Enrique Ledezma Flores
Expediente 393/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Enrique Ledezma Flores
Actuaciones
- Principal
Recepción de oficio. Agréguese el oficio enviado, vía interconexión, por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por el cual informa que dicho órgano aceptó la competencia declinada por este juzgado, mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 393/2021-6. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio que remite el actuario adscrito al Segundo Tribunal Coaligado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, a través del informa el contenido del proveído dictado el treinta de junio pasado en el juicio de amparo directo 184/2021, del que se desprende que se tuvo por recibida la legal incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional y que se requirieron diversas cuestiones a la autoridad responsable; de lo que se toma nota.
- Principal
Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo signada por ****, en contra de actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, Celaya, Guanajuato; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 393/2021-6. Incompetencia. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el promovente reclama la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio agrario ***, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;" Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Ahora bien, de conformidad con el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es procedente el amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI, del artículo 107 constitucional. De lo que se evidencia que cuando se reclama una resolución que pone fin al juicio, la vía correcta para impugnarla es el amparo directo. En ese orden de ideas, este juzgador considera que es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de control constitucional. Ello es así, porque el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye -como se especificó-, la sentencia definitiva emitida el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en los autos del juicio agrario 47/18, la cual decidió el juicio en lo principal; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado, no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, siendo en el diverso previsto en el 170, fracción I, del mismo ordenamiento. En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, se concluye que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada por Enrique Ledezma Flores, contra actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en Celaya, Guanajuato. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, para lo que tenga a bien determinar; se solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, se ordena formar el respectivo cuaderno de antecedentes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica en su demanda. Téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la personas que indica, en razón que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, que establece: "Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo signada por ****, en contra de actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, Celaya, Guanajuato; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 393/2021-6. Incompetencia. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el promovente reclama la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio agrario ***, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;" Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Ahora bien, de conformidad con el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es procedente el amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI, del artículo 107 constitucional. De lo que se evidencia que cuando se reclama una resolución que pone fin al juicio, la vía correcta para impugnarla es el amparo directo. En ese orden de ideas, este juzgador considera que es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de control constitucional. Ello es así, porque el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye -como se especificó-, la sentencia definitiva emitida el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en los autos del juicio agrario 47/18, la cual decidió el juicio en lo principal; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado, no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, siendo en el diverso previsto en el 170, fracción I, del mismo ordenamiento. En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, se concluye que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada por Enrique Ledezma Flores, contra actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en Celaya, Guanajuato. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, para lo que tenga a bien determinar; se solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, se ordena formar el respectivo cuaderno de antecedentes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica en su demanda. Téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la personas que indica, en razón que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita."
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