Enrique Lazaro Lopez Sanavia
Expediente 2337/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2337/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Enrique Lazaro Lopez Sanavia
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 2337/2023-4, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veinte de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 283/2018, índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, relativo al juicio ordinario civil, en el cual se declaró improcedente el recurso de apelación hecho valer contra los autos de once y doce de octubre de este año, por los cuales esencialmente no se admitieron las pruebas que pretendió ofrecer en los términos solicitados. En este caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establece: (...) De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Así, se deducen dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, como son: 1. La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en ello, se estima que la resolución que se reclama en esta vía constitucional no afecta, por ahora, materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello, dado que el juez responsable únicamente declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra de los autos de once y doce de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se resolvió no acordar de conformidad las peticiones probatorias ofrecidas. Es decir, los autos que se trataron de combatir a través del recurso de apelación, fue para impugnar acuerdos probatorio adversos a los intereses del oferente, aspectos que per se, no ocasionan violación a derechos sustantivos, pues la trascendencia de ello dependerá en cierta medida hasta que sea dictada la sentencia definitiva para determinar el grado de afectación, lo que hace evidente que el acto que se reclama, de momento no tiene una ejecución de imposible reparación. Luego, si la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que exista un acto de imposible reparación, como requisito indispensable, es evidente que este asunto resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo; por lo procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ******, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación.
- Principal
PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA: Reynosa, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 2337/2023-4, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veinte de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 283/2018, índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, relativo al juicio ordinario civil, en el cual se declaró improcedente el recurso de apelación hecho valer contra los autos de once y doce de octubre de este año, por los cuales esencialmente no se admitieron las pruebas que pretendió ofrecer en los términos solicitados. En este caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establece: (...) De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Así, se deducen dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, como son: 1. La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en ello, se estima que la resolución que se reclama en esta vía constitucional no afecta, por ahora, materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello, dado que el juez responsable únicamente declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra de los autos de once y doce de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se resolvió no acordar de conformidad las peticiones probatorias ofrecidas. Es decir, los autos que se trataron de combatir a través del recurso de apelación, fue para impugnar acuerdos probatorio adversos a los intereses del oferente, aspectos que per se, no ocasionan violación a derechos sustantivos, pues la trascendencia de ello dependerá en cierta medida hasta que sea dictada la sentencia definitiva para determinar el grado de afectación, lo que hace evidente que el acto que se reclama, de momento no tiene una ejecución de imposible reparación. Luego, si la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que exista un acto de imposible reparación, como requisito indispensable, es evidente que este asunto resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo; por lo procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ******, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación.
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