Enrique Leonel Cisneros Rodriguez

Expediente 1368/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1368/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
06/02/2018

Partes del expediente

  • Enrique Leonel Cisneros Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el doce de enero del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma, se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA I. Vista la certificación de cuenta y que de los autos se advierte que el quejoso reclama en su demanda de amparo la omisión de la Directora del Catastro del Estado de Yucatán, de contestar el escrito de veinte de octubre de dos mi diecisiete, en el que se solicitó copias certificadas del expediente número 174825 en el que se realizó una diligencia de verificación y rectificación de medidas en el predio rustico denominado FINCA SAN JERÓNIMO de la localidad y municipio de Sucilá Yucatán, el día diecinueve de octubre de dos mil diecisiete a las once horas con treinta minutos. Ahora bien, al momento de rendir su informe con justificación, la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, manifestó que el veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete, fue expedido el oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/238/2017 por medio del cual se comunicó a Enrique Leonel Cisneros Rodríguez la contestación recaída a su escrito de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete respecto a las copias certificadas del trámite 174825-2016 y del diverso escrito de fecha seis de septiembre, recibido el siete de septiembre de ese año; se corrobora con las constancias que anexaron a sus informes con justificación, mismas que obran en este sumario y que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Sobre el tema en particular, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, si en un juicio de derechos fundamentales, en que se reclama violación al derecho de petición, consagrado en el artículo 8° de la constitución, al rendir informe justificado la autoridad responsable exhibe la contestación a tal solicitud, opera la cesación de efectos en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. ... En el caso, como ya se dijo en párrafos anteriores, la Directora del Catastro del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, dio respuesta a la solicitud efectuada por la parte quejosa, toda vez que el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, fue expedido el oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/238/2017 por medio del cual se comunicó a Enrique Leonel Cisneros Rodríguez la contestación recaída a su escrito de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete respecto a las copias certificadas del trámite 174825-2016 y del diverso escrito de fecha seis de septiembre, recibido el siete de septiembre de este año; contestación de la cual se advierte que respecto a las copias solicitadas del inmueble marcado con número catastral 174, denominado "SAN JERÓNIMO" de Sucilá, Yucatán, señaló que dicho inmueble, está compuesto por documentos públicos y privados, por lo que accedió a la emisión de las copias certificadas y de los documentos públicos, sin embargo, por lo que respecta a los documentos privados derivados del inmueble, no accedió a expedirle copias certificadas, toda vez que contienen datos personales, lo cual fue le fue notificado al nombrado quejoso Cisneros Rodríguez el treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, como se advierte de los anexos que se acompañan a dicho informe; razón por la cual, en proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional, previno al quejoso para que manifestara si ampliaba el acto reclamado a la autoridad responsable, en relación con el citado oficio; lo cual le fue notificado al quejoso el seis de diciembre último, desahogando dicha prevención el veintisiete de diciembre siguiente, sin embargo, por acuerdo de veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete se desechó la citada ampliación en los términos precisados en dicho proveído, el cual no fue impugnado en términos del artículo 97 de la Ley de la Materia. En tales condiciones, es indudable que, como acertadamente se refiere en el caso se actualiza la cesación de efectos en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de la Directora responsable, a contestar el escrito de veinte de octubre del año próximo pasado, en el que solicitó copias certificadas del expediente número 174825, toda vez que durante la tramitación del presente juicio de amparo, se atendió la solicitud correspondiente, esto es, el veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete, fue expedido el oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/238/2017 por medio del cual se comunicó a Enrique Leonel Cisneros Rodríguez la contestación recaída a su escrito de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete respecto a las copias certificadas del trámite 174825-2016 y del diverso escrito de fecha seis de septiembre, recibido el siete de septiembre de este año, en el que accedió a expedir copias certificadas de los documentos públicos derivados del inmueble en cuestión y negó las copias de los documentos privados derivados del propio bien raíz, lo cual fue le fue notificado al nombrado quejoso Cisneros Rodríguez el treinta de noviembre del año dos mil diecisiete; lo que este órgano jurisdiccional, hizo del conocimiento del quejoso por acuerdo de seis de diciembre último, y notificado de forma personal ese propia día, sin que hubiera realizado manifestación alguna durante el término que se le dio en dicho proveído. Lo anterior es así, máxime si se toma en cuenta que en atención a la jurisprudencia citada, en proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se le dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la Directora responsable, el cual se le hizo de su conocimiento por constancia de notificación realizada por el Actuario de este Juzgado, ese propio día. Así como, en fecha seis de diciembre del año pasado, se le previno para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo, el cual desahogó dicha prevención, sin embargo por diverso proveído de veintiocho de diciembre del año próximo pasado se desechó la ampliación de demanda, sin que la parte quejosa haya impugnado tal determinación. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el presente asunto, se ha cumplido con las dos condiciones referidas, pues la negativa de la autoridad responsable de expedir la totalidad de las copias certificadas solicitada en el escrito de la parte quejosa de diecinueve de octubre del año próximo pasado, presentado el veinte de octubre siguiente de esa anualidad, en la Dirección del Catastro del Estado de Yucatán, quedó insubsistente cuando dio respuesta al mismo, el veintiocho de noviembre de dos mil dos mil diecisiete; lo anterior se corrobora a fojas 17 a 24 del anexo de su informe con justificación. Haciéndole del conocimiento al nombrado quejoso la respuesta dada a la petición planteada en su escrito de mérito, el seis de diciembre del año dos mil diecisiete, fecha en que se le dio vista a la parte quejosa del informe rendido por la nombrada autoridad y en el que se le previno para que ampliara su demanda. Dichas constancias, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto tiene aplicación, la siguiente tesis jurisprudencial: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. De ese modo, este Juzgador concluye que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo. Lo anterior no deja en estado de indefensión al solicitante de la protección constitucional, pues quedan expeditos sus derechos para promover otro juicio de amparo contra los oficios mediante los que le dio respuesta la autoridad en caso de considerarlos inconstitucionales, o bien, puede hacer valer el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de nuevos actos. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/5773/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA I. Vista la certificación de cuenta y que de los autos se advierte que el quejoso reclama en su demanda de amparo la omisión de la Directora del Catastro del Estado de Yucatán, de contestar el escrito de veinte de octubre de dos mi diecisiete, en el que se solicitó copias certificadas del expediente número 174825 en el que se realizó una diligencia de verificación y rectificación de medidas en el predio rustico denominado FINCA SAN JERÓNIMO de la localidad y municipio de Sucilá Yucatán, el día diecinueve de octubre de dos mil diecisiete a las once horas con treinta minutos. Ahora bien, al momento de rendir su informe con justificación, la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, manifestó que el veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete, fue expedido el oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/238/2017 por medio del cual se comunicó a Enrique Leonel Cisneros Rodríguez la contestación recaída a su escrito de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete respecto a las copias certificadas del trámite 174825-2016 y del diverso escrito de fecha seis de septiembre, recibido el siete de septiembre de ese año; se corrobora con las constancias que anexaron a sus informes con justificación, mismas que obran en este sumario y que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Sobre el tema en particular, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, si en un juicio de derechos fundamentales, en que se reclama violación al derecho de petición, consagrado en el artículo 8° de la constitución, al rendir informe justificado la autoridad responsable exhibe la contestación a tal solicitud, opera la cesación de efectos en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. ... En el caso, como ya se dijo en párrafos anteriores, la Directora del Catastro del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, dio respuesta a la solicitud efectuada por la parte quejosa, toda vez que el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, fue expedido el oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/238/2017 por medio del cual se comunicó a Enrique Leonel Cisneros Rodríguez la contestación recaída a su escrito de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete respecto a las copias certificadas del trámite 174825-2016 y del diverso escrito de fecha seis de septiembre, recibido el siete de septiembre de este año; contestación de la cual se advierte que respecto a las copias solicitadas del inmueble marcado con número catastral 174, denominado "SAN JERÓNIMO" de Sucilá, Yucatán, señaló que dicho inmueble, está compuesto por documentos públicos y privados, por lo que accedió a la emisión de las copias certificadas y de los documentos públicos, sin embargo, por lo que respecta a los documentos privados derivados del inmueble, no accedió a expedirle copias certificadas, toda vez que contienen datos personales, lo cual fue le fue notificado al nombrado quejoso Cisneros Rodríguez el treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, como se advierte de los anexos que se acompañan a dicho informe; razón por la cual, en proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional, previno al quejoso para que manifestara si ampliaba el acto reclamado a la autoridad responsable, en relación con el citado oficio; lo cual le fue notificado al quejoso el seis de diciembre último, desahogando dicha prevención el veintisiete de diciembre siguiente, sin embargo, por acuerdo de veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete se desechó la citada ampliación en los términos precisados en dicho proveído, el cual no fue impugnado en términos del artículo 97 de la Ley de la Materia. En tales condiciones, es indudable que, como acertadamente se refiere en el caso se actualiza la cesación de efectos en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de la Directora responsable, a contestar el escrito de veinte de octubre del año próximo pasado, en el que solicitó copias certificadas del expediente número 174825, toda vez que durante la tramitación del presente juicio de amparo, se atendió la solicitud correspondiente, esto es, el veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete, fue expedido el oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/238/2017 por medio del cual se comunicó a Enrique Leonel Cisneros Rodríguez la contestación recaída a su escrito de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete respecto a las copias certificadas del trámite 174825-2016 y del diverso escrito de fecha seis de septiembre, recibido el siete de septiembre de este año, en el que accedió a expedir copias certificadas de los documentos públicos derivados del inmueble en cuestión y negó las copias de los documentos privados derivados del propio bien raíz, lo cual fue le fue notificado al nombrado quejoso Cisneros Rodríguez el treinta de noviembre del año dos mil diecisiete; lo que este órgano jurisdiccional, hizo del conocimiento del quejoso por acuerdo de seis de diciembre último, y notificado de forma personal ese propia día, sin que hubiera realizado manifestación alguna durante el término que se le dio en dicho proveído. Lo anterior es así, máxime si se toma en cuenta que en atención a la jurisprudencia citada, en proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se le dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la Directora responsable, el cual se le hizo de su conocimiento por constancia de notificación realizada por el Actuario de este Juzgado, ese propio día. Así como, en fecha seis de diciembre del año pasado, se le previno para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo, el cual desahogó dicha prevención, sin embargo por diverso proveído de veintiocho de diciembre del año próximo pasado se desechó la ampliación de demanda, sin que la parte quejosa haya impugnado tal determinación. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el presente asunto, se ha cumplido con las dos condiciones referidas, pues la negativa de la autoridad responsable de expedir la totalidad de las copias certificadas solicitada en el escrito de la parte quejosa de diecinueve de octubre del año próximo pasado, presentado el veinte de octubre siguiente de esa anualidad, en la Dirección del Catastro del Estado de Yucatán, quedó insubsistente cuando dio respuesta al mismo, el veintiocho de noviembre de dos mil dos mil diecisiete; lo anterior se corrobora a fojas 17 a 24 del anexo de su informe con justificación. Haciéndole del conocimiento al nombrado quejoso la respuesta dada a la petición planteada en su escrito de mérito, el seis de diciembre del año dos mil diecisiete, fecha en que se le dio vista a la parte quejosa del informe rendido por la nombrada autoridad y en el que se le previno para que ampliara su demanda. Dichas constancias, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto tiene aplicación, la siguiente tesis jurisprudencial: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. De ese modo, este Juzgador concluye que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo. Lo anterior no deja en estado de indefensión al solicitante de la protección constitucional, pues quedan expeditos sus derechos para promover otro juicio de amparo contra los oficios mediante los que le dio respuesta la autoridad en caso de considerarlos inconstitucionales, o bien, puede hacer valer el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de nuevos actos. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/5773/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA I. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún no transcurre el término establecido por el artículo 95 de la Ley de Amparo, respecto al acuerdo de veintiocho de diciembre del año en curso; por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración.

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