Enrique Juárez Rivera

Expediente 685/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
685/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Enrique Juárez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. *QUEJOSO SOLICITA COPIAS* POR RECIBIDO EL ESCRITO SIGNADO POR LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE TODO LO ACTUADO EN EL PRESENTE JUICIO. EXPÍDASE A SU COSTA Y EN UN SOLO TANTO, COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS QUE MENCIONA, DEBIENDO DEJAR EN AUTOS CONSTANCIA DE SU ENTREGA, A SATISFACCIÓN DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Apoderada General para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por medio del cual informa que se solicitó al Director General de Administración de Personal, de dicha dependencia gubernamental, la gestión de la elaboración de la cuenta por liquidar certificada, contra recibo y cheque a nombre del quejoso Armando Cea Rosales, exhibiendo copia certificada del diverso oficio número DGAJ/DLCC/CS/5887/2017, de veinticinco de abril del año en curso, para mayor referencia. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido; asimismo, se tiene por desahogado el requerimiento inserto en proveído de cuatro de mayo del año en curso, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Ahora, en atención al contenido del oficio que se provee y anexo y, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna. En tales consideraciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y conforme al artículo Octavo antes citado, SE REQUIERE al Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito el trámite que le dio al oficio número DGAJ/DLCC/CS/5887/2017, de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, por medio del cual el Director General de Asuntos Jurídicos le solicitó la tramitación, ante la Dirección General de Recursos Financieros, de la cuenta líquida por certificar, contra recibo y cheque de, entre otros, el aquí amparista Armando Cea Rosales. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, la cual se duplicará hasta llegar a mil unidades. A su vez, se le recuerda que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades antes señaladas. Con independencia de lo anterior, se le informa a la citada autoridad que también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." Se hace del conocimiento de la autoridad requerida, que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2013, del trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, entérese a la autoridad, que aun cuando deje su respectivo puesto, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrá ser consignada en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional. Es aplicable la tesis P.CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XII, Noviembre de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO. Del análisis relacionado de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución así como de los artículos 104 a 113 de la Ley de Amparo, que integran el Capítulo XII, "de la Ejecución de Sentencias" del Título Primero del Libro Primero, se desprende que tanto el Poder Constituyente como el Poder Reformador y el legislador ordinario han considerado que las sentencias deben cumplirse con exactitud y rapidez. Las distintas tesis de jurisprudencia y aisladas que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia corroboran plenamente esta apreciación. Ello explica que cuando una autoridad, cualquiera que sea, no cumple con una sentencia de amparo proceda separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, a fin de que, en su caso, sea procesada y sentenciada. Todo ello significa que incurre en la conducta que motiva esas medidas y que puede ser constitutiva de delito la persona que teniendo calidad de autoridad responsable en un juicio de amparo, o estando obligada a cumplir con una sentencia que concede la protección constitucional no lo hace dentro de las veinticuatro horas que previene el artículo 105 de la Ley de Amparo, como regla general o dentro del tiempo prudente que la naturaleza especial del acto amerite. Por tanto quien se encuentra en ese supuesto deja de desempeñar el cargo, no desaparece la responsabilidad en que incurrió durante el desempeño del mismo. Es obvio que de admitir lo contrario sería fácilmente burlado el riguroso sistema que la Constitución y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, pues bastaría que se cambiara de puesto al funcionario que incurrió en desacato para que su conducta cayera en la impunidad; y lo más grave sería que, de admitir ese sistema como lícito se podría prorrogar indefinidamente el incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, como las responsabilidades que se siguen del desacato son de carácter personal e incluso pueden dar lugar a una consignación penal, es imprescindible que la nueva autoridad comparezca al juicio de amparo que se encuentre en etapa de ejecución de sentencia y que de ello esté probado fehacientemente, lo que exigirá, por regla general, que se le deba requerir el referido cumplimiento, con lo que el principio establecido en el artículo 105 citado, se rebasaría en exceso, o, lo que es más grave, daría lugar a que nunca se cumpliera la sentencia y nunca se pudiera proceder contra alguna autoridad responsable. Por las consideraciones anteriores debe establecerse categóricamente que si un funcionario público incurrió en desacato, debe consignársele ante el Juez de Distrito que corresponda, aunque ya no ocupe el cargo que desempeñó". Notifíquese; y por oficio a la autoridad de mérito. Así lo proveyó y firma el Maestro Carlos Hugo Luna Baraibar, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido por el Secretario licenciado René Palma Morante, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. CHLB/Rpm/bsr EL JUEZ EL SECRETARIO

  3. Principal

    MESA V. *REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO* VISTOS LOS AUTOS DEL JUICIO EN QUE SE ACTÚA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE A LA FECHA LAS RESPONSABLES NO HAN DADO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. EN ESE TENOR, SE REQUIERE A LAS AUTORIDADES. PARA QUE EN SU CARÁCTER DE SUPERIORES JERÁRQUICOS DE. LOS OBLIGUEN A REMITIR A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, DENTRO DEL TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS, LAS CONSTANCIAS CON LAS QUE ACREDITEN, EN EL RESPECTIVO ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, HABER DADO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. ENTÉRESE A LAS AUTORIDADES REQUERIDAS, EN SU CARÁCTER DE SUPERIORES JERÁRQUICOS. NOTIFÍQUESE

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