Enrique Juarez Amaya
Expediente 1093/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enrique Juarez Amaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, a doce de diciembre de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto que desechó la demanda de garantías, le transcurrió del tres de noviembre pasado al nueve siguiente; por tanto, ha fenecido sin que haya interpuesto recurso legal alguno o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado estado. Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCION, dado que fue desechada la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede se advierte que en proveído de veintiuno de octubre dos mil veintidós, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, informando a este juzgado que dentro del expediente laboral número -, mediante acuerdo de dieciocho de octubre pasado, se requirió a la parte actora para que proporcionara el domicilio correcto para realizar el emplazamiento de la parte demandada. En consecuencia, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, informe a este juzgado si ya feneció el término concedido a la parte actora a fin de que proporcione el domicilio correcto de la parte demandada para emplazarla en el expediente laboral de referencia, y de ser así, haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional la determinación que haya emitido al respecto, debiendo remitir copia certificada de la constancias relativas; con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que hayan tenido para cumplir con la misma, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 260 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de cuenta signado por el quejoso -, mediante el cual cumple con las prevenciones que le fueron formuladas en acuerdo de catorce de los actuales. Ahora, de autos se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en: ".la Resolución de fecha -, bajo el número de Toca -." Asimismo, de las constancias que adjuntó el promovente al escrito de cuenta, se aprecia que obra la relativa al acto reclamado, emitida el veintidós de septiembre del año en curso, dentro del toca -, de la que se aprecia lo siguiente: ".VISTOS para resolver los autos del toca número -, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por la parte demandada en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada dentro del incidente de nulidad de actuaciones de previo y especial pronunciamiento, planteado dentro del juicio ordinario civil número -, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial." (.) Con fecha cuatro 4 de agosto del año en curso, la juez del conocimiento dictó fallo interlocutorio dentro del incidente a que antes se hizo referencia, mismo que concluyó con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: (.) SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando tercero de esta resolución, se declara improcedente por infundado el incidente de nulidad de actuaciones respecto del emplazamiento realizado el - a las 7:00 siete horas, promovido por -, por su propio derecho, frente a -; por lo tanto, la notificación antedicha, deberá prevalecer para los efectos legales a que haya lugar. (...) PRIMERO. Esta sala resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. (.) TERCERO. Se deja insubsistente el emplazamiento practicado en autos a la demandada -, para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de esta resolución.". Considerando referido en el cual la autoridad responsable determinó lo siguiente: ".En esta condiciones, por su evidente ilegalidad, se deja insubsistente el emplazamiento que se pretendió hacer a la demandada -, para el efecto de que se subsane la irregularidad anotada, cometida en el subyacente, ordenándose emplazar legalmente a la referida accionada, y una vez que el juicio siga por todos sus trámites, la juez de primera instancia dicte la sentencia definitiva que proceda conforme a derecho." Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo. "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, respecto del citado acto reclamado a la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, 172, fracción XII, de la ley de la materia, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]." En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el primer precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que, al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el ordinal 107, fracciones III, inciso b) y V, de la Ley de Amparo, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esta disposición, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran, en forma actual, el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento respectivo: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. En tanto que la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tiene aplicación la jurisprudencia número 6137, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Atento a lo anterior, debe convenirse que respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos estos últimos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía de que se trate, o bien, afecten a personas extrañas a juicio. Por tanto, si en el caso en estudio el acto reclamado se hace consistir en la sentencia emitida por el magistrado responsable, mediante la cual dejó insubsistente el emplazamiento practicado en autos a la demandada -, para el efecto de que el juez responsable en el juicio de origen, subsanara la irregularidad anotada, y ordenara emplazar legalmente a la referida accionada, y hecho lo anterior prosiguiera el juicio por todos sus trámites, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Es inconcuso que tal acto no es de los considerados como de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues constituye una actuación intraprocesal que no trasciende a la esfera jurídica de la parte quejosa, en detrimento material de sus derechos sustantivos. En otras palabras, como se anticipó, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que trascenderá al resultado del fallo, como es al emitirse la sentencia definitiva, la que en caso de ser adversa a sus intereses, entonces, podrá impugnarla por la vía legal correspondiente. Se afirma lo anterior, en razón de que el acto en reclamo descrito, no puede considerarse un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues esto es, que con el hecho de que la autoridad responsable haya dejado insubsistente el emplazamiento y ordenara emplazar legalmente a la citada demandada, y hecho lo anterior prosiguiera el juicio por todos sus trámites, hasta el dictado de la sentencia definitiva, no se afectan derechos sustantivos del promovente del amparo, sino en su caso la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; de ahí que con esa situación, no se priva del derecho de defensa que en el procedimiento tiene el promovente del amparo, ni altera la cuestión debatida en el mismo. Bajo ese contexto, como se mencionó, con la emisión del acto reclamado de referencia, se está en presencia de una actuación cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del numeral 107 de la legislación en cita, porque no afecta los derechos sustantivos del agraviado, ni decide el fondo de juicio referido; empero, tal violación puede hacerla valer en amparo directo contra la sentencia definitiva que se dicte en el mismo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada número 247051, emitida por Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo, publicada en la página 408, Volumen 217-228, Sexta Parte, Séptima Época, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS INCIDENTES DE. El artículo 159, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; el artículo 114, fracción IV, del mismo ordenamiento, consigna que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosa una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, tratándose de actos reclamados que se refieren a resoluciones que resuelven incidentes de nulidad planteados en juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, deben distinguirse dos situaciones: a) Que la resolución interlocutoria declare improcedente el incidente de nulidad y, por tanto, subsistentes las actuaciones o notificaciones atacadas de nulas; b) Que la interlocutoria determine que es fundado tal incidente y declare la nulidad de las actuaciones impugnadas. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que la interlocutoria que resuelve un incidente de nulidad sólo constituye violación a la ley del procedimiento atacable en amparo directo, cuando tiene carácter declarativo, esto es, en la primera de las hipótesis citadas, cuando se niega la nulidad de las actuaciones impugnadas, pero cuando la autoridad responsable declara procedente el incidente de nulidad sometido a su decisión y nulas las actuaciones que se reclamaron, como acontece en la segunda hipótesis de referencia, debe estimarse que tal resolución es de imposible reparación, precisamente porque de las actuaciones que se hubieran declarado nulas ya no debe ocuparse la sentencia o laudo; por ende, como lo prevé el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, tal acto debe reclamarse en amparo indirecto ante el Juez de Distrito que corresponda." Apoya también el criterio aquí estimado por analogía y por las razones que informa, la jurisprudencia IV.2o. J/13, cuyo texto es: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Asimismo, la tesis 626, publicada en la página 569, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS". La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." En tales circunstancias, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, motivo por el que debe desecharse de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo en análisis. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la constancia secretarial, y toda vez que la parte quejosa desahogó la vista que se le dio con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, se procede a dictar la resolución relativa en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000 de la Novena Época, Segunda Sala, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, página doscientos cuarenta y tres, que al rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Atento a la constancia secretarial, se obtiene que los efectos de la concesión de amparo a -consistieron en que la autoridad responsable, dejara insubsistente el acto reclamado, y en su lugar emitiera una nueva determinación en la que purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción se pronunciara nuevamente respecto de la solicitud de devolución de vehículo que realizó el quejoso. Por su parte, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia en cumplimiento, remitió copia del acuerdo de seis de octubre del año en curso, en el que emitió una nueva determinación en la que purgó los vicios de fundamentación y motivación expuestos en la sentencia, y con libertad de jurisdicción se pronunció nuevamente respecto de la solicitud de devolución de vehículo que realizó el quejoso. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, al no advertirse excesos ni defectos en su acatamiento, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN, no así los cuadernos incidentales que son susceptibles de DESTRUCCIÓN, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo séptimo, fracción I, artículo 18, inciso b), y 21, inciso c), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. [.] Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General". Sin que pase inadvertido que la parte quejosa haya manifestado que no se purgaron los vicios de fundamentación y motivación del acto reclamado; sin embargo, de la copia del acuerdo de seis de octubre pasado, se desprende que la autoridad responsable sí fundamentó y motivó su determinación, toda vez que le respondió al aquí quejoso que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, ello, en razón de que dentro de la carpeta de investigación aún no se cuenta con la información solicitada al Director de Auditoria y Revisión Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán , referente a la unidad marca -, con número de serie -, así como girar el oficio correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo anterior a que resulta indispensable indagara sobre la estancia licita en este país del vehículo en mención Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda y que obran agregados en autos, apercibida que de no hacerlo en el término precisado, dichos documentos podrán ser destruidos con el expediente, por lo que será menester que las personas autorizadas generen una cita QR, a fin de que sea agendada la hora y fecha para que recojan dichas constancias, pudiendo acudir cualquiera de las personas autorizadas en el expediente de conformidad con el numeral 3 del citado Acuerdo General. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese personalmente.
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