Enrique López Flores
Expediente 1444/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/11/2019
Partes del expediente
- Enrique López Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado federal (fojas 94-95 y 103-104), el Director General del Fondo de Pensiones, para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 105), se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hubiera desahogado esa vista. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la legislación en comento, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente controvertido de amparo el veintiséis de agosto de la presente anualidad (fojas 51-77), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a fin de que las autoridades responsables restituyeran a la parte agraviada sus derechos violentados, debiendo realizar los actos siguientes: No aplicar a la parte quejosa ni en el presente ni en el futuro lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, hasta que no se modifiquen. Devolver al quejoso la cantidad correspondiente a las deducciones que le descontaron por la aplicación del "concepto 506", con base en la citada porción normativa, desde la fecha del otorgamiento de su pensión. En auto de ocho de octubre del año que transcurre (fojas 83-84) causo ejecutoria dicha sentencia y, por ende, se requirió su cumplimiento. En ese contexto, mediante los oficios y anexos mencionados al inicio de la presente actuación, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dio cumplimiento al fallo protector concedido en autos, toda vez que, por un lado, informó que desincorporó de la esfera jurídica del agraviado la porción normativa reclamada (fojas 94-95) y, por otro, que el veintidós de octubre de la presente anualidad, devolvió a éste la cantidad de $80,672.72 (ochenta mil seiscientos setenta y dos pesos 72/100 moneda nacional). De ahí que, resulta evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. En consecuencia, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales y, que estos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre, que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. Notifíquese personalmente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito de cuenta, suscrito por***en su calidad de regidores del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, mediante el cual solicita copia simple de la cédula de notificación del acuerdo mediante el cual se les excluyó del pago de la sanción impuesta en autos del presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de la copia que solicitan los promoventes, a su costa, previa constancia que de su entrega dejen en autos los comparecientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de cuatro de septiembre del año en curso (foja 340); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: *****)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el quince de mayo de dos mil diecisiete (fojas 133 a 156), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".lo procedente es, conceder a la persona moral "*********", Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, le devuelva a la quejosa la cantidad que como anticipo erogó con motivo del pago del impuesto predial (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), que efectuó el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, respecto del predio con cuenta predial U015221, con clave catastral (20-024-01-022-001-000), ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit." Inconforme con lo anterior, las autoridades responsables Tesorero y Jefe del Departamento de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, por conducto de su delegado, interpusieron recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes lo registraron con el número de amparo en revisión 854/2017 y, por ejecutoria de trece de diciembre de dos mil dieciocho, confirman la sentencia y concedió el amparo y protección a la parte quejosa. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Devolverle a la parte quejosa la cantidad que erogó el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con motivo del anticipo que realizó del impuesto predial (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), respecto del predio con cuenta predial *******, con clave catastral (********), ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Así, en diverso auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (foja 236), se requirió a las autoridades ejecutoras, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria en análisis. En consecuencia, a través del oficio sin número, recibido en línea, el tres de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 333 a 339), el Tesorero y Director de Castro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su delegado, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, refirió haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la parte quejosa, a fin de dar cumplimiento a las ejecutorias emitidas en todos los juicios de amparo promovidos por la aquí quejosa contra los mismos actos que se encontraban tramitados ante este órgano jurisdiccional, entre ellos, en el que se actúa (483/2017), así como en diversos tramitados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. En ese contexto, comunicó que emitió tres notas de crédito a favor de la parte quejosa, la primera de ellas, por un monto de $1,043.305.87 (un millón cuarenta y tres mil trescientos cinco pesos 87/100 moneda nacional); la segunda, por la cantidad de $861.038.90 (ochocientos sesenta y un mil treinta y ocho pesos 90/100 moneda nacional) y, la tercera, por la suma de $447,252.23 (cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 23/100 moneda nacional), numerarios que serían aplicados a licencias permisos y autorizaciones en materia de desarrollo urbano; luego, para acreditar su dicho, remitió copia certificada de dos de las notas de crédito números uno y tres, todas de veinticuatro de julio de la presente anualidad, suscritas por el Tesorero Municipal responsable, así como del acta de recepción de pago (nota de crédito), de esa misma data, en la que se hace constar la entrega recepción de dichos documentos, al apoderado legal Carlos Nuñez Macías de la parte quejosa Desarrollo Marina Vallarta, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien manifestó que recibe a su entera satisfacción el pago hecho por la responsable. En ese sentido, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo anterior se considera de esa forma, toda vez que si bien es cierto el amparo de mérito, se concedió para el efecto de que la autoridad exactora responsable reintegrara la cantidad que la empresa quejosa había erogado con motivo de la aplicación de la porción normativa, no menos lo es que dicho numerario no se reintegró de manera material, pero dicha circunstancia en nada impide tener por cumplida la citada ejecutoria, pues consta en autos la conformidad de la parte quejosa respecto que dicho importe se conmutara por las notas de crédito precisadas antelativamente, cuya entrega ya aconteció en la especie. Luego, al tratarse de una prestación de carácter pecuniaria, la parte quejosa puede disponer totalmente de dicha prerrogativa y pactar sobre la forma particular en que se satisface dicha devolución, ya que es la titular del derecho involucrado. De ahí que no habría razón para estimar incumplida la ejecutoria de amparo al constar la conformidad de la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª. LI/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos veinte, Libro 7, Junio de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "**********." Asimismo, la Jurisprudencia 2ª./J 113/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintitrés, Tomo XXVIII, Septiembre de dos mil dieciocho, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto es el siguiente: "**** Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió por una parte y, por otra se negó, respecto de los actos reclamados (fojas 76 a 79 y 103 a 108 respectivamente) del original del cuaderno incidental; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el comunicado de cuenta signado por el delegado de la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de ocho de octubre del presente año (fojas 83-84), informa que solicitó al Director General del Fondo de Pensiones al Servicio del Estado, que reintegrara a la parte quejosa la cantidad de $80,672.72 (ochenta mil seiscientos setenta y dos pesos 72/100 moneda nacional), correspondiente a los descuentos que le fueron efectuados en sus percepciones de la primera quincena de septiembre de dos mil diecisiete a la primera quincena de octubre del presente año, por motivo de la aplicación de la porción normativa base de la presente contienda constitucional y, al efecto, remite el comunicado DJC/DGJ/SAF/3220/2019, por medio del cual requirió tal circunstancia a dicho director responsable; en ese contexto, agréguese a los presentes autos el comunicado y documentales de mérito en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en la inteligencia, de que este juzgado federal quedará a la espera del cumplimiento total de ésta. Notifíquese.
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