Enrique Javier Romero Gonzalez
Expediente 1392/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1392/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur · Baja California Sur
Partes del expediente
- Enrique Javier Romero Gonzalez
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado ordenó el archivo del presente expediente. En tal virtud, intégrese el cuaderno incidental.
- Principal
De autos se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. El expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN AVISO DIRIGIDO A LA PARTE QUEJOSA Y SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL DICE: Vistos los presentes autos, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la parte quejosa reclama, lo siguiente: La omisión de acordar el escrito que presentó la parte actora -aquí quejosa- el quince de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 23/2018, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, en el que solicitó el embargo de las cuentas bancarias de la demandada, a fin de ejecutar el laudo emitido en dicho sumario. Precisado lo anterior, en autos se cuenta con informe justificado rendido por la autoridad responsable, recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veinte de enero de dos mil veintitrés, con el que allegó diversas constancias que integran el juicio laboral 23/2018, de su índice, de las que se desprende que la responsable realizó lo siguiente: Mediante auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen, acordó lo conducente al escrito presentado por la parte actora -aquí quejosa- el quince de septiembre de dos mil veintidós, en el que determinó improcedente el embargo solicitado y requirió a la demandada el cumplimiento al laudo dictado en dicho juicio. En ese sentido, se considera que la autoridad responsable, al haber dictado el acuerdo relativo al escrito presentado por la parte actora -aquí quejosa- el quince de septiembre de dos mil veintidós, se considera que, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, es pertinente invocar el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presentan en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte promovente en el goce del derecho violado. De ahí que, por haber sido destruidos completamente los motivos de vulneración a la esfera jurídica de la quejosa, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional. Es decir, como si la omisión no hubiere invadido los derechos del particular, o habiéndolos irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento legal. Por tal razón, se ordena dejar sin efecto la celebración de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
Vistos los presentes autos, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la parte quejosa reclama, lo siguiente: La omisión de acordar el escrito que presentó la parte actora -aquí quejosa- el quince de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 23/2018, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, en el que solicitó el embargo de las cuentas bancarias de la demandada, a fin de ejecutar el laudo emitido en dicho sumario. Precisado lo anterior, en autos se cuenta con informe justificado rendido por la autoridad responsable, recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veinte de enero de dos mil veintitrés, con el que allegó diversas constancias que integran el juicio laboral 23/2018, de su índice, de las que se desprende que la responsable realizó lo siguiente: Mediante auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen, acordó lo conducente al escrito presentado por la parte actora -aquí quejosa- el quince de septiembre de dos mil veintidós, en el que determinó improcedente el embargo solicitado y requirió a la demandada el cumplimiento al laudo dictado en dicho juicio. En ese sentido, se considera que la autoridad responsable, al haber dictado el acuerdo relativo al escrito presentado por la parte actora -aquí quejosa- el quince de septiembre de dos mil veintidós, se considera que, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, es pertinente invocar el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presentan en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte promovente en el goce del derecho violado. De ahí que, por haber sido destruidos completamente los motivos de vulneración a la esfera jurídica de la quejosa, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional. Es decir, como si la omisión no hubiere invadido los derechos del particular, o habiéndolos irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento legal. Por tal razón, se ordena dejar sin efecto la celebración de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
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