectación económica, sino de que se libre por segunda ocasión facultades de comprobación para revisión de gabinete en su domicilio y se le pidan en dos ocasiones sus libros contables, lo que en el caso se encuentra acreditado en autos. Luego, la autoridad refiere que se actualiza sobreseer con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a) y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado consistente en la resolución contenida en el oficio ****, no constituye una resolución de carácter definitivo. Lo inatendible de la causal señalada radica en que por segunda ocasión se está ordenando como acto de molestia las facultades de comprobación de los documentos de la parte quejosa, lo que trae aparejado que se le soliciten por segunda ocasión su contabilidad, lo que alega la quejosa viola sus derechos fundamentales y, por tanto constituye una cuestión que debe de analizarse de fondo al resolverse la presente sentencia como en seguida se verá; por tanto de ahí lo inatendible de dicha causal. Finalmente, refiere que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción V en relación con el diverso numeral 107, inciso b), fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no tiene efectos de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos de la quejosa. Sin embargo, a consideración de quien resuelve la revisión de gabinete como la que se encuentra sujeta a estudio si afecta de manera irreparable derechos sustantivos de la quejosa, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales tienen dentro de su facultad de comprobación, la potestad de requerir como acto de molestia informes, datos o documentos de la contabilidad de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, bienes que se encuentran tutelados por el artículo 16 Constitucional, por ende, el hecho de requerir su exhibición, y de hacerse de alguna manera fuera del orden constitucional, violenta los derechos fundamentales de los gobernados, por tanto, contrario a lo alegado por la autoridad responsable, la revisión de gabinete si es susceptible de tener efectos de imposible reparación, pues los datos contables de una empresa son sensibles a la exhibición fuera de su propietario. Por tanto, es que no cobre vigencia ninguna de las causas de sobreseimiento que se hacen valer. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis. Se centra en analizar si la resolución reclamada trasgrede los derechos fundamentales del quejoso de seguridad jurídica al ordenarse una revisión de gabinete aun cuando ya se había iniciado una visita domiciliaria anterior, aunque ésta se haya ordenado dejarse sin efectos. II. Antecedentes del acto reclamado. Se estima necesario realizar una breve relación de lo acontecido en relación al acto reclamado en sede administrativa: 1. Citatorio de siete de julio de dos mil veintiuno, por el que la autoridad responsable notifica a la quejosa del contenido del oficio ****, por el que se ordena llevar a cabo visita domiciliaria relativa a la revisión del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis por el Impuesto Sobre la Renta, así como del uno al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis y del uno de junio al treinta y uno de diciembre de ese mismo año por el Impuesto al Valor Agregado. 2. Con fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, se notificó a la parte quejosa la orden de visita domiciliaria ****, con orden ****, con fundamento en los artículos 42, primer párrafo, fracción II, segundo y tercer y cuarto párrafos, 43, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación, llevándose a cabo en acta parcial el desahogo de visita. 3. Con fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable mediante oficio ****, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno comunicó a la quejosa que dejó sin efectos la visita domiciliaria ordenada mediante oficio ****y todas las actuaciones ahí practicadas. 4. Mediante oficio ****, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los numerales 30, párrafos noveno y décimo, 42, párrafos primero, fracción II, segundo, tercero y cuarto y 48, párrafo primero, fracciones I, II y III y último del Código Fiscal de la Federación, se ordenó la revisión de gabinete y se solicitó a la quejosa exhibiera diversos datos, documentación e informes a efecto de llevar a cabo su revisión para comprobar el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis por el Impuesto Sobre la Renta y así como del uno de junio al treinta y uno de diciembre de ese mismo año por el Impuesto al Valor Agregado. III. Conceptos de violación. La parte quejosa refiere en sus conceptos de violación, que se transgredieron los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, porque: 1. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.157/2011 y 2ª ./J.34/2014, sostuvo que si una primera orden de visita es anulada por la justificada actualización de una violación de índole formal, al emitirse una segunda visita al mismo contribuyente con el fin de revisar las mismas contribuciones, debe fundar y motivar la situación o circunstancia por lo que se emite una nueva facultad de comprobación, siendo que en el caso particular no se razona porque se dejó sin efectos la primer orden de visita y el cambio de procedimiento de revisión, misma que se ordenó ahora por el oficio reclamado ****, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, solicitando la documentación contable y fiscal que ya había sido materia de cumplimiento en la primer visita, sin que se justifique la carga procesal de cumplir de nueva cuenta con el doble requerimiento. IV. Decisión sobre la litis constitucional. El único concepto de violación que hace valer la parte quejosa es infundado. La empresa impetrante de amparo alega violación al derecho fundamental de seguridad jurídica, pues refiere que para realizar una nueva revisión sobre el mismo ejercicio y contribuciones, la autoridad debió comprobar hechos diferentes a los ya revisados, por lo que era necesario que se establecieran cuáles eran los nuevos conceptos a revisar. Así es, refiere que una vez que se dejó sin efectos la medida de comprobación fiscal consistente en una orden de visita domiciliaria (artículo 46 del Código Fiscal de la Federación), la autoridad responsable no limitó su actuar, sino que emite una nueva orden requiriendo ahora información y documentación, que va dirigida al mismo contribuyente, para revisar las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, por lo que debió de motivar y fundamentar la situación o circunstancia del cambio del procedimiento, refiriendo que con ello violenta lo dispuesto por el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación . Lo infundado radica en que la parte quejosa a fin de evidenciar la violación a sus derechos fundamentales, parte de una premisa equivocada. El numeral en cita es de la siguiente literalidad. "Artículo 48.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente: I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento. II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos. III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante. IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, quien podrá ser notificado de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de este Código. V.- Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados. VI.- El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe. El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código. VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción IV de este artículo, cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facultades relativas al cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los artículos 76, fracciones IX y XII, 90, penúltimo párrafo, 110, fracción XI, 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior, será de dos meses, pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente. Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del oficio de observaciones, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente podrá designar un máximo de dos representantes, con el fin de tener acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de operaciones comparables que afecte la posición competitiva de dichos terceros. El acceso a esta información únicamente tendrá como propósito que el contribuyente corrija su situación fiscal, desvirtúe hechos u omisiones o impugne la resolución que determine el crédito fiscal. Lo anterior, siempre y cuando el contribuyente y sus representantes firmen el documento de confidencialidad, en los términos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. La designación de representantes deberá hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se tendrá por consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes, si el contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los citados representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso directo a la información confidencial a que se refiere este párrafo. Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente a que se refiere esta fracción, éstos tendrán acceso a la información confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta que hayan transcurrido los plazos para impugnar, a través del recurso de revocación o del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la resolución en la que se determine el crédito fiscal al contribuyente sujeto al ejercicio de facultades de comprobación. Los representantes autorizados podrán ser sustituidos por única vez por el contribuyente, debiendo éste hacer del conocimiento de la autoridad fiscal la revocación y sustitución respectivas, en la misma fecha en que se haga la revocación y sustitución. La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y características de la información y documentación consultadas por él o por sus representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o sus representantes no podrán sustraer, fotocopiar, fotografiar, transcribir o, de cualquier otra forma, hacerse de información alguna, incluso por medios digitales debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes. El contribuyente y los representantes designados en los términos de esta fracción serán responsables hasta por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se tuvo acceso a la información confidencial o a partir de la fecha de presentación del escrito de designación, respectivamente, de la divulgación, uso personal o indebido, para cualquier propósito, de la información confidencial a la que tuvieron acceso, por cualquier medio, con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación ejercidas por las autoridades fiscales. El contribuyente será responsable solidario por los perjuicios que genere la divulgación, uso personal o indebido de la información, que hagan los representantes a los que se refiere este párrafo. La revocación de la designación de representante autorizado para acceder a información confidencial proporcionada por terceros no libera al representante ni al contribuyente de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir por la divulgación, uso personal o indebido, que hagan de dicha información confidencial. VIII.- Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones, a que se refieren las fracciones VI y VII, el contribuyente podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que proporcionará copia a la autoridad revisora. IX.- Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente." Del numeral en cita se obtiene que cuando una autoridad fiscal solicite del contribuyente informe o datos o la presentación de la contabilidad, puede hacer uso de sus facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria, misma que habrá de cumplir con ciertos requisitos establecidos en las fracciones del citado numeral. En el caso particular, el quejoso refiere que no se cumplió con lo establecido en dicho numeral al librarse el oficio reclamado **** de seis de septiembre de dos mil veintiuno, ya que no se justifica fundada ni motivadamente el cambio de procedimiento de verificación. Sin embargo, lo infundado del argumento radica en que como se dijo parte de una premisa equivocada, pues lo que aconteció en el presente caso fue que la autoridad de Hacienda, mediante oficio ****, ordenó llevar a cabo visita domiciliaria relativa al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis por el Impuesto Sobre la Renta y así como del uno al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis y del uno de junio al treinta y uno de diciembre de ese mismo año por el Impuesto al Valor Agregado, misma que tuvo verificativo, sin embargo, con fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable mediante oficio ****, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno dejó sin efectos la citada orden de visita domiciliaria y todas sus consecuencias; luego, mediante oficio ****, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los numerales 30, párrafos noveno y décimo, 42, párrafos primero, fracción II, segundo, tercero y cuarto y 48, párrafo primero, fracciones I, II y III y último del Código Fiscal de la Federación, se ordenó la revisión de gabinete y se solicitó a la quejosa exhibiera diversos datos, documentación e informes a efecto de llevar a cabo su revisión para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por los impuestos y periodos ya descritos. Sin embargo, conforme al criterio que enseguida se cita, la intención del legislador al establecer la limitante de que la autoridad fiscalizadora no podrá iniciar una nueva visita por las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, salvo que se trate de la comprobación de hechos diferentes, fue poner un límite a las visitas domiciliarias. En ese sentido, la seguridad jurídica que pretende salvaguardarse con esa restricción se vincula directamente con la obligación constitucional de respetar el principio de inviolabilidad del domicilio previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sólo en casos excepcionales y en aras de proteger el interés general, autoriza a la autoridad administrativa a introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su intimidad o privacidad, como sucede con las visitas que se realizan en el domicilio del contribuyente. Sin embargo, en tratándose de las revisiones de gabinete que se llevan a cabo en las oficinas de la autoridad hacendaria, no acontece la misma situación de derecho. Por tanto, si la limitante contenida en la citada disposición legal no es aplicable a las revisiones de gabinete, es que la autoridad fiscal al dejar nula la visita no se encontraba imposibilitada para ordenar el desahogo de una diversa medida de fiscalización como lo es la revisión de gabinete que goza de una naturaleza distinta. Al respecto el aplicable el siguiente criterio de jurisprudencia. "Registro digital: 2004583 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 134/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1590 Tipo: Jurisprudencia REVISIÓN DE GABINETE. AL NO SERLE APLICABLE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAMPOCO LO ES LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 (9a.) [*]. La intención del legislador al establecer en esa disposición legal, que la autoridad fiscalizadora no podrá iniciar una nueva visita por las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, salvo que se trate de la comprobación de hechos diferentes, fue poner un límite a las visitas domiciliarias que puede soportar un contribuyente, pues así se señala expresamente en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal de 6 de diciembre de 2006, que lo propuso. En ese sentido, la seguridad jurídica que pretende salvaguardarse con esa restricción se vincula directamente con la obligación constitucional de respetar el principio de inviolabilidad del domicilio previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sólo en casos excepcionales y en aras de proteger el interés general, autoriza a la autoridad administrativa a introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su intimidad o privacidad, como sucede con las visitas que se realizan en el domicilio del contribuyente, a diferencia de las revisiones de gabinete que se llevan a cabo en las oficinas de la autoridad hacendaria, y que sólo se rigen por el primer párrafo del indicado precepto constitucional, que protege a los gobernados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Por tanto, si la limitante contenida en la citada disposición legal no es aplicable a las revisiones de gabinete, tampoco lo es la jurisprudencia señalada en el rubro, que fija el alcance de esa norma sobre la imposibilidad de practicar nuevamente una visita domiciliaria cuando se declara nula la primera orden por indebida o insuficiente fundamentación y motivación de la competencia material de la autoridad que la emitió. En esos términos, es claro que la seguridad jurídica que pretende salvaguardarse con la restricción impuesta por el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, no es aplicable en tratándose de la revisión de gabinete prevista en el diverso 48 del mismo cuerpo de leyes, pues aquella se vincula directamente con la obligación constitucional de respetar la inviolabilidad del domicilio en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 16 constitucional, que sólo en casos excepcionales autoriza a la autoridad administrativa a introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su intimidad o privacidad, en aras de resguardar el interés general, como sucede con las visitas domiciliarias que se realizan en el domicilio del contribuyente, a diferencia de las revisiones de gabinete que se llevan a cabo en las oficinas de la autoridad hacendaria, y que sólo se rigen por el primer párrafo del citado precepto 16 constitucional, que protege a los gobernados en su persona, familia, papeles o posesiones. Por tanto, es que ante lo infundado del concepto de violación es que se niegue el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por ****, contra actos del Servicio de Administración Tributaria, Administrador General de Auditoría Fiscal y Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco, precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra actos del Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco, precisados en el considerando segundo y en términos del último considerando de esta sentencia.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de junio de dos mil veintidós. Autoridad desahoga requerimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por el Subdelegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención a lo requerido en auto de siete de junio del año en curso, remite copias certificas de las constancias de vacunación contra el SARS-COV2, de los menores quejosos; con excepción de L.H.L., A.I.M.D. e I.D.F., pues al efecto informa que no obra registro que indique que recibieron dicha vacuna. Con el comunicado y anexo de cuenta, dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de junio de dos mil veintidós. Tercero interesado se apersona. Se tiene por recibido el escrito presentado por el tercero interesado ****, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose al presente juicio. Domicilio procesal y autorizados. Asimismo, se le tiene designando como domicilio procesal el que para tal efecto indica y como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que señala expresamente con dichas facultades. Informa gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria. Por otra parte, visto el oficio y anexo firmado por el Juez Cuarto de lo Familiar, por ministerio de ley, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se le tiene remitiendo copia certificada del acuerdo dictado en el juico de origen, mediante el cual dejó insubsistente el diverso de veintinueve de abril de dos mil veintidós, emitido en cumplimiento al fallo protector, y formuló requerimiento a la parte demandada, aquí quejosa, por lo que se encuentra en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente sumario. Requerimiento. Sin embargo, toda vez que el referido fallo aún no se encuentra cabalmente cumplido, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, remita copias certificadas completas y legibles del auto que, atendiendo a los escritos en que dieron cumplimiento las partes al proveído de trece de abril pasado, así como los lineamientos del fallo protector, y en su caso, el desahogo a la prevención formulada en el acuerdo de siete de junio actual, fije un régimen de convivencias entre el actor y su menor hija dentro del juicio ****, o en su defecto, acredite la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.
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