Enrique Lopez Alarcon
Expediente 1656/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1656/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Enrique Lopez Alarcon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso pudieran perjudicarle las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, contra la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1656/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el once de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito, Enrique López Alarcón, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, radicándose con el número 1656/2017, mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se previno a la parte actora para el efecto de que precisara si era su deseo señalar como responsable a una diversa autoridad a las que ya había destacado en su demanda de amparo; así las cosas, subsanada la prevención, mediante acuerdo de veinticinco de octubre del año en cita, se admitió la demanda de amparo, en la señaló como autoridades al Presidente, Síndico, Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Agentes adscritos a la Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Ayuntamiento y Cabildo, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, a quienes les reclamó: Acto reclamado: REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE JIUTEPEC, MORELOS, publicado en el Periódico Oficial "Tierra v Libertad" del Estado de Morelos, número 5466 en fecha 18 de Enero del año 2017, específicamente de dichos ordenamientos los Artículos 3, 23 fracción I. 76 último párrafo, 87 fracción II, 88, 97 v 100, de dicho ordenamiento legal; Boleta de infracción, a través de la cual se impone una multa sin determinar la cantidad, elaborada por el uniformado identificado con el número económico P-34; Privación de la propiedad y posesión de la Licencia de Conducir y la Tarjeta de Circulación respectivamente que contiene mis datos personales SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contenidas en los artículos 1, 4, 11, 14, 16, 21, y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de garantías, la que por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, se registró con el número 1656/2017, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado Por otra parte, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en caso de atender una solicitud de información, al elaborar la versión pública de la sentencia, se testaran las partes o secciones clasificadas, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista por la ley. En ese tenor, una vez que las partes se notificaron de lo anterior, no hicieron manifestación alguna. Asimismo, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se llevó a cabo el tres de enero de dos mil dieciocho, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 25 y 37 de la Ley de Amparo, relación con los numerales 48 y 52, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación; además por tratarse de un asunto en materia administrativa en el que se reclaman actos de autoridades que residen dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Del análisis integral de la demanda de garantías, atento a lo indicado en la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 19, visible en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en: El Reglamento de Tránsito para el Municipio de Jiutepec, Morelos, en particular sus artículos 3, 23 fracción I, 76 último párrafo, 87 fracción II, 88, 97 y 100. Con motivo de su primer acto de aplicación, efectuada en la boleta de infracción a través de la cual se le impone una multa, elaborada por el uniformado identificado con el número P-34. Así como la desposesión de la licencia de conducir. TERCERO. Las autoridades responsables Presidente, Síndico, Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Agentes adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Ayuntamiento y Cabildo, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que es cierto el acto que se les atribuye. Por lo que los mismos, se tienen plenamente probados al tenor de la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, al ser los actos reclamados la existencia de un reglamento, no es objeto de prueba, pues la existencia de las normas no depende del contenido de los informes de las responsables, pues basta que estén publicadas en el Diario o en el Periódico Oficial correspondiente para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades estén obligadas a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." CUARTO. Por cuestión de orden se procede al análisis de las causales de improcedencia que hacen valer las autoridades señaladas como responsables, lo anterior debido a que la procedencia del juicio de amparo es de orden público y estudio oficioso, y con mayor razón si aquellas son invocadas por las partes. En la especie, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, refieren que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracciones XII y XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, mismas que son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; En relación a esta causal, es pertinente citar el precepto legal 4° de la Ley de Amparo prevé: "El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.". Por su parte, el artículo 107, fracción I del mismo ordenamiento, dice que el juicio de amparo debe pedirse al Juez de Distrito: "Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." De los dispositivos legales antes transcritos se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectadas por el acto de autoridad reclamado, pero para que ello exista, tratándose de amparo contra leyes, es presupuesto que cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio de la parte peticionaria de garantías, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos escritos presentados durante el juicio por tal parte, sino en todo caso del contenido del supuesto acto de aplicación, con independencia de que éste derive de una autoridad, de un tercero que actúa en auxilio de la administración o del propio quejoso. "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama.". Destacado lo anterior debe decirse que, respecto de la primera de las causas que hacen valer las responsables, quien ahora resuelve considera, que no se surte la improcedencia del juicio, por falta de interés del impetrante de amparo, debido a que la propia autoridad al rendir su correspondiente informe, allegó como anexo copia certificada de la boleta de infracción, en la que consta el acto de molestia que se causó al justiciable, lo que le otorga interés jurídico para instar la protección constitucional. La autoridad responsable también hace valer la diversa causal de improcedencia, previsto en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe decir, que respecto de la causal de improcedencia antes destacada, opera una excepción y se encuentra literalmente contenida en el texto de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en aquella parte que señala literalmente ".Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. .". Ahora en la especie como ya se destacó en párrafos precedentes, el quejoso reclama no solo un acto de aplicación de la norma, sino los preceptos que dijo, se le habían aplicado en la infracción de tránsito. Como motivos de disenso, respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 3, 23, fracción I, 76 último párrafo, 87, fracción II, 88, 97 y 100 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Jiutepec, Morelos, el justiciable en esencia, expuso lo siguiente: Que de acuerdo con el derecho positivo mexicano la doctrina y la legislación, las sanciones administrativas, deben aplicarse por quien tenga facultades y estar fundadas y motivadas. Que es inconstitucional que el Ayuntamiento de Jiutepec, a través de diversa dependencia prive a los particulares de sus propiedades, en la especie su licencia de conducir, sin existir fundamento ni motivo alguno. Que es inconstitucional que al circular en jurisdicción municipal se le apliquen sanciones, cuando en los ordenamientos de transito federal no se impone tal sanción. Que el acto de autoridad que destaca como reclamado vulnera su derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que la infracción y su consecuencia es inconstitucional, porque no se hace mención expresa de donde se regula la competencia de las autoridades responsables. Que diversos preceptos constitucionales prohíben los actos discriminatorios, el trato desigual y las multas excesivas, y los preceptos que se le aplicaron violentan tales disposiciones. Que en la aplicación del reglamento tildado como inconstitucional no se respeta el principio de igualdad, pues el reglamento establece sanciones indeterminadas, desproporcionadas y arbitrarias, lo que dice, viola en su perjuicio sus derechos fundamentales. Que no resulta constitucional que las multas que contiene el reglamento de tránsito, se contengan en la ley de Ingresos de dicho Municipio, pues eso provoca confusión, pues estas deben quedan contemplada en la propia ley. Después del peticionario de amparo refiere diversos criterios doctrinarios y la cita de instrumentos internacionales. Indica que la imposición de la sanción pecuniaria no solo genera afectación a su patrimonio, sino que implica una privación de la propiedad y posesión de sus documentos, e impacta en diversos derechos, como el de movilidad, y la imposición de recargos si no se paga la multan en tiempo. Que el acto reclamado viola las formalidades esenciales del procedimiento, pues no se le notificó la infracción y la sanción, no se calificó, y por ello no pudo preparar su defensa, con un periodo de pruebas alegaciones y una sentencia. Citó además, el quejoso diversos criterios que consideró aplicables a sus argumentos. Como puede advertirse de los conceptos de violación antes resumidos, todos ellos se encuentran encaminados a controvertir la legalidad de la infracción reclamada; sin que se advierta de estos, que controviertan la constitucionalidad de los preceptos que destacó como reclamados artículos 3, 23 fracción I, 76 último párrafo, 87 fracción II, 88, 97 y 100 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Jiutepec, Morelos; se estima lo anterior, pues para que se estudien los conceptos de violación encaminados a controvertir una ley [como en la especie], el accionante debe presentar argumentos sólidos, y no solo formular premisas generales y abstractas, sobre todo cuando se hacen depender de situaciones particulares, como son los actos de aplicación en un acto concreto, como lo es la infracción reclamada. En esta tesitura, es incuestionable, que respecto de los preceptos antes señalados se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción VIII, de la Ley de Amparo, en tanto que la parte quejosa fue omisa en expresar conceptos de violación que pongan en evidencia la inconstitucionalidad de los indicados preceptos; y es esa tesitura, es incuestionable que no se puede emprender el estudio conducente, máxime que en el acta de infracción se evidencia que se le aplicó la fracción III, del artículo 54 del reglamento de tránsito y vialidad de Jiutepec, Morelos, y dicho precepto no lo señaló como reclamado. Resuelto lo anterior, se considera, que respecto de la infracción de tránsito, como acto de aplicación de las normas reclamadas como inconstitucionales, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se estima de esta manera debido a que, no puede tenerse como puede apreciarse del análisis de los conceptos de violación formulados por el peticionario de amparo, todos ellos se encuentran encaminados a controvertir el acto de aplicación de las normas destacadas como inconstitucionales, y con ello, no se justifica la interposición del juicio de amparo como excepción, pues para que se materialice la excepción al principio de definitividad, en asuntos donde no procede suplir la queja deficiente, no basta que se señale en forma abstracta como reclamada la norma general, sino que requiere que en su contra se formulen conceptos de violación en los que se involucre el tema de constitucionalidad, pues sólo así se justifica la circunstancia de que el asunto no sea sometido al escrutinio del recurso o medio de defensa legal, circunstancia que como se vio, no colmó el quejoso. En lo esencial, sirve de sustento a lo antes considerado la tesis del rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO OMITE FORMULAR CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONTRA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA EN LOS QUE INVOLUCRE EL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, Y NO OPERA EN SU BENEFICIO LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. De acuerdo con el precepto citado, en el juicio de amparo contra normas generales con motivo del primer acto de aplicación, es optativo para el quejoso agotar el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual éste pueda ser modificado, revocado o nulificado, o bien, impugnar desde luego la norma general en el juicio de amparo. Ahora bien, la excepción al principio de definitividad tiene su origen, por una parte, porque sería contrario a los principios generales del derecho que se obligara al quejoso a someterse a las disposiciones de la ley cuya obligatoriedad impugna, por conceptuarla contraria al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por otra, porque los efectos pretendidos por aquél se encuentran reservados a los órganos del Poder Judicial de la Federación, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad y convencionalidad de leyes. Sin embargo, para que se materialice la excepción al referido principio en asuntos donde no procede suplir la queja deficiente, no basta que se señale en forma abstracta como reclamada la norma general, sino que requiere que en su contra se formulen conceptos de violación en los que se involucre el tema de constitucionalidad, pues sólo así se justifica la circunstancia de que el asunto no sea sometido al escrutinio del recurso o medio de defensa legal. Consecuentemente, la ausencia de aquéllos implica que contra el acto de aplicación de la norma general, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo." Sumado a lo anterior, el hecho de que, tampoco puede surtirse excepción alguna respecto del principio de definitividad, en razón de que, esta se daría ante la ausencia total de fundamentación y motivación, contenida en la boleta de infracción, empero, de la consulta de dicha documental, enviada en copia certificada por la autoridad responsable, a la que se otorga eficacia demostrativa en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2, se evidencia que contiene diversas disposiciones (1, 2, 3, 23, 28, 45, 86, 87, 88, 89, 95 100 y 54, fracción III, del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos), y también se estableció el motivo de la infracción ( pasarse un alto cuando se encontraba en rojo), por esto tampoco puede actualizarse la excepción al principio indicado en líneas precedentes. En vía de orientación, es de aplicación la Jurisprudencia que literalmente dispone: "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Superado lo antes analizado, para satisfacer el propósito anunciado ha de estarse a lo que al respecto establecen los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De lo anterior, se pueden deducir las siguientes reglas para que se actualice la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, tratándose de la materia administrativa: 1) Que en contra de los actos reclamados proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar los actos reclamados y que la ley respectiva regule a esos actos de manera específica, aludiendo expresamente a ellos, debiendo colmar todas las determinaciones que contengan, así como las consecuencias que produzcan en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho recurso se encuentre previsto en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. 3) Que la ley que establezca el recurso o que rija los actos reclamados no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo. El texto del precepto de la Ley de Amparo citado, consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente los derechos que se hayan vulnerado en el acto o resolución combatida. Así, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios o juicio que proceda antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse, asimismo, la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. Como requisito primigenio y de orden lógico, el recurso previo deberá de existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria; además, deberá ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida, esto es, debe ser aplicable en la circunstancia específica, es, además, eficaz si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido; además, las autoridades deberán permitir que los justiciables impugnen ante los órganos superiores las decisiones que les afecten, así como garantizar que dichos recursos sean capaces de producir una decisión dentro de un plazo razonable y que se desahoguen con la debida diligencia. En el caso, el quejoso antes de acudir al juicio de amparo debe agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previsto en el artículo 109 bis, de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como los preceptos legales 1 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad; medio de impugnación que tiene el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto combatido. En efecto, el artículo 109 bis, de la Constitución Política del Estado de Morelos, en lo conducente, dice: "Artículo 109 Bis.- La justicia administrativa estatal se deposita en un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional que no estará adscrito al Poder Judicial. Dicho Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la administración pública, estatal o municipal; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados por esta Constitución. Por su parte los artículos 1 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad, señalan: "ARTÍCULO 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se otorga también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familia o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios a desempeñar el servicio púbico frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "ARTÍCULO 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.". Los numerales transcritos ponen de relieve que en el Estado de Morelos es factible impugnar los actos y resoluciones de carácter fiscal producidos por los organismos municipales, para lo cual es competente el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos; sobre esa base, al tratarse lo reclamado de un acto emitido por una autoridad de la Administración Pública Estatal, relacionado con el cobro, ejecución y recaudación por concepto de derechos de alumbrado público, es obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la quejosa debe acudir al juicio de nulidad, previsto en la ley citada, para con ello observar el principio de definitividad. Lo anterior, pues como se vio, existe el juicio de nulidad, que es adecuado y eficaz para proteger la situación jurídica infringida y con él se puede modificar, revocar o nulificar lo combatido; máxime que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no prevé mayores requisitos para la suspensión del acto que la Ley de Amparo, pues de los numerales 142 al 149, de la primer legislación mencionada, se advierte que para obtener la medida cautelar es necesario cubrir tres aspectos: 1. Que la solicite el agraviado. 2. Que con la concesión de la suspensión no se cause evidente perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Ello demuestra que la suspensión se concede con esas tres condiciones y de manera semejante a la Ley de Amparo en sus artículos 128 y 132. "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; "ARTÍCULO 132.- En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorga garantía bastante para reparar el daño, e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.". "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.". Tampoco se está en el caso de excepción consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación. Se afirma lo anterior, pues, como ya se vio, en la boleta de infracción reclamada como acto de aplicación de la norma, a la que se otorga eficacia demostrativa en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2, se evidencia que contiene diversas disposiciones (1, 2, 3, 23, 28, 45, 86, 87, 88, 89, 95 100 y 54, fracción III, del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos), y también se estableció el motivo de la infracción ( pasarse un alto cuando se encontraba en rojo). Entonces, tampoco se actualiza esa excepción al principio de definitividad y por tales razones, debió agotarse el juicio ante el mencionado órgano antes de promoverse el juicio de amparo. "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Resulta pertinente mencionar que el mencionado principio de definitividad no se opone a la nueva normatividad que en derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los artículos 1° y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se establecen, aunque no se mencionen en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es, agotar los recursos ordinarios previamente a instar el juicio de amparo. Así es, si la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que se deben agotar los recursos previstos en la ley ordinaria, idóneos para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, previamente a la promoción del juicio constitucional, el quejoso está obligado a acatar la ley y agotar los medios ordinarios de defensa, sin que ello implique restricción a sus derechos humanos, pues precisamente, a fin de garantizar su derecho fundamental de acceso y tutela judicial efectiva, están previstas leyes y medios ordinarios de defensa para dirimir la controversia planteada, por lo que deben agotarse, en observancia al principio de seguridad jurídica. Máxime que la propia Convención Americana de Derechos Humanos, establece en su artículo 46 que, para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos, de forma que, incluso en la normatividad de un órgano internacional, encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se establece que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, consistente en que no obstante la existencia de normas y procedimientos internacionales para la protección y defensa de los derechos humanos, es a los Estados a los que corresponde, en primera instancia, respetar y hacer respetar tales derechos en el ámbito de su jurisdicción, y sólo cuando a nivel interno no se ha brindado una protección adecuada y efectiva, la jurisdicción internacional debe ejercer su competencia; por lo que se puede decir que el principio de subsidiariedad, en sede internacional, es el símil del principio de definitividad a nivel interno, por lo que éste es convencionalmente válido. Ello obedece a que la protección a un derecho humano, no debe ser desmedida o exenta de un orden jurídico razonable, sino que se encuentra sujeta a límites y restricciones que forman parte de otro bien tutelado que es la seguridad jurídica; de lo contrario, no se tendría la certeza de que la situación jurídica de los individuos solo sea modificada por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, generándose incertidumbre de cuando son firmes y exigibles los actos de autoridad. "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas." "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna." Así, como se anticipó al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracción XX y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la última de ellas en relación con el numeral 108, fracción VIII, de la propia legislación, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V, del artículo 63 del ordenamiento legal invocado con anterioridad. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, y fundado, y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enrique López Alarcón, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo del presente fallo, por los motivos expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda el escrito presentado en línea por Enrique López Alarcón, a través del cual amplía demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se desecha la ampliación de demanda que promueve por los siguientes motivos. El dispositivo invocado establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los supuestos generales para la interposición de la ampliación de la demanda de amparo indirecto -cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en éste se fundamente o motive el acto reclamado o cuando aquél tenga conocimiento por cualquier medio de actos de autoridad vinculados con los reclamados-, limitando su procedencia a que sea presentada dentro de los plazos contemplados en los artículos del 2 al 17 de la ley de la materia, a partir del conocimiento de tales actos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. De una interpretación teleológica al artículo 111 de la Ley de Amparo, se colige que es procedente la ampliación de la demanda, siempre y cuando se realice dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, quince días cuando los datos se desprendan de los informes justificados, lo que en el caso no acontece, porque de los argumentos vertidos por el quejoso no se advierte que combata nuevos actos que se desprendan de los informes justificados, lo único que precisa es el nombre del agente infractor; sin embargo, su ampliación es extemporánea, pues no es un dato que el solicitante de amparo haya desconocido al momento de interponer la demanda de amparo, por tanto ha transcurrido con exceso el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 15/2003, visible en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, correspondiente a la Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". De igual manera, es aplicable la tesis Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 422 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Octava Época, mayo de 1992, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACION DE LA, EL TERMINO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO OPERA TAMBIEN PARA LA. El artículo 21 de la Ley de Amparo no prevé textualmente que el término ahí establecido opere también para la ampliación de la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que aparece publicada en la página 316, Primera Parte, del Informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concluir el año de mil novecientos setenta y dos, con la voz: "DEMANDA, PROCEDENCIA DE LA APLICACION (TEXTUAL) DE LA", solamente aclaró que la demanda de amparo puede ampliarse hasta antes de que se celebre la audiencia constitucional, mas no estableció que deba inobservarse el término que señala el citado artículo 21 de la Ley de Amparo. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 176, publicada en la página 311, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, con el rubro: "AMPLIACION DE LA DEMANDA. LITIS CONTESTATIO EN EL AMPARO", estableció que la ampliación de la demanda procedía "siempre que esté dentro del término legal para pedir amparo". Y en la tesis publicada en las páginas 450 y 451, Primera Parte, del referido Apéndice, con el título: "AMPLIACION DE LA DEMANDA. COMPUTO DEL PLAZO PARA IMPUGNAR UNA LEY", la constante para computar la oportunidad de la ampliación de la demanda sigue siendo la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento de la ley por la que se produjo la ampliación. Sostener lo contrario resultaría ilógico, ya que al quejoso se le obligaría a promover el juicio de garantías dentro del término que señala el mencionado precepto legal, y se entendería de una manera indeterminada el término para la ampliación, en su caso, de la misma demanda, cuando no hay motivo para diferenciar, si se parte del conocimiento que se tenga del nuevo acto reclamado o de la autoridad que en realidad emitió el señalado en el escrito inicial.". Para dar tiempo a la notificación de este acuerdo y que transcurran los plazos establecidos por la Ley, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las diez horas con seis minutos del día tres de enero de dos mil dieciocho, para su celebración. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Glósese el escrito enviado por el quejoso vía electrónica; en atención a su contenido, se acuerda: Respecto de su solicitud en el sentido que se difiera la audiencia constitucional, en el momento procesal oportuno se acordará lo conducente. Por cuanto a su petición en el sentido de que se requiera a la autoridad que menciona, no ha lugar a proceder en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, en razón de que no exhibe la petición que argumenta intentó presentar el diecisiete de noviembre del año en curso, aunado a que contrario a lo que manifiesta obran diversas documentales exhibidas por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Enrique Hernandez Cervantes440/2019
- Enrique Hernandez Cordero569/2023
- Enrique Hernandez Cordero161/2020
- Enrique Jacinto Castillo Rueda2111/2018
- Enrique Javier Marquez Najera559/2022
- Enrique Javier Martinez Najera1760/2022
- Enrique Lopez Lara Morales1729/2021
- Enrique López Lara Morales2057/2013
- Enrique Lopez Morelos1012/2016
- Enrique Lopez Villanueva1353/2021
- Enrique Malpica Perez541/2019
- Enrique Martinez Hernandez382/2021